Secuestraron a su víctima en un predio y los condenan a 30 años de cárcel

Dos sujetos fueron hallados culpables del secuestro de una persona en un predio y exigían Q240 mil para liberar a la víctima.
 

Oscar García

23 de abril de 2024

|

10:42h

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Dos hombres fueron condenados en Quiché por un caso de secuestro. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Dos hombres fueron condenados a 30 años de prisión inconmutables por el delito de plagio o secuestro, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra Secuestros presentó las pruebas para que el Tribunal de Sentencia Penal de Quiché condenara a Fredy Adolfo Ajanel García y Obdulio Neftalí Donis Beltrán.  

El hecho ocurrió en 2022, cuando Ajanel llegó a un predio de vehículos propiedad de la víctima, aparentemente para comprar un carro.

Sin embargo, al terminar de efectuar las pruebas mecánicas neutralizaron a la víctima y la trasladaron hacia la aldea Chitatul, donde Donis Beltrán lo mantuvo en cautiverio.

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Posteriormente iniciaron las negociaciones y exigieron Q240 mil para liberar a la víctima.

Al final, aceptaron recibir la cantidad Q150 mil, según el MP.

Como parte de la investigación, el personal fiscal determinó la participación de tres personas, incluyendo a los dos sentenciados.

Para leer más: “Tres hombres se subieron y me amenazaron”: la denuncia que llevó a la captura de un piloto de taxi de una app móvil

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Condenados a 30 años de prisión por plagio o secuestro https://t.co/pCdorJGlSK pic.twitter.com/KHTRnjCaJb

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 22, 2024

Tribunal condena a 146 años de prisión a cuatro hombres por secuestro en 2021

Cuatro sujetos fueron encontrados culpables de los delitos de plagio o secuestro y robo agravado.

Oscar García y Elmer Vargas

13 de marzo de 2024

|

19:43h

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Los cuatro sentenciados a 146 años de prisión por secuestro. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal dictó este miércoles 13 de marzo sentencia de 146 años de prisión inconmutables contra cuatro hombres por dos delitos y al pago de una multa de Q350 mil cada uno.

Se trata de los guatemaltecos Erick Leonel Mijangos y José Francisco Castillo, junto al hondureño Marcos Adonis Mejía y el mejicano José Abeldaño Valdía.

Los cuatro fueron sentenciados luego de ser encontrados culpables de los delitos de plagio o secuestro y por robo agravado.

Los sentenciados escucharon la resolución del tribunal que les dictó una pena de 20 años por cada una de las siete víctimas, dando como resultado el total de 140 años, esto por el delito de plagio o secuestro, además, fueron condenados a seis años de prisión por el delito de robo agravado.

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Los hechos

De acuerdo con información proporcionada del caso, la mañana del 25 de noviembre de 2021 los cuatro sujetos irrumpieron en las instalaciones donde funciona el Centro de Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) y retuvieron a varias personas en el interior de recinto.

Una persona que presenció los hechos alertó a la Policía Nacional Civil y derivó en la captura de los cuatro sentenciados.

Para leer más: Tribunal ordena investigar a Francisco García Gudiel en caso de asesinato

Tras la captura, se les decomisó un arma de fuego, la cual fue robada momentos previos al ataque a la institución referida.

Condenan a 127 años de cárcel y a otras penas a integrantes de “Los Cucules”

Tres integrantes de “Los Cucules” fueron hallados culpables del secuestro y asesinato de una persona en Izabal.

Oscar García y Andrea Domínguez

12 de marzo de 2024

|

20:54h

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Integrantes de la banda “Los Cucules” son condenados por varios delitos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández) 

El Tribunal de Mayor Riesgo C este martes 12 de marzo dictó sentencia contra integrantes de la banda denominada “Los Cucules”.

Edgar Roberto Chub Recinos, alías Pelón, fue condenado a 127 años de prisión inconmutables por robo agravado, estafa propia, asociación ilícita, plagio o secuestro y asesinato.

Mientras que Herman Orlando Salguero fue sentenciado a dos años de cárcel por falsedad material y fue absuelto de encubrimiento propio.

El otro sentenciado es Luis David Chun. El juez le dictó una pena de cuatro años por estafa propia, conmutables a razón de Q100 diarios. Fue absuelto por asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado.

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Estas condenas fueron por el secuestro y asesinato de Mateo Joab Morales ocurrido en Los Amates, Izabal, el 27 de mayo de 2022.

En ese lugar encontraron el cuerpo de la víctima, pero no se halló la cabeza. Él era el hijo del exalcalde de Mixco, Elmer Morales, por el que habrían pedido US$20 mil de rescate.

El Tribunal consideró que debe certificarse lo conducente en contra de la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) “por la falta de una investigación eficiente”.

Agregó que el MP habría obviado varios procesos de investigación; además no habría pedido la debida diligencia en el caso del cuerpo para determinar si la víctima sufrió tortura.

La banda denominada “Los Cucules”, supuestamente liderada por Juan Manuel Galindo Ortiz, alias “Tonka”, ahora prófugo, habría operado en Zacapa, Chiquimula, Izabal, Petén y Escuintla.

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La banda se dedicada al narcotráfico, secuestros, asesinatos, desapariciones, estafas, robos de vehículos y cobros por sicariato, según los registros de la Policía Nacional Civil.

MP pide condena de 40 años contra dos guatemaltecos y dos extranjeros por supuesto plagio o secuestro

Cuatro sujetos son sospechosos del secuestro de varias personas en inmueble de la capital.

Oscar García y Elmer Vargas

12 de marzo de 2024

|

19:14h

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Dos guatemaltecos y dos extranjeros en audiencia por el caso de secuestro de varias personas. (Foto Prensa Libre: Oscar Vázquez)

El Ministerio Público (MP) pidió este martes 12 de marzo una condena de 40 años de prisión contra dos guatemaltecos y dos extranjeros por el delito de plagio o secuestro.

Se trata de los guatemaltecos Erick Leonel Mijangos, alias “Veterano”; y José Francisco Castillo Mendoza, alias “Chueco”.

También el hondureño Marcos Adonis Mejía y el mejicano José Abeldaño Valdía, alias “Moreno”, quienes enfrentan juicio por el referido delito.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, donde los dos extranjeros y los dos guatemaltecos escucharon la acusación presentada por el MP.

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La captura de los señalados se registró el 25 de noviembre de 2021, cuando un testigo alertó a las autoridades de los hechos.

Los procesados habrían secuestrado a varias personas en el interior del inmueble donde funciona el Centro de Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM).

Luego de haber ingresado a la fuerza a las instalaciones de la entidad, retuvieron a seis mujeres y cuatro hombres que se encontraban en el recinto en la zona 7 de la capital.

Al momento de la captura, autoridades les decomisaron una pistola y municiones. El arma fue robada unos instantes previos al ataque contra las personas en el interior de CICAM, según la investigación.

En el desarrollo de la audiencia de este martes 12 de marzo, el MP efectuó la presentación de sus conclusiones y pidió al tribunal que los señalados sean condenados a una pena de 40 años de prisión y al pago de una multa de Q50 mil.

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Mientras que abogados defensores de los señalados también presentaron sus conclusiones y solicitaron al tribunal que se modifique el delito planteado por MP, que es el de plagio o secuestro al delito de detención ilegal y con ello de ser declarados culpables, obtener una pena menor a la planteada por el ente investigador.

El tribunal continuará escuchando las argumentaciones de los abogados previo a dar la última palabra a los acusados y dicte sentencia del caso.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada en Santa Isabel, Olintepeque.

La negociación para el rescate culminó con el pago de Q15 mil por medio de depósito bancario.

Sin embargo, la víctima fue ubicada fallecida en el kilómetro 166 de la ruta Interamericana, en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

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Durante la audiencia de reparación digna, a solicitud de la fiscalía el Tribunal ordenó al sentenciado el pago de Q125 mil como medida de restauración por daño moral.

Mientras que como medida de satisfacción tiene que publicar la sentencia en un diario de mayor circulación.

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Fiscalía contra Secuestros logra condena de 30 añoshttps://t.co/WsKBXzu7c4 pic.twitter.com/5qtgZgCu2G

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 25, 2023

Esta situación es provocada por varios factores, como el respaldo insuficiente que tienen de la Policía Nacional Civil (PNC) y el dominio que las estructuras criminales tienen sobre las mismas autoridades municipales y departamentales, afirma un exsecretario del MP y un análisis de la situación del Movimiento ProJusticia.

El pasado 25 de septiembre un fiscal y dos investigadores del Ministerio Público (MP) fueron secuestrados por pobladores de la aldea Tuinimá, Tajumulco, San Marcos, quienes piden el cierre de la sede municipal del MP en Tajumulco y que liberaran a dos personas vinculadas con el crimen de un coronel del Ejército.

Hasta ayer los trabajadores del MP cumplieron 28 días en esa situación. Según el informe oficial de la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos, la razón del secuestro es porque las víctimas realizaban una diligencia de inspección de campo relacionada con el robo del fluido eléctrico.

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Riesgo

“Ser fiscal a nivel municipal o departamental es diferente a ser fiscal en la Ciudad de Guatemala”, dice Javier Monterroso, exsecretario del MP, quien afirma que los fiscales e investigadores asignados en la provincia laboran con muchas “precariedades” y normalmente solo investigan delitos comunes, para no entrar en confrontación con los pobladores o ponerse en riesgo ante el crimen organizado.

“Su labor es más complicada, porque hay menos cantidad de agentes de la PNC y personal del MP, pero además, muchos elementos de las propias fuerzas de seguridad están comprometidos con poderes fácticos, con políticos y con el narcotráfico”. señala Monterroso.

También afirma que en la provincia las autoridades municipales y departamentales dependen mucho de las estructuras criminales de la región, y es por esa razón que cuando se trata de investigar estructuras criminales se solicita que los fiscales no sean originarios del departamento para que no existan represalias y se opta por llevar fiscales de la ciudad capital, además del apoyo del Ejército.

“Pero aun así los fiscales son muy vulnerables por las situaciones anteriores y cuando son retenidos por la población, son amarrados y golpeados por orden de los líderes comunitarios o del crimen organizado”, dice Monterroso.

El exsecretario del MP afirma que incluso algunos de los trabajadores que han sido retenidos han narrado que son sometidos a maltrato psicológico, cuando los amenazan que serán quemados y “les enseñan o la gasolina”.

La retención de personal según Monterroso, ha ocurrido con más frecuencia cuando investigan conexiones ilegales de energía eléctrica o cuando se rastrean plantaciones de amapola.

Recurrentes

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, estos hechos son más recurrentes en Huehuetenango y San Marcos, principalmente en las zonas fronterizas con México, debido a la presencia del narcotráfico.

“En algunos lugares la economía de las comunidades depende de cultivos ilegales y del contrabando, y la integridad física de los fiscales corre riesgo”, sostiene Ibarra.

La investigadora y experta en el sector justicia reitera que hay comunidades en donde la población rechaza la presencia de la PNC y del MP y prefieren actuar según sus reglas, en muchas ocasiones para defender los intereses del crimen organizado o de la propia comunidad, “cuando se afecta la economía local”.

Ibarra afirma que a la falta de garantías de seguridad con que laboran los fiscales e investigadores del MP en la provincia se suma la zozobra, ante el temor de ser removidos o destituidos.

“En el 2021 vino una seguidilla de traslados y remociones que los afectan, porque los mandan lejos de sus residencia. Ellos viven con temor, porque no saben en qué momento van a ser trasladados o destituidos”, señala Ibarra.

Los casos

• El 28 de junio del 2019 en San José Sinaché, Zacualpa, Quiché, la PNC liberó a un sujeto señalado de agredir a un niño, luego de que pobladores golpearan en el rostro y rociaran gasolina a una auxiliar fiscal del MP, cuando junto a un grupo de agentes de la institución intentó cumplir con la orden de aprehensión.
• El 10 de abril de ese mismo año, pobladores de Las Cruces, La Libertad, Petén, retuvieron por varias horas a 12 agentes de la Fiscalía contra la Narcoactividad y a varios efectivos de la PNC, para exigir que liberaran a un sospechoso de ingresar a una vivienda con un fusil de asalto. Mediante un diálogo entre la Procuraduría de los Derechos Humanos con los líderes comunitarios se liberó al personal.
• El 3 de abril del 2019, en Manchón Guamuchal, Retalhuleu, las fuerzas de seguridad junto con el MP no pudieron llegar al lugar donde aterrizó una narcoavioneta, debido a que los pobladores y presuntos narcotraficantes los atacaron a balazos. Según el informe de la PNC, la ruta hacia el lugar donde estaba la aeronave fue bloqueada por unas 200 personas.
• El 6 de febrero del 2019 un grupo de 25 agentes de la PNC que resguardaban a fiscales del MP fueron retenidos por pobladores de Senahú, Alta Verapaz, y dañaron dos autopatrullas de la PNC, después de que se enteraran que la finalidad de los investigadores era efectuar allanamientos y capturar a responsables de cometer homicidios en la región. Después de ocho horas los fiscales fueron liberados, al igual que los agentes. Varios de ellos debieron ser trasladados a un hospital, porque presentaban golpes.

De acuerdo con las investigaciones del personal fiscal, el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2021, luego de que Ávila Enríquez contactara por medio de una red social a la denunciante para cuidar a una niña y hacer el trabajo doméstico en su vivienda.

Luego de un mes de laborar en el lugar y crear un lazo de confianza, cometió el delito en contra de la menor y vía telefónica exigió la cantidad de Q500 mil a cambio de liberarla.

Después de una negociación llegaron al acuerdo de pagar la suma de Q2 mil 125.00 con la condición de completar el pago posteriormente para no atentar contra la vida de la víctima y la denunciante.

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Al momento de efectuarse el pago, las autoridades aprehendieron en flagrancia a Ávila Enríquez; además, le incautaron el teléfono celular utilizado durante la negociación.

Durante la audiencia se ordenó la devolución del dinero pagado para la liberación de la víctima y en concepto de reparación digna la cantidad de Q30 mil.

Ambas sumas se deben saldar al estar la sentencia en firme, añadió el ente investigador.

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#SentenciaCondenatoria
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra Secuestros, logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Jalapa dictara sentencia condenatoria de 40 años de prisión a Ilcia Ester Ávila Enríquez, por el delito de plagio o secuestro. pic.twitter.com/QEWj1Loqfc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 18, 2023

La información del MP detalla que el caso lo llevó la Fiscalía contra Secuestros y se logró que el Tribunal dictara condena de 41 años contra Monterroso Pérez por el delito de plagio o secuestro y 16 años más por asesinato en grado de tentativa.

Las investigaciones revelaron que el secuestro ocurrió el 13 de diciembre de 2019 en Palestina de Los Altos, Quetzaltenango, cuando el agraviado, de 70 años, fue interceptado por personas que portaban pasamontañas y armas de fuego.

Los delincuentes lo obligaron a subir a una camioneta y se lo llevaron a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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Según el MP, ese mismo día, los secuestradores se comunicaron con la hija de la víctima, a quien le exigieron Q200 mil a cambio de la liberación de su progenitor.

Los familiares de la víctima denunciaron el caso y fueron asesorados por la Fiscalía contra Secuestros y el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil.

Lo dieron por muerto

El reporte del MP también señala que dos días después del secuestro, la víctima fue abandonada en un área boscosa de la aldea Tierra Colorada, del referido municipio, lugar donde los victimarios lo dieron por muerto.

Se informó que la víctima fue azotada, le propinaron varios golpes contra el suelo y le pegaron en la cabeza con la cacha de una pistola.

El reporte oficial también añade que en seguimiento a la investigación de la denuncia, las autoridades identificaron el vehículo utilizado para cometer el secuestro y se logró establecer la identidad del hoy condenado.

Se afirmó que José Luis Monterroso Pérez adquirió el automotor tres días antes de que se cometiera el secuestro y los análisis técnicos establecieron que esta persona se encontraba en los lugares donde se cometieron los hechos, además de la declaración de un testigo.

Monterroso Pérez fue capturado el mayo de 2022 por los señalamientos de secuestro y según la PNC era integrante de la banda denominada “los Tarántula”.

La audiencia de reparación digna se programó para el próximo 30 de junio, a las 14 horas.

El acusado fue encontrado culpable y se determinó que su función en la estructura criminal era de chofer. También facilitaba trajes y gorras pasamontañas a sus cómplices, quienes operaban en Santiago Atitlán y exigían de Q20 mil a Q50 por el rescate de las víctimas.

La condena detalla que Reanda deberá purgar 50 años de prisión por plagio y secuestro y el resto por la continuidad de ambos delitos y  asociación ilícita.

Ricardo Mogollón, defensor del acusado, señaló que apelará el fallo del tribunal en el tiempo que establece la ley, ya que considera que el juez condenó a la pena máxima y no tomó en cuenta algunas atenuantes de Reanda.

Otros integrantes de la estructura criminal, identificados como Francisco Ixbalán, Salvador Damian Hom, José Chibalam y Diego Mendoza, ya han sido juzgados y fueron condenados por delitos de plagio y secuestro en forma continuada y asociación ilícita. 

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Además, Benjamina López López, Victoria Ramos Tomás, Mayda Salomé López, Leandro Alva Cano y Amelio Fortunato Alva Cano fueron hallados culpables por encubrimiento propio, y fueron condenados a tres años de prisión conmutables a Q25 diarios, ya que el referido tribunal los absolvió de los delitos de plagio o secuestro.

Julio Baquiax, juez del referido tribunal, explicó que no se comprobó cómo estaba integrada la banda delincuencial, ni la función específica de cada uno de los acusados, por lo que no se pudo dar valor a los ilícitos solicitados por el ente acusador.

Sin embargo, el MP comprobó que sí hubo privación de libertad con base en las pruebas físicas, documentales y testimoniales, presentadas en las distintas audiencias de la etapa procesal, agregó Baquiax.

Los hechos

Según el MP, los sentenciados aprovecharon un lugar solitario para esconderse entre unos matorrales y secuestraron al menor, luego lo trasladaron a una vivienda ubicada en la zona 4  de Chiantla, donde lo retuvieron.

En ese lugar, integrantes del Comando Anti Secuestros de la Policía Nacional Civil rescataron al joven y capturaron a algunos integrantes de la estructura; mientras, que el resto fueron aprehendidos en distintos lugares del departamento, como producto de las investigaciones.

También fueron condenados a 31 años de prisión Celso Chávez García, Felipe Santiago Tiu, Santos Tiguilá Itzep, Renato Cos Matul, Santos Isidro Chanchavac y Micaela Cos González.

Los condenados fueron capturados en mayo del 2014 y fueron sentenciados por secuestro y conspiración.

Durante el juicio el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas que incriminaron a los procesados, quienes planificaban los secuestros vía telefónica; además, de exigir el pago de rescate de sus víctimas.

De acuerdo con la acusación, los cinco secuestros cometidos entre el 2 de octubre del 2012 al 6 de agosto del 2013, ocurrieron en cantones de Chichicastenango.

La fiscalía del MP logró demostrar que Coc Tol, planificó y ejecutó los secuestros de las cinco víctimas.

Uno de los plagios que se le atribuye se llevó a cabo el 14 de enero del 2013, ocasión en la que cobró Q150 mil de rescate.

Otro secuestro que el MP le atribuye a Juan Coc ocurrió el 26 de marzo del 2013, cuando secuestró a un fletero y por su rescate la familia pagó Q60 mil.

La fiscal del Ministerio Publico, Rocío Robles, resaltó que el daño que provocó Colop está documentado en los exámenes sicológicos que se le practicaron a la víctima.

Entre otras pruebas importantes que sirvieron para dictar condena, estuvo la comparación de las firmas de la inscripción irregular de la menor cuando fue dada en adopción y el asiento de cédula de la condenada.

Rodolfo Díaz, de fundación Sobrevivientes que acompaña a la víctima, manifestó que de forma científica se logró demostrar la participación directa de la sindicada en el plagio de la niña.

Recordó que el contexto que se vivía hace 30 años por el conflicto armado interno, propició que se dieran las circunstancias para la adopción irregular de Preat, ya que a su familia adoptiva se le engañó diciendo que la niña era huérfana y víctima de la guerra interna del país.

Llega a Guatemala

En el 2009, Dolores Preat llegó a Guatemala en busca de su familia biológica, tan solo con su inscripción de nacimiento y buscaba a quien figuraba como su mamá en el citado documento.

Preat se percató que Rosario Colop no era su mamá y que en realidad había sido robada, luego llegó a la casa de su familia biológica, posteriormente a través de pruebas genéticas confirmaron quienes era sus parientes biológicos.