Esas prácticas, consideradas violatorias a la Constitución y hasta un “golpe de Estado” por amplios sectores de la sociedad salvadoreña, pueden ser replicadas en los otros países, afirman analistas políticos, si la comunidad internacional y organismos multilaterales pasan desapercibidos ante esta coyuntura.
Pero la situación no es tan fácil. La Asamblea de mayoría oficialista encabezada por Nueva Ideas (NI), el partido del presidente Nayib Bukele, recién hace poco más de dos meses que ganó categóricamente las elecciones de medio término en El Salvador.
Este partido más sus aliados, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (PCN) se estrenaron el sábado pasado como una aplanadora de 64 votos, suficientes para destituir al fiscal y los magistrados constitucionales, estos segundos, reconocidos porque con sus resoluciones frenaron en varias ocasiones los planes del mandatario salvadoreño.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador
Bukele y Nuevas Ideas gozan de la aprobación de la ciudadanía salvadoreña que les dio el triunfo en las urnas, aunque el proceso fue criticado por sectores de oposición que señalan un alto nivel de abstencionismo. Quizás por el reciente aval de la ciudadanía, la Asamblea votó por la remoción de los funcionarios judiciales apenas en la primera reunión de la nueva legislatura.
“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!” y “de ahora en adelante manda el pueblo a través de la @BancadaCyan —Nuevas Ideas—”, se apresuró a señalar Bukele en su cuenta de Twitter.
Los legisladores aseguran que han seguido un procedimiento basado en las leyes, pero desde la sociedad civil abundan los señalamientos de “rompimiento constitucional” y de “golpe de Estado”.
Repercusiones
A Guatemala el tema no le es ajeno. Según analistas, el éxito o fracaso que tenga Bukele en El Salvador con la toma absoluta del poder en todos los organismos del Estado mediante una aparentemente legalidad, puede empujar a que en nuestro país se consolide la toma total de las cortes que, afirman, ya ha comenzado, no por un caudillo o líder político sino por una alianza entre Ejecutivo y Legislativo, en la que confluyen múltiples intereses.
“El fin es el mismo”, dice el internacionalista y catedrático universitario Williams Álvarez. “Buscan el control total y no tener el contrapeso de una entidad del sistema republicano que les diga ‘no pueden hacer esto o aquello porque se pasan sobre la Constitución”, agrega.
La gran preocupación es que, si los gobiernos en la región han sido “malos”, y no han sido capaces de proporcionar bienestar a los ciudadanos sin tener el poder absoluto “qué pasará cuando lo tengan”, dice Álvarez.
Williams Álvarez, internacionalista.
Otra repercusión en el corto plazo, señala el catedrático universitario, puede ser la movilización de miles de salvadoreños que buscarán países vecinos, puesto que en todos los contextos donde nace un líder autoritario, generalmente van seguidos de un continuo exilio de la oposición y luego de la ciudadanía en general al ver empeoradas sus condiciones de vida.
Lo segundo se explica, en parte, porque las economías se deterioran puesto que nadie quiere invertir en un país presidido por un líder autoritario, asegura Álvarez.
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Venezuela es un ejemplo. Con cinco millones de personas fuera del país, el éxodo de sus ciudadanos se ha convertido en el más grande en la historia del continente y el segundo del mundo, detrás del de Siria.
En Honduras, la migración de sus ciudadanos nunca había sido tan grande como a partir del 2018 cuando los ciudadanos comenzaron a abandonar el país en caravanas.
Años antes el Congreso Nacional había destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, en diciembre del 2012. En abril del 2015, sus sustitutos anularon un artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, con lo cual Juan Orlando Hernández finalmente logró reelegirse en noviembre del 2017.
Un año después estalló la crisis económica se hizo insoportable para miles de hondureños quienes comenzaron a migrar en masa hacia EE. UU. en un éxodo que tres años después se agrava, al mismo tiempo que se revelan señalamientos de narcotráfico, primero en contra del hermano del presidente, Tony Hernández, y luego en contra de él.
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El proceso ya comenzó
En Guatemala, “la alianza legislativa que controla la agenda del Congreso estará relamiéndose los dedos” porque quisieran llegar a donde llegó El Salvador, porque acá, aún o está claro que la Corte de Constitucionalidad (CC) se vaya a integrar como ellos quieren”, dice un diplomático guatemalteco de amplia carrera que prefirió no ser citado.
A su juicio, el proceso para la toma del poder absoluto ya comenzó por lo cual estaría por suceder algo idéntico o muy parecido a lo ocurrido en el país vecino: asegurarse una CC que sea afín o servil a los intereses de esta alianza.
“Aquí el ciclo ya se cumplió. Sería deseable que grupos organizados de la ciudadanía se pudieran concertar para exigir a los poderes públicos que cumplan con su mandato constitucional y se trabaje por un aparato de justicia independiente”, agregó el diplomático.
Principales temores
Mientras tanto, en El Salvador, las opiniones están divididas y así como hay quienes creen que la situación no les va a afectar, otros dicen que hasta es beneficioso; sin embargo, la sociedad civil organizada, academia y un grueso del sector empresarial desaprueban el “golpe a la institucionalidad”.
Las críticas señalan que la Asamblea Legislativa no tenía potestad para destituir a los magistrados de la Sala de los Constitucional ni al fiscal general porque en la Constitución se establecen mecanismos, tanto para una destitución como para el nombramiento, y ambos no se completaron. Además, aseguran que los funcionarios judiciales que asumieron son cercanos al presidente Bukele.
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“El trasfondo es que el único que tiene la interpretación —final— de la Constitución es el presidente y la Sala debe someterse a esa lectura”, dijo Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA).
“El sistema de pesos y contrapesos se vino abajo el 1 de mayo en El Salvador porque se le quita la autonomía a la Corte Suprema de Justicia”, subrayó.
Los salvadoreños también temen que la imagen del país se vea afectada a raíz de los hechos del pasado 1 de mayo, pero que ya había comenzado a deteriorarse cuando, en febrero del 2020, Bukele llevó al Ejército a la Asamblea Legislativa, en ese entonces de mayoría opositora, para intentar forzarlos a aprobar un préstamo.
Serrano dice que desde ya la cotización de bonos de El Salvador bajó desde el pasado fin de semana lo que impactará en la calificación de riesgo de la nación y en consecuencia a las potenciales inversiones porque “lo que está en juego es la confianza en la seguridad jurídica del país”.
También teme que pueda haber “una escalada de cooptación de los derechos fundamentales” e incluso, los salvadoreños no tengan en el futuro ni siquiera oportunidad de expresarse.
Tampoco deja de inquietar a la sociedad salvadoreña un posible empeoramiento de las relaciones bilaterales con EE. UU., su principal socio comercial, producto del espaldarazo que el Legislativo recibió de China país que, dijo, no interfiere en asuntos internos de otra nación.
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Persecución
Las organizaciones de derechos humanos temen que se agudice la persecución política y, con los poderes copados por el oficialismo, no tengan oportunidad de acudir al Ministerio Público o a los tribunales a denunciar o exigir justicia.
“Ha habido un rompimiento constitucional, un golpe a la justicia, una vez roto este orden, ¿qué nos defiende frente al poder?”, dijo Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador.
A la vez, se mostró alarmado por que a esa “concentración riesgosa de poder” no le importará la supresión de los derechos fundamentales, por lo cual prevé un “escenario crítico en donde empezará a violentarse la libertad de expresión, de prensa o el derecho a la vida”, también el derecho a estar frente a un juez imparcial o la libertad de movilización.
“Lo que más preocupa es la persecución política, creemos que se viene muy fuerte para todos aquellos que se han expresado de forma diferente respecto al Gobierno”, expresó Sandoval. De hecho, tres de los magistrados removidos y el exfiscal Melara ya han presentado sus renuncias irrevocables.
Piden apoyo
Sandoval considera que hasta ahora las respuestas de la comunidad internacional han sido “tibias” y teme que los países están dejándolos “abandonados” en esta crisis política, y espera que al menos un país pueda pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática.
Lo que suele ocurrir es que un grupo de países se une para presentar en la asamblea o al concejo permanente una propuesta para que se cree una comisión que vaya a un país a examinar lo que ocurre porque se sospecha que están en riesgo los derechos democráticos de la población.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce que haya un Estado que esté dispuesto a pedir la activación de la Carta para que se revise el caso salvadoreño.
Esto parece un tanto difícil, aseguran analistas, porque siempre que han ocurrido situaciones parecidas, los regímenes de los estados miembros de la OEA, por temor a que les hagan lo mismo, no se atreven a pedir la activación de la Carta Democrática.
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Álvarez dice que es importante que la comunidad internacional reaccione ya que lo que “ocurra en El Salvador puede animar o desanimar al resto de países. Si Bukele puede seguir esta línea sin enfrentar oposición ni la desaprobación de nadie, entonces el resto podría envalentonarse y seguir el mismo curso”.
No obstante, Serrano duda que las muestras de rechazo que ha habido hacia regímenes considerados autoritarios, como el caso de Venezuela, Nicaragua y el mismo Honduras, ayuden a resolver los problemas de El Salvador porque en esos países los “gobernantes siguen ahí”.
“La presión debe ser más desde la sociedad civil salvadoreña”, dice el vicerrector de la UCA.
