Una de ellas es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a quien la Constitución da un mandato especial: aplicar el régimen de seguridad social, reconocida como derecho humano, para beneficio de todos los habitantes.
Los acuerdos de paz indican que la seguridad social es un mecanismo de solidaridad.
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Conviene recordar que el IGSS no es solo salud. Que siempre se destaca más cuando se alude a la institución. Es la mayor “empresa” de seguros del país, con dos grandes obligaciones: dar servicios de salud a la población protegida y garantizar una pensión a los trabajadores cotizantes.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 35 países de América, Guatemala es uno de los tres —con Paraguay y Venezuela— con el más elevado gasto de bolsillo —de las familias— para cubrir el gasto en salud.
El Guatemala, el gasto del gobierno central del 19%; de la seguridad social, el 19%; y de bolsillo, el 62%. La seguridad social de Costa Rica financia el 62% del gasto en salud de ese país.
Los servicios de salud del IGSS son mejores que los prestados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esto se debe a que el IGSS aporta el 19% del gasto en salud para atender al 17% de la población del país, mientras el gasto del Ministerio de Salud, del 19%, debe atender —quitando al 10% con más altos ingresos— a más de dos tercios de la población del país.
Los gastos del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidente (EMA), del IGSS, de 2019 ascendieron a Q6 mil 704 millones, y el presupuesto del MSPAS de ese año ascendió a Q7 mil 908 millones.
El IGSS tiene una sólida situación financiera. En 2019 su portafolio de inversiones era de Q37 mil 998 millones y la reserva acumulada del EMA, de Q10 mil 917.3 millones.
Su mayor desafío es aumentar la cobertura, que crece con lentitud.
Entre 2014 y 2019 se crearon 250 mil puestos de trabajo cada año. En 10 años —2010-2019— los trabajadores afiliados aumentaron a un promedio de 24 mil 363 por año.
Para ello es fundamental continuar con el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud. Las quejas principales son el tiempo entre una consulta y otra, además de la mala atención de parte del personal administrativo.
Objetivo prioritario deben ser los 770 mil no afiliados de empresas con seis o más trabajadores, según datos de la segunda Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2019.
Para ello es fundamental el apoyo y la coordinación con la Inspección General de Trabajo. Velar por que los proveedores del Estado, empresas favorecidas con exoneraciones tributarias, colegios y centros de salud privados, y actividades que requieren alguna licencia, comprueben su afiliación al IGSS.
Que todos quienes en el Estado tienen una relación de trabajo disfrazada de servicios técnicos o profesionales sean inscritos al Seguro Social.
Responsabilidad
- El Estado debe cumplir con el aporte constitucional.
- El monto no pagado ascendió a Q48 mil 232 millones al 31 de diciembre de 2019.
- Debe, además, respetar la autonomía del IGSS.
- Abstenerse de ver sus reservas como un medio para atender otras funciones o, peor aún, considerarlas un botín dispuesto para la rapiña.
- La Junta Directiva, ante el cambio de presidente, debe asumir su rol de máxima autoridad y exigir continuidad en las políticas y la administración.
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Coordinador del Área de Estudios Laborales y Municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
