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Cierre de consultas repercute en atención a pacientes no covid

El primero y el segundo nivel de atención en Salud es deficiente y pobre en cobertura, un problema que lleva años sin resolverse, pues los gobiernos no han mostrado interés en invertir para llevar la salud al pueblo. Conforme la pandemia avanza en el país la brecha se hace más evidente.

Por ahora los casos de covid-19 se centralizan en la capital, pero las autoridades han advertido que se extenderán a los municipios con menor densidad poblacional, a las áreas rurales, y es ahí donde la atención primaria adquiere un peso importante para mitigar el impacto del virus en un sistema que colapsó tempranamente, con hospitales rebasados en su capacidad.

Según datos oficiales, seis de cada diez contagios se registran en el departamento de Guatemala, y la mitad de estos está en la capital.

“Ahorita tenemos concentrados la mayoría de los casos en el área urbana, pero lo más probable es que en un futuro muy cercano los casos que vamos a empezar a ver van a ser a nivel comunitario y en el área rural”, dijo la ministra Amelia Flores, a los pocos días de tomar posesión.

Previendo este panorama la estrategia planteada por el Ministerio de Salud es fortalecer el primero y segundo nivel de atención para que sean estos los encargados de dar asistencia a los pacientes covid-19 leves, para que los hospitales se concentren en recibir los casos moderados y severos.

“Es una luz en medio de una situación difícil”, dice Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), sin embargo, trasladarles ahora la carga, cuando históricamente han estado descuidados y cuando no hay un trabajo articulado con las comunidades, con los promotores de salud y con las comadronas, resulta contradictorio, pues estos niveles están en crisis desde antes de que apareciera el coronavirus.

“Paralelo a la atención hospitalaria teníamos que fortalecer el primero y segundo nivel, es lo que debimos hacer desde que comenzó la pandemia”, agrega, más aún cuando el sistema de salud pública debe cubrir a cerca del 75% de la población que no tiene un seguro médico ni las posibilidades económicas de buscar atención privada.

El cuello de botella pasa por la poca infraestructura sanitaria que hay en el país, pues actualmente se cuentan 1 mil 152 puestos de salud en todo el territorio. La cifra lleva años sin modificarse, y de acuerdo con un estudio de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el 2015 ya había un déficit de 4 mil establecimientos que se dedican a dar atención básica a población de las aldeas, cantones, caseríos y barrios de los municipios.

No se trata solo de cobertura, su enfoque se ha centrado en acciones curativas, cuando su principal actividad debe ser la promoción de la salud y la prevención en enfermedades, acciones que quedaron rezagadas, y habrá que desempolvarlas para hacerle frente al coronavirus.

En el segundo nivel de atención también hay una brecha grande por cubrir, hacen falta alrededor de 1 mil 200 establecimientos de asistencia para alcanzar la cobertura mínima. En este servicio encajan los centros de salud de los cuales se cuentan 115, mientras que Centros de Atención Permanente (CAP) hay 170, los Centros de Atención del Paciente Ambulatorio (CENAPA) son 44, y una docena de Centros de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI).

Cobertura nacional de salud

Aquí puede consultar, según la clasificación por área de salud, cuál es la cobertura según la información del Ministerio de Salud.

Fortalecer la red de servicios a este nivel es necesario ante la escalada de casos de coronavirus que se esperan a nivel municipal. El inconveniente es que ya están cargados con los pacientes que atienden diariamente con distintas morbilidades. Además de continuar con los programas de inmunización, desnutrición, tuberculosis, entre otros, ahora se suma la atención a la emergencia del covid-19, con un recurso humano debilitado, pues hay personal en cuarentena y entre ellos también se cuenta a fallecidos.

“Es nuestra situación real: todo el andamiaje del Sistema de Salud está debilitado, y se debilitó más con ese reto de la emergencia, pero también el Estado de Guatemala y el Ministerio de Salud no han logrado identificar esos puntos que son torales para poder decir qué estrategia es la más oportuna”, señala la defensora de la PDH.

Por lo pronto, el presidente Alejandro Giammattei señaló que se equipararán 10 CAP que actualmente no están funcionando, lo que permitirá tener 500 camas más para la atención hospitalaria de casos con covid-19.

Al consultar al Ministerio de Salud sobre su ubicación y cuándo serán habilitados, se indicó que estos centros aún están en evaluación.

Deuda con el país

En 1997 con el Programa de Extensión de Cobertura (PEC) el Ministerio de Salud logró dar atención básica en salud y nutrición en las comunidades rurales más aisladas que no tenían acceso a los servicios tradicionales, fue a través de convenios con organizaciones no gubernamentales que se logró ese acercamiento.

Sin embargo, en el 2014 se puso fin a la posibilidad de subcontratar a las oenegés para dar servicios de atención de salud y el principal afectado fue la población rural. El informe del Cien menciona que esto representó una reducción del 66 por ciento de los servicios del primer nivel de atención en todo el país.

A la fecha, no se hecho el esfuerzo suficiente para garantizar la cobertura en salud a la población que quedó desprotegida.

De acuerdo con el centro de investigación, un alto porcentaje de la población se ha volcado a los servicios de salud ancestrales -comadronas y curanderos-, porque la atención pública es inaccesible, deben caminar largas distancias y cuando llegan no encuentran las condiciones adecuadas.

“Hay un déficit de puestos de salud en el país y los existentes no todos cuentan con personal, se necesitan más auxiliares de enfermería y técnicos en salud rural en los centros de salud. Sin ir lejos, en San Martin Jilotepeque, Chimaltenango, con más de 80 mil habitantes, el Ministerio de Salud tiene un solo médico con funciones de consulta y administrativas”, indica el médico Hugo Icú, de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa).

Desde el punto de vista sanitario de salud pública el primero y segundo nivel son estratégicos para contener y mitigar la pandemia del covid-19, pues son los encargados y responsable de monitorear, detectar y referir pacientes, según Lesli Ramírez, asesora del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala (CEGSS), sin embargo, preocupa que ante la emergencia el Ministerio de Salud haya adoptado un “enfoque más urbano”, con un fortalecimiento al área hospitalaria.

“Los servicios de salud están haciendo lo que pueden con grandes limitaciones de recursos humano, de equipo, de capacidades, porque no se les transfirió lineamientos, capacidades, presupuesto y mucho menos equipo adecuado (…) seguir fortaleciendo solo el tercer nivel (hospitales) es un absurdo, nunca se va a lograr calmar esta pandemia”, asevera Ramírez.

Un ejemplo de esa desatención a estos niveles lo plantea Icú: “Centros de salud en Chimaltenango señalan que les dan una mascarilla a la semana y una bata al mes para los hisopados. Los tiene que lavar y reutilizar”. En estas condiciones no pueden dar una atención apropiada a la población sin exponerse al virus.

Pese a tener US$100 millones de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud sigue sin ver hacia el primero y segundo nivel de atención.