La petición se formuló con el argumento del desastre causado por las depresiones tropicales Eta e Iota, que afectaron a más de 1.7 millones de habitantes y dejaron pérdidas por Q6 mil millones en noviembre de 2020.
El TPS es un permiso que otorga EE. UU. a ciudadanos de países afectados por fenómenos naturales, como huracanes o terremotos, así como conflictos armados en curso u otras condiciones extraordinarias, para residir en su territorio y trabajar de forma temporal.
Este beneficio se otorga considerando que las condiciones de los países elegibles impiden que sus ciudadanos retornen de forma segura, pero solo aplica a las personas que ya se encontraban en el país antes de anunciarse el TPS.
Mientras la persona goce de TPS no puede ser expulsada de EE. UU. Puede obtener un permiso de empleo y tiene autorización de viajar.
El 12 de noviembre la Cancillería pidió el TPS a EE. UU., considerando que 10 de los 22 departamentos fueron declarados en estado de calamidad por los daños causados por Eta.
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Se desconoce si EE. UU. aceptará la petición, pero Guatemala insistió en este beneficio la semana última, con la llegada de las autoridades estadounidenses.
No obstante, una comunicación errática podría incentivar que más personas migren con la esperanza de que serán acogidos por el país del norte.
Esta no es la primera vez que Guatemala solicita un TPS. Desde 2005 acumula 18 peticiones, pero a la fecha no se ha concretado ningún requerimiento.
La primera fue el 10 de octubre de 2005, por la tormenta Stan. Las otras han sido por erupciones volcánicas, violencia, eventos sísmicos y tormentas tropicales.
El gobierno estima que actualmente viven 2 millones 900 mil connacionales en EE. UU. Sus remesas alcanzaron los US$9 mil 193.3 millones.
Hay 11 países con TPS, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua.
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Celia Medrano, de la Fundación Cristosal en El Salvador, refirió que su país ha tenido dos TPS. Uno en la década de 1980 por el conflicto armado, y el segundo se otorgó en 2001 por dos terremotos consecutivos, y sigue vigente.
En un inicio fueron beneficiadas unas 280 mil personas, pero ahora son 190 mil. Esto sucede por diversas razones, como el hecho de haber enfrentado cargos administrativos o penales, por ser detenidos conduciendo en estado de ebriedad tres veces o pasarse altos o semáforos. Otros perdieron el estatus porque aplicaron a otros programas o contrajeron matrimonio con una persona estadounidense.
El TPS ha permitido que estas personas gocen de estabilidad migratoria por casi 25 años, dijo Medrano.
Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional quien puede designar a un país para optar al TPS, pero las personas deben residir en EE. UU. antes de que se emita la autorización, en una fecha que se define para cada caso particular.
Por ello, las personas que decidan migrar posteriormente se enfrentarán a numerosos obstáculos y no podrán regularizar su estatus migratorio.
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, de la Universidad Rafael Landívar, duda que el gobierno de EE. UU. acceda a conceder el TPS.
“La principal condición para otorgarlo es que el país cambie las causas que generan migración. Entre estas están la corrupción y la impunidad, pero el gobierno ha dado muestras de que no está dispuesto a colaborar. No tenemos en este momento una imagen positiva”, destacó Roldán.
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Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, explica que otorgar TPS no está en la mira de las agencias de seguridad de EE. UU., porque hacerlo puede incentivar que nuevas personas migren, pese a que es una medida que aplica para quienes hayan ingresado en fechas anteriores.
“El TPS es una medida que se pide de cajón. Hemos visto que en las últimas ocasiones esta medida se solicita de forma populista, porque el gobierno quiere aparentar que está velando por intereses de la población migrante, pero a sabiendas que las expectativas de éxito son bajas o nulas”, enfatizó.
Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dijo que Cancillería debe enviar un mensaje claro a la población haciendo ver que el TPS no es para nuevos migrantes, sino para quienes ya estaban en EE. UU..
“Lo que se busca es regularizar la situación de quienes ya residían ahí y que puedan tener espacios de trabajo por al menos seis meses”, expresó Dabroy.
