Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), más de 167 mil guatemaltecos radican en Florida, aunque organizaciones de migrantes creen que el número podría ser mayor.
Entre otras acciones punitivas, la SB 1718 no solo castiga a las empresas que den trabajo a indocumentados con fuertes multas, sino a los familiares u otras personas que los ayuden, no reconoce las licencias para manejar vehículos emitidas por estados más benevolentes y obliga a los centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de un paciente para que quede registrado.
La Ley mantiene nerviosos a miles de migrantes, muchos han comenzado a abandonar el Estado; no obstante, que la norma probablemente sea impugnada y que al menos la policía del condado de Miami-Dade ya anunció que no verificará la condición migratoria de las personas porque no es una tarea que les corresponda.
La norma fue aprobada por el Legislativo de Florida el pasado 2 de mayo y firmada por el gobernador Ron DeSantis —republicano— ocho días después.
DeSantis ya anunció que competirá en las primarias de su partido y se perfila como el principal contrincante del expresidente Donal J. Trump.
A criterio de diversos analistas y defensores de los derechos de los migrantes, el objetivo de DeSantis es hacer de la lucha contra la migración irregular su principal caballo de batalla, consciente de que tiene en el exgobernante de EE. UU. a un rival que hizo y que hará lo mismo.
Consulados no despiertan
Líderes migrantes que radican en Florida coinciden en que existe temor en la comunidad guatemalteca por los efectos que puedan resultar de la SB 1718 y lamentan que, mientras otros países, como México, tienen acercamientos con sus connacionales, en los dos consulados de Guatemala en ese estado no hay iniciativa, ni siquiera para informar.
“Desafortunadamente no ha habido nada, todavía”, expuso Marlon González, quien radica en Miami y que es parte de la organización Misión Guatemala-USA. “Hasta el día de hoy no ha habido un solo pronunciamiento. Espero que, aunque sea tarde reaccione el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consulados”, añadió.
La oficina de Comunicación del Minex aseguró que los consulados de Lake Worth y Miami han organizado encuentros con connacionales “para orientarlos y resolver dudas relacionadas con esta ley”, afirma que en las sedes consulares hay información al respecto y que “siempre se ofrece asesoría y protección”.
Sin embargo, indicó que como la ley no ha cobrado vigencia todavía no han emitido una postura oficial.
No obstante, González cree que desde el momento en que la Ley fue aprobada el Minex debió anticiparse y trasladar información a los guatemaltecos acerca de sus derechos, opciones para su defensa legal o qué hacer si en dado caso son detenidos, “pero que hasta el día de hoy no se hayan pronunciado deja mucho que decir”.
El líder migrante expuso que hay angustia e incertidumbre en las familias migrantes ante la forma cómo se va a implementar esta ley, ante lo cual algunos han tomado la decisión de marcharse del Estado.
Temen separación
Las familias temen que producto de esta ley las familias corran el riesgo de ser separadas debido a que las parejas de muchos migrantes en condición irregular ya cuentan con residencia e incluso que son ciudadanos estadounidenses.
“Eso no lo analizó este gobernador, las consecuencias de esa ley inhumana”, señaló González.
Carlos Cisneros, otro guatemalteco que radica en Florida, coincidió en que no se ha escuchado “absolutamente nada” de los dos consulados de Guatemala en Florida, en relación con la vigencia de la ley.
Al mismo tiempo opina que a nivel de gobiernos debería de haber una comunicación al más alto nivel para hacerles ver a las autoridades estadounidenses lo perjudicial de esta ley, no solo para los migrantes, sino también para la comunidad de Florida.
Cisneros afirmó que muchas siembras de chile y tomate “se están perdiendo”, mientras que trabajos de construcción han sido abandonados y los materiales se han arruinado porque se quedaron a la intemperie. “La gente se está yendo para otros estados porque hay mucho temor”, dijo el líder migrante.
No hay acciones
Los guatemaltecos quisieran que el Gobierno de su Guatemala reaccionara al menos con la velocidad que lo hizo el de México.
El pasado 21 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país informó del inicio de encuentros con ciudadanos de ese país ante la promulgación de “leyes antimigrantes y racistas”
El canciller Marcelo Ebrard dijo que las reuniones tienen el objetivo de diseñar una estrategia de acción frente a esas iniciativas. “Nuestro gobierno defenderá a los migrantes mexicanos de leyes y políticas racistas”, aseveró el funcionario mexicano durante una reunión con mil 200 mexicanos en Miami.
Roberto Monjaras, un líder migrante guatemalteco que pertenece a la Organización Maya I’q Balam, criticó que al Estado de Guatemala “nunca le ha interesado la comunidad migrante”, y a la consulta de si alguna autoridad promueve alguna actividad informativa señaló que “los consulados solo sirven para tramitar pasaportes y otros documentos y no para resolver problemas de la comunidad”.
Precisó que, en Lake Worth, condado de Palm Beach, radican unos 75 mil connacionales que se dedican principalmente a la agricultura y jardinería y algunos otros a la construcción, pero que él ha estado pendiente de las redes sociales del consulado de esa ciudad y no han anunciado nada.
Monjaras coincidió en que hay bastante temor entre los guatemaltecos que viven en Florida; sin embargo, aún guardan la esperanza de que la norma sea impugnada por la acción de alguna organización de derechos humanos.
