Se trata de la minera El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; el proyecto de Extracción Minera Fénix, ubicado en El Estor, Izabal y cuya área de influencia indirecta abarca tanto comunidades de ese municipio, como de Panzós, Alta Verapaz; el proyecto de Extracción Minera Progreso VII Derivada, también conocida como mina El Tambor o La Puya, en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; y Los Manantiales en el oriente del país.

Los avances

Fijarán plazo para finalizar

En el caso del derecho Minero El Escobal, la licencia fue suspendida desde julio del 2017 y tuvo sentencia de la CC en septiembre del 2018. La empresa está a cargo Pan American Silver Guatemala (antes Minera San Rafael) y se ha mencionado que es una de las reservas de plata más grandes del mundo.

Para la licencia otorgada en el 2013, el MEM argumentó que no realizó una consulta a los pueblos indígenas basado en que según datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y del Instituto Nacional de Estadística (Ine), no tenían registrada ninguna persona de comunidades indígenas en el área de influencia.

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Las reuniones de preconsulta empezaron iniciaron en mayo pasado y el 12 de octubre se realizó la cuarta de ellas. O sea, casi cuatro años después de la suspensión de operaciones y a dos años y medio de la sentencia que ordena realizar la consulta comunitaria.

Entre las decisiones aprobadas más recientes está realizar el estudio de impacto cultural y espiritual en el Pueblo Xinca, actividad que comienza en los próximos días e incluye la recopilación y sistematización de información sobre las costumbres, cosmovisión y la cultura xinca y sobre “cómo perciben que el proyecto minero afecta sus formas propias de vida y organización” por parte de un equipo de antropólogos.

También se acordó efectuar reuniones intermedias para avanzar en los temas más relevantes del proceso, modalidad reconocida como una iniciativa que agiliza el proceso de consulta, según el MEM.

El proceso ha conllevado la aprobación de la contrapropuesta metodológica para el traslado de información a la población, efectuada por el Parlamento Xinca a la cual se le adicionó la disposición de definir el plazo de finalización de la etapa de preconsulta. Para ello, el MEM y el parlamento se reunirán el 10 de noviembre para definirlo.

Inician reuniones preparatorias para minera el Tambor o “La Puya”

En cuanto al proyecto Progreso VII Derivada, también conocido como mina el Tambor o “La Puya”, esta semana se empezaron las reuniones preparatorias para la preconsulta, pero esta aún no puede iniciar porque aún se esperando la orden de ejecutoria que deben emitir los tribunales correspondientes y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra pendiente de resolver algunos procesos dentro del amparo, por lo que están haciendo el trabajo preparatorio con la sentencia ya notificada, indicó el viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Rafael Pérez.

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El proceso llevará tres acciones, similares a las de otras sentencias como la fase administrativa, una de preconsulta y la consulta.

Sobre las comunidades a convocar, dijo que por el momento, no tienen el pronunciamiento del pueblo indígena maya kaqchikel al que pertenecen las comunidades de San Pedro Ayampuc, y en el caso de San José del Golfo, dijo que el alcalde del lugar les dio a conocer que no tienen registradas comunidades indígenas.

No obstante, se acordaron dos aspectos preparatorios: con el MEM y el Ministerio de Ambiente se hará la revisión de la información ambiental que consta en los expedientes que actualmente tienen ambas instituciones, y por aparte se efectuarán reuniones de seguimiento con el Ministerio de Cultura y el consejo municipal de San Pedro Ayampuc, con el fin de establecer la mejor forma de acercamiento y asegurar la participación de los representantes de las comunidades indígenas que deberán ser convocados más adelante para la consulta.  Según Pérez, la CC estableció un período de 12 meses para realizar la consulta, pero el plazo debe ser acordado con las partes.

Un inversionista de este proyecto, Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates, planteó un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y se indicó que podría buscar reclamo por US$300 millones. El arbitraje aún está en proceso.

Los Manantiales

Otro caso con la ejecutoria para realizar la consulta es el proyecto Los Manantiales. En este se tendrá que consultar al pueblo indígena Chortí, según el MEM. Busca la explotación de antimonio, el cual se emplea en la fabricación de partes de dispositivos semiconductores como diodos o detectores de infrarrojo (como el de un control remoto), en ciertas aleaciones químicas que se utilizan en la producción de baterías, y materiales de baja fricción, agregó la entidad.

Empezó la preconsulta por la Minera Fénix

El proyecto Fénix fue suspendido de forma provisional en el 2019, decisión confirmada en sentencia durante el 2020 y se ordenó hacer una consulta comunitaria, pero fue hasta el 17 de febrero del 2021 que el MEM suspendió en forma preliminar la licencia. En marzo, la CC decidió mantener la suspensión de la licencia a cargo de CGN.

Este es el proceso que comenzó más recientemente con la preconsulta, fase que concluirá en un plazo de 150 días (contados a partir de finales de septiembre), indicó el viceministro Pérez, y en las reuniones se cuenta con 38 representantes titulares y suplentes de las 13 instituciones que ordenó la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Se lograron cinco acuerdos durante la primera sesión, según el MEM: contratar profesionales especializados para la traducción de la información y materiales de apoya al idioma q’eqchi’; que toda la información generada durante la preconsulta esté disponible en la página electrónica del MEM; realizar tres reuniones más de preconsulta y si fuera necesario, establecer mesas de trabajo para agotar temas específicos, para lo que se alternarán las reuniones entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

Con mayoría de votos, no se aprobó escuchar a los amparistas y a las organizaciones que han solicitado adherirse a la mesa de preconsulta. Pero a solicitud del MEM, la Comisión Presidencial de Diálogo realizará contacto con los solicitantes de acreditación, para funcionar como mediador y conciliador.

En las reuniones, aparte del MEM, participan los ministerios de Ambiente y de Cultura; la Procuraduría de los Derechos Humanos en su calidad de observador; la Comisión Presidencial del Diálogo (quien podrá actuar como mediador y facilitador); representantes de los Concejos Municipales de Desarrollo y Consejos de Comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ del Estor y Panzós; los titulares y suplentes de la Universidad de San Carlos y universidades privadas del área, así como la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

A pesar de lo anterior, el martes 19 de octubre surgieron denuncias públicas de que se está cerrado el espacio de participación del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ para acreditar a sus representantes dentro del proceso de preconsulta y consulta.  Las organizaciones indígenas, mencionan que el MEM y la municipalidad de El Estor, actúan de manera parcializada en favor de los intereses de la empresa transnacional minera.

También insisten en que el ministerio excluye e irrespeta la participación, representatividad y legitimidad de dicho Consejo, ya que está aceptando a personas no legitimas ni representativas de las comunidades indígenas. A ello se debió una manifestación que realizaron el martes 19 de octubre y piden que las entidades estatales cumplan con los derechos de las comunidades, que “el Ministerio de Gobernación cese el hostigamiento y criminalización a las comunidades y que garantice la protección y seguridad ciudadana”.

Oxec, proceso finalizado pero sigue diálogo

Por último, las generadoras eléctricas Oxec y Oxec 2 estuvieron suspendidas por tres meses, de febrero a mayo del 2017, pero posteriormente, la CC les permitió reiniciar la operación, aunque el Estado debía cumplir la consulta comunitaria.

Dicha consulta se llevó a cabo en el 2017 y finalizó en diciembre de ese año, participaron 11 comunidades ubicadas en el área de influencia en español y q’eqchi´, indicó el MEM.

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Se implementó un proceso de seguimiento para lo cual se han realizado cuatro mesas de diálogo al año con las comunidades del  área de influencia, las cuales quedaron establecidas de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas deben ser convocadas por el MEM.

En el 2020 no se efectuó debido a la pandemia, pero este año la compañía pidió que se pueda continuar con todas las comunidades, pero con menos representantes para respetar los protocolos de bioseguridad establecidos, indicó Ana Valeria Prado, directora de sostenibilidad Oxec, S. A., firma propiedad de Energy Resources Capital.

Con las mesas se da seguimiento a relaciones comunitarias, comunicación externa y cumplimiento regulatorio, así como a los programas de apoyo que brinda la compañía para proyectos de desarrollo y son las comunidades las que deciden en cuáles participar.

La sentencia de este caso fue la primera de esa naturaleza que emitió la CC respecto a la aplicación de las consultas comunitarias e incluso ha servido de base para decisiones posteriores, pero cada una tiene cambios según el caso de que se trate.

La planta Oxec tiene una capacidad de generación de 25 MW y la Oxec 2, de 60 MW.

El foro fue organizado por la Embajada de Gran Bretaña y apoyado por la UE, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Advocacy for Business and Human Rights (ABHR), simulando al que se realiza cada año en Suiza, se informó.

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“Es fundamental entender que los Derechos Humanos se han planteado muchas veces en Guatemala como algo negativo, como un límite u obligación indebida, en realidad no es así. Los Derechos Humanos son el principio fundamental que es innegable”, dijo el embajador de UE.

Lucía Valenzuela, directora de ABHR consideró que la principal conclusión del evento fue lograr que se reunieran a discutir sobre derechos humanos el sector privado, sociedad civil y sector público.

La Jefa de Misión Adjunta para la Embajada Británica Barbara Amono-Oceng, dijo “creemos que el enfoque del Reino Unido es un balance apropiado entre promover un comportamiento serio por parte del sector privado en empresas y derechos humanos y evitar un enfoque sobre regulado”.

“El tema (de empresa y derechos humanos) como no se conoce da mucho miedo, pero creo que los derechos humanos es algo que tenemos que respetar y son temas que tenemos que trabajar” dijo Connie de Paiz, presidenta de Agexport.

Además mencionó que “es un tema que Guatemala lo tiene que trabajar a todos los niveles, pero lo más importante es que necesitamos un Estado y Gobierno fuerte para que nos den el marco legal sobre el cual vamos a trabajar, y que todo mundo entremos en ese marco legal, pero que sea claro para que no hayan después malentendidos ni cosas que no se puedan cumplir”.

Agregó que se está empezando a trabajar en Guatemala y que es importante hacerlo voluntariamente por lo que con las Cámaras empresariales se están creando políticas sobre ese tema para poder ayudar a las empresas a trabajarlo.

Valenzuela dijo que otra de las conclusiones es que las empresas no deben ver el tema de derechos humanos como contrario a sus intereses económicos sino como una herramienta que les ayude a funcionar mejor, por ejemplo a llevar mejores relaciones con sus comunidades, con el Estado, con los trabajadores.

El miedo se va quitando con conocimiento, hay que formarse y tener expertos en la materia porque no se puede implementar aquello que no se conoce, añadió Valenzuela.

“No hay choque entre derechos humanos y empresas”

Los Derechos Humanos se deben ver desde la faceta positiva, no solo pueden quedarse en la faceta negativa en decir que son más reglas que cumplir, sino que son una respuesta a algo fundamental que se vuelve un factor ganador para la empresa, dijo el Embajador de la UE.

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“Las empresas funcionan mejor donde haya reglas claras, pero también donde haya una ciudadanía con buena salud, mejor educada, bien nutrida. Eso redunda en beneficio de la prosperidad económica” añadió al comentar que en Europa se hizo a través de políticas sociales que han sido exitosas y que han mejorado su estilo de vida” añadió y sostuvo que “no hay choque entre derechos humanos y empresas”.

Para poder dialogar y avanzar es necesario, en cualquier contexto y sociedad, la voluntad de sentarse en una mesa y voluntad de conseguir resultados de buena fe, agregó Gatto al referirse a la necesidad de mantener un diálogo pero dinámico y que avance.

“Creo que muchas partes del sector empresarial están demostrando que quieren avanzar con el país, y hacer avanzar el país, y eso es lo que están haciendo porque sin iniciativa privada ningún país avanza. Pero al mismo tiempo hay una serie de temas que se tienen que tomar en cuenta porque una empresa no es algo aislado de la realidad sino que es parte del país” y de esa realidad, comentó.

“Una persona no puede decir de entrada: los derechos humanos para mi no existen, porque debe tener presente que existe el derecho a la vida, derecho al aire puro, derecho al agua. Ahí lo que se tendrá que ver es cómo reglamentar y desarrollar esos derechos”, complementó el diplomático.

169 de OIT, punto pendiente para Guatemala

Lograr la correcta aplicación del convenio 169 de la OIT acerca de las consultas a las comunidades en un reto pendiente para el país, dijo Gatto.

Considera que se deben distinguir dos casos diferentes: uno son las futuras inversiones donde se debe llevar a cabo la consulta de la medida más amplia posible y recabar opinión de las comunidades y ofrecer un paquete de ventajas, a veces se ofrecen pero no se dan a conocer bien, añadió.

Pero, considera que los casos se han entrampado en Guatemala porque se ha intentado aplicar ese convenio en inversiones ya existentes y que ya operan.

“Ahí se complica porque no es muy conveniente decir: empresa usted ahora debe parar todos los motores durante dos, tres o cuatro años, el tiempo que lleve la consulta, porque eso en el mundo de la economía es inviable, la empresa va a quebrar. Entonces lo que se debe encontrar es una fórmula adecuada para resolver los casos de las empresas que en su día emprendieron una actividad sin cumplir con el 169 de la forma que se se entiende como consulta explícita y por otro lado que se aplique el 169 en su generalidad a las nuevas inversiones. Pero bloquearlo mientras se hace la consulta no es operativo” expuso en declaraciones a los medios el Embajador de la UE.

“Tampoco puedes decir: no haremos nada sino lo que debe hacer la empresa es entablar con dialogo con la población para entablar una serie de medidas de responsabilidad social empresarial que sean satisfactorias” dijo Gatto.

Por ejemplo citó que no tiene sentido instalar un proyecto de generación de electricidad en una comunidad a la cual le hace falta ese servicio y no dotarla de este, por eso hay que encontrar la forma de llevarle servicio y no solo decir que la ley no lo permite, sino que se deben buscar opciones, expuso.

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Varios de estos proyectos mantienen suspendidas sus operaciones hasta que no se haga la consulta y en otros se ha dado la oportunidad de que sigan operando mientras se hace efectivo este proceso según resoluciones de las cortes.

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El tema de consultas se basa en lo establecido en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mineras

Minera Fénix

La más reciente notificación la recibió el MEM la semana pasada, dijo ministro de Energía y Minas, Luis Chang, respecto de la resolución de la CC de suspender de forma provisional la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix que se ubica en Izabal, la cual es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel.

“Creo que (no podemos hacer) nada porque –la resolución– no ordena nada la Corte, solo la suspende” comentó el funcionario.

“Hasta que nosotros no tengamos resuelto en definitiva por parte de la Corte no podemos proceder (con acciones) de ninguna índole”, agregó el funcionario.

En un comunicado emitido la semana pasada, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y su actualización en el 2018. Aunque el abogado de los comunitarios que presentó el amparo indicó que no se desarrolló la consulta en cuatro municipios de dos departamentos del área de influencia.

Minera San Rafael

En el caso de la Minera San Rafael sigue el proceso de consulta. Las convocatorias se empezaron en noviembre del 2018 por el MEM, luego de que en septiembre de ese año la CC resolviera que la minera podía retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta.

A la fecha están en el proceso de conformar la mesa para la preconsulta para la cual la Corte definió 10 entidades u organizaciones. Según explicó el ministro, “tenemos discrepancias de criterio con las personas del Parlamento Xinca”.

Esto se deriva del número de representantes de cada entidad para dicha mesa, mientras el MEM llama a un titular y un suplente, el Parlamento Xinca indica que debe inscribir 59 personas ya que, a su criterio, la sentencia de la CC indica que se debe llamar al número de personas según la costumbre de la comunidad, según ha explicado el abogado Quelbin Jiménez.

Chang dijo que en la actualidad se está haciendo un análisis si se puede o no hacer la preconsulta y dijo que no podría indicar aún cuanto tiempo más podría llevar ese proceso.

La minera tiene suspendidas las operaciones desde el 5 de julio del 2017, por la primera resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese caso.

En el caso de la hidroeléctrica Oxec, la cual también tuvo una suspensión de operaciones, la consulta se logró efectuar en seis meses a partir de la sentencia.

“Ahí hubo colaboración porque en realidad creo que se quería resolver. Aquí (en el caso de Minera San Rafael) hay gente que tiene diferentes criterios” añadió el ministro.

El Tambor o Progreso VII Derivada

El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, nombre de una comunidad cercana.

Fue suspendido en noviembre del 2015 por la CSJ y de forma definitiva en el 2016. Posteriormente, la CC la suspendió ese año, y en junio del 2017 confirmó su decisión también de forma definitiva.

El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde está asentada la mina.

Por este caso hay abierto un arbitraje contra el Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) presentado por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates.

La demanda llegaría a US$300 millones según han indicado abogados del caso y funcionarios del Ministerio de Economía (Mineco).

Hidroeléctricas

Hidroeléctricas La Vega

Para las hidroeléctricas La Vega I y II en Nebaj, Quiché, también se requiere consulta.

Según expone el ministro, este “es un caso donde precisamente los mismos amparistas no quieren avanzar”.

El proceso ya lleva varios años. En julio del 2017 el entonces alcalde indígena de Nebaj, Miguel De León, dio a conocer una postura diferente, ya que dijo que la consulta estaba detenida por la falta de interés del MEM para cumplir con los requerimientos para realizar la consulta la cual fue ordenada por la CC.

En esa ocasión. indicó que la consulta tenía que realizarse de acuerdo con las costumbres de la comunidad basados en lo que indica el Convenio 169 de la OIT.

Los dos proyectos tenían licencia autorizada con capacidad de 18.3 y 38 megavatios.

Renace

A inicios de julio del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a las partes su decisión de que se debe realizar una consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Renace en Alta Verapaz, aunque en este caso no se ordenó la suspensión de operaciones.

El complejo hidroeléctrico Renace inició hace varios años, pero en el 2019 empezó a operar comercialmente la fase cuatro. Los empresarios han indicado que invirtieron US$800 millones en todo el complejo, el cual tiene capacidad de generar 301 megavatios (MW).

En este caso el MEM también analiza qué procedimiento sigue.

Licencias de años anteriores

Respecto de que varias licencias se han dado en administraciones anteriores, Chang dijo que como Ministerio recalcan y han resuelto cada caso con respecto a las leyes vigentes y que en su momento dicha entidad acató lo que estaba vigente en leyes específicas como de electricidad, de minas y de hidrocarburos.

A consideración del funcionario, las resoluciones de la CC que no permiten al Ministerio otorgar ninguna licencia de exploración y de explotación minera o para hidroeléctricas, van en contra del desarrollo del país.

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Respecto a la postura de varios sectores ya que algunos consideran que es necesario que exista un reglamento para aplicar el convenio 169 de la OIT respecto a las consultas a poblaciones indígenas en el área de influencia y otros que consideran que no es necesario, Chang indicó que en el 2017 se emitió una Guía de Estándares (por el Ministerio de Trabajo) pero expuso que hubo personas que se opusieron y la Corte falló posteriormente en otro sentido, refirió el ministro.

Sin embargo, a su consideración, el futuro de esos sectores no depende del Organismo Ejecutivo si no de decisiones emanadas de la Corte.

“Si cerramos las mineras no hay empleo y si cerramos las hidroeléctricas no hay energía, entonces, ¿de dónde va a salir la energía? Los precios de la energía se irían para arriba” advirtió Chang.

Mencionó que con los tres proyectos mineros que enfrentan casos legales por resolver son alrededor de 10 mil empleos en riesgo, algunos de los cuales ya se han perdido. Y respecto de los precios de la energía indicó que no podría mencionar cuándo se daría un efecto en ese sentido.

Un tema pendiente

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que hay consultas de varios proyectos que se ejecutaron antes de que entrara en vigor el Convenio 169 de la OIT.

Agregó que el Estado es el responsable de efectuar esas consultas y no las empresas, por lo que el MEM debe tomar una responsabilidad al respecto “y no dejarse llevar por presiones e intereses políticos”.

Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso.

“No se trata de un sí o un no (hacia un proyecto), sino de un diálogo acerca de cómo se puede mejorar la implementación del proyecto en beneficio del país, de las empresas y de la comunidad”, agregó.

Un tema pendiente

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que hay consultas de varios proyectos que se ejecutaron antes de que entrara en vigor el Convenio 169 de la OIT.

Agregó que el Estado es el responsable de efectuar esas consultas y no las empresas, por lo que el MEM debe tomar una responsabilidad al respecto “y no dejarse llevar por presiones e intereses políticos”. Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso, opinó el directivo.

“No se trata de un sí o un no (hacia un proyecto), sino de un diálogo acerca de cómo se puede mejorar la implementación del proyecto en beneficio del país, de las empresas y de la comunidad”, agregó.

Anaité Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), dijo que los procesos de consulta a los pueblos indígenas, basados en las resoluciones de las Cortes, son un tema pendiente para el país, que han provocado que se suspendan o retrasen operaciones de inversiones que generan mucho empleo e ingresos.

Agregó que el MEM es el encargado, según las resoluciones de la CC, para realizar las consultas pero que ese Ministerio tiene un equipo humano reducido para efectuarlas y posee pocos recursos financieros.

Por ello, indica, se le debe dotar de los recursos a través del presupuesto nacional para que se puedan llevar a cabo esos procesos. Han existido varias sentencias y los procesos se van acumulando, añadió.

Hay procesos que tienen cuatro años como el de la hidroeléctrica La Vega, agregó la directiva, pero hay comunidades que reclaman el derecho de la consulta y luego se oponen al proceso, indicó.

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El proyecto es propiedad de Recursos Naturales y Celulosas (Renace), parte del grupo Multiinversiones.

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Juan Carlos Méndez, Gerente General de Operaciones de CMI Energía, y actual vicepresidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), indicó que Renace IV, que entró a operar en enero recién pasado, tiene capacidad de 55 megavatios (MW).

El ejecutivo explica el impacto que significan estas plantas generadoras para el sistema de electricidad del país además que detalla la estrategia social que han seguido, que les valió no solo la aceptación de las comunidades, sino que se les otorgó el reconocimiento del “Programa Diversificado de Responsabilidad Social Corporativa” Standard & Poor’s Global Platts.

Este reconoce las estrategias de valor compartido en el sector de energía a nivel mundial, y fue elegido de entre más de 250 participantes de todo el mundo.

¿Ya se encuentra en operación todo el complejo de hidroeléctricas Renace?

Renace fue un proyecto de muchos años, arranca en el año 1991 cuando se le otorga la autorización para utilizar parte del río Cahabón y luego este se amplía en 1994. Y ahora, casi 22 años después estamos cerrando en ciclo con la construcción de la última fase.

Son tres plantas hidroeléctricas en cascada (que usan el cauce del mismo río) sobre el río Cahabón como Renace 1, 2 y 3 con capacidad de 66 megavatios (MW), 114 MW y 66 MW respectivamente.

Hay una adicional que está sobre el río Canlich, un afluente del Cahabón, que es Renace 4 con 55 MW.

Con esto sumamos 301 MW de capacidad instalada.

¿Cuándo entró en operación Renace 4, la última fase que se encontraba pendiente?

Empezamos pruebas en septiembre del 2018 y esta última fase entró en operación comercial en enero de este año.

¿Cuál es el impacto o aporte que tiene en la matriz de generación eléctrica del país?

Todo el complejo en conjunto vamos a generar alrededor del 13% de la energía que necesita el país.

Es importante también que la matriz eléctrica en Guatemala es 60% renovable y 40% térmica, como país hemos hecho un gran avance en los últimos 20 años para cambiar esto que al principio de los años 2000 ese esquema era al contrario.

En el caso de Renace, con las adjudicaciones de contratos que obtuve en las licitaciones de largo plazo del Plan de Expansión en Generación (PEG) como en la PEG 1 y PEG 3, las tarifas que se ofertaron y se adjudicaron son de las más baratas en el país.

El 73% de la capacidad de Renace está comprometida en contratos con (las distribuidoras) Eegsa como con Energuate. Y el excedente de energía que no está en los contratos de largo plazo se usan para proveer a grandes usuarios básicamente usuarios industriales.

Ambientalmente el impacto es que el complejo generará 1 mil 350 Gigavatios (GW) hora de energía anual y con esto se logra evitar emisiones de efecto invernadero por alrededor de 750 mil toneladas de CO 2.

 ¿A cuánto ascendió el monto de inversión?

Para todo el complejo la inversión fue de US$800 millones en una de las áreas más pobres del país y lo cual tiene un impacto muy positivo en la economía local en el desarrollo de empleo.

El 70% de esa inversión se queda en Guatemala, esa es una de las grandes ventajas que tienen los proyectos hidroeléctricos que muchas veces el costo más importante es la importación de equipos.

De ese porcentaje, entre el 40% y 50% se queda en la región en este caso en Alta Verapaz, donde con el proyecto se generó empleo, servicios, la necesidad de hoteles, comercio.

Y aparte a lo largo de los últimos siete años, no incluyendo generación de empleo, hemos invertido unos US$30 millones en proyectos sociales, con proyectos de desarrollo social sostenible cuyo propósito es beneficiar a las 29 comunidades que están alrededor del complejo, con alrededor de 21 mil personas en el área de influencia.

¿Cómo detectaron qué tipo de actividad podían hacer con ellos y concretar proyectos?

Es un proceso largo que inicia con hacer un diagnóstico, conocer el área donde a uno le va a tocar trabajar, qué comunidades existen, cómo son lo liderazgos, la situación social y económica de la zona y partiendo de este diagnostico se definió una estrategia que fue diseñada en etapas. Es difícil de primas a primeras llegar y tratar de cambiar la situación, todo eso requiere hacerse de una forma planificada, organizada y con recursos. Cómo decidimos hacerlo, entonces fue un proceso de discusión y de consenso de priorización con las mismas comunidades, no podemos llegar a hacer cosas e imponer modelos, entonces lo que se tiene que hacer es básicamente hablarlo, comenzarlo, acordarlo y consensuarlo con las comunidades.

¿Qué estrategia usaron?

Nuestra estrategia está basada en tres grandes ejes que fuimos confirmando a lo largo del tiempo.

Un eje es que tuvimos muy claro desde el inicio, es actuar y trabajar con valores, se debe trabajar con excelencia, integridad y respecto porque esa es quizá la mejor fórmula para poder tener una relación de confianza con las comunidades.

Lo segundo tiene que ver con buenas prácticas de relacionamiento comunitario y desde ese punto de vista nos hemos adherido a los principios del Banco Mundial, a los principios de Ecuador, la ISO 26,000 y todos aquellos sistemas que de alguna manera nos permitían traer mejores prácticas a la zona.

Luego está el planteamiento de la Estrategia de Desarrollo Social y Sostenible, porque cuando uno llega a invertir a una zona tan lejana, con tan pocos recursos, marginada históricamente, lo lógico es que las comunidades le preguntan a uno “yo que gano con que ustedes vengan a mis tierras y y a donde yo vivo”. Y esa quizá ha sido la gran diferencia con respecto a otros proyectos y a otras iniciativas en áreas rurales complejas como la zona de San Pedro Carchá, y nuestra respuesta fue en por medio de siete programas de desarrollo social sostenible que se ha implementado de forma sistemática en las 29 comunidades.

Eso ha generado confianza con las comunidades y eso ya empezó a dar resultados positivos en los indicadores sociales.

No es perfecto lo que hacemos, es perfectible, pero cuando lo hacemos de buena fe y de una forma sistemática ellos reconocen que nosotros somos un actor positivo para ellos. Que no somos alguien que llega a robarles, que se quiere robar el río, que les quiere robar sus tierras o que le quita derechos, sino que es al contrario ya que desde el inicio del proyecto, pero en especial estos últimos siete años hemos reforzado muchísimo la parte social y ambiental.

¿Hay todavía alguna comunidad o un grupo que no esté conforme y con quienes necesitan trabajar más?

Creo que no. Hacemos mediciones cada dos años aproximadamente sobre la percepción que las comunidades tienen de nosotros, cómo ven nuestro trabajo y aporte al desarrollo, y en general de los indicadores de aceptación que medimos de parte de las comunidades tenemos aproximadamente un 88% de aceptación en términos muy positivos, que en términos sociales es bastante alto.  Siempre hay problemas porque eso es inevitable pero cada vez es un poco más raro este tipo de acciones.

Hace varios meses nos mencionó que 16 proyectos hidroeléctricos están suspendidos por diferentes motivos relacionados a la conflictividad.   ¿Cómo observa el sector de electricidad en este momento?

El sector eléctrico en general está muy bien desde el punto de vista que tenemos capacidad instalada bastante superior a la demanda. Hoy tenemos 4,700 megavatios instalados en el país contra 1,800 megavatios que consumimos, por lo que tenemos un margen de reserva importante.

El sector renovable ha avanzado muchísimo porque aparte de la generación hidroeléctrica el país tiene generación solar, eólica, geotérmica y también como biomasa con el bagazo (de caña de azúcar).

El único país en toda Centroamérica donde se han reducido las tarifas eléctricas es Guatemala y el país se ha convertido en un referente importante a nivel de la región porque tiene el modelo más abierto y más competitivo, con muchos más agentes participando.

Guatemala es un referente al tal punto que Honduras, que está en un proceso de reestructuración importante lo que quiere es implementar el modelo del sistema eléctrico guatemalteco.

¿Cómo siguió la situación para las hidroeléctricas en el país?

Alrededor de 16 hidroeléctricas se quedaron en el camino, algunas de ellas en forma definitiva, otras que tienen aún problemas, pero sobre todo las condiciones de mercado actuales quizás con uno de los impedimentos más importantes.

La mayoría de las hidroeléctricas que fueron adjudicadas en las licitaciones del 2012 y 2013, están construidas, algunas se quedaron en el camino y la última que está en un proceso muy avanzado y que esperamos que termine muy pronto, son las hidroeléctricas que están en Huehuetenango.

¿Cómo ve el futuro del sector eléctrico ya que la oferta se ha saturado un poco y la demanda nacional no crece al mismo ritmo y hay obstáculos para poder exportar más a la región?

El país a la fecha es el mayor exportador de energía a la región centroamericana y se exporta también a México. Entre ambos se está exportando más de 400 megavatios y eso viene a mitigar un poco la situación del exceso de generación.

Guatemala se quiere convertir en ese hub energético para la región centroamericana porque ya tiene buena parte de la inversión hecha, aunque todavía hay problemas a nivel regulatorio y de gobernanza en el Mercado Eléctrico Regional que es uno de los grandes retos que tenemos que resolver muy pronto.

El futuro viene con más energía renovable, esta es una tendencia mundial, creo que la sostenibilidad, la preocupación por el planeta, el cambio climático, el recalentamiento de la atmósfera. Todo eso lleva a todos los países a enfocar sus esfuerzos a mitigar los impactos ambientales.

En la COP 21 se alcanzó un acuerdo a nivel mundial de asumir obligaciones para mitigar el cambio climático y Guatemala se autoimpuso que quiere llegar al 80% de la generación de energía con recursos renovables. Vamos en el buen camino, pero aún no estamos en la meta fijada para el año 2027. Ahora vamos por el 60%.

Lo que viene es más inversión en tecnologías como la solar y la eólica que han reducido costos en una forma considerable. Guatemala tiene mucho recurso hídrico, talvez no tan bien distribuido como quisiéramos, pero tiene mucho. Son más de 100 mil millones de metros cúbicos de agua que discurren en todos los ríos al año.

¿Y cuáles con los retos para aprovechar de forma sostenible esos recursos?

Los grandes retos que vemos es cómo vamos a lograr construir los proyectos del futuro si al final tenemos problemas tan serios como la implementación del convenio 169.

Lo que más preocupa al inversionista es la incerteza jurídica, la relación con las comunidades se puede manejar con buenas prácticas, con inversión social, con un acompañamiento por parte del Estado, donde le toca al Estado y el cual sabemos que es el gran ausente de las áreas rurales.

Pero la incertidumbre legal y jurídica es un asunto que ahuyenta a cualquier inversionista, especialmente a los extranjeros.

¿Qué falta para mejorar esas condiciones?

Hay cinco grandes retos que tenemos en el sector eléctrico. Uno de ellos es el convenio 169 de la OIT, es una regulación que existan esas normas claras y que el Estado tenga la capacidad de hacer esos procesos de consulta previos e informados como establece ese convenio.

Nos preocupa muchísimo que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad vayan un poco con el propósito de parar inversiones o de inclusive de parar las operaciones de proyectos que ya están en operación.

Otro es el robo de energía eléctrica, esto se ha extendido en varios departamentos del país y desgraciadamente se ha convertido en una práctica de grupos que viven de ello. El algo que al final todos pagamos.

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Hidroeléctricas Oxec seguirán operando por un año mientras se realizan consultas

Varios vecinos de dicho municipio anunciaron la consulta para definir si están a favor o  no de dichos proyectos y que lo que debe regir es el Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo el MEM argumentó que ese ministerio tiene la obligación de efectuar la consulta en las 11 comunidades del área de influencia a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, para cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) explicó ese ente en un comunicado.

Ésta debe efectuarse según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ninguna de las partes vinculadas puede realizar este proceso de manera unilateral, se agregó, sin embargo ese ente no especifica quien o qué agrupación organizó tal consulta.

Pronunciamiento

El MEM hizo los siguientes pronunciamientos

• La consulta paralela carece de sustento legal. De desinforma y pone en riesgo los avances en la preparación del proceso de consulta con base a la sentencia de la CC.
• El proceso debe ser definido por los representantes titulares y suplentes de instituciones gubernamentales, comunidades y la empresa, según lo establecido en la sentencia del máximo órgano constitucional.
• El Gobierno de Guatemala, a través del MEM es el encargado de realizar la Consulta, basado en el Convenio 169 de la OIT y lo establecido en la sentencia de la CC.
• “El proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OIT, no es una votación de un SI o un NO, sino un diálogo de buena fe para lograr acuerdos entre todas las partes vinculadas”.
• “En el proceso ordenado por la CC, es importante el diálogo sincero, centrándose en conocer las preocupaciones de las 11 comunidades del área de influencia de los proyectos”.

Es una “consulta de buena fe”, refieren dirigente comunitario

Bernardo Caal, dirigente campesino, confirmó que este domingo 27 de agosto, a partir de las ocho de la mañana, se realizará la consulta de “Buena Fe” en 195 comunidades de Cahabón, para que, den a conocer si están de acuerdo con la utilización del río Oxec por las Hidroeléctricas Oxec I y II.

En la consulta participarán todos los pobladores, incluyendo niños y jóvenes, que sean pobladores reconocidos por los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, dio a conocer Caal, no limitándose a los que tienen DPI, refirió.

“Esta consulta será la libre expresión de las comunidades, el Ministerio de Energía y Minas, MEM, no puede impedir la libre expresión, el problema es que, como se tocan intereses personales, ya que, el MEM ha dado licencias de forma anómala a algunas empresas, salen a asustar con un comunicado que anda circulando”, explicó Caal.

Además, dijo que, quienes le van a dar validez a la consulta son las autoridades ancestrales de los pueblos originarios de Guatemala, “ya se realizaron más de 80 consultas a nivel nacional, ahora nos toca a nosotros decir si estamos de acuerdo o no que se afecten los intereses de nuestra comunidad, en los ríos Cahabón y Oxec”, indicó.

Caal también puso en duda el actuar de la Corte de Constitucionalidad con la sentencia emitida, comentado que, “da la orden de hacer una consulta pero existe duda si es solo a once comunidades o a todas las de Cahabón, de ser solo a las once agrava más la situación”, expresó.

“También, creemos que la sentencia es inconstitucional, porque menciona que si nos oponemos a la consulta del MEM perdemos el derecho de expresarnos. La CIDH que acaba de visitarnos recalcó que si no hay reglamento para realizar la consulta comunitaria no es problema de las comunidades, sino que, del gobierno”

“Y debieron de suspender las actividades a las hidroeléctricas, porque luego de reconocer que hubo violación de los derechos de las comunidades q’eqchies de Cahabón, le da a la empresa un año más para seguir violando nuestros derechos y hacer la consulta”, agregó el dirigente campesino que aseguró que el domingo se realizará una fiesta cívica.

Al tener los resultados de la consulta de “Buena Fe” se considerara que es la expresión del pueblo y los enviaran a la OIT y CIDH, aseguró

Este martes, en conferencia de prensa, las organizaciones la Asamblea Social y Popular y el Consejo de Autoridades de la Consulta de Cahabón apoyaron e invitaron a respaldar y participar activamente en la Consulta de Buena Fe de las comunidades Q’eqchi’ de Cahabón sobre los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II que se realizará el próximo domingo 27 de agosto en todas las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, se agregó.

Hugo Maúl, director económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) refirió que aunque cada expositor ofreció sus conclusiones, hubo coincidencias en varios temas.

En el caso de la tarifa que se cobra por alumbrado público expuso que quien tiene que ponerle el cascabel al gato es el Congreso de la República,  organismo que debe viabilizar  una ley con fundamento técnico y que se superen las divisiones políticas.

La Tarifa Social sería labor del Congreso, pero también del Ministerio de Finanzas para asumir dentro del presupuesto el financiamiento con el fin de transparentar ese subsido. Esa labor debe hacerse con base a un estudio para que ese beneficio se destine al  grupo más necesitado.

En el tema de la regulación del decreto 169 de la OIT y que se refiere a las consultas a comunidades indígenas, menciona que es una responsabilidad el Organismo Ejecutivo hacer una propuesta de como se va a reglamentar y luego en el Congreso darle fuerza mediante un ley para “que sea más creible la normativa”.

El otro factor mencionado en el foro fue la necesidad de planificar a largo plazo el desarrollo del sector. Medidas que deben pasar por Segeplan, los Ministerios de Economía y de Energía y el sector empresarial organizado.

Se debe tener claro que el desarrollo de Guatemala a futuro “necesita un sector eléctrico esté a la altura para cubrir ciudades intermedias, nuevos centros industriales y cubrir el crecimiento poblacional, pero también aumentar la cobertura de electrificación”, añadió.

En el foro participaron Carmen Urizar y José Toledo, expresidentes de la CNEE, el actual viceministro de Energía Rodrígo Fernández y otros expertos.

¿Es necesario reglamento?

El Ministerio de Trabajo efectúa desde octubre del 2016 un diálogo nacional para construir una guía de estándares básicos para la consulta a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sin embargo, ahora refiere que este proceso no implica la reglamentación de las consultas.

Dicho ministerio refiere en un comunicado de prensa que la intención del diálogo es orientar al Organismo Ejecutivo de cómo debe consultar a los pueblos interesados con procedimientos apropiados y constituye un mecanismo y metodología para que el Estado cumpla con la obligación de consultar.

Las consultas deben efectuarse mediante un instrumento abierto, participativo, flexible y adaptable a las realidades y prácticas de los pueblos indígenas, pero deben darse de buenas fe para llegar a un acuerdo o consentimiento de las acciones que se consultarán.

Sin embargo,  luego aclara que este proceso no implica la reglamentación de las consultas y que el diálogo sigue abierto a la participación.

El tema sale a relucir cuando se conmemora  el Día Mundial de la Lengua Materna —hoy— y  el Día Mundial de la Justicia Social —ayer—, pues a pesar de que Guatemala es el segundo país de América Latina, después de Bolivia, con mayor número de población indígena —60 por ciento, según estimaciones, y 40%, según el último censo poblacional del 2002—, las políticas enfocadas en la parte multiétnica, multilingüe y pluricultural no se reflejan en las instituciones del Estado, aseguran analistas.

Entre las principales barreras que se afrontan en el tema de justicia e idioma destacan la distancia que hay entre las comunidades rurales y los juzgados, así como  la falta de operadores de justicia indígenas, según Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados Mayas Nim Ajpu.

El diputado Amílcar Pop  criticó   las debilidades del sistema de justicia de Guatemala, y señaló que el país es ajeno a la cultura de los pueblos y no coordina con las estructuras ancestrales, lo que lo hace “profundamente” racista.

“Los pueblos en consecuencia afrontan una justicia racista, excluyente poco comprensiva. Eso incluye la criminalización del modelo económico del Estado, reflejado en una justicia que en alto porcentaje favorece al que puede más económicamente”, señaló Pop.

Derechos

Sergio Beltetón, quien ha sido asesor jurídico de la Defensoría Maya y del Comité de Unidad Campesina, comentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y triviales, y   los Acuerdos de Paz  son herramientas  para exigir al Estado igualdad, pero aduce, que existen sectores conservadores que funcionan como detractores.

  “Los artículos 44 y 46 de la Constitución indican que todo convenio en materia de derechos humanos aprobado por Guatemala tiene prominencia sobre la legislación ordinaria; los jueces tienen temor y no les gusta citar las normativas, y un caso claro es el de las radios comunitarias, donde prácticamente se inventó el delito de hurto de frecuencias”, comentó Beltetón.

Añadió que en lugares como Cobán, Alta Verapaz, es difícil litigar, porque existen influencias de  finqueros en  casos de despojo de tierras a las comunidades.

“Siento temor y complicidad de los órganos de justicia, son influenciados por parientes y amistades de finqueros”, señaló.

Desigualdad

 
Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, reconoció que en el tema de justicia hacia los pueblos indígenas hay un rezago de forma general, pues en ese departamento se hablan  ocho idiomas;  mam, q’anjob’al, popti’, awakateko, chalchiteko, tektiteko,  chuj y k’iche’.

A criterio de Jorge Mynor Martínez, abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal de Santa Cruz del Quiché, son varios los problemas que a diario enfrentan en los procesos, a causa de las barreras idiomáticas.

Édgar Racancoj, integrante de la Red Contra la Discriminación y el Racismo de Quetzaltenango, explicó que el pluralismo hace referencia a que se reconozca y acepte que los pueblos mayas tienen su propia visión de la justicia, la cual es diferente a la estatal.

“En Quetzaltenango el sistema de intérpretes debería contar con personas que hablen mam, q’anjob’al,   k’iche’ y kaqchikel, tomando en cuenta que  es una ciudad satélite a donde vienen personas de las comunidades de todo el país”, expuso el antropólogo Ignacio Camey.

  Medida favorable

En el 2013, el Organismo Judicial, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas creó el Centro de Interpretación, que asesora y facilita la traducción en los procesos judiciales.

Esa unidad   tiene presencia en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, Quiché, Chimaltenango y Alta Verapaz, y cuenta con 200 intérpretes para   22 idiomas.

El  xinca y garífuna no está contemplados   porque no hay demanda.

ENTREVISTA

“Hay prejuicios contra la mujer”

Para Sonia Gutiérrez, integrante del consejo directivo nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, el Estado ha hecho poco para garantizar el derecho a la justicia para los indígenas, a pesar de que ha creado instituciones que dan apoyo en las comunidades, pero que  por falta de recursos no cumplen con su cometido. 

¿Tiene total  acceso a la justicia la población indígena?

Definitivamente no. Aún persisten limitaciones  con respecto de la  distancia hacia  los juzgados, y dominan los servicios en monolingüe, contrario a la diversidad cultural de nuestro país.

¿El idioma sigue siendo un enigma a pesar de que existe la Ley de Idiomas Nacionales?

Es una legislación a la que se puede recurrir, pero falta su operativización en las comunidades por parte del Estado.
Existe una clara brecha y lo único que se destaca es la designación de intérpretes en los procesos penales, pero qué pasa con aquellas faltas que se suscitan cotidianamente en las comunidades. Solo con intérpretes no resuelve el problema, se requiere  de una atención integral.

¿Cómo incidir en el sistema de justicia para que los derechos de las personas sean respetados?

Desde los pueblos indígenas  hay entidades y autoridades  que realizan un ejercicio enfocado en resolver los asuntos   de la comunidad. Más que  apoyo se debe administran la justicia, y con ello, se le descarga trabajo al Ministerio Público, y los juzgados.

¿Hay más  desventaja para la mujer indígena?

En materia de mujeres indígenas persisten agravantes, como los prejuicios y
estereotipos por  portar una indumentaria indígena y hablar  su idioma materno. Son  las barreras que existen en el imaginario social y que se anteponen a la hora de la búsqueda de justicia u otro servicio público.

Agunos casos

Líderes indígenas  señalan lentitud en procesos judiciales. 

• Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar,  líderes comunitarios y opositores a las hidroeléctricas en Huehuetenango, están detenidos desde hace un año, pues se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su abogado, Sergio Beltetón, los cataloga como presos políticos. 
• En el  2013, el Consejo de Pueblos Mayas y  Xinkas de Guatemala denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “sistemática violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
•   Solo cuatro  casos por discriminación han logrado condena favorable en los tribunales, a pesar de que la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo ha recibido,   desde  el 2002, más de dos mil 400 denuncias.
• En el  caso de la hidroeléctrica   Chixoy, el Gobierno no ha cumplido con  el resarcimiento.
• El caso  del exjefe de Estado Efraín   Ríos Montt, señalado de genocidio, no prospera, según líderes indígenas.

O. Figueroa, M. J. Longo, J. Rosales, A. Julajuj, C. Grave y M. Castillo