Por qué el IGSS es un instrumento de solidaridad

La seguridad social, además de ser un mandato constitucional, es un mecanismo de ampliación de la cobertura en salud.

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Mural La Seguridad Social, de Carlos Mérida, en las oficinas centrales del IGSS.
Mural La Seguridad Social, de Carlos Mérida, en las oficinas centrales del IGSS.

El Estado (artículo 94 de la Constitución) “velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, recuperación”, etcétera.

Una de ellas es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a quien la Constitución da un mandato especial: aplicar el régimen de seguridad social, reconocida como derecho humano, para beneficio de todos los habitantes.

Los acuerdos de paz indican que la seguridad social es un mecanismo de solidaridad.

Conviene recordar que el IGSS no es solo salud. Que siempre se destaca más cuando se alude a la institución. Es la mayor “empresa” de seguros del país, con dos grandes obligaciones: dar servicios de salud a la población protegida y garantizar una pensión a los trabajadores cotizantes.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 35 países de América, Guatemala es uno de los tres —con Paraguay y Venezuela— con el más elevado gasto de bolsillo —de las familias— para cubrir el gasto en salud.

El Guatemala, el gasto del gobierno central del 19%; de la seguridad social, el 19%; y de bolsillo, el 62%. La seguridad social de Costa Rica financia el 62% del gasto en salud de ese país.

Los servicios de salud del IGSS son mejores que los prestados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esto se debe a que el IGSS aporta el 19% del gasto en salud para atender al 17% de la población del país, mientras el gasto del Ministerio de Salud, del 19%, debe atender —quitando al 10% con más altos ingresos— a más de dos tercios de la población del país.

Los gastos del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidente (EMA), del IGSS, de 2019 ascendieron a Q6 mil 704 millones, y el presupuesto del MSPAS de ese año ascendió a Q7 mil 908 millones.

El IGSS tiene una sólida situación financiera. En 2019 su portafolio de inversiones era de Q37 mil 998 millones y la reserva acumulada del EMA, de Q10 mil 917.3 millones.

Su mayor desafío es aumentar la cobertura, que crece con lentitud.

Entre 2014 y 2019 se crearon 250 mil puestos de trabajo cada año. En 10 años —2010-2019— los trabajadores afiliados aumentaron a un promedio de 24 mil 363 por año.

Para ello es fundamental continuar con el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud. Las quejas principales son el tiempo entre una consulta y otra, además de la mala atención de parte del personal administrativo.

Objetivo prioritario deben ser los 770 mil no afiliados de empresas con seis o más trabajadores, según datos de la segunda Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2019.

Para ello es fundamental el apoyo y la coordinación con la Inspección General de Trabajo. Velar por que los proveedores del Estado, empresas favorecidas con exoneraciones tributarias, colegios y centros de salud privados, y actividades que requieren alguna licencia, comprueben su afiliación al IGSS.

Que todos quienes en el Estado tienen una relación de trabajo disfrazada de servicios técnicos o profesionales sean inscritos al Seguro Social.

Responsabilidad

  • El Estado debe cumplir con el aporte constitucional.
  • El monto no pagado ascendió a Q48 mil 232 millones al 31 de diciembre de 2019.
  • Debe, además, respetar la autonomía del IGSS.
  • Abstenerse de ver sus reservas como un medio para atender otras funciones o, peor aún, considerarlas un botín dispuesto para la rapiña.
  • La Junta Directiva, ante el cambio de presidente, debe asumir su rol de máxima autoridad y exigir continuidad en las políticas y la administración.

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Coordinador del Área de Estudios Laborales y Municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).


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