El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), al que el Gobierno mexicano le había dado asilo horas antes.

El lunes 15 de abril fue difundida una entrevista de Noboa brindada al canal australiano SBS, donde el mandatario ecuatoriano afirmó: “No me arrepiento”, refiriéndose al asalto a la Embajada mexicana durante viernes 5 de abril. Esta es la primera interacción del presidente de Ecuador desde el comienzo de la crisis con México.

Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”, pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.

“Es primero una violación del Gobierno mexicano, a la que luego le sigue otra violación, pero teníamos que actuar, teníamos que tomar una decisión, porque había un plan para escapar del que estábamos al tanto”, declaró Noboa.

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“Nosotros condenamos el hecho de que algunos Gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias”, añadió.

El gobernante ecuatoriano recordó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes.

Daniel Noboa sobre la irrupción en la Embajada de México en Quito: "No me arrepiento… Había un plan para que (Jorge Glas) escapara".

El presidente de Ecuador condenó que "algunos gobiernos usen como fachada el asilo político para salvar a los criminales de su sentencia". pic.twitter.com/3OFPmsBdys

— Yalilé Loaiza (@yali_loaiza) April 15, 2024

Sobre el ex vicepresidente pesaba una orden de detención e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción del fuerte terremoto ocurrido en 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).

También, debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas de cohecho y asociación ilícita, de las que ya purgó cerca de cinco años cuando a finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.

“En este caso Jorge Glas tenía una sentencia, y tenía que estar en la cárcel“, reiteró Noboa, para quien Glas “tuvo un juicio justo”.

Sin embargo, el exvicepresidente, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa y a inicios de la administración de Lenín Moreno (2017-2021) siempre ha rechazado las acusaciones en su contra y se ha declarado víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

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La detención de Glas dentro de la Embajada de México en Quito fue declarada ilegal y arbitraria por un tribunal de Ecuador el viernes 12 de abril, pero quedó encarcelado al tener pendiente de purgar la condena por el caso Sobornos, en el que también fue sentenciado Correa, y por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

“Quiero que me vean como alguien justo”

Noboa fue cuestionado si el asalto a la Embajada mexicana fue para proyectar una imagen de mano dura, ya que él ha convocado para el 21 de abril un referéndum sobre reformas en seguridad, inversiones, justicia y empleo. Noboa respondió que quiere que lo vean como “alguien que es justo, no necesariamente como un tipo duro”.

“Si Glas hubiese escapado usando vehículos de la Embajada y aviones del Gobierno mexicano, yo habría parecido muy débil para todos. Ahora que lo he hecho, me ven como muy duro. Es difícil contentar a todo el mundo, pero la mayoría de la gente en el país está feliz con esta decisión”, aseveró Noboa.

Respecto a la manera que planea solucionar la crisis con México, el presidente ecuatoriano dijo que buscará almorzar con López Obrador.

“Invitaré a López Obrador a comer un ceviche, y probablemente también podemos comer unos tacos y hablar, cuando él esté listo”, manifestó.

El mundo presenció la violencia, el abuso y el sometimiento de nuestro personal mexicano a manos de la policía ecuatoriana, así como la violación de la inmunidad a nuestra embajada en Ecuador.

México acudirá a las cortes y tribunales internacionales con el respaldo de países… pic.twitter.com/rhU5I2PQsR

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2024

La irrupción de las fuerzas estatales en la Embajada de México llevó al Gobierno de López Obrador a romper relaciones con Ecuador y denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que se violó su soberanía y también el derecho internacional.

“Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos, incluido el actual de [Alejandro] Giammattei”, dijo Sandoval la noche del miércoles en una entrevista telefónica desde Washington con The Associated Press.

Sandoval confirmó que fue notificado la semana pasada sobre su asilo.

El fiscal explicó que en los casos que investigó están involucrados los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020), todos señalados de actos de corrupción.

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El deterioro del Estado de Derecho en Guatemala recrudeció a partir 2019 durante el gobierno de Morales, quien puso fin al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía Sandoval, llevó a juicio a poco más de mil personas, entre ellas expresidentes, magistrados, empresarios, legisladores y funcionarios públicos por corrupción y otros delitos.

Tras la salida de la CICIG —respaldada por las Naciones Unidas y financiada por la comunidad internacional— poco a poco los casos investigados fueron perdiendo apoyo y los funcionarios judiciales que intervinieron en ellos empezaron a recibir amenazas y denuncias. Unos 42 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio.

“Después de dos años afuera entiendo más que el Estado de Guatemala es un Estado capturado y que cualquier persona que cuestione o ponga en riesgo el sistema corrupto va a ser víctima del destierro, va ser privado de su libertad o corre peligro su vida”, dijo Sandoval.

Apunta a presidencia

Explicó que en su caso la persecución se intensificó cuando recibió información de casos que involucraban a Giammattei en supuestos actos de corrupción, como la presunta recepción de sobornos de empresarios rusos que buscaban operar proyectos mineros.

“También recibimos información de sobornos que habría recibido el mandatario de empresarios de la construcción para favorecerles en la adjudicación de obra pagada por el Estado”, dijo Sandoval.

Entonces la actual fiscal general Consuelo Porras se instaló durante días en la fiscalía de Sandoval para revisar todos los expedientes del caso. Pocos días después Porras fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Giammattei, que es cercano a Porras, ha negado las acusaciones y no se encuentra bajo investigación.

Sandoval abandonó el país la misma noche en que Porras lo destituyó del cargo y se quedó sin protección.

Tras su salida se presentaron al menos 100 denuncias y seis órdenes de aprehensión contra Sandoval, la mitad, dijo, por parte de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y civiles señalados de hechos de corrupción.

Sandoval manifestó cierta esperanza sobre el futuro.

El recién electo presidente Bernardo Arévalo ha dicho que cuando asuma el cargo traerá de regreso al país a los exiliados, que la fiscalía ya no recibirá presiones del Ejecutivo y que acabará con la corrupción incluso en el Ministerio Público. Porras dirige una escalada de acciones judiciales contra Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla: primero intentó evitar su participación en los comicios y ahora investiga un supuesto fraude en las elecciones.

“Los recientes eventos que intentan poner en peligro la decisión del guatemalteco en las urnas es porque los actores corruptos consideran que el vencedor de las elecciones pone en riesgo ese sistema corrupto, por eso están haciendo lo imposible e ilegal para evitar que asuma el poder”, dijo Sandoval.

Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos. https://t.co/k02avHpbBR

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) September 14, 2023

Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo mexicano se ha comprometido a crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país, detalló la Casa Blanca.

Demanda

Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

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La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

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Su caso, es como el de miles de guatemaltecos que han decidido huir de la pobreza y la inseguridad. Pero a diferencia de muchos que han sido deportados, Rosayra por fin pudo respirar un poco de paz cuando un juez de migración le anunció que le otorgaría el asilo que tanto había pedido.

Pero para lograr esto, tuvo que pasar un verdadero martirio cuando las autoridades estadounidenses la separaron de sus dos hijos y la recluyeron en una prisión migratoria.

Rosayra es originaria de San Antonio Huista, Huehuetenango y decidió migrar hacia Estados Unidos en mayo de 2018 con sus dos hijos Jordy de 15 y Fernando de 5 años.

Las pandillas que operan en el lugar querían reclutar a Jordy. Con ese miedo presente, lograron cruzar la frontera sur de EE. UU., pero fueron hallados por la Patrulla Fronteriza tan solo días después de haber llegado a San Luis, Arizona.

En ese momento todo parecía derrumbarse. Rosayra fue separada de sus dos hijos que fueron trasladados a un centro para menores en East Harlem, Nueva York, mientras a ella la llevaban al centro de detención migratoria ubicado en Phoenix.

Casi dos meses estuvo en prisión hasta que un desconocido le pagó la fianza y logró salir, según relata la noticia de su liberación en el medio estadounidense NY1.

En julio de ese año, Rosayra emprendió su viaje a Nueva York para reencontrarse con sus hijos. Se auxilió en la organización Inmigrant Families Together quienes la asesoraron para culminar el proceso de asilo que había iniciado.

Ahora, casi dos años después un juez le anunció la noticia que tanto esperaba. Ella y sus hijos recibían el asilo solicitado y podían vivir en Estados Unidos.

“Estoy agradecida con el señor por haberme dado la victoria después de tanto caminar, después de tantas cosas” dijo la guatemalteca al noticiero NY1 que está siguiendo su caso.

Ahora, con la certeza que los sueños se hacen realidad, su hijo Jordy quien ahora tiene 17 años dijo que quiere ser abogado “quiero ser una persona importante en la vida, quiero un futuro mejor, un futuro que Guatemala no me pudo dar”.

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Rosayra compartió su deseo de ayudar a más mujeres que se encuentran en la situación que ella vivió, incluso, a quienes están en la misma prisión en donde ella estuvo “estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesita, ya no siento los mismo temores de cuando estaba adentro”.

A pesar de haber logrado el asilo, Rosayra todavía tiene un pendiente relacionado a las dos hijas de 11 y 13 años que dejó en su pueblo y que, a pesar de quedar bajo el cuidado de su abuela, están bajo los mismos peligros que la hicieron huir hace dos años.

“Es algo que me ha quitado el sueño de saber que ellas están allá, aunque yo estoy aquí con los niños, ellas están expuestas. Mi mayor anhelo es poderlas tener junto a mi, ellas me necesitan”, agregó.

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Ambos gobiernos continúan las negociaciones en Washington hoy, para encontrar una solución antes de que el presidente estadounidense Donald Trump siga adelante con su amenaza de aplicar aranceles de cinco por ciento a México, a quien acusa de no hacer lo suficiente para evitar las olas de migrantes hacia su territorio.

El diario menciona que los migrantes guatemaltecos con solicitud de asilo que lleguen a Estados Unidos serían enviados a México y de Estados Unidos serían enviados a Guatemala los migrantes salvadoreños y hondureños, con la premisa de que regresen al primer país al que llegaron después de abandonar el suyo.

Esto se relaciona con las conversaciones que la semana pasada hubo aquí entre funcionarios guatemaltecos con Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informa el diario.

Despliegue militar

Sobre la mesa también está el compromiso de México de desplegar seis mil soldados hacia la frontera con Guatemala, algo que ya se había analizado en la reunión de ayer en Washington. Funcionarios de la administración de Trump creen que es fácil controlar la migración desde la frontera de nuestro país con México porque es más reducida y tiene barreras naturales.

Los funcionarios expresaron su optimismo de que el acuerdo es alcanzable y admitieron que no sabían si los términos tranquilizarán a Trump y aliviarían la amenaza arancelaria.

El funcionario de EE. UU. señaló que siguen habiendo diferencias significativas sobre la rapidez y la forma en que México puede reducir la migración no autorizada a través de medidas más estrictas, en comparación con el gobierno estadounidense que en mayo arrestó a 144 mil migrantes a lo largo de su frontera sur, el nivel más alto en 13 años.

Cifra récord

El vicepresidente estadounidense Mike Pence publicó el pasado miércoles una gráfica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) que muestra que esa cifra de mayo representa casi el triple de hace un año.

La patrulla fronteriza dijo que el ritmo de llegada de los indocumentados, que ascienden a 677 mil desde octubre, es el más alto desde 2006.

“El presidente ha dejado claro que México debe hacer más”, dijo Pence que se reunió en la Casa Blanca con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, a cargo de la política migratoria.

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Ayer, mediante un acuerdo gubernativo publicado en el diario oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que tras una solicitud planteada el pasado 3 de agosto, en menos de dos semanas, se le había concedido asilo, por razones humanitarias, al guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien hizo la solicitud por considerarse un perseguido por la justicia guatemalteca y en especial por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La gestión de Herrera ocurre porque habría sido informado de la reactivación de investigaciones en su contra, pues cuando fue uno de los principales operadores políticos de los últimos tres gobiernos cobró fama por la estafa de más de 350 millones de quetzales del Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social, que con recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social financiaba proyectos habitacionales.

También había sido investigado por otros ilícitos, e incluso en 2004, Otto Pérez Molina, en su calidad de comisionado presidencial en el gobierno de Óscar Berger, declaró contra él por supuestos nexos con el narcotráfico. En 2006 saltó a las primeras páginas de los medios de comunicación cuando logró evitar su captura, huyendo por un pasadizo secreto en el penthouse de un edificio de apartamentos de la zona 14.

Hoy ha vuelto a ser protagonista de los principales titulares, al lograr en un tiempo muy corto recibir refugio en uno de los países que se ha convertido en guarida de quienes buscan evadir el brazo de la justicia, pues ahí se encuentran otros prófugos como el expresidente Mauricio Funes, de El Salvador, sindicado de haber malversado 300 millones de dólares. Nicaragua también sirvió como punto de partida para los guatemaltecos Luis Rabbé y Manuel Baldizón.

Ninguna concesión de asilo se otorga en dos semanas, como lo ha logrado Gustavo Herrera, y por eso suena mucho más extraña la medida. Difícilmente en los archivos de la cancillería nicaragüense puedan encontrarse antecedentes similares, pero en cambio su perfil coincide con quienes han encontrado en ese país la puerta abierta para burlar a la justicia guatemalteca o salvadoreña, mientras miles de nicaragüenses deben abandonar su país por las condiciones de violenta represión de las fuerzas leales a los sanguinarios dictadores Ortega-Murillo.

Costa Rica puede dar fe del gigantesco problema que ha llegado a sus parques, donde incluso, como ocurre en algunas ciudades de Europa, les ha tocado lidiar con la hostilidad de los forzados inquilinos, que buscan escenarios de mayor tranquilidad, mientras la tiranía los reprime, los mata o los expulsa, pero abre las puertas a prófugos de la justicia.

En el fondo, la persistente búsqueda de impunidad está configurando un mosaico en el que aparecen figuras de la política centroamericana afanadas en evadir al brazo de la justicia, aunque también se vislumbra el inexorable avance en la lucha contra la corrupción.

En marzo, Baldizón fue llevado por segunda vez ante un juez, pero no se resolvió su situación en ese entonces.

“La petición -de asilo- se dio desde el momento de la detención y la presentación ante el juez, la primera vez que lo recibió, es la formalidad”, explicó, en ese entonces, el departamento de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En relación al tema, Cancillería comentó: “Puede ser de muchas cosas -la audiencia- que el juez no haya terminado de escuchar al abogado del señor Baldizón, la presentación de pruebas, escuchar al acusado, etcétera”.

La primera audiencia fue el 26 de febrero último, en la que el juez expuso al detenido los motivos de su detención.

Baldizón es reclamado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

El político guatemalteco habría viajado a Brasil para reunirse con ejecutivos de dicha compañía, y quienes le habrían dado dinero para garantizar el recibimiento de adjudicaciones en caso Baldizón ganara la Presidencia.

Por ese caso también es buscado el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio.

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