No se volvió a asomar a la escuela del pueblo, menos aún cuando dio a luz a un niño. Pesó seis libras y tiene sus ojos. En la humilde vivienda ahora se escucha el llanto de un bebé, al que ella debe cuidar, al igual que lo hace con su hermano menor. Su deseo de seguir la secundaria quedó truncado.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema que Guatemala no ha logrado mitigar. En el primer semestre de este año, el registro que lleva el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) señala que cada hora 13 guatemaltecas se enfrentaron a la maternidad antes de cumplir 19 años. En total, fueron 57 mil 578 casos, entre los que hay 2 mil 737 niñas entre los 10 y 14 años, como Katherine.

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Las cifras no son distintas a las de años anteriores, el 2020 cerró con 104 mil 837 casos. No se descarta el subregistro, pues la pandemia del covid-19 incrementó la brecha de acceso a servicios de salud y muchos de estos embarazos fueron invisibilizados.

Una realidad compleja y multifactorial que trastoca el futuro del país. Se habla de que Guatemala tiene el mayor bono demográfico de la región, pues la tercera parte de la población está en edad productiva, precisamente donde encajan las adolescentes que enfrentan una maternidad forzada.

Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, indica que los embarazos en niñas y adolescentes es un “problema de calado hondo”, pues son planes de vida estancados, no solo para ellas, sino para sus familias, para la comunidad, y que frenan el desarrollo del país.

Los datos presentados por el Osar muestran que Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Guatemala tienen las cifras más altas de casos, pero no hay departamento que esté libre de este flagelo.

Más allá del abuso

Enfrentarse a un embarazo a temprana edad tiene severas complicaciones. Es un riesgo para la vida, las adolescentes menores de 16 años están cuatro veces más expuestas a sufrir muerte materna que las mujeres de mayor edad, y tienen el doble de probabilidad de que su bebé fallezca, según el informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en Guatemala, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).

Sus cuerpos de niñas no están aptos para llevar vida en el vientre, ni tampoco para dar a luz, amamantar y cuidar a un niño igual que ellas.

Katherine se enfrentó de golpe a la vida adulta y a encarar el abuso del que fue víctima, pues los embarazos en niñas entre 10 y 14 años son producto de violación sexual, así lo tipifica el Código Penal del país, por eso su padre está en prisión.

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Interrumpir la trayectoria educativa es otra de las consecuencias del embarazo adolescente, el estudio de FPNU menciona que quienes fueron madres durante esta etapa de la vida tienen un nivel educativo inferior a quienes postergaron la maternidad en la edad adulta.

Tan solo el 34.3 por ciento de las mujeres que han sido madres entre los 10 y 19 años han logrado cursar la secundaria, y a duras penas el 2.1 por ciento cuenta con estudios universitarios. En el grupo de quienes fueron madres entre los 20 y 29 años, el 49.8 por ciento terminó la secundaria, y un nueve por ciento alcanzó educación terciaria.

A criterio de Pablo Salazar, representante de país del FPNU, el embarazo adolescente es una de las razones por los cuales las mujeres no participan suficientemente en la educación, y no se logra la transición de la primaria a la secundaria.

No es discutible que el nivel educativo que tenga una persona influye en su ingreso laboral. El informe refiere que quienes tiene una formación a nivel de postgrado percibe un ingreso siete veces mayor que las mujeres que solo cursaron la primaria.

Con la primaria completa el ingreso anual para ellas puede ser de Q16 mil 321, con estudios universitarios la cifra logra ascender a los Q60 mil 394, y si se tienen una maestría alcanzan los Q114 mil 266.

De esa cuenta, en el 2018 se estimaba que la pérdida anual de ingresos de las mujeres que fueron madres en la adolescencia ascendió a Q426 mil 148 millones, la brecha educativa es la razón, pues la baja escolaridad no permite que las jóvenes aspiren a un trabajo mejor remunerado, situación que perpetua el círculo de pobreza en los hogares.

En tanto que, si el país invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes, donde la educación es fundamental, los ingresos de este grupo podrían aumentar más de Q1,177.5 millones al año, calcula el FPNU.

“Supongamos que -las niñas- tuvieran un sexto primaria, qué van a hacer con un hijo en brazos, con una familia empobrecida. Tienen que llevar comida ahora para dos, tendrán que trabajar, y dejar a su hijo con la mamá, con la abuela o con vecinos”, dice Sarti, una realidad que no es ajena a Katherine, como tampoco a otras niñas que fueron forzadas a ser madres y no pudieron seguir su proyecto de vida.

El empleo informal y mal remunerado es la salida que muchas encuentran. Otras no consiguen trabajo. Se estima que el 1.6 por ciento de las mujeres que fueron madres en la adolescencia están desempleadas, pero la pandemia del covid-19 podría haber aumentado la cifra.

La doctora Mirna Montenegro, del Osar, indica que la ruta de atención integral a los casos de embarazos en niñas menores de 14 años define que el Ministerio de Educación debe dar alternativas educativas para que las niñas continúen sus estudios, pues la idea de que “aprendan un oficio o que vayan a trabajar porque ya son madres, es discriminativa”, más bien debe apoyárseles para que recuperen sus derechos y su plan de vida, que incluye continuar en la escuela.

 Un costo alto

Detrás de los embarazos de niñas y adolescentes acecha la muerte, pues sus cuerpos no están preparados para ser madres. En Guatemala cada año se estima que se pierden 1 mil 225 años de vida potencial y 924 de vida productiva por el fallecimiento de estas jóvenes.

La falta de acceso a los servicios de salud aumenta el riesgo de muerte. Montenegro dice que durante el 2020 la pandemia incrementó esa brecha, hubo 20 por ciento menos de controles prenatales y disminuyó un 30 por ciento los partos institucionales, e incrementaron los domiciliares.

La situación persiste este año, y es necesario que las consultas externas sean habilitadas, ya que desde hace una década la tendencia en el país es que entre el 20 y 22 por ciento de nacimientos son de adolescentes.

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El informe de FPNU menciona que el embarazo adolescente genera  un costo en salud por asistencia en el sector público que incluye cuidados prenatales, parto único espontáneo e intervenciones del recién nacido, que oscila en Q166.7 millones. Sin embargo, esta atención no llega a todas, y debe ser integral.

Montenegro añade que la violencia sexual provoca un trauma grande en las niñas. El 98 por ciento de los agresores son adultos, y cerca del 89 por ciento de los perpetradores son parientes de la menor agredida.

Ellas deben de recibir atención integral, que incluya acompañamiento psicológico por parte de los servicios de salud, lo que es limitado. Como ejemplo está Alta Verapaz, que tienen una psicóloga por distrito de salud, y en Huehuetenango hay cuatro profesionales para 34 municipios, ambos departamentos reportan la mayor cantidad de embarazo en niñas y adolescentes.

Indicadores de pobreza, ruralidad, poco acceso a servicios de salud, educación, población indígena, la densidad demográfica con más de un millón de habitantes, lleva a que en dichos de departamentos los casos aumenten.

Hay otros elementos a tomar encueta: los sistemas patriarcales que colocan a las niñas y adolescentes como objetos, las uniones tempranas, el rapto-robo, que son aceptados como parte de la costumbre de las comunidades.

“Guatemala es un país machista, patriarcal, que normaliza la violencia sexual en el cuerpo de las niñas”, reflexiona Sarti, y se cuestiona: “¿Cómo se levanta un país sobre los cuerpos violados e interrumpidos de las niñas? No podemos hacerlo en esas condiciones”.

Para Salazar la maternidad debería ser una opción para las mujeres cuando han terminado su proceso formativo, y han alcanzado la mayoría de edad. Permitir que las niñas y adolescentes alcance un mayor nivel educativo es fundamental. También prevenir el matrimonio infantil.

Tanto la representante del Osar y de La Alianza señalan que es necesario colocar a la niñez y adolescencia al centro de la política de Estado, y que para afrontar el problema del embarazo en este segmento de la población se necesitan de una respuesta integral con programas de prevención de la violencia sexual infantil dentro de la familia y en la comunidad. Salazar agrega la educación integral en sexualidad. También es importante el acceso a la justicia y que las denuncias avancen y castiguen la violencia sexual.