Estas son las ampliaciones, préstamos y otras maniobras financieras aprobadas por el Congreso, a instancias del gobierno

El Legislativo ha aprobado al menos seis reformas legales que implican reasignación de recursos, para que el gobierno disponga de Q6 mil millones más en 2022 y 2023.

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Ampliación presupuestaria2022
Diputados han realizado modificaciones al presupuesto 2022 que lo han elevado a Q112 mil millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En seis meses, el Congreso de la República ha aprobado una serie de modificaciones al Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la nación para este año, con lo que la disponibilidad de recursos para el gobierno ha subido en Q6 mil millones (5.6%).

No obstante, las distintas maniobras que han realizado diputados oficialistas y los bloques aliados han sido calificadas por expertos como acciones inusuales, principalmente las ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Energía y Minias (MEM), que concentran los principales movimientos realizados.

Pero, además, los congresistas aprobaron un préstamo de US$500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aparte de facultar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para que ejecuten en el 2023, los fondos que no puedan utilizar este año en los avances de las obras a su cargo.

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La maniobra más reciente fue la aprobación de un nuevo estado de Calamidad que incluyó una transferencia de Q1 mil millones para el Fondo de Emergencias, mientras que en breve entrarán a conocer un nuevo préstamo por US$400 millones (unos Q3 mil 80 millones) que solicitó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), denominado “crédito de contingencia”.

Todos estos movimientos se dan en un año preelectoral, lo que levanta suspicacias, mientras que el  Minfin prepara la propuesta presupuestaria del 2023, que deberá enviar al Legislativo el próximo 2 de septiembre.

¿Qué dicen las cifras?

En noviembre de 2021, el Congreso aprobó un presupuesto de gastos para este año por Q106 mil 229 millones, pero según lo indicado anteriormente, las modificaciones realizadas durante el semestre suman Q6 mil 33.78 millones, por lo que el presupuesto vigente ya es de Q112 mil 263 millones.

Solo el 15 de marzo, el Legislativo aprobó la ampliación al CIV por Q3 mil 191 millones para la ejecución de una serie de proyectos, y de marzo a mayo se aprobó una serie de subsidios para el galón de gasolina super, regular, diésel y gas licuado de petróleo.

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental (Sicoin), el CIV ya cuenta con Q3 mil 239 millones más (en comparación con lo que tenía en enero) mientras que el MEM ha recibido Q2 mil 523 millones más, lo que suma Q5 mil 762 millones, que son los rubros más importantes que indica el sistema.

A pesar de lo anterior, la ejecución del gasto público en general es del 41.17% (Q46 mil 216 millones) al 27 de junio pasado.

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Cómo se interpreta

Este conjunto de operaciones realizadas por el Congreso tiene una lectura política, aparte de la posible pérdida de disciplina fiscal, que puede también implicar riesgos.

El diputado Carlos Barreda plantea que las reformas a favor de los Codedes y las ampliaciones presupuestarias al CIV tiene un fondo de base electoral, pues buscan incidir en alcaldes y posibles candidatos para consolidar las bases de electores. Lo mismo ocurriría con los subsidios, ya que los precios actuales de estos productos ya rebasan con creces el apoyo temporal aprobado.

A su criterio, todo apunta a que la perspectiva del Gobierno es quedarse con ese monto presupuestario para el 2023 (Q112 mil 263 millones), pues ese monto, el crecimiento de la recaudación y la aprobación de los bonos del Tesoro, le permitirán al gobierno enfrentar el año electoral de una manera muy holgada.

Por el lado técnico, Barreda es de la idea que se debe contar con un presupuesto nuevo, pero el monto indicado permite un margen de maniobra muy amplio.

Riesgo fiscal

Para Edwin Matul, ex gerente general del Banco de Guatemala se puede intuir que el gobierno se está garantizando un buen presupuesto para el próximo año, por el préstamo que el Congreso aprobó con el BIRF, la solicitud de un nuevo préstamo de US$400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y una de las justificaciones puede ser que “no se tienen problemas porque ya hay recursos en la caja fiscal” en el sentido que ya no se necesita aprobar un nuevo plan de gasto. “Si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, simplemente ya se cuenta con los recursos que se pueden ejecutar”, enfatizó.

La parte delicada, según el especialista, es que con las maniobras realizadas este año y el eventual escenario de que no se pueda aprobar un nuevo presupuesto, la disciplina fiscal se ha perdido.

O sea que la situación es acumulativa, en el sentido de que, si aumenta el déficit fiscal, se requerirá más endeudamiento, a lo que posiblemente dirán que se puede cubrir con recursos de la caja fiscal. Pero drenar fondos para pagar capital e intereses de la deuda pública, también implica menos dinero para inversión, mientras que el gasto de funcionamiento aumenta.

Falta de claridad

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señala que este año se podría repetir la estrategia de dejar recursos en la caja fiscal para 2023, ya que las proyecciones de ese centro de investigación apuntan a que la recaudación superará en Q8 mil millones la meta aprobada.

Jorge Lavarreda, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que ahora está el contexto de la crisis económica internacional, los precios de los derivados del petróleo y el conflicto entre Rusia y Ucrania, situaciones que impactan la economía, pero aún con eso, las acciones que se están implementando no son claras.

Entonces, indica que la discusión debe ir en el sentido de asignar fondos, pero también enfocarse en los resultados y la forma como estas transacciones beneficiarán a la población.


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