La información fue revelada en la presentación del informe Diálogos por el fortalecimiento de la Justicia y el combate a la impunidad en Guatemala, que fue elaborado con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), que se implementa por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

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En dicho informe se presenta un capítulo que habla sobre el estado de la Justicia a nivel territorial y destaca que “el análisis de la información permitió observar algunos avances, por ejemplo, en 2008 Guatemala poseía un nivel de impunidad de aproximadamente del 98 por ciento, mientras que en 2018 éste ya se había reducido a un 94.32 por ciento.

Se cree que “la reducción observada en el indicador, estaba estrechamente vinculada a la labor efectuada por la Cicig con el acompañamiento del Ministerio Público. La presentación de diferentes casos de corrupción permitió que se iniciara un proceso de depuración paulatina dentro de las instituciones de justicia”.

Se precisa que estos avances fueron posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que se volvieron partícipes de la cultura de denuncia y de legalidad.

Mediante  una videoconferencia, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig aseguró que “desde 2015 la Comisión se convirtió en uno de los actores más relevantes del acontecer político del país”.

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“Debido a ello se hicieron esfuerzos para emitir recomendaciones para reformar el sistema, después de presentar una serie de casos que demostraron la naturaleza de la corrupción imperante en el Estado”, afirmó el comisionado.

Agregó que la Cicig, “ajustada a su mandato asumió una función especial en el proceso de consolidación democrática, acompañando al MP que es el único tiene la legitimación de hacer investigaciones”.

Problemáticas son superables

Según el informe, algunas de las problemáticas evidenciadas “son superables mediante instrucciones a los funcionarios locales desde los niveles institucionales más altos; otras son resolubles mediante acuerdos interinstitucionales o a través de la activación de más firmes controles y evaluaciones de desempeño, sin afectar la independencia judicial”.

Destaca que aunque los “presupuestos anuales han ido creciendo, los cuellos de botella interinstitucionales, la carga de trabajo por persona, el bajo desempeño institucional por escasez de personal o baja eficiencia y la falta de priorización, no permitan mejoras sistémicas que se traduzcan en el aumento de las sentencias, salidas positivas para las víctimas o de salidas alternas.

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Mientras que en el tema de cultura de legalidad y la lucha contra la corrupción, destaca que “esta juega un rol  determinante para lograr la sociedad que todos queremos”.

Precisa que “el trabajo incansable de distintos sectores de la sociedad en búsqueda de una verdadera cultura de legalidad se ha centrado de manera tal que la legalidad, los derechos humanos y la certitud de la punición y sanción se conviertan en prioridad para el Estado”.

Agrega que la la sostenibilidad a mediano y largo plazo de un real cambio social pasa por medidas educativas, de socialización y de formación que transformen en un eje de la vida a todo nivel, el respeto y apego a la legalidad, en todas sus expresiones.

“El cambio cultural pasa por lograr que las nuevas generaciones piensen y actúen apegados a valores éticos y estilos de vida acorde a la tolerancia y aceptación de las diferencias que hacen de Guatemala un país multiétnico, multicultural y plurilingüe”, precisa el informe.

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Matías Ponce, vocero de la Cicig, destacó que dicho informe “además recoge la voz de las autoridades indígenas, los miembros de la sociedad civil con quienes la comisión, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, conversaron en el 2018 en los distintos territorios”.

“Concluye como lo presentamos hoy, en que la justicia de Guatemala debe transitar un camino aún mucho más pronunciado para el combate a la corrupción e impunidad. Dicho camino debe incluir un sistema pluricultural, diálogos ciudadanos en los territorios, con las autoridades indígenas, como una de las tantas posibles vías”, apuntó el portavoz.

Ponce agregó que “además se presentan distintas propuestas de agenda para continuar trabajando y entre ellas se destacan la reforma a la Ley de Servicio Civil”.

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Ayer miércoles, durante el desarrollo de una audiencia judicial en el Juzgado de Mayor Riesgo A, Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, un reo condenado a 820 años por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés, y procesado por la matanza de Pavón en 2016 donde fue ultimado Byron Lima, reveló que Reyes mantuvo una relación sentimental con Ramírez Cartion.

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Montiel Marín mostró una fotografía de Reyes y Ramírez Cartion donde ambos se abrazan y besan. Sara Cruz, esposa de Montiel y también procesada por la matanza de Pavón del 16 de julio de 2016, aseguró que Reyes le comentó en la cárcel de Santa Teresa sobre su relación con el funcionario de la Cicig.

El reo utilizó esas fotos, sobre las cuales dijo que se las habían filtrado, para cuestionar la participación de Reyes en testimonios del caso de la muerte de Lima y de los casos Caja de Pandora, que involucraba a Lima con el alcalde Álvaro Arzú, fallecido en 2018, y del caso de financiamiento electoral para la campaña de Jimmy Morales en 2015.

Al mediodía de este jueves Matías Ponce, vocero de la Cicig, indicó que ayer, al tener conocimiento de la situación, la comisión realizó todas las pesquisas internas correspondientes, incluyendo una entrevista con Ramírez Cartion.

“Como resultado, la persona presentó su dimisión por faltas a las normas que regulan nuestro trabajo. La Comisión ha dado inicio a una investigación interna y a un proceso disciplinario”, señaló el portavoz.

Ponce agregó que “todos los funcionarios de la Cicig se rigen por un código de ética que les plantea rígidas normas de comportamiento, apego al mandato y los principios que guían el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas”.

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El vocero precisó que Ramírez Cartion  no intervino en el caso Caja de Pandora. “Desde noviembre de 2016 prestaba funciones en la sede de Cicig en Xela, hasta su cierre. Antes de ser trasladado a Xela, en septiembre de 2016, fue retirado del caso La Sexta”, precisó el vocero. La Sexta es el nombre que recibe el caso de la muerte de Lima, 12 reos más y la modelo argentina Joanna Birriel. Toma ese nombre porque el ataque armado fue en un sector de Pavón llamado así, donde hay tiendas y una iglesia.

Ponce señaló que Reyes declaró como colaboradora eficaz el 4 de octubre de 2017 y abandonó el país ese mismo día. Agregó que durante ese tiempo el exfuncionario de la Cicig “no estuvo en el proceso de verificación de la información de la colaboradora eficaz”.

“La Cicig toma todas las medidas pertinentes para asegurar la integridad de sus investigaciones. Se seguirá investigando los hechos sucedidos”, apuntó el portavoz.

Regulaciones

A sus declaraciones Ponce adjunto el pliego de normas de conducta de la Cicig, que exige “un comportamiento ejemplar en sus funcionarios”, quienes “deberán cumplir con todas las normas establecidas en el código de conducta el cual se le entrega y se comprometen a leer y respetar”.

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También se establece que que las condiciones, derechos y obligaciones que se le otorgan al funcionario se equiparan a las que otros organismos internacionales de similar naturaleza contemplan para sus funcionarios y funcionarias.

De la misma manera “el funcionario se obliga a cumplir con los valores de integridad, profesionalismo y respeto por la diversidad”.

Asimismo se compromete que en un período de al menos 10 años contados a partir de la fecha en la que finalice el presente nombramiento, no asesorará, aconsejará defenderá o representará directa o indirectamente a personas que se encuentren involucradas en los casos tramitados, investigados y litigados por la Comisión, ya sea en calidad de experto, perito, testigo, asesor, mandatario o abogado.

“El incumplimiento de la presente cláusula dará derecho a la Cicig a plantear ante los Tribunales de Justicia de los respectivos Colegios Profesionales todas las acciones que considere pertinentes”, señala el texto.

¿Qué dijo Montiel?

Montiel mostró el miércoles último fotos de Reyes con Ramírez Cartion.

“Rogelio Ramírez Cartion sostuvo y mantiene una relación íntima, sentimental con la señora Alejandra Sarahí Reyes Ochoa, quien era la flamante esposa de mi amigo Byron Lima”, declaró el Taquero a los medios.

“No tengo solo una foto. Al señor investigador de la Cicig y a la flamante colaboradora. Aquí hubo una farsa, hicieron una manipulación. A raíz de una relación sentimental tienen a tanta y tanta gente privada de su libertad”, dijo Montiel.

Según el reo, la relación entre Reyes y Ramírez Cartion inició en 2014.

“La relación de Alejandra y Rogelio está desde 2014 cuando entró en la cárcel Santa Teresa. Mi esposa Sara Cruz estaba en esa cárcel y ella le comentó a mi señora que no hallaba qué hacer porque se había enamorado de Rogelio, el investigador de la Cicig. Alejandra le decía que se había enamorado”, sostuvo.

“Alejandra es testigo falso en todos los casos. ¿Por qué sostuvo una relación con este investigador de la Cicig?”, cuestionó Montiel.

Fiscal tomará denuncia y jueza lo ordena

El fiscal Carlos De León mencionó que remitiría el audio completo de Montiel a la Oficina de Atención Permanente del MP para iniciar una investigación en base a su denuncia. Después la jueza Claudette Domínguez le ordenó al fiscal que se abra una investigación.

Los folletos que llevó Montiel con las fotografías de la excolaboradora y exinvestigador serán embalados ante la jueza para avanzar en las pesquisas.

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Agentes de la División de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía resguardan el edificio, mientras la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) efectúan el procedimiento, aunque informaron que no tienen ninguna orden de captura.

Los fiscales informaron que las diligencias se llevarían a cabo durante toda la tarde, pues buscan varios documentos en distintas oficinas.

VENTA DE PLAZAS

El 26 de junio recién pasado, la Fiscalía efectuó allanamientos en el edificio 7/10 ubicado en la 7 avenida y 10 calle de la zona 1, en la Casa Larrazabal, interior del legislativo, y en el edificio 10-57 ubicado en la 8a avenida y 11 calle, en la misma zona 1.

Ese día fueron capturados los empleados del Palacio Legislativo Elisa Méndez Cardona, María Ofelia Mercedes Villafuerte, Rudy Escobar Villagrán, Edgar Eduardo Catalán, jefe de supervisores de Recursos Humanos; y Silvia Meneses. La Fiscalía de Delitos Administrativos los acusa de vender plazas.

El MP y la Cicig informaron que las detenciones se debieron a que en septiembre de 2014, Silvia Mendeses denunció que pagó por tres plazas en el referido organismo, pero nunca le fueron entregadas.