Verificamos por usted: ¿Es legal el cierre de calles cerca de edificios públicos cuando funcionarios tienen actividades públicas?

El abuso del recurso para proteger a funcionarios públicos y a los edificios pone en duda legalidad de medidas, según la legislación y analistas.

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Cuando se celebran actos gubernamentales suelen cerrarse calles para desviar el tránsito y contener eventuales protestas. Funcionarios justifican que son medidas necesarias para resguardarse ellos y los edificios públicos, pero el abuso de estas disposiciones es ilegal, según la legislación y expertos consultados.

El descontento hacia la clase política detonó protestas a partir del 2015, ante lo cual autoridades de dependencias públicas han procurado evitar que los manifestantes se les acerquen y con más frecuencia ordenan el cierre de calles.

Los reclamos por el incremento del tránsito vehicular cuando se restringe la circulación también se han incrementado, así como las quejas de comerciantes que ven perjudicada su labor por esas medidas.

La semana pasada, la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra) de la Municipalidad de Guatemala recibió un oficio de la Guardia Parlamentaria del Congreso, en el cual solicitan “control y desviación de tránsito” los días 16, 17 y 18 de marzo, a inmediaciones del Palacio Legislativo.

En la nota se justifica que se cierra la vía “por motivos de seguridad, debido a posibles manifestaciones que intenten impedir el desarrollo de las sesiones plenarias programadas”.

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En la agenda parlamentaria estaba contemplada la instalación de una comisión pesquisidora para continuar el trámite de antejuicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El cierre se dio, aunque finalmente no hubo protestas, informó Amílcar Montejo, director de Emetra.

“Cuando el cierre se nos notifica días antes, tenemos un menor impacto en el tránsito, pero cuando nos avisan de la noche a la mañana sí hay congestionamientos. El cierre de calles lo realiza la PNC, pero los agentes de la PMT siempre se adelantan una o dos cuadras, para hacer desvíos; si no, se complica más el tránsito”, dijo Montejo.

El mencionado cierre desató quejas de automovilistas y comerciantes, estos últimos al verse afectados por la ausencia de peatones. Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que las calles se cierran por solicitud de las autoridades, pero si la CC ordena liberar el paso, deben hacerlo.

Para esta semana, la Guardia Parlamentaria volvió a solicitar a la PMT la desviación del tránsito, por el cierre de calles aledañas al Congreso del martes al jueves, aunque finalmente no ocurrió.

Este año también se cerraron las calles aledañas al Palacio Legislativo, cuando Alejandro Giammattei presentó su primer informe de gobierno, el 14 de enero.

El diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, reconoce que existe el derecho a la libre locomoción y manifestación, pero a veces es necesario cerrar las calles, para garantizar que se celebren las sesiones.

“Somos un país demasiado polarizado. Esto obviamente repercute, porque se tienen que tomar medidas para atender las convocatorias del pleno”, explicó.

El Organismo Legislativo también ha optado por el cierre de calles, aunque no haya manifestaciones, como ocurrió la semana pasada. Según Montejo, el cierre de arterias se incrementó durante el gobierno de Jimmy Morales, una época de muchas protestas. Por ejemplo, para el 14 de septiembre del 2018, la SAAS, con el apoyo de la PNC, limitó el paso en los alrededores de la Casa Presidencial y circularon fotografías de agentes que revisaban mochilas, incluso de niños, para permitirles pasar.

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En esa ocasión, la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, abrió una investigación de oficio para determinar si se violentó el derecho a la libre locomoción.

Al respecto se le consultó a la jefa de la Fiscalía, Aura Marina López, sobre el expediente, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Otros funcionarios que cierran calles con frecuencia para inaugurar obras o entregar víveres son los alcaldes. Marvin de León, de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que no tienen un registro de las veces que las comunas han cerrado arterias en lo que va del año.

Según De León, la municipalidad tiene la responsabilidad legal de administrar su territorio y velar por su uso correcto. De esa cuenta, cuando se celebran actos protocolarios, se cierran calles para proteger la vida de quienes participen.

En su artículo 26, la Constitución Política establece que toda persona tiene libertad para “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional”, lo cual se reconoce como derecho a la libertad de locomoción.

En atención a este artículo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha interpuesto amparos en la CC cada vez que el Congreso cierra calles por temor a manifestaciones.

Una de esas acciones se interpuso el 20 de noviembre último, cuando el Congreso preveía cerrar las calles por temor a protestas contra la aprobación del presupuesto del 2021. En esa oportunidad, la CC otorgó un amparo provisional y les ordenó al presidente, al ministro de Gobernación y al director de la PNC garantizar la libre locomoción y preservar el orden público.

La CC otorgó un segundo amparo provisional a la PDH para que el Congreso no limitara la libre locomoción con la excusa de manifestaciones el 9, 10, 11 y 12 de marzo, por descontento con la elección de magistrados de esa corte.

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Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, explica que las calles son bienes de uso común y el cierre constante de estas por parte de funcionarios ha ido en incremento, al punto de que se ha convertido en un abuso de sus facultades.

“La Constitución garantiza la libre movilidad. Estos —el cierre de calles— son actos abusivos que rebasan los límites constitucionales”, advirtió.

Orellana considera que la PDH o entidades del sector privado podrían plantear una acción de amparo que no sea coyuntural, sino que aspire a que la CC establezca de forma definitiva la ilegalidad de estas disposiciones. Esto es importante, pues también se limitan derechos como al trabajo y o el de ejercer libremente el comercio.

“El cierre de calles es un problema que se repite y se ha convertido en un patrón de abuso”, recalcó el abogado.

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