Empresa hidroeléctrica demanda a Estado por no poder operar

Guatemala enfrenta una nueva demanda de arbitraje internacional, a consecuencia de los problemas que han enfrentado varios proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango para su construcción y operación.

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Por varios años el área cercana en donde se busca instalar las dos hidroeléctricas ha sido foco de tensión. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Por varios años el área cercana en donde se busca instalar las dos hidroeléctricas ha sido foco de tensión. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registró el 15 de noviembre del 2021 la solicitud de un arbitraje en contra el Estado de Guatemala presentado por la empresa Energía y Renovación Holding, S. A., registrada en Panamá.

El instrumento invocado es el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y Panamá y esta es la historia: Dicha empresa (ahora inscrita en Panamá) impulsó la construcción del proyecto Pojom II, que también es conocido como San Mateo, con una capacidad de generación de 20 megavatios (MW), con una inversión estimada de US$48.5 millones (unos Q373.4 mil millones según el cambio actual), así como la Generadora San Andrés, con capacidad de 10.65 MW, por US$27.2 millones (unos Q209.44 millones), según datos divulgados en el 2019. Ambos se ubican en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

En febrero del 2021 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la ampliación de 72 meses (6 años) para el uso de bienes de dominio público, necesario para construir y operar las hidroeléctricas, pero no han podido seguir construyendo e iniciar operaciones.

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Historia de conflictividad

El área cercana a los dos proyectos hidroeléctricos ha sido foco de tensión por varios años. Una de las razones se debe a que las comunidades de esos municipios se oponen a los proyectos. En ocasiones, las manifestaciones o acciones se han tornado violentas mientras que en otras son movimientos de resistencia pacífica.

También se reportó desde años atrás la aparición de grupos armados que han atacado las instalaciones y equipo de los proyectos, en casos separados se informó de la muerte de dos personas que se oponían a los proyectos además de un trabajador de las hidroeléctricas.

En noviembre del 2018, varias comunidades, autoridades locales y el gobierno firmaron un Acuerdo de Paz y Desarrollo con el fin de detener los actos violentos, pero después hubo otros ataques.

En marzo del 2019, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aceptó una queja de presentada en el 2018 por parte de grupos guatemaltecos representados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).

El objetivo era verificar los procesos llevados a cabo por ese banco, que financia los proyectos por medio de un préstamo de US$7 millones para Pojom II (San Mateo) y US$6 millones para San Andrés, mientras administra el 70% del total del proyecto que también incluye otras fuentes, explicó la empresa en el 2019.

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En octubre del 2021, el Directorio Ejecutivo de BID Invest aprobó 29 recomendaciones formuladas en la investigación del Mici, respecto a los dos proyectos hidroeléctricos. El informe final señala cumplimientos e incumplimientos de BID Invest en la evaluación y la supervisión de los estándares ambientales y sociales en ocho ámbitos, particularmente respecto a la identidad de los pueblos indígenas, la perspectiva de género y el nivel de conflictividad de la zona.

El documento agrega que “los proyectos se desarrollan en una zona con un contexto histórico de inseguridad y polarización, que tiene múltiples causas subyacentes” y la investigación concluye que, en este contexto complejo, “no se evaluaron los riesgos específicos de violencia que los proyectos podían generar para las comunidades, sino que se enfocaron, más bien, en los riesgos que los conflictos sociales podían representar para el desarrollo de los proyectos”.

Además, que las salvaguardas específicas que el Grupo BID prevé para pueblos indígenas no se activaron porque se consideró que la población directamente afectada es de mayoría no indígena, a pesar de la información existente en sentido contrario.  Ahora, se tendrá que reconducir el cumplimiento de los proyectos y fortalecer el funcionamiento de BID Invest, se añade.

La versión oficial

Prensa Libre consultó al ministro Alberto Pimentel si tenía conocimiento sobre el posible planteamiento del arbitraje mencionado, a lo cual respondió que la empresa desarrolladora que cuenta con capital panameño, no pudo avanzar en estos proyectos por problemas de conflictividad social y ahora “están aduciendo que esos problemas han supuesto un incumplimiento por parte del Estado de Guatemala en las cláusulas que protegen las inversiones, en virtud del TLC con Panamá”.

“Argumentan que el Estado de Guatemala incumplió algunas obligaciones habiendo dado un trato distinto a ese proyecto de inversión respecto a otros, pero eso no es cierto; lamentablemente, la conflictividad asociada a ese proyecto como en otros es real, y hemos hecho esfuerzos para ir resolviendo, por ejemplo, el tema de consultas a los pueblos indígenas”, explicó.

Añadió que el Estado de Guatemala no puede ser culpable de lo que aduce esta empresa, en virtud de una oposición específica de una comunidad, cuando existe evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos.

El funcionario agregó que esos problemas se pueden resolver, pues como parte del proceso, cuando se entabla un arbitraje o demanda de este tipo, el Ministerio de Economía (Mineco) se encarga del caso y tendrá que contratar a un despacho internacional de abogados y también participa la Procuraduría General de la Nación (PGN). “Ellos serán los encargados de la defensa de los intereses del país y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se convierte en un asesor en el proceso, en materia técnica”, aseguró.

Por el momento, el proceso está en una fase inicial y se están recibiendo las primeras comunicaciones, por lo que se tendrá que hacer una defensa demostrando que los inversionistas de cualquier país son respetados. “Si bien comprendemos que el proyecto en concreto tuvo esas dificultades, no creemos que las mismas devengan de una omisión o un mal actuar del Estado de Guatemala”, dijo Pimentel.

Por aparte la PGN, respondió que el Capítulo 10 del TLC entre Centroamérica y Panamá contempla un estándar de confidencialidad alto, y solo autoriza la publicación del laudo arbitral cuando las partes contendientes lo han acordado por escrito, por lo que, indica, las actuaciones previas al laudo, deben permanecer confidenciales.

“Los arbitrajes de inversión son procedimientos diseñados para generar un intercambio de defensas, pruebas e interpretaciones de los hechos y de las normas aplicables, y son finalmente decididos por tribunales que se presumen imparciales. Por ello, de ninguna forma su simple inicio debe considerarse una derrota automática para el Estado que, de hecho, podrá y deberá defender técnicamente sus derechos e intereses”, expuso.

La entidad explica que los instrumentos no establecen la duración máxima del procedimiento arbitral, pero conforme a la experiencia de Guatemala en arbitrajes de inversión ante el Ciadi, los procedimientos originales pueden durar entre 3 y 5 años, contados desde el registro de la solicitud,  hasta la emisión de un laudo.

Prensa Libre solicitó mayor información a la compañía sobre la demanda presentada, a lo que indicó que serían los abogados quienes se pronunciarían. Sin embargo, la abogada Maria Eugenia Ramírez, de la firma Hogan Lovells US, solo respondió por correo electrónico que no tienen comentarios al respecto.

Cuatro arbitrajes en proceso

El Estado de Guatemala enfrenta un pliego de demandas internacionales y locales por unos Q4 mil 733.5 millones pendientes de resolución, según datos a julio del 2021, como parte de nueve demandas de arbitraje internacional que diversas compañías han presentado contra el país del 2007 a la fecha. De estas, 5 ya se han finalizado y cuatro están en proceso, incluyendo la actual, que es la  más reciente.

Entre estos también está el arbitraje planteado en el 2018 por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates, por el caso del proyecto minero El Tambor o Progreso VII Derivada, también conocido como La Puya, cuya operación y construcción fue suspendida por las cortes argumentando falta de consulta comunitaria.

Aparte, en el 2020, el Grupo Energía de Bogotá, S.A. ESP y Transportadora de Energía de Centroamérica S. A. (Trecsa) presentaron una demanda basada en el TLC entre Colombia y  Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante constantes rechazos, la compañía ganó la licitación para construir y operar 866 kilómetros de red de transmisión dentro del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica conocido como PET 1-2009.

El plazo ha tenido cuatro prórrogas y a agosto del 2021 se reporta un avance de 88% en las obras adjudicadas y 57% en operación y energización de la red y subestaciones.

Sobre este último, Pimentel indicó que se trabaja para ir resolviendo los problemas técnicos que menciona como “meramente contractuales” por lo que el monto del reclamo por parte de la empresa debería disminuir.

Pero agregó que a su criterio, es muy difícil que la empresa pueda demostrar una violación de los compromisos de protección a las inversiones de parte del Estado porque se ha trabajado mucho en ayudar a esta y a otras inversiones dentro del marco legal, para sacar adelante los proyectos que son de interés del país.

“La perspectiva técnica del Ministerio de Energía y Minas, es que ese proyecto se ejecute, porque va a mejorar efectivamente las condiciones de transmisión eléctrica”, añadió el ministro.

  • Aparte, la PGN confirmó que al 23 de noviembre, había otras tres intenciones de arbitraje planteadas por otras compañías como Group Maritim TCB S.L, Estrella Cooperatief BV y Ventana Mining Company.

 


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