La dificultad para abastecerse de un plato de comida en la mesa es un problema que enfrentan a la fecha alrededor de 2.5 millones de personas en el país, según el sistema de Clasificación de Inseguridad Alimentaria en Fases (CIF).
A mediados de año, entre mayo y agosto de 2021, tiempo de “hambre estacional”, se estima que el problema era más grave. Según el CIF, 3.5 millones de personas se encontraban en crisis o emergencia y requerían acciones urgentes. Durante estos meses, las familias se quedan sin reservas de alimentos y tampoco tienen trabajo para conseguir dinero y comprar, situación que recrudece la crisis alimentaria. Aunque para el período comprendido entre septiembre y enero de 2022, considerado de menor inseguridad alimentaria, la cifra disminuyó.
Ante este flagelo, todas las políticas públicas y estrategias gubernamentales parecen no tener los alcances esperados y, en vez de reforzar con más presupuesto a las actividades destinadas al combate a la desnutrición crónica, se han observado recortes presupuestarios en los últimos cinco años.
Lo anterior motiva a analistas de salud pública y nutrición a considerar que el gobierno no tiene la voluntad política para solventar la malnutrición en la población.
