¿Están las pandillas detrás de la escalada de violencia en Guatemala? El Gobierno dice que sí

Expertos consideran que el combate a las pandillas, la mano dura contra ellas, solo generará más violencia. El gobierno busca por medio del “populismo penal” mejorar su imagen.

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La violencia que se ha vivido en los últimos meses en el país las autoridades a atribuyen a las disputas entre pandillas. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.
La violencia que se ha vivido en los últimos meses en el país las autoridades a atribuyen a las disputas entre pandillas. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

Guatemala, a dos años de la pandemia de covid-19, vuelve a vivir una escalada de violencia en las calles, y en especial en municipios de la región metropolitana del departamento de Guatemala. Fuentes oficiales han revelado que el alza de crímenes está asociada a las organizaciones criminales del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13).

Sin embargo, expertos consultados, rebaten esta premisa porque aseguran que no hay bases científicas ni estadísticas para señalar a las pandillas como las causantes de que se hayan incrementado las muertes violentas. Con la liberación de las restricciones por la pandemia, se ha vuelto a vivir crímenes de diversa índole.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses practicó en marzo 409 necropsias vinculadas con casos de violencia homicida, en especial por heridas por proyectil de arma de fuego.

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La capital, Escuintla, Zacapa, Chiquimula y Puerto Barrios, Izabal, son los lugares donde más han realizado los exámenes forenses el mes pasado.

Datos de la organización civil Diálogos revelan que durante el gobierno de Alejandro Giammattei, del 14 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2022, han muerto en forma violenta 8 mil 495 personas.

La escalada de violencia se agudizó a partir de que asumió David Napoleón Barrientos Girón como jefe del Ministerio de Gobernación (Mingob). Antes de él ocuparon el puesto Édgar Godoy, de enero a noviembre de 2020; luego fue el exdiputado Oliverio García Rodas, que solo estuvo un mes en el cargo y luego llegó Gendry Reyes, que se marchó en enero pasado.

Barrientos es un general de brigada, ex subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ejército, que a 70 días (si sale publicada el lunes) de haber tomado el control del Mingob se enfrenta a una primera crisis de violencia que algunas fuentes de la Policía Nacional Civil se la endosan al Barrio 18 y la MS13 porque mantienen luchas de poder por controlar territorios, vender drogas y armas, y extorsionar.

 

De hecho, desde que asumió la presidencia Giammattei, su ofrecimiento fue combatir a estos grupos criminales a quienes consideró como enemigos del país.

“Las extorsiones, las pandillas y las maras serán combatidas con total fuerza del Estado guatemalteco”, expresó el mandatario días después de haber asumido, y haber tenido una crisis en la cárcel de El infiernito con pandilleros del Barrio 18.

En febrero de 2020 propuso la “ley antimaras”, que buscaba encuadrar a los miembros de pandillas como terroristas. La iniciativa 5692, que cuenta con tres dictámenes favorables con modificaciones, sigue varada en el legislativo.

La coyuntura que se vive en El Salvador, consideran fuentes consultadas, podría reactivar la discusión para aprobarla.

 

Los responsables

 

Una fuente de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), adscrita a la Subdirección General de Investigación Criminal (Deic) de la PNC, confirmó que, a partir de los hechos en El Salvador, donde el mandatario Bukele persigue a pandilleros, y les acusa de terroristas, han reforzado la presencia, junto con otros equipos policiales, en las fronteras comunes.

Eso sí, aclaró, que la incidencia criminal que se ha vivido en las últimas semanas no tiene relación con la crisis de seguridad que se vive en el país vecino.

“La escalada de violencia en los últimos meses tiene más una relación con la disputa de territorio del Barrio 18 con la Mara Salvatrucha para distribuir drogas y armas, en algunos municipios del departamento de Guatemala”, reveló.

Los lugares en donde sigue habiendo presencia de estos grupos criminales es en sectores de San Pedro Ayampuc, Mixco, Villa Nueva y la capital, en el departamento de Guatemala.

Además,
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“Por ahora no se considera que los operativos en El Salvador estén influyendo en Guatemala”, pero eso sí, explicó, seguramente más adelante incidirá.

La PNC, de enero al 5 de abril, ha capturado a 187 personas vinculadas con estas estructuras criminales. En su mayoría han sido del Barrio 18, imitadores y algunos MS13.

Aunque no todos de los aprehendidos son pandilleros, se investiga la relación por haber prestado cuentas bancarias para recibir extorsiones, explica.

El pasado 5 de abril la PNC detuvo a un presunto líder pandillero salvadoreño. El detenido fue identificado como Wilman Wilfredo Muñoz Alfaro y/o Wilman Wilfredo Muñoz Acosta, de 40 años, conocido como “el Flash”. Lo aprehendieron por posesión de marihuana.

El pasado 2 de abril las fuerzas de seguridad detuvieron a otro presunto pandillero salvadoreño buscado desde 2016 y lo remitieron de nuevo a su país. Fue identificado como Erick Florentino Castro Vásquez, de 31 años, requerido por posesión y tenencia de armas.

De acuerdo con la fuente de Dipanda estas capturas no tienen por ahora alguna relación con los pandilleros que podrían estar huyendo de El Salvador.

“Ellos seguramente ya estaban acá en Guatemala, pero sin duda que podrían llegar en los próximos días y semanas otras personas que huyen por la cacería que mantiene el gobierno vecino”, dijo.

 

Ley antimaras

 

Carlos Mendoza, director de la organización civil Diálogos, que monitorea la violencia homicida en el país, explica que endosarle el alza a la criminalidad a las pandillas es motivo de un análisis más minucioso que debería de estar basado en datos y cifras reales.

De hecho, argumenta, que “corremos el riesgo de seguir el camino de El Salvador y volver a intentar presentar la ley antipandillas que presentó el presidente al inicio de su gestión”.

Esa ley ha quedao demostrado que no sería la solución para enfrentar a pandilleros y solo generaría más violencia y enfrentamientos, asegura Mendoza.

“Las causas reales del alza de la violencia las deberían de explicar las autoridades. Sin embargo, las estadísticas de la PNC son deficitarias porque no explican móviles, características de las víctimas y victimarios”, expresó Mendoza.

Para el analista no queda más que “confiar en los datos que proporcionan, pero obviamente los deben de fundamentar para entender qué está ocurriendo ahora”.

El experto agrega que lo que está claro es que en marzo el Inacif practicó 13 necropsias diarias. De estas la mayoría de los cadáveres presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y arma blanca. Pero Mendoza se hace la pregunta de ¿Cuántos de estos crímenes tienen relación con las pandillas?

“Los gobiernos están acostumbrados a declarar que la violencia la generan las pandillas, el narcotráfico, y otros grupos criminales, pero sin respaldo de datos. Es como a ojo de buen cubero. Lograr cambiar eso podría darles herramientas para ejecutar planes concretos”, dijo Mendoza.

El director de Diálogos concluye en que el mayor problema del gobierno es que no se ven claras sus políticas de seguridad ciudadana.

“Tienen esa mala práctica de no explicar qué están haciendo para contrarrestar la ola de criminalidad que se está viviendo. Y eso crea incertidumbre”, expuso.

 

Fracaso gubernamental

 

“La aspiración del gobierno es seguir el ejemplo de El Salvador para reprimir a las pandillas. Creen que el populismo penal es la solución, pero está demostrado que no es así. Deben reconocer que fracasaron en sus políticas de seguridad ciudadana”, sentenció Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (Foss).

Asturias consideró que el gobierno de Giammattei ha recurrido a la “vieja premisa de culpar a las pandillas” de los problemas de inseguridad que vive el país.

“Desde el inicio de su gobierno lo hizo, y seguirá insistiendo en eso para ocular que fracasaron en sus políticas de seguridad. Pero está demostrado que la mano dura, la represión, no es el camino. Eso solo genera más violencia. Y el caso de El Salvador lo demuestra”, argumentó el experto.

Para Asturias el gobierno ha recurrido a seguir “una tendencia política regional en donde el objetivo es ganar popularidad”.

El integrante del Foss explica que el gobierno, al culpar a los pandilleros, busca forzar de nueva cuenta presentar la iniciativa de ley para declararlos terroristas.

“Esas medidas autoritarias, represivas, militarizadas, que se están reflejando en El Salvador, son una aspiración para las de Guatemala”, aseguró Asturias.

Este gobierno, según Asturias, ha preferido gobernar con más de 15 estados de sitio y prevención.

“Están gobernando con la excepcionalidad, nuevamente con el Ejército en las calles. Todo esto contribuye a mayor violencia”, expresa.

El sistema de justicia, que está totalmente colapsado, no permite ni siquiera determinar la responsabilidad de que las pandillas son las responsables del aumento de la violencia, considera el analista.

Asturias se pregunta: A ver ¿dDónde están las sentencias y las condenas para demostrar de que eso es cierto? Y justifica: “No hay un sustento científico ni estadístico que diga que el alza en la violencia se deriva de las pandillas. Prefieren decir es a admitir que han fracasado en su política de seguridad”.

“El asunto es que no hay políticas de prevención, no hay políticas de desarme y ese tipo de políticas son las que pueden ayudarnos. Se debe de apoyar a la niñez y la juventud y no criminalizarla. La mano dura nunca ha funcionado con las pandillas”, según Asturias.

“Lo que está pasando en El Salvador es gravísimo y va a empeorar la situación de la violencia. Esta parte es la que aquí en el país no se ve. Solo lo visualizan como una actuación política para intentar demostrar mano dura y eso no es el camino”, concluyó.


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