Guatemala es un país donde constantemente hay manifestaciones por diversas demandas sociales de parte de su población. La Constitución Política de este país centroamericano las avala.

Las manifestaciones se caracterizan por caminatas, plantones y los más recurrentes son los bloqueos de las carreteras más importantes del país o en zonas exclusivas de las ciudades.

Los guatemaltecos han hallado distintas formas de manifestarse, y para ello usan barricadas para impedir la circulación vehicular y no faltan las consignas y pancartas para expresar su malestar por los diversos temas.

¿Contra qué manifiestan los guatemaltecos? Las manifestaciones en muchos de los casos se centran para demandar mejoras en servicios básicos, salud, educación y seguridad.

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Sin embargo, a partir del año 2015, los guatemaltecos comenzaron a unirse más en las manifestaciones contra un problema que les aqueja, la corrupción en la administración pública.

La situación no ha cambiado, y las manifestaciones contra la corrupción en este país centroamericano siguen cobrando relevancia.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 45 contempla la acción contra infractores y legitimidad de resistencia.

Respecto de la legítima resistencia, la Constitución contempla: Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.

Para el abogado constitucionalista guatemalteco y catedrático universitario, Gabriel Orellana, el artículo 45 tiene interesante relación con el artículo 21 de las disposiciones transitorias de la Constitución.

Explicó que la Constitución no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza.

A su entender, estos dos artículos comienzan por reconocer que la violencia es parte de la vida política y social de un país.

Recuerda que el artículo 45 actual de la Constitución data de 1945 y “no es ninguna novedad”.

Para Orellana, este artículo se trata de mantener oculto o sepultado porque al “sistema dominante” en la sociedad no le conviene que se utilice.

Desde el momento en que existe este artículo 45, va amarrado con el derecho de manifestación, libre emisión del pensamiento y otros derechos reconocidos en la Constitución.

Destaca que este derecho de bloquear en un momento dado es una forma de defender los derechos de la propia Constitución, “porque si no se hiciera mediante esos bloqueos, lo más probable es que las personas que reclaman por esos derechos, jamás les van a poner atención”.

Orella resalta que algunos tratadistas enfatizan que este derecho del artículo 45 se trata de ocultar.

Según Orellana, “no es así de fácil condenar y criminalizar el uso de estos medios de protesta”.

Explica que si estas personas -los manifestantes- no ejercitaran estos derechos, “jamás se les prestaría atención”.

Resalta que otro argumento que se suele usar es que el interés social prevalece sobre el particular, pero “será el interés social de los que quieren circular para llevar mercancías de un lado a otro, o el interés social de los que están reclamando ser escuchados porque nunca se les ha prestado atención”.

Indica que falta estudiar al artículo 45, pero lo importante es llamar la atención porque el “grupo dominante no quiere saber ni oír de este artículo” que está reconocido en la Constitución.

Añade que según los tratadistas que han estudiado esto, la razón de que haya infiltrados en algunas manifestaciones es porque facilita judicializar y criminalizar el ejercicio de este derecho que a veces se asocia con vándalos.

Señala que en algunos casos se provoca la criminalización para ponerle fin a un bloqueo, pero nadie se ocupa en buscar el diálogo para darle atención al problema y se resuelva de manera pacífica.

Orellana señala que en la historia de Guatemala “prácticamente hemos vivido en una dictadura desde que Guatemala es Guatemala”, aunque ha habido lapsos democráticos.

Para el abogado, Guatemala ha tenido autoridades autoritarias, pero no estadistas, gente que sepa lidiar políticamente con los problemas y que se apegue al Derecho.

Alexander Aizenstatd, también abogado constitucionalista, indica que este artículo 45 lo que llama es la “desobediencia civil”.

Recuerda lo que ha indicado la Corte de Constitucionalidad guatemalteca de que los bloqueos son legales siempre y cuando haya espacios para la locomoción.

Indica que la gente tiene razón de manifestar su indignación ante la vulneración de sus derechos y ante un Estados que no responde a sus necesidades.

Para Aizenstatd la forma de resolver el tema de los bloqueos no es criminalizando a los que protestan, sino estar dispuestos a resolver los problemas.

Añade que el gobierno debe responder a los reclamos de la ciudadanía en el tema de las manifestaciones.

Resalta que la libertad de expresión y el derecho de manifestación están resguardados por la Constitución Política y por tratados internacionales en materia de derechos humanos y deben efectuarse de forma pacífica.

La semana pasada la Constitución Política de la República de Guatemala cumplió 38 años, pero lejos de que sus bases legales sean los pilares de una nación, sus interpretaciones antojadizas han ido fragmentando la democracia, opinan tres constituyentes que fueron consultados a propósito del aniversario de la ley suprema, que se celebró el 31 de mayo.

Los tres coinciden en que la Constitución creada en 1985 era perfecta, tenía fundamentos de Derecho que a su consideración forjaban los cimientos de una democracia de altura y de un robusto sistema jurídico. Aunque dicen que esos textos necesitan reformas, indican que actualmente no hay las condiciones para que sea modificada.

También coinciden en que, con las reformas que se dieron en 1994, tras el autogolpe de Jorge Serrano, se mató el espíritu original de la Constitución.

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Actualmente, la Corte de Constitucionalidad (CC), el órgano máximo de Guatemala que está para velar por el cumplimiento de la Constitución, es objeto de críticas, debido a una serie de resoluciones que, a criterio de las fuentes, han minado el estado de Derecho y hasta la democracia.

Incumplimientos

Entre algunos de los artículos de la Constitución que no se han cumplido resalta, a criterio de los entrevistados, el 208 que habla del periodo de funciones de las autoridades del Organismo Judicial (OJ),  el cual se estipula, será de cinco años.

El 113 es otro de los que se duda de su cumplimiento, según los constituyentes, el que habla de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que sirve de filtro para optar a un cargo público o de elección popular, y que cobra mayor relevancia cuando con cada proceso electoral.

También ha sido objeto de debate las prohibiciones constitucionales para optar al cargo de presidente y vicepresidente que están contenidas en el artículo 186, incisos a), c) y f), y que hacen referencia a los familiares, de hasta un cuarto grado de consanguinidad, de aquellos que participaron en un golpe de Estado, y a ministros de culto o religión.

Privatización del Estado

Para Aquiles Faillace, uno de los constituyentes entrevistados, las reformas de 1994 son el inicio de una serie de errores sistemáticos, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho ha servido para minar a la nación.

“La reforma constitucional nos robó tres cuartas partes del sueño constituyente porque destruyó al Organismo Judicial (OJ) y todos los problemas que vivimos hoy se pueden retrotraer a ese momento”, señaló.

Incluso las próximas elecciones generales que se celebrarán en Guatemala el próximo 25 de junio serían completamente distintas, si no se hubiera tocado la Constitución.

“Destruyó el sistema político —la reforma de 1994— porque todos los problemas de clientelismo, alcaldes que nunca dejan el cargo y diputados… se destruyó porque en la Constitución de 1985, la mitad del Congreso y la mitad de los alcaldes se renovaban cada dos años”, recordó Faillace.

También criticó la creación de las comisiones de postulación, un término que no aparece en la Constitución original, ya que es “privatizar las decisiones públicas. “Ahora, 32 universidades privadas nombran a los máximos oficiales públicos”, indicó.

“Lo que tenemos al día de hoy es un remedo de Constitución, un remedo de república y un remedo de democracia que pinta el panorama electoral de hoy, elegir entre el sida, el cáncer y el herpes”, puntualizó el constituyente.

Poco claros

Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, coincide que en 1994 se mató el espíritu de la Constitución original y “hoy estamos pagando las consecuencias”.

“La aplicación de la Constitución ha tenido altas y bajas en estos casi 40 años”, considera Alejos, quien estima que un error que cometieron los constituyentes fue “no ser del todo claros”.

Por ejemplo, considera que se necesita ser más preciso cuando se habla de quienes no pueden optar al cargo de presidente y vicepresidente; qué es una persona idónea, hasta el rol y peso que se le ha dado en la actualidad al finiquito.

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“Los constituyentes no pretendimos parar la participación de nadie, con excepciones como el caso de militares hasta después de cinco años de retiro”, es necesario que estos temas mejoren, a consideración de Alejos.

“La Constitución no se respeta, y la no elección de magistrados de la CSJ y magistrados de Sala digamos que es el ejemplo más grande y claro”, aseveró.

Para el exdiputado es preocupante el que Guatemala “va en camino a una anarquía”, porque la ley ya no se respeta, empezando por la Constitución”.

Mala interpretación

Según la visión de Carlos Molina Mencos, el otro constituyente consultado, en el país “tenemos una excelente Constitución”, pero “el gran problema es que no se aplica de la manera correcta”.

“Hemos desperdiciado la Constitución y se ha violado por capricho de todos, la aplican de acuerdo a lo que me favorezca y no de acuerdo a lo que dice”, expuso el jurista.

Esta serie de interpretaciones, que desde su punto de vista podrían ser inclinadas, sesgadas o hasta antojadizas, afectan al sistema guatemalteco, porque afirma que la ley se tiene que respetar al pie de la letra.

“Tenemos una CSJ con años de excedente en el nombramiento; hay amparos que presenta el Estado cuando el amparo está hecho para que la persona se defienda”, refirió.

Recomendaciones

Los tres constituyentes recomendaron a los actuales magistrados de la CC y otras cortes reorientar el sentido de la Carta Magna.

“La república se basa en el respeto a la Constitución y cuando los magistrados no llenan los requisitos, llegan a destruir la república; en el TSE con doctorados falsos y en la CSJ usurpando el poder por años, entonces desconocen la ley y, por lo tanto, la violan”, señaló Faillace.

Para Alejos, “en la CC siempre quisimos un órgano de control, así como lo hicimos, pero es necesario que se hagan reformas profundas a esa ley para que la CC no siga siendo la corte celestial que es, en donde todo para”.

Por último, Molina Mencos pidió que la Constitución se aplique “como debe ser”.  “Que la apliquen como debe de ser, la letra muerta, eso es lo que hay que hacer toda la vida, no tratar de interpretarla para favorecer a alguna persona o a un momento”.

El Gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centro América, este miércoles 22 de junio, el Decreto Gubernativo 3-2022 en el que decreta estado de Calamidad Pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa, debido a la emergencia generada por las lluvias.

Según el decreto, el estado de Calamidad Pública se decreta considerando que los efectos de la época lluviosa, temporada ciclónica, la Onda del Este, el cición tropical Blas y los efectos del cición tropical Celia han afectado los dos litorales del país, lo que favorece altos acumulados de lluvia y saturación de suelos

Agrega que aunado a esto, las fuertes y constantes lluvias manifestadas en el territorio nacional han tenido graves impactos en varias regiones de la República de Guatemala; obligando al Estado a adoptar las medidas oportunas y necesarias que permitan mitigar los efectos adversos que se reflejan en pérdidas y daños materiales, resultando primordial los mecanismos que permitan garantizar la vida, la seguridad, integridad y dignidad de la población.

El artículo 3 establece que el estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

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Derechos restringidos

En el artículo 4 del Decreto se establece que se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, 26, 33, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo anterior.

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Estos son los derechos limitados:

Artículo 5: Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Artículo 26.- Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.

Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.

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Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

El artículo 38 habla sobre la tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez competente.

Pero se restringe únicamente el segundo párrafo que dice que “se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley”.

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En el artículo 116 se regula la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades políticas partidista.

Pero solamente se restringe el párrafo dos que dice: Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la tensión de los ser vicios públicos esenciales.

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Medidas durante el estado de Calamidad

El artículo 6 del decreto publicado este 22 de junio establece las medidas que regirán durante el plazo del estado de Calamidad Pública.

• a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados por las condiciones registradas durante el inicio de la actual época lluviosa y los efectos del sistema de baja presión asociado a la Onda del Este, sistema de baja presión asociado al ciclón tropical Blas y los efectos del ciclón tropical Celia, así como prevenir el riesgo que se produzca en toda forma, circunstancias y en los lugares que la situación lo requiera, y que sean declarados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados (Conred).

• b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en las zonas afectadas, en los lugares y circunscripciones, carreteras y caminos que establezca la Conred y las entidades de seguridad nacional. Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala, deberán de articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de la restricción a la libertad de locomoción descrita en el presente artículo. A las personas que incumplan con el decreto gubernativo se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes.

• c) Ordenar la evacuación de los habitantes de las áreas afectadas o de las áreas declaradas de alto riesgo

• d) Exigir a los particulares, así como a las instituciones del Estado, tanto centralizadas, descentralizadas o autónomas, el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas, siguiendo estrictamente el presente decreto gubernativo y el decreto del Congreso de la República de Guatemala que apruebe el Estado de Calamidad Pública.

• e) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Conred, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares indicados y, así mismo, asegurar la prestación de los servicios básicos y esenciales al tenor del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

• f) Centralizar en la Conred todas las acciones que tienden a prevenir, mitigar y atender los daños derivados de las condiciones climatológicas antes indicadas.

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Protección de personas y sus bienes

En el artículo 6 se menciona que el Ministerio de Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público.

Adquisición de bienes

En el artículo 7 se autoriza la adquisición y/o contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos para el cumplimiento del presente Decreto Gubernativo, de conformidad con lo dispuesto en la literal f) del articulo 43 y literal a) del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57 92 del Congreso de la República y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes, debiendo observar los parámetros de transparencia y publicidad de las acciones referidas.

Agrega que las adquisiciones y/o contrataciones al amparo del presente artículo, únicamente por daños en infraestructura, deberá efectuarse previa constancia de causa y daño emitida por la Conred.

Las donaciones que se reciban serán consignadas y registradas a nombre del Estado de Guatemala y coordinadas por la Conred  y no se encontrarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del articulo 53 y 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, durante la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

Las entidades y dependencias que integran Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado, deben participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinan para garantizar a la población, la prestación de los servicios públicos esenciales.

Se faculta, en el artículo 10, al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender la calamidad y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto de conformidad con sus mandatos legales; y facilite las gestiones administrativas correspondientes para la oportuna y adecuada recepción de las donaciones.

Según el artículo 11, se menciona que los informes deberán, oportunamente, presentarse al Congreso de la República informe circunstanciado y medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

Añade que las entidades descentralizadas y autónomas, de lo actuado conforme lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto Gubernativo, deberán remitir informe al Congreso de la República. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de publicar en sus respectivos portales de información pública, de oficio, los informes remitidos al Congreso de la República de Guatemala.

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá crear la estructura presupuestaria que corresponda, para darle seguimiento al gasto conforme el presente Decreto Gubernativo.

En el artículo 12 dice que se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo.

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Garantías

En el artículo 13 se detalla que todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad que so efectúen conforme el presente Decreto Gubernativo deberán realizarse observando el máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas.

En el 14 se ordena a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y se haga del conocimiento público, en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y comunitarias competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares, para su difusión.

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El presente Decreto Gubernativo entra en vigor el día de su publicación en el Diario de Centro América.

Luego de dos décadas y por primera vez, la Policía Nacional Civil (PNC) dejó de proporcionar estadísticas de violencia homicida desglosada y otros delitos contra la vida a nivel municipal y departamental, argumentando que son datos confidenciales, o bien, que ya no se cuenta con los mismos.

Las organizaciones dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia a la que se le negó parcialmente la información son Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales.

Expertos en materia de seguridad consideran que la referida decisión carece de fundamento y es inconstitucional, de acuerdo con lo que establece la carta magna de Guatemala.

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Inconstitucional y carece de fundamento

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 30 establece que “todos los actos de la administración son públicos”, recuerda el abogado Gabriel Orellana y mencionó que si bien, existen algunas excepciones estas “no encaja ningún motivo para negar determinadas estadísticas”.

El profesional explicó que las estadísticas son susceptibles de interpretación de acuerdo con la metodología y la forma en que se trabajan los datos, por parte de las organizaciones. A criterio del constitucionalista es “una fragante violación de la constitución” derivado a que violenta la libre emisión del pensamiento y el libre acceso a la información.

Orellana recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos también “protege tanto la libre emisión de pensamiento como el libre acceso a la información” y lo podrían negar en base a un criterio de censura previa y no es acorde a lo que establece la Constitución.

Además, la Convención cuenta con las mismas disposiciones “protege tanto la libre emisión de pensamiento, como el libre acceso a la información”, por lo que es importante analizar los argumentos por parte del Ministerio de Gobernación para justificar la negativa de proporcionar información y los afectados podrían presentar acciones legales a fin de frenar “este atropello” dijo Orellana.

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El abogado considera que, si uno de los argumentos es la posible distorsión del contenido de la información, lejos de ayudar a resolver la situación, más la están empeorando “porque dan margen a pensar que precisamente la situación puede estar peor de lo que está y por eso ocultan la información”.

“Daña mucho la imagen internacional del país” porque se están alcanzando extremos donde no hay acceso información y podría generar repercusiones muy lamentables para Guatemala, la decisión se considera como “inconstitucional, no tiene fundamento y no existe argumento para negar información” y advirtió que “ya estamos dentro de un Gobierno autoritario” y se ha recibido de forma inconsciente e irresponsablemente.

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Se violan derechos adquiridos

María del Carmen Pelaez, analista de Diálogos, comenta que ya presentaron un recurso de revisión contra la decisión ministerial de ocultar los datos de violencia homicida y esperan que el mismo sea resuelto con lugar.

“Hay derechos constitucionales que están por encima de cualquier otra disposición. Hablamos de la emisión del pensamiento y del acceso a la información. Hay una obligación del Estado de procurar publicidad y transparencia”, dijo Pelaez.

Asimismo, recuerda que, en años anteriores, las estadísticas de homicidios desagregadas por departamentos y municipios ya ha sido entregada, por esta razón resulta imposible que ahora el Ministerio de Gobernación argumente que no la tiene. Además, tampoco puede asegurar que dicha información es reservada.

“Nosotros destacamos el hecho de que, si esta información ha sido otorgada con anterioridad, ahora ya no se puede restringir ese derecho. Porque se trata de un derecho humano adquirido o argumentar de que no se proporcionará porque no están de acuerdo con el uso que se le está dando”, dijo Pelaez.

Recordó que negar esa información es un delito, tal como lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 66.

“Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida”, reza el artículo.

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Asimismo, se establece una pena de prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales.

Lo grave, según la entrevistada, es que cada vez hay menos insumos para analizar el índice de criminalidad en el país. Con esto, se ven desprotegidos otros derechos, como el de la seguridad, integridad y a la vida. “Estos análisis que hacemos alertan a la población sobre el nivel en que nos encontramos y también para generar recomendaciones al Estado para atender el fenómeno de la violencia, que a todas luces nos está perjudicando a los guatemaltecos”, sentenció Pelaez.

Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, considera que las declaraciones del ministro confirman el hecho que una de las razones por las cuales se negó la información es porque él estaba enojado con los análisis que hacían tanques de pensamiento y a partir de ahí giró la instrucción de no seguir compartiendo las estadísticas.

Resalta lo preocupante de esto, dado que en 20 años ningún gobierno se había atrevido a limitar el acceso a estos datos. Menchú dice que la tasa de 17.2 homicidios por cien mil habitantes que se reportó en abril pasado es alarmante, puesto que si bien no alcanza los 21.5 que se reportaron a finales de 2019, sí podría igualarla o, incluso, superarla si no se toman las medidas pertinentes.

“Ellos dicen que la tasa de homicidios no ha regresado a los niveles que se reportaron a finales de 2019, pero si siguen acumulando cifras como las que se han venido registrando sí se alcanzarán los niveles de violencia antes de la pandemia pandemia. Si deciden negar la información y quedarse de brazos cruzados en vez de hacer algo, va a continuar el incremento de homicidios”, dijo Menchú.

Comencemos con una pregunta básica: ¿qué es asunto público? El concepto más cercano en las leyes guatemaltecas lo encontramos en el artículo 30 de la Constitución, que indica que todos los actos de la administración son públicos, lo que permite tener acceso a informes, certificados y copias de expedientes, a menos que se trate de seguridad nacional, como militares o diplomáticos.

Con estas definiciones, ¿en qué categoría se encuentra la salud del presidente de la República? ¿Es un asunto de interés nacional que exige publicidad y transparencia? ¿Se trata de información que podría vulnerar la estabilidad institucional?

El presidente Alejandro Giammattei, de 65 años, tiene un cuadro clínico de esclerosis múltiple, hipertensión, sobrepeso y lleva marcapasos. Además, le tocó ejercer su mandato en una pandemia cuyo virus muta su capacidad de contagio.

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Hace un año, el 18 de septiembre de 2020, se dio a conocer que resultó positivo a covid-19 y realizó sus funciones desde su casa. En ese entonces hubo comunicación diaria sobre su evolución.

Eso evidenció la importancia de conocer, aunque la ley no lo obliga, sobre la condición médica de quien, según la Carta Magna, representa la unidad del país.

En las últimas semanas se vuelve a hablar sobre el estado de salud del gobernante, por una reducción de peso al que él mismo atribuye a un régimen alimenticio basado en un ayuno intermitente.

Políticos y funcionarios de diversos organismos del Estado se dieron cita en el Palacio Legislativo para celebrar la sesión solemne por los 34 años de promulgación de la Constitución Política.

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“Si es necesario ofrendar nuestras vidas por esta libertad, al menos yo no dudaré un solo instante en hacerlo”, destacó Morales, quien también hizo alusión a los casos judiciales que enfrenta.

“Hay dos formas de enfrentar la ley y una tercera que es la que usan los cobardes”, fue parte de su discurso. “Nos hemos sometido a la justicia, nunca hemos huido, respetamos la Ley y con nuestra sangre defenderemos Guatemala”, destacó.

El presidente hizo un llamado a todos para defender a la Constitución Política. “No dudemos un solo momento defender nuestro orden constitucional, cueste lo que cueste. Ser independientes determina nuestra plena libertad”, dijo.

Aunque la actividad estaba programada para las 10 horas, pocos diputados estaban presentes. La sesión comenzó a las 10:50 de la mañana, aún con la ausencia de varios parlamentarios de diferentes bancadas.

A la Sesión Solemne también acudieron miembros del Gabinete de Gobierno de @jimmymoralesgt pic.twitter.com/RXybjUNVJN

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) May 28, 2019

Enrique Arzú Escobar, presidente del Congreso, criticó el proceso de elecciones. “Estamos inmersos en un proceso eleccionario en el que cada momento vemos violaciones cada vez más flagrantes a nuestra Carta Magna”, dijo.

Mientras el presidente del Organismo Judicial, Néster Vásquez Pimentel destacó las acciones en pro del bien común y la resolución de los conflictos judiciales.

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