Tributar y pagar servicios privados: El doble gasto en que incurren los guatemaltecos por educación, salud y seguridad

Ante la ausencia de calidad en la prestación de servicios básicos por parte del gobierno, gran parte de las familias guatemaltecas deben destinar parte de sus ingresos a pagar servicios privados.

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Ciudadanos pagan servicios que debe prestar el Estado
Los ciudadanos destinan gran parte de sus recursos para pagar servicios privados que deben ser públicos, gratuitos y eficientes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Solo en los últimos cinco años, los ministerios de Educación, Salud, Gobernación y Comunicaciones han contado con un presupuesto total de 212,456.3 millones para cumplir con sus fines. Sin embargo, gran parte de la población tiene que pagar a empresas privadas por los servicios que deben prestar esas carteras, por lo que esos gastos se suman a los impuestos que ya pagan.

De acuerdo con la Constitución Política de la República, en sus artículos 1 y 2, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. En tanto que son deberes del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ello incluye prestar servicios prioritarios gratuitos, como lo son la educación (artículos 73 y 257), salud y seguridad (artículos 51, 93, 94, 96, 99, y 100).

Y el artículo 9 del Código Tributario también establece la facultad estatal para exigir el pago de tributos. Y según su artículo 9, estos consisten en las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

 

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Citado el marco legal, es necesario indicar que con base en los tributos que pagan los contribuyentes, se formula y aprueba cada año el presupuesto estatal que regirá durante el ejercicio siguiente, con el detalle de las asignaciones por ministerio y en ese contexto, el Congreso de la República ha aprobado para la cartera de Educación, en los últimos 10 años, entre Q10 mil 745 millones para el 2013 y Q19 mil 954 millones para el 2022, con un incremento promedio anual del 7.31%.

De igual manera, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ha tenido asignaciones de menor cuantía respecto al Mineduc, pero que van de Q5 mil 112 millones y Q12 mil 8.3 millones, este último correspondiente al aprobado para el año actual, con un incremento de 22.24% respecto al año previo.

En el caso de la cartera del Interior, las asignaciones reportan crecimientos anuales de entre 2.2% y 13%. Solamente lo aprobado para servicios de seguridad de las personas y su patrimonio, los incrementos se encuentran entre 3.3% y 14.47%.

Para el caso del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), las asignaciones han aumentado entre -26% y 44%, considerando que los recursos destinados al desarrollo de la infraestructura vial, equivalen aproximadamente al 60% del total.

Por lo tanto, cada año hay recursos para sufragar los gastos y realizar las inversiones necesarias para prestar servicios básicos. Si no con la calidad óptima y accesible que desea la población, por lo menos para mantenerlos y evitar que aparte de escasos, sean precarios, como sucede en la realidad.

Y esta última adversidad es la que se extiende a todos los ámbitos de la población en general, con el consiguiente esfuerzo económico que realiza cada familia, independientemente de su nivel de ingresos, obligada por la insuficiente cobertura del Estado.

Doble gasto para la ciudadanía

Como resultado de una encuesta que respondieron alrededor de 30 familias domiciliadas en distintas zonas de la ciudad capital, se ha encontrado que en el tema educativo, cada una eroga cada año desde Q1 mil 200 de inscripción hasta Q5 mil, mientras que cada mes se paga una colegiatura que va de Q700 (entre los más económicos) hasta Q4,800. Estas cifras, por estudiante.

Adicionalmente, por los desplazamientos desde y hacia los centros de estudio, se destinan entre Q375 y Q1 mil 500 mensuales, ya sea en pago de bus escolar, en transporte público o como gasto promedio de combustible, si se utiliza vehículo propio.

“En este sector de San Cristóbal no hay ningún centro educativo nacional cerca, más que privados, por lo que entre enviar a los niños a establecimientos del centro histórico o de Mixco, luego de evaluar costos de transporte, más el tiempo invertido y el estrés, los padres de familia prefieren hacer un esfuerzo económico e inscribirlos en alguno de los colegios privados del área”, indica uno de los ciudadanos entrevistados.

Por ubicación de residencia, en el área rural, el gasto destinado a educación es 3.6 veces menor que el de los hogares del área urbana y dicha asignación tiene una diferencia 12 veces mayor en los hogares no pobres, respecto a los que se encuentran en situación de pobreza.

En las diferencias también influyen la etnicidad de la persona jefe de hogar. En la jefatura indígena es 2.8 veces menor el gasto per cápita que en los hogares con jefatura no indígena, según estudios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Medicinas que pesan en el gasto familiar

Al igual que el acceso a la educación gratuita establecido por la Constitución, la atención a la salud también es una utopía y la población también tiene que buscar ingresos extras para obtener el auxilio médico privado.

En una clínica particular, con alguna especialidad, la consulta no baja de Q300 más el costo de los medicamentos, así como los análisis de laboratorio que normalmente son requeridos ante un problema de salud.

La hipertensión es la principal enfermedad crónica que padecen los guatemaltecos, seguido de la diabetes, de la que según el Sistema de Información Gerencial de Salud del MSPAS, en 2020 se registraron 158 mil 983 casos. En lo básico, el gasto mensual requerido para mantener regulado este padecimiento, va de los Q250 hasta los Q600 u Q800, según la marca del medicamento respectivo.

Y de acuerdo con los resultados obtenidos en el sondeo, los hogares de la muestra destinan para servicios de salud en promedio Q1 mil 964.40 en medicamentos. Los servicios de hospitalarios de habitación por día que, en algunos casos puede incluir el valor de las medicinas aplicadas por emergencia, van desde los Q400 hasta Q6 mil 150, más los honorarios médicos.

Ante esa realidad, la mayoría opta, de acuerdo con sus posibilidades económicas, por adquirir un seguro médico, ya sea individual o familiar, erogando para el caso un promedio de Q1 mil 241 mensuales por familia.

La seguridad, otro problema

Y ante el incremento de la inseguridad y de la delincuencia común, independientemente de su origen, al no confiar en la Policía Nacional Civil (PNC), familias y empresa optan por resguardarse en sus domicilios, contratando los servicios de seguridad privada, sean estas dentro de condominios o colonias residenciales y en las empresas.

De acuerdo con información de la Gremial de Compañías de Seguridad Privada, el costo mínimo por agente es de Q6 mil 361.20 al mes. Entre los entrevistados se determinó que en promedio pagan por servicio de vigilancia residencial, desde el más económico que es de Q50 mensuales, hasta quienes destinan Q8 mil por este servicio, contratado por la administración del residencial o el comité que los vecinos hayan formado.

Respecto a las empresas, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indica que solo en ese sector, se ha contabilizado que las empresas destinan entre el 8% y el 15% de sus costos de operación a servicios que incluyen pólizas de seguro de transporte y contra robos, circuitos de cámaras, alarmas y agentes que permanecen en las empresas o custodian el transporte de la carga.

Y los peajes

Aparte de esas erogaciones que se vienen a sumar a la inflación que resta valor al poder adquisitivo de las familias, la condición deteriorada de la red vial también ha obligado a que surjan proyectos privados de reconstrucción y mantenimiento de carreteras, como la autopista Palín-Escuintla, operada desde 1998 por una compañía particular y por cuyo derecho de circulación se debe pagar un peaje de Q7 para motocicletas; Q15.25 para automóviles y hasta Q91.75 por vehículos pesados de seis ejes.

Y recientemente se habilitó la segunda fase de la denominada Vía Alterna del Sur (VAS), que está habilitada desde 2016 y que comunica la autopista CA-09 desde el kilómetro 22 con San Miguel Petapa y la nueva fase que enlaza con la calzada Atanasio Tzul. Dos tramos por los cuales se paga un peaje de Q15 cada uno, en una sola vía y, si se transita en los dos en un solo sentido, la cuota es de Q25.

A decir de los ciudadanos entrevistados, a nadie le gusta pagar por transitar por las rutas públicas, pero lo hacen al ver lo destruidas que están las carreteras y porque la reparación de los vehículos sale más cara.

Opinan los expertos

El analista económico Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala que “estos grandes temas son los que deben de estar en la mesa de la discusión y análisis de la planificación del Presupuesto 2023. Especialmente en el tema salud que, debido a la persistencia de la pandemia, no sólo se requieren recursos, sino que estos sean gestionados y administrados con calidad y eficiencia. No hay que olvidar la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la salud y la educación, lo cual requiere de cambios cualitativos, más ahora en este contexto de incremento de precios”.

Añadió que quienes no tienen la capacidad de acudir a buscar servicios privados, afrontan serias dificultades.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indica que la inversión pública ha perdido participación en el presupuesto de egresos de la Nación. “En las dos últimas décadas, con excepción del 2020, el presupuesto ha presentado una variación mínima, principalmente por la rigidez que mantiene en el destino del gasto constitucional y, por el otro lado, por la limitación de los ingresos tributarios. Por la clasificación de finalidades, entre 2013 y 2019 el gasto en educación primaria se incrementó, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), solo en 3.6%”.

En opinión de Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), los recursos provenientes de los impuestos en abstracto, como el de la Renta (ISR) y de Solidaridad (ISO), debieran estar destinados a la redistribución de la riqueza; a tareas de salud y educación primariamente, porque la gente de escasos recursos, no las pueden pagar.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por definición, tiene que servir para financiar las actividades que benefician a todos. En este caso carreteras, seguridad pública, justicia y al aparato administrativo.

“El problema es que el gobierno realiza gastos innecesarios y termina desperdiciando recursos en destinos ajenos a beneficiar el bienestar de la población. Mientras los impuestos que se recaudan sean mal utilizados, nunca van a alcanzar para dar esa cobertura elemental para el beneficio de los guatemaltecos”.


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