Las ciudades intermedias son ciudades establecidas en el Plan K’atun 2032, fuera del área metropolitana, que luego se incluyeron en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la cual delega en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) el acompañamiento para desarrollar estos conglomerados.

En ese contexto, cinco de ellas se caracterizan por su población, como la Ciudad de Los Altos, que integra parte de Quetzaltenango y Totonicapán, y Las Verapaces, especialmente Cobán y los municipios aledaños. Se suma el esfuerzo que se hace en Guatemágica que abarca Retalhuleu, Mazatenango y Quetzaltenango; Oriente, con regiones de Zacapa y Chiquimula, y Huehuetenango y su conexión con Chiantla.

Luego están las ciudades portuarias, San José, con seis municipios de Escuintla, y Puerto Barrios, Izabal, que se extiende a Lívingston.

Para completar las nueve ciudades regionales, fuera del departamento de Guatemala, están dos turísticas: Petén, con Flores, y Panchoy, que incluye a Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.

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La oferta y demanda en las Verapaces

De estas regiones, la que ha tenido mayor crecimiento es la de Las Verapaces, donde ha habido inversiones urbanas en centros comerciales en los últimos años, incluso con proyectos inmobiliarios verticales recientes, un cambio importante que en Cobán y municipios como San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.

Entre las ciudades con más potencial de inversión está Escuintla, que cuenta con una atención para el desarrollo de infraestructura industrial con la inversión que puede asentarse en esa región por las leyes aprobadas, sobre todo la de zonas francas, lo cual le da oportunidad de ser un corredor económico.

Todo apunta a que en esta región hay una estrategia clara de los alcaldes que integran el nodo para un ordenamiento territorial como el de Escuintla. Por su parte, Pronacom, del Ministerio de Economía, tiene la misión de atraer inversiones bajo la política Guatemala no se detiene del actual gobierno.

El tercer nodo con crecimiento es Puerto Barrios. Mientras que en Guatemágica, el Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) se constituye en “el imán” para inversiones turísticas.

La otra región que crece más que todo por tradición es la Ciudad de los Altos. La percepción ahí es que no hay una correspondencia clara de parte de las autoridades municipales. En tanto en Zacapa y Chiquimula, que integran la Ciudad de Oriente, y en el área de Huehuetenango, se mantienen problemas por falta de certeza jurídica, “son dos polos donde también hay temas de inseguridad y del crimen organizado. Las dos ciudades turísticas, Antigua y Flores, siguen afectadas por el impacto de la pandemia”, subraya Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el desarrollo (Fundesa).

Conectividad

La agenda de ciudades intermedias surgió como propuesta en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) de 2016 denominado Acortemos la distancia al desarrollo, con el complemento “promoviendo ciudades intermedias”. En esa edición del evento se promovieron los nueve territorios identificados con potencial de convertirse en ciudades modelo, resilientes, inclusivas y competitivas. Se impulsó el desarrollo de 11 clústeres productivos con impacto en la generación de empleo.

En ese entonces se identificaron cuellos de botella que impiden el crecimiento de dichos sectores, bajo la iniciativa de Fundesa “Mejoremos Guate”, enfocada en la reducción de la pobreza por medio de la generación de empleo para más de 150 mil jóvenes que cada año se gradúan de diversificado.

El reto expuesto en esa instancia y que cinco años después no ha tenido mayores variantes es la conectividad entre esas ciudades intermedias, un proceso que se debería realizar en paralelo con el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Logística y el Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

En ese Enade se precisó un plan de ejecución de 10 años y un desembolso calculado en US$6 mil millones, para la conexión de estos polos de desarrollo, equivalentes al 10% del producto interno bruto.

Esa inversión debía ser destinada a planificar modelos alternativos para la construcción en infraestructura, por medio de la modalidad de alianzas público privadas o procesos fuera del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación.

Si bien la propuesta se socializó en el marco del Enade, no era una idea nueva, pues la iniciativa la trabajaban Fundesa y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) dos años antes. Prensa Libre intentó conversar con personeros de esta secretaría, pero no se obtuvo respuesta.

Sin huellas

En busca de información sobre la situación de la iniciativa, se consultó a Pronacom. Sin embargo, solo se pudo contar con la información colgada en el sitio web de la entidad, en el que se describe cada nodo y el objetivo de la institución de impulsar la productividad de aquellos, con la finalidad de generar mejores condiciones para su desarrollo económico y productivo.

“No hay estudio o datos evaluados, la evolución de las ciudades intermedias va principalmente por el tema del desarrollo del sector privado, de la identificación de una oportunidad de negocio y por eso se ve el desarrollo de centros comerciales innovadores. Servicios más relacionados en temas urbanos en áreas de Cobán, Quetzaltenango, Escuintla, más allá de la implementación de una estrategia del sector público. Es algo que se evidencia cuando uno circula en carretera, la falta de estructura vial, cobertura eléctrica, agua y saneamiento en el interior de la República en su conjunto sigue rezagado”, expone Ricardo Rodríguez, analista económico senior del Central American Business Intelligence (Cabi).

En la experiencia de sectores vinculados con el seguimiento a este plan de nación no hay interés en las políticas públicas, y menos recursos para impulsar su desarrollo. Uno de estos sectores es la Red Nacional de Grupos Gestores, que promueve las mesas regionales de competitividad.

Según este consorcio, establecido en Los Altos, la inversión llega por la dinámica económica de cada territorio. En Quetzaltenango se ha invertido en centros comerciales, que a su vez atraen otra dinámica, son procesos de inversión que, si resultaran de iniciativas de gobernadores y municipalidades podría mejorar la llegada de inversiones en 20 o 30%.

Como parte de las acciones que efectúan para impulsar el desarrollo regional identifican motores económicos por departamento. Para ello se han reunido con viceministros de Economía, Agricultura y el subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para buscar ampliar esos proyectos y haya más infraestructura productiva en los territorios, como el financiamiento de infraestructura turística.

“Son esfuerzos escasos que dentro de los territorios se han venido empujando ante la Secretaría que, a nivel de gobierno, es la única que ha dado respuesta, luego de que el comisionado -Rolando Paiz-, fuera claro en que no hay gente, recursos, ni tiempo para atender este tema desde Pronacom. Es lamentable que no se impulse el desarrollo de competitividad en todas las regiones y se mantenga una centralización que sigue favoreciendo a la metrópoli”, indica Alejandro Arango, gerente general de la Red Nacional de Grupos Gestores.

De igual manera trabajan en una iniciativa para crear las direcciones municipales de desarrollo económico local, lo cual obligaría, con una modificación al código municipal, a que en todos los municipios existieran estas oficinas con rango de direcciones, que podrían contar con presupuesto para ejecutar. Pero de los 340 municipios, solo 39 la tienen.

Lo anterior deja ver que la mayoría de las administraciones municipalidades tampoco piensan en desarrollo económico. “Hay que trabajar mucha cultura con estos funcionarios para que entiendan que son actores clave en la promoción del desarrollo económico y la competitividad de su territorio”, expone Arango.

En Occidente, dice, se impulsa el proyecto Centro para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en un terreno del Ministerio de Economía, pero por cuestiones burocráticas está varado. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) tienen los fondos, según indican. Ya están los planos, pero no se puede avanzar en la construcción.

Uno de los cuellos de botella es la falta de inversión en infraestructura. Por ejemplo, en Salcajá, que cuenta con un plan de ordenamiento territorial, se querían establecer sistemas de centros de llamadas, pero no hay buena red de internet. Y en Quetzaltenango está el problema de la energía eléctrica, que desincentiva a esta industria a la que se le dificulta instalarse ahí.

Oferta laboral

La limitación para que los sistemas de Contac Center & BPO se instalen en los territorios es que para generar empleo deben contar con ciertos requisitos y uno es una óptima y estable infraestructura de electricidad que no se caiga a cualquier hora, así como una conexión de wifi de alta gama que permita conectarse en segundos y navegar en 3G y 4G. De igual manera, contar con una buena infraestructura vial que permita el acceso a un aeropuerto cercano en poco tiempo.

Sin infraestructura es difícil llevar ese tipo de desarrollo a las ciudades secundarias. De igual forma, se requiere recurso humano capacitado en inglés como base para que un proyecto crezca en cualquier departamento, municipio o aldea. Se requiere inversión municipal y del gobierno central, como se les presentó a los alcaldes en un taller específico para el efecto, expone Ninoshka Linde, presidenta de la unidad de CC&PBO de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

No obstante, la pandemia dio un giro para la industria que le ha permitido a muchos jóvenes trabajar desde sus casas. Así se logró llegar con becas de aprendizaje a diversos departamentos con clases virtuales. Algunas industrias migraron totalmente al teletrabajo y otras en 80%. Cuando muchos regresaron a sus lugares de origen como Melchor de Mencos, por ejemplo, empezaron a trabajar con más jóvenes de esos lugares, pues al ser referidos por sus compañeros se observó el potencial en la provincia. Las autoridades ediles actuaron para apoyar y aprovechar esas oportunidades, demostraron que es posible el desarrollo al invertir en generar condiciones precisas, indica Linde.

Si bien la industria en esta nueva era no requiere de un edificio moderno en cada lugar, dice, es preciso contar con infraestructura local, pues no tener las condiciones propicias afecta a los productores que exportan, por la tardanza, el manejo de los productos y el precio por los costos, lo que les resta competitividad.

Con la modalidad de trabajo en casa, el 62% de empresas asociadas a la Agexport contrata personal en Escuintla y Chimaltenango, principalmente. Cada año, 360,180 jóvenes se gradúan y se suman a la demanda de trabajo y se generan alrededor de 2,500 empleos formales, en gran parte, del sector público. Sin embargo, el CC&BPO tiene capacidad para generar cien mil empleos si se tuviera capital humano con inglés básico.

Según datos del sector, esa industria creó 11,952 empleos en 2020; principalmente para jóvenes de 18 a 24 años. Por cada empleo, se crea 1.5 adicionales, la mayoría para gente joven que vive con su progenitora y hermanos, por lo general.

En los nueve nodos, el promedio de la población en edad de producir, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística al 2021, se mantiene en 61.65% —3.2 millones de habitantes—, en el que predominan las mujeres.

Bono demográfico

Cabe recordar que, aunque se cuenta con un bono demográfico, muchos jóvenes carecen de conocimientos en diferentes áreas. Los jóvenes apuestan a la formación técnica, carreras cortas que les permitan aprovechar sus conocimientos para producir. Las personas entre 18 y 27 años requieren ingresos. Y, “si no hay inversión nacional ni extranjera vamos a continuar viendo el fenómeno migratorio de niños no acompañados, profesionales jóvenes que optan por buscar maestrías y doctorados fuera del país y espacios de trabajo que aquí no tienen”, subraya Jahir Dabroy, coordinador del área de estudios políticos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Una encuesta de opinión realizada a jóvenes de los cuatro puntos cardinales del país y la región central, de 18 a 27 años, encontró, entre otros resultados, que aparte de que no hay suficiente oferta de empleos, la juventud percibe que la mayor parte de empleos públicos y en el sector privado se otorgan por medio de mecanismos clientelares. Además, valoran el empleo de medio tiempo, que está nuevamente en vigor. Demandan actividades de economía creativa y generación de aplicaciones informáticas. De igual manera visualizan la necesidad de actividades económicas socialmente responsables con el medioambiente.

La dificultad es la baja tasa de escolaridad; es decir, no es un recurso humano altamente atractivo, sobre todo para la inversión extranjera, que ha decaído en los últimos años. Estos jóvenes aprecian mucho la educación técnica, por lo que aprecian al Intecap. “Ellos quisieran ese tipo de capacitación con becas del Estado porque la mayoría como los del sur no tienen para pagarse los estudios. Pero si quieren emplearse, el costo de transporte a la capital, que es donde perciben mejores oportunidades, se vuelve una limitante, pues no hay trabajo en los territorios porque todo está centralizado”, expone Dabroy.

Se visualiza que las ciudades intermedias han atraído población por migración, como en el caso de la ciudad de Guatemala, donde buena parte de sus habitantes migró y sigue migrando de la provincia. De hecho, se estima que la población del área metropolitana crecerá a cinco millones de habitantes en los próximos 20 años. Algo que se evidencia con los más de 200 proyectos de infraestructura privada entre vivienda y comercio, todos verticales, lo que contribuye con que los servicios sean más baratos.

En la ciudad de Guatemala residen cerca de 1.8 millones de personas y 1.7 millones ingresan cada día de las periferias. “Guatemala está viviendo el fenómeno mundial de crecimiento de la población urbana. Estudios revelan que para 2050, el 75 por ciento de la población mundial, vivirá en grandes ciudades”, comenta Ana Cecilia Paz, directora comercial de CBC (Capital Buró Developments), desarrollador del proyecto habitacional Cendana que tiene lugar en la “Nueva Nueve” (zona 9), uno de los Polos de Oportunidad identificados en la metrópoli por la comuna capitalina.

En la zona 6 se construyó el primer proyecto piloto de Módulos Urbanos de Vivienda Sostenible (Muvi) para que la gente no viva fuera de la ciudad, sino en el centro, por lo que el desplazamiento es menor.
Se necesita desarrollar lo que en Europa llaman ciudades de 20 minutos, donde el desplazamiento de las personas sea menor a ese tiempo para ir a trabajar, a la escuela o lugares de recreo. Esa es la estrategia del alcalde de la capital. “Se observa como cada vez, en las zonas 5, 8, 11 y 12, donde antes había solo casas, ahora se levantan edificios residenciales, torres de apartamentos. Hay una transformación de la vivienda urbana hacia la vivienda vertical, lo cual se necesita en todas las ciudades intermedias”, indica Zapata.

El objetivo central surge en reconocer que Guatemala está en una senda de crecimiento de población muy fuerte. Para 2025, la población de esta ciudad aumentará 1.8 millones, con una población muy joven. “Sin hacer nada, se garantiza un crecimiento económico decente para los próximos 10 años. Pero si no se garantiza las mínimas condiciones de habitabilidad, de generación de oportunidades económicas y garantizar una vida digna, lo que se genera es perpetuar el modelo actual, basado en enviar personas a Estados Unidos y que vengan las remesas”, reflexiona Rodríguez.

¿Avances?

El promedio de construcción de carreteras en el 2012 era de 200 kilómetros por año. En el último año del gobierno de Jimmy Morales se perdieron los de ese periodo. Los kilómetros se pierden por diferentes causas: descuido de la infraestructura o falta de mantenimiento, y con el paso del tiempo se destruyen y se convierten en áreas propicias para invasiones.

El mecanismo de inversión de infraestructura vial no funciona. Guatemala es el país de América Latina con las peores carreteras y con el menor número de kilómetros de carretera por habitante. De ahí la importancia de la ley de infraestructura vial. Se puede mejorar la forma de contratación de obra pública, y el ejemplo se tiene con la ley de electrificación que modernizó y eficientizó este servicio, comenta Zapata.

A su criterio, “el carro va más lento de lo que uno esperaría”. El covid-19 paralizó la velocidad de la construcción, empezando por el municipio de Guatemala y luego otras ciudades intermedias. Las medidas del gobierno limitaron la capacidad productiva de mucha gente y de muchos trabajos. Ciertamente la actividad continúa con algunas limitantes por el aforo vigente, algo que mejorará poco a poco, en la medida en que la gente se vacune y proteja su salud.

Por otro lado, hay iniciativas en la estrategia de las ciudades intermedias, como la Ley de infraestructura vial, necesaria para la construcción de nuevas carreteras y la modernización de las actuales, pues si no hay vías eficientes para las ciudades no funcionará la estrategia. Es una ley que está pendiente del tercer debate en el Congreso.

Ese es un ejemplo de que el factor político impacta en los objetivos de desarrollo como la diferencia que destaca Zapata entre la dinámica del alcalde de Escuintla, que busca cómo desarrollar su localidad, con el de Quetzaltenango, que no facilita los procesos de inversión “colocando cuellos de botella” con procesos burocráticos.

Según el Índice de Competitividad Local de Fundesa de los nueve nodos, Cobán es el que más ha crecido al pasar de 37.80 a 38.50. El área metropolitana, pasó de 72.05 a 72.79; algo positivo, expresa Zapata.

La ventaja actual es que el proyecto Guatemala no se detiene, con puntos comunes en capital humano, certeza jurídica, sectores exportadores e infraestructura, que empezó como alianza pública privada y se firmó un convenio interinstitucional, ahora es una hoja de ruta para generar esos acuerdos de largo plazo.

Cómo involucrar al Congreso es la gran pregunta, expone Zapata. La iniciativa 5506 que daría luz verde a la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal está pendiente de aprobación, pero ya está de vuelta en la agenda del pleno, indica Erick Uribio, director interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

A pesar de que inicia en el entronque del ingreso a Escuintla hasta Puerto Quetzal, San José, es un proyecto que ha promovido el desarrollo industrial inmobiliario y más ahora, con la aprobación de la Ley de Zonas Francas. A eso se suma que se desarrolla el aeropuerto de carga en conjunto con otros dos proyectos en temas de movilización de energía eléctrica. Es un capitalizador para el desarrollo de toda la zona, indica el directivo de Anadie.

La desventaja para Guatemala no se prepara para cuando la pirámide poblacional se invierta. El gran desafío planteado entonces, es que, si no se logra hacer cambios dentro de las poblaciones de esos territorios para preparar a las ciudades se va a incrementar el tráfico, la violencia, marginación de personas que habitan en áreas no aptas para la vivienda, en barrancos, laderas, lo cual es inhumano.