El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dejó de pagar las pensiones de vejez a los opositores nicaragüenses que fueron desnacionalizados el pasado 10 de febrero tras ser declarados “traidores a la patria” , denunciaron este 25 de febrero los afectados al medio digital Confidencial.

Entre los afectados se encuentran la legendaria excomandante guerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de armas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan.

También el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos; y la excomandante guerrillera, historiadora y disidente sandinista Mónica Baltodano.

Además el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli, hermano de la escritora y poetisa Gioconda Belli; entre otros.

EN ESTE MOMENTO

Nuevo grupo de países, que incluye a Guatemala, mantendrá prohibición de aranceles a descargas digitales de libros, juegos música, películas entre otros

Pescado, tomate y limón: los productos con mayores alzas por Semana Santa, junto a otros productos de temporada

Chivarreto 2026: más de 100 peleas a puño limpio se harán el Viernes Santo

Según los afectados, entre el 19 y 21 de febrero pasados, que es la fecha en que el INSS pagó la pensión de vejez del presente mes, sus familiares, a quienes dejaron un poder especial para retirar los pagos, no la recibieron bajo el argumento de que no aparecían en los registros de los asegurados tras ser despojados de su nacionalidad.

Hasta ahora el Gobierno de Ortega, ni el INSS, han hecho pública ninguna normativa al respecto.

Según Confidencial, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ordenó la ejecución de la medida en base a las sentencias del Tribunal de Apelaciones de Managua, del pasado 9 y 10 de febrero, respectivamente, que los declaró apátridas, traidores de la patria y prófugos de la Justicia.

El exministro Belli, exiliado en EE.UU. desde junio de 2021, calificó de “robo” el despojo de su pensión, que retiraba alguien de su confianza a quien dejó un poder legal, y está vez no pudo hacerlo porque, según dijo un trabajador del INSS, “el señor Belli no está en el sistema”.

“La sentencia que nos declara traidores a la patria y nos quita nuestra ciudadanía, manda congelar nuestros bienes inmuebles, pero no un ingreso que nos pertenece por ley, como la pensión, que no es una dádiva, sino un derecho que nos ganamos después de ahorrar por muchos años”, reprochó Belli, en declaraciones a Confidencial.

“Ellos se lo están robando, porque este tipo de sanción no está prevista en ninguna ley, ni en la Constitución”, añadió.

Dictadura confisca, es decir se roba, pensiones del INSS a jubilados “apátridas”. Ortega y Murillo meten sus manos en las cuentas bancarias en la que depositan pensiones y las dejan en cero. Quede claro No es confiscación es ROBO. #Nicaragua

— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) February 24, 2023

Belli, que posee la nacionalidad italiana, anunció que se puso en contacto con la Embajada de Italia en Nicaragua para pedir apoyo y buscará un abogado para explorar opciones legales contra el Estado nicaragüense.

Por su lado, el exsecretario de relaciones internacionales del FSLN, quien recibía el pago de la pensión en una cuenta bancaria, catalogó la medida de “canallada, brutalidad y desprecio a los derechos humanos”, que “redondea un conjunto de atrocidades que no tiene precedentes en América Latina, ni en el mundo”, denunció.

Para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien se le rebeló a Ortega por no permitir elecciones libres en su país y quien también fue desnacionalizado, el despojo de las pensiones a los jubilados es “un robo”, según escribió en Twitter.

Nicaragua ha retirado la nacionalidad a 317 nicaragüenses, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, al exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, a la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, y al periodista Carlos Fernando Chamorro.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Con las ideas claras sobre su papel como periodista, Carlos Fernando Chamorro, director del periódico nicaragüense El Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, identifica los hechos que durante casi 15 años han llevado a Nicaragua y a sus ciudadanos a vivir bajo un estado absolutista disfrazado de estado democrático, en el cual el balance de poderes es una farsa y las garantías constitucionales existen solo en el papel.

Mire aquí la entrevista que le realizó el jefe de la Mesa Central de Prensa Libre, Antonio Barrios:

Si prefiere leer la entrevista puede hacer clic acá: Carlos F. Chamorro: “La matanza que se está dando en Nicaragua debería llamar la atención a toda América Latina”

Con las ideas claras sobre su papel como periodista, Carlos Fernando Chamorro, director del periódico nicaragüense El Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, identifica los hechos que durante casi 15 años han llevado a Nicaragua y a sus ciudadanos a vivir bajo un estado absolutista disfrazado de estado democrático, en el cual el balance de poderes es una farsa y las garantías constitucionales existen solo en el papel.

En una rápida visita a Guatemala, Chamorro, integrante de una de las familias más influyentes en el periodismo y la política centroamericana, describe la crítica situación que afronta su país natal, de cara al 7 de noviembre, cuando en lugar de elecciones libres y democráticas habrá “un ritual de votaciones sin competencia política”, donde la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, saldrá victoriosa.

Acá puede escuchar la entrevista:

Con el ejemplo de Nicaragua y la tiranía que lo que la gobierna, ¿qué rasgos, qué síntomas son los que deberíamos ver los centroamericanos y los latinoamericanos como alerta para no convertirnos en una Nicaragua?

Cada país tiene su propio termómetro político para ver si existen o no balances ante el poder, cuando proyectos autoritarios pretenden imponerse, sean estos de izquierda o de derecha o no tengan ideología. La libertad de prensa es uno de estos rasgos. Cuando el régimen de Ortega regresó al poder en 2007 llegó para aplastar a la prensa. Son gobiernos que quieren competir con la prensa, competir con nuestra función de fiscalizar al poder, para establecer la agenda pública.

Un gobierno autoritario como el de Ortega entra y define a la prensa como el enemigo. Y al enemigo se le aplasta, se le silencia, se le calla creando su propio aparato de medios. Ha sido un proceso lento; es decir que han sido 15 años de acumulación de poder, pues en algún momento el régimen tenía más tolerancia a la prensa crítica, porque no tenía oposición. En Nicaragua, los partidos políticos de oposición habían sido liquidados y ellos tenían el control de todo.

Cuando la gente salió a protestar a las calles, en 2018, y desafió al régimen, entonces la prensa se convirtió en el blanco principal de ataques y fue cuando se produjeron agresiones, asesinatos, asaltos y censura.

Ortega y sus allegados están usando el sistema de justicia de Nicaragua, cooptado a lo largo de los años, para atacar a cualquiera que se oponga al régimen. ¿Cómo fue ese proceso de cooptación de la justicia y pérdida de contrapesos?

Hubo una transición democrática en los años 90, cuando el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, inició ese proceso de transición. Las instituciones democráticas no eran perfectas, pero se estaban estableciendo las bases de una justicia con cierta autonomía o de una contraloría. Pero había tensiones, y Ortega inicia desde la oposición un proceso de captura de las instituciones del Estado. Estoy hablando realmente de captura del poder judicial, del poder electoral, desde abajo.

Sin embargo, hace un pacto corrupto con el entonces presidente, Arnoldo Alemán, y prácticamente se repartieron los poderes de Estado de forma bipartidista. Se repartió la Corte Suprema de Justicia y a la Contraloría la colegiaron para poder nombrar varios contralores. Igual hicieron con la Fiscalía, nombrando un fiscal y un vicefiscal.

No se diga lo que hicieron con el poder electoral. Ese pacto llevó a rebajar el umbral para ganar las elecciones en primera vuelta. Era del 5 por ciento y lo bajaron al 35 por ciento, para ajustarlo a la medida de la talla política de Daniel Ortega. Entonces él gana una elección con el 38 por ciento en primera vuelta, por esa regla.

¿Una tiranía como la de Ortega no se trata de imposiciones de ideología, sino es un tema de pérdida de derechos?

En Nicaragua hubo espacios. Era un régimen híbrido, había espacios de libertad de expresión. Todo eso se fue cerrando cuando esta dictadura institucional fue desafiada por la protesta popular. Entonces se convirtió en una dictadura sangrienta, al grado de que hoy se vive bajo un estado policial, donde no se suspendieron nunca las garantías constitucionales, pero no hay derecho de libertad de reunión, de movilización, y la libertad de prensa está perseguida.

La libertad de expresión ciudadana también está perseguida en Nicaragua, pues es un crimen ondear la bandera nacional. Hay personas que están en la cárcel por eso. Hay personas que han sido asesinadas por gritar “Viva Nicaragua libre”, porque ya llegamos al estado de la intolerancia total.

Hay algo muy importante sobre la naturaleza de las instituciones democráticas. No basta solo con las leyes y el respaldo de la población a estas instituciones. Los individuos son clave. En Nicaragua, por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral, que venía del sandinismo, lo dirigió una persona íntegra, proba, cabal, demócrata, el doctor Mariano Fiallos Oyanguren, que en 1990 dijo: “Aquí perdió Ortega y ganó Violeta Barrios de Chamorro, y se acabó la discusión”.

Pero hubo otros individuos, como la exjefa de la Policía Nacional Aminta Granera, una policía que se había profesionalizado y al final se sometió al mandato de Ortega. Y hoy tenemos una policía corrupta que responde a la familia Ortega Murillo, y es el principal aparato de represión.

Lo mismo ocurrió con el Ejército, que fue cooptado por Ortega, con corresponsabilidad del jefe del Ejército, Julio César Avilés, que lleva tres períodos en el cargo porque Ortega torció la ley para ofrecerle al caudillo militar una serie de prebendas para dejarlo en el poder.

¿Y lo mismo fue con otras instituciones?

Durante la protesta de 2018, en esta insurrección cívica que hubo en Nicaragua vimos casos de fiscales, vimos casos de jueces, vimos casos de policías que renunciaron o que fueron expulsados porque no quisieron colaborar con el esquema represivo, pero en este momento la maquinaria es total.

Es decir, la maquinaria electoral empieza desde las juntas receptoras de voto controladas por el Partido Frente Sandinista hasta los magistrados del Consejo Supremo Electoral ,donde todos pertenecen a ese partido.

El bipartidismo que antes existía en el poder Judicial se acabó. Hoy, simplemente, hay un monopolio total del Partido Frente Sandinista. Por eso, cuando venía en Nicaragua esta oportunidad de las elecciones del 7 de noviembre, otra gente decía: “Bueno, pero si Ortega controla el aparato electoral, ¿qué problema tiene permitir una competencia política?” Y al final, Ortega decidió simplemente eliminar la competencia y decapitar a la oposición.

¿Cuál es la situación de la prensa nicaragüense y cómo es reportar lo que está ocurriendo desde el exilio, como su caso, o desde la resistencia y clandestinidad, como los que siguen en suelo nicaragüense?

Es muy difícil hacer periodismo independiente y de calidad cuando hay un clima general de persecución, cuando se cierran las fuentes, porque también las fuente tienen miedo de hablar y estoy hablando de las fuentes independientes, de los médicos que están informando y previniendo la covid-19, que también eso es un crimen en Nicaragua; los sacerdotes también salen al exilio, los empresarios se cierran como fuentes de información y por el otro lado cuando se cierran los medios de comunicación.

Creo que la clave de la resistencia tiene que ver, número uno, con la persistencia de los periodistas de contar la verdad, de decidir no aceptar la censura y la autocensura, aunque a veces hay que tener que llevar el camino del exilio.

En segundo lugar, la alianza, el matrimonio entre periodistas y ciudadanos. Sin la gente que salió en Nicaragua con sus teléfonos celulares a documentar la represión, a documentar las protestas, habría sido imposible para nosotros cubrir ese tipo de fenómenos y por el otro lado también hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología con las redes sociales y con el Internet.

Sin el internet nosotros no podríamos en Nicaragua transmitir las noticias y tampoco podríamos transmitir programas de televisión cómo lo que yo hago, y que están censurados  en la televisión abierta y en el cable, y sin embargo se difunden a través de Facebook y de YouTube.

Y una cosa más, hay un periodismo colaborativo, hay un periodismo que está perseguido y que se tiene que autoproteger de la represión y de compartir noticias. Esa idea de la primicia, bueno, muchas veces nosotros buscamos a distintos medios para que, de manera colectiva, se puedan difundir las noticias.

¿Cuál debe ser la lectura y el aprendizaje para el resto de periodistas en Latinoamérica?

Creo que es clave la relación que los periodistas tenemos que tener con nuestras audiencias. Sin nuestra audiencia nosotros verdaderamente no tenemos posibilidades de sobrevivir y nuestra relación con las audiencias depende de nuestra credibilidad. Nosotros no somos activistas, mucha gente dice: “es que ustedes son periodistas opositores”, y no. Nosotros somos periodistas independientes que estamos fiscalizando al poder y también vamos a fiscalizar a la oposición. La credibilidad es clave y por el otro lado tender esas redes y esos puentes con la audiencia.

Ha citado varias veces las protestas ciudadanas de los últimos tres años. ¿Qué ocurrió con los estudiantes, con el sector privado, con las iglesias, en especial la Católica de Nicaragua?

La crisis nicaragüense tiene un arco de tiempo ya de tres años. Hubo un momento de esperanza de que se podía lograr un cambio como resultado de las marchas, de las protestas, pero eso fue aplastado a sangre y fuego por la Policía y los paramilitares. Después viene la etapa del apresamiento masivo de la oposición, del exilio masivo, y luego vino el estado policial, que quiere decir que no es posible en Nicaragua la protesta cívica porque está criminalizada, como está criminalizado el periodismo.

Y ahora se cerró la vía electoral, porque desde el momento en que los siete principales precandidatos de la oposición están siendo procesados por delitos que no cometieron, pues los acusan de traición a la patria porque han demandado elecciones libres, y ahora todos están presos. El 7 de noviembre, en Nicaragua no habrá elecciones, habrá un ritual de votaciones sin competencia política.

¿Qué futuro tiene Nicaragua y hasta dónde llegará el régimen Ortega Murillo?

Ortega ha demostrado que a este régimen personalista, a este régimen familiar, realmente no le interesa la destrucción del país, no le interesa la destrucción de la economía y lo único que quiere es atornillarse en el poder y no importan los costos.

Va a llegar hasta donde se lo permita la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional. Después del 7 de noviembre uno se pregunta ¿qué gobiernos de América Latina, de Centroamérica, de Europa, Estados Unidos, Canadá van a reconocer la legitimidad de esta dictadura que se reelige casi como un régimen de partido único?, ¿habrá reconocimiento político diplomático? y si no lo hay, ¿qué acciones además de esa puede tomar la comunidad internacional para ejercer presión.

La única salida que tiene Nicaragua pasa primero por la liberación de todos los presos políticos; esos juicios son espurios y ahí están reunidos más de 35 líderes políticos, empresariales, periodistas, defensores de Derechos Humanos, líderes campesinos, líderes estudiantiles qué están siendo criminalizadas por el régimen; la libertad de los presos es el primer paso.

El segundo paso tiene que ver con restablecer las libertades democráticas, tiene que haber una reforma electoral para ir a una nueva elección. La pregunta es: ¿se puede lograr eso con Ortega y Murillo en el poder? Hasta hoy eso no es posible y lo único que puedo concluir es que este régimen puede prolongar su agonía en el poder ¿Por cuánto tiempo? no sabemos, pero no es sostenible.

La única salida que Nicaragua tiene es una salida cívica, no es una salida armada. Nunca ha estado contemplada la posibilidad de un enfrentamiento como Ortega quiso forzar al pueblo de Nicaragua al provocar una guerra civil.

¿La respuesta de la comunidad internacional ha sido tibia? ¿Latinoamérica ha sido demasiado tolerante con los gobiernos como el de Ortega?

Creo que la comunidad internacional está atenta a lo que pasa en Nicaragua. Ha tomado un proceso largo, primero había un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en la OEA y de parte de la ONU de que en Nicaragua hay una crisis humanitaria que está provocando el exilio y también migración al sur y al norte. Luego vino un proceso en el que algunos gobiernos como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suiza y la Unión Europea han aplicado sanciones contra los violadores de derechos humanos de Nicaragua y no contra el pueblo de Nicaragua, sino contra la cúpula del régimen de Ortega.

La pregunta es sí tendrán o no la capacidad de dar un siguiente paso y ese siguiente paso tiene que ver con el aislamiento total de este régimen para pasar a cerrar algunas llaves de financiamiento económico que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Creo que en Centroamérica particularmente y en América Latina hace falta mucho mayor atención a la crisis de Nicaragua. Yo diría que esta es la peor crisis que hoy se vive en América Latina, y es triste comparar el dolor del pueblo de Nicaragua con el dolor de Venezuela, con el dolor de Cuba, pero la matanza que se está dando en Nicaragua, el encarcelamiento masivo de la oposición, debería llamar la atención a todos los países de Centroamérica y América Latina.

La oposición de Nicaragua se organizó este domingo para protestar contra el presidente Daniel Ortega, pese a que un amplio y extraordinario despliegue de la Policía Nacional en Managua evitó el desarrollo de una marcha multitudinaria antigubernamental.

LEA ADEMÁS

Crisis en Nicaragua ha generado pérdidas de 24% en ventas señalan cámaras de comercio regionales

Luego de cancelar una marcha prevista para este domingo en el centro actual de Managua, los organizadores de la manifestación llamaron a los nicaragüenses a realizar “piquetes express” (protestas fugaces) en cualquier lugar seguro, para evitar ser capturados por la Policía.

Una cantidad de patrullas policiales pocas veces vistas y fuertemente armada, se desplegó por las principales calles de la capital nicaragüense en convoyes de entre 10 y 15 vehículos, incluyendo todoterrenos y cárceles móviles, con el objetivo de evitar la manifestación contra Ortega.

Los policías lograron evitar la marcha, no así las expresiones de rechazo hacia Ortega, que se presentaron en diferentes puntos de Managua, en reclamo por la libertad de los “presos políticos” y justicia para los cientos de manifestantes muertos por ataques armados de las fuerzas combinadas del Gobierno.

Recomendamos leer: “Mi padre, Daniel Ortega, abusó de mí desde los nueve años”

Pequeños grupos de manifestantes ondearon la bandera de Nicaragua en las esquinas, calles de tráfico frecuente y en diferentes templos católicos, para demostrar repudio al gobernante nicaragüense, en escenas que duraban poco más de dos minutos, lo que dio poco tiempo de actuar a los policías.

Los “piquetes express” estuvieron acompañados de consignas como “¡Viva Nicaragua libre!”, “¡Justicia!”, “¡Vivan los estudiantes!” o “¡Queremos marchar!”.

Las consignas más repetidas aludieron directamente a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes gritaron, “¡No es presidente, es un delincuente!”, “¡De que se van, se van!” o “¡Sobaco peludo, te vas con el trompudo!”.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que organizó las protestas, reportó que un joven fue herido con una bala de goma en la cabeza, disparada por un policía hacia el interior de la catedral de Managua.

También informó de 6 manifestantes “secuestrados” y trasladados a estaciones de la Policía, además de un campesino que denunció ser capturado y golpeado por un grupo de agentes, quienes, según dijo, robaron sus pertenencias y lo tiraron en calzoncillos cerca de una parroquia en presencia de un grupo de manifestantes.

En un comunicado la Unidad urgió a la comunidad internacional “cumplir con su responsabilidad de hacer valer el principio de universalidad y proteger los derechos humanos de este pueblo, mil veces avasallado por esta dictadura, es hora de actuar”.

Según la oposición, “el régimen Ortega Murillo está señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, es ilegítimo de origen, rompió el orden constitucional y se impone únicamente por la fuerza y la represión”.

Diferentes miembros de la Unidad calificaron la jornada de “exitosa”, pese a que no realizaron la marcha, pues a su juicio “el régimen se debilita más al exponer semejante parafernalia armada”.

Por si no lo vio: Nicaragua perdió 158 mil empleos en 2018 por la crisis

La marcha convocada originalmente tenía como objetivo exigir la liberación de los 809 “presos políticos” de Nicaragua, para evitar que corran la misma suerte que el manifestante Eddy Montes Praslín, de 57 años, quien falleció en la cárcel la semana pasada, al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras.

Desde el estallido social del 18 de abril de 2018, unas 325 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales cuentan hasta 594, aunque el Gobierno reconoce 199.

Contenido relacionado

> “Ortega cederá cuando la presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema

> Estados Unidos sancionará a hijo de Daniel Ortega

> Estados Unidos tiene sobre la mesa la opción militar para Nicaragua

Le puede interesar

La oposición vuelve a retar a Daniel Ortega

“El Infiernillo” es una celda aislada en el centro penitenciario más grande de Nicaragua, conocido como “La Modelo”, que las autoridades utilizan como calabozo de castigo, según los presos, debido a las pésimas condiciones en su interior.

Las personas que han pasado por dicho calabozo afirman que es un lugar oscuro, donde apenas entra el aire, con temperaturas sofocantes durante el día y frías en la noche, insalubre, con acceso limitado al agua, y plagado de insectos, cucarachas, zancudos, alacranes (escorpiones).

Junto con Powell fueron llevados Lenín Antonio Salablanca Escobar, Emmanuel Dávila Largaespada, Roberto José Cruz Altamirano, Moisés Cáceres y Róger Espinoza Méndez, todos considerados “presos políticos”, según detalló Montenegro.

Presos políticos

Algunos de los “presos políticos” más conocidos de los que han estado o se encuentran en “El Infiernillo” son el líder campesino Medardo Mairena, el dirigente juvenil Yubrank Suazo, y el periodista Miguel Mora.

Los reos forman parte de una lista de al menos 809 convictos que, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, son utilizados como “rehenes” por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas.

La CPDH ha denunciado que los “presos políticos” sufren actos de tortura y trato inhumano dentro de las cárceles de Nicaragua.

El Gobierno, que reconoce 468 reos, a quienes llama “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”, ha prometido excarcelar a todos a más tardar el 18 de junio, no obstante, el Comité exige la liberación absoluta, con base en que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho la libertad de expresión.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos en los últimos 13 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales elevan la cifra hasta 568 víctimas, y el Gobierno reconoce 199.

Contenido relacionado

>Crisis en Nicaragua, a un año del inicio de las protestas

>Manifestantes excarcelados narran maltrato sufrido en prisiones de Nicaragua

>Policía reprime a periodistas que cubrían manifestación en Nicaragua

Esa es la pregunta que muchos se hacen este viernes en el país centroamericano, donde la principal noticia es la aprobación en la Asamblea Nacional este jueves de la compra de Bancorp por US$23 millones.

La idea del gobierno de Ortega, según dijeron diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es crear un Banco Nacional de carácter público que “fortalezca” el sistema financiero local y haga competencia a los bancos privados, que según el oficialismo causaron la recesión del año pasado como parte de un “golpe de Estado”.

La compra, ordenada por Ortega con carácter urgente y aprobada por la mayoría oficialista, se hará a través de la emisión de bonos soberanos a cinco años y con una tasa de interés del 6% anual.

La oposición criticó la compra de Bancorp asegurando que no hay “razón financiera”, que “no se hizo una auditoria” y que la transacción no fue monitoreada por la Superintendencia de Bancos.

• Qué se sabe sobre los activos de Venezuela “congelados” en el exterior

Sancionado por vínculo con Venezuela

Bancorp fue creado en 2015 como una subsidiaria de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), una empresa que conjuga las operaciones de la venezolana PDVSA y la estatal Petróleos de Nicaragua.

Por ello, el banco nicaragüense se vio afectado por las sanciones anunciadas en enero por Washington a PDVSA solo cinco días después de que el líder opositor Juan Guaidó se juramentara como “presidente encargado” del país, lo que fue calificado por Maduro como intento de golpe de Estado.

• Crisis en Venezuela: qué está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para sortear las sanciones económicas de EE.UU.
• Crisis en Venezuela: ¿quién está comprando el petróleo venezolano tras las sanciones de Estados Unidos?

Sin embargo, Bancorp emitió un comunicado en febrero para desvincularse de las compañías afectadas por las sanciones.

“Banco Corporativo S.A. es un banco privado de capital nacional donde no existe participación accionaria de Albanisa, PDVSA o subsidiaria alguna de estas. De igual forma aclaramos que estas empresas no tienen incidencia sobre nuestras operaciones”, dijo en el texto.

“La repentina oferta de compra se interpreta más como una estrategia para escapar de esas sanciones, del mismo modo que está ocurriendo con la red de gasolineras propiedad de DNP Petronic, que pasaron a ser de bandera blanca para sacarlas de la mira del ejecutivo estadounidense”, publicó el portal nicaragüense Confidencial.

“El Departamento del Tesoro (de EE.UU.) va a ver con lupa esta transacción, y si considera que se trata de una manera de evitar la sanción (…), podría ser el caso de que sancionen directamente a esta nueva entidad recién creada”, le dijo a El Nuevo Diario Arturo Cruz Sequeira, exembajador de Nicaragua en EE.UU.

Con una contracción del 4% del Producto Interno Bruto, la economía nicaragüense entró en recesión en 2018, cuando el país se vio sacudido por una ola de protestas en contra del gobierno de Ortega.

Ortega es uno de los pocos aliados que el gobierno chavista mantiene en América Latina, en parte debido a los acuerdos de cooperación comercial firmados durante la última década.

Lea también

Las empresas que podrían cerrar por la reforma fiscal en Nicaragua

Las reformas fiscales, que son rechazadas por el empresariado, fueron aprobadas con 69 votos a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 15 en contra de los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Partido Conservador (PC), y la abstención de 5 diputados de diferentes partidos.

Las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega elevan el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.

El objetivo del Gobierno es recaudar 10.168 millones de córdobas (312 millones de dólares), el equivalente al 2,3 % del producto interno bruto (PIB), en un intento por paliar la abrupta caída de la economía, de un 4 % en el 2018 en comparación con el año anterior, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.

Justifican plan

Los diputados sandinistas argumentaron que las reformas son la única manera de garantizar el gasto público en medio de la crisis.

El PCL, que emitió un voto en contra razonado, sostuvo que la medida tendrá un resultados negativos, ya que impacta los productos de la canasta básica y “provocan un encarecimiento de los costos de producción”, lo que podría causar un daño peor a la economía nicaragüense.

Las reformas fueron aprobadas este miércoles, luego de tres aplazamientos de su discusión en el Parlamento y en medio de la confusión creada por la liberación desordenada de una parte de las personas presas por protestar contra Ortega, y del inicio de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para superar la crisis.

Las reformas fueron precedidas por cambios en la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de febrero, que elevaron las cuotas de las patronales y los empleados, la cantidad de semanas cotizadas para el retiro, y que bajan el monto de las pensiones.

Rechazo y crisis

Esas reformas han sido rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que no resuelven el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Contenido relacionado:

> Daniel Ortega anuncia diálogo nacional “sin multitudes ni medios”
> Nicaragua perdió unos 158 mil empleos formales en el 2018 por crisis sociopolítica
> Economía de Nicaragua se desplomará si no se resuelve crisis

LEA TAMBIÉN:

Estas son las empresas que podrían cerrar por la reforma fiscal en Nicaragua

También “sobre la importancia de dar continuidad a las Mesas de Intercambio Constructivo entre nuestro Gobierno y la Secretaría General de la OEA, a fin de avanzar en ruta hacia reformas electorales y hacia las elecciones presidenciales del 2021″, señaló el Gobierno de Managua.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional valora la importancia de este intercambio y el acuerdo de mantener el canal de comunicación abierto con la Secretaría General de la OEA”, agregó.

El 7 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora de un diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio pasado, propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección.

El mandatario sandinista lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.

Lea también: Economía de Nicaragua se desplomará en 2019 si no se resuelve crisis

Tanto la OEA como diferentes sectores de la sociedad de Nicaragua han recomendado a Ortega adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021 para acabar con la crisis de forma pacífica, pero hasta el momento no han tenido éxito con esta sugerencia.

En tanto, la Secretaría General de la OEA informó que el Gobierno nicaragüense anunció sus intenciones de fortalecer su proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la Ley.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro -quien solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua- ha dicho que “en la democracia no puede existir represión, ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”.

El Consejo Permanente de la OEA dio por iniciado en enero pasado el proceso de aplicación de la Carta con base en su artículo 20, que se aplica “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El mismo artículo resalta que el Consejo Permanente de la OEA “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Además: Anonymous hackea web de la Cumbre Iberoamericana en protesta por visita de Daniel Ortega

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde abril, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.

Contenido relacionado

> Entran en vigor polémicas reformas a la seguridad social en Nicaragua

> Fotos revelan la represión de Daniel Ortega a los nicaragüenses

> EE. UU. permitirá a familiares pedir asilo para niños en Istmo

La Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne) advirtió sobre un posible quiebre y cierre de empresas en ese sector, en caso de que se apruebe una polémica iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria.

“Estas reformas que se pretenden imponer sobre los productores agrícolas, ganaderos, industriales, consumidores y pueblo en general, llevarán a la quiebra y cierre de empresas, a más desempleo en el campo y la ciudad, la destrucción de la economía y un acelerado aumento de la pobreza de la población”, vaticinó Canicarne en una declaración pública.

LEA TAMBIÉN:

De esta forma puede salvarse la petrolera Pemex, según plan que reveló el presidente de México

Por tanto, esa Cámara lamentó que el Gobierno que preside Daniel Ortega haya presentado una reforma fiscal de carácter recaudatorio y hecho modificaciones a la seguridad social, y las pretenda instaurar “sobre la economía nicaragüense, ya suficientemente quebrantada”.

El Gobierno de Nicaragua presentó la semana pasada en el Parlamento, controlado por el oficialismo, una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, ante la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.

El incremento del Impuesto sobre la Renta a las grandes empresas, que pasarían de pagar un 1 a un 3%, y a las empresas medianas, que del 1% pasarán a pagar el 2%, está entre las principales propuestas del Ejecutivo, que busca recaudar recursos tras la fuerte caída de la economía a causa de la crisis.

También incrementa en un 1.5% el impuesto a las exportaciones, cuyo monto actual depende de cada producto, y los servicios pagados en el exterior pasarán de un 15 a un 25%.

Mientras el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ordenó aumentar la cuota de las empresas y de los empleados en 3.5 y 0.75 puntos porcentuales, respectivamente, a partir del 1 de febrero pasado.

El producto interno bruto (PIB) cayó 4% en 2018, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La economía de Nicaragua bajará entre un 7.3 y 10.9% en 2019, según estimaciones de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Golpe al turismo

La crisis sociopolítica de Nicaragua ha golpeado “severamente” el talento humano en las empresas turísticas del país, desde el estallido social de abril pasado, informó este jueves la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

De acuerdo con un estudio presentado por la Cámara, el 93% de las empresas turísticas han sido “golpeadas severamente en cuanto al talento humano”.

Según el informe, realizado en enero y presentado hoy por la presidenta de Canatur, Lucy Valenti, el 78% de las empresas se vio obligado a reducir su personal en más del 50 por ciento, y otro 15% debió negociar con sus trabajadores para no realizar despidos, mientras que el 7% logró mantener el 80% de su planilla.

Valenti afirmó que unos 70 mil trabajadores salieron de las planillas de las empresas turísticas, de las que 62 mil 400 perdieron sus empleos, 6 mil 500 fueron trasladados, y 18 mil reestructuraron sus contratos para no ser despedidos.

“Los más calificados migraron a Centroamérica y a Norteamérica, muchos de ellos bilingües, lo hicieron hacia call centers”, detalló la empresaria.

“Esto significa que se ha minado la calidad del servicio turístico de Nicaragua, que está basado en el talento humano. Nos ha costado muchísimos años, mucho esfuerzo, en capacitar al talento humano, y ha tenido que emigrar”, agregó.

La crisis sociopolítica, que en 2018 causó una contracción de 4 por ciento en el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua, según datos oficiales, causó que el 64% de las empresas turísticas hayan cerrado el año “en estado de sobrevivencia”, indicó el estudio.

De las aproximadamente 7 mil empresas turísticas de Nicaragua, un 8.3% debió cerrar temporalmente en 2018, para no desaparecer por completo.

Al final del año pasado, el 74% de las empresas cerró con una merma del 30% en su capacidad, el 21% lo hizo con un 50% menos, y el 5% debió bajar su actividad en un 70%.

La industria turística ha sido una de las más afectadas por la crisis que atraviesa Nicaragua, que ha visto cómo las compañías aéreas reducen o cancelan sus vuelos al país, a la vez que hoteles y restaurantes han debido cerrar o atender a medias.

El turismo internacional dejó a Nicaragua ingresos por unos US$700 millones en 2017, un 9% más que los US$642.1 millones captados durante 2016, según el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).

Nicaragua, que hasta abril pasado era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, esperaba que su economía creciera entre un 4.5 y un 5% en 2018, sin embargo, se contrajo un 4%, como resultado de la crisis.

El país centroamericano sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Contenido relacionado:

> Por qué la economía de Nicaragua se desplomará en 2019 si no se resuelve crisis

> Entraron en vigor reformas a la seguridad social en Nicaragua

> Por estas razones el apagón en Centroamérica no provocó un apagón general en Guatemala

LEA TAMBIÉN:

En qué invertirá la SAT Q400 millones en los próximos 5 años

El gobierno Ortega, en el poder desde 2007, se vio sacudido en abril pasado por masivas protestas, cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos, mientras que miles se exiliaron por amenazas de muerte o encarcelamiento, según grupos humanitarios.

La crisis provocó, además, que la economía decreciera un 4% en 2018, “una caída que no se experimentaba desde los años 70”, siendo el turismo, la construcción, el comercio y sector financiero los sectores más golpeados, señala el documento.

El sistema financiero perdió más de US$1 mil 300 millones de dólares hasta el cierre de noviembre pasado, las recaudaciones tributarias cayeron en más de US$300 millones y la cooperación venezolana -un millonario flujo de recursos externos del gobierno- también se desplomó por la crisis que vive el país sudamericano, según Funides.

“Desde que inició la crisis se estima que han sido despedidas más de 400 mil personas, mientras que la pobreza continua incrementando”, agregó.

La ONG advirtió que “de extenderse la crisis en 2019, la tasa de incidencia de la pobreza alcanzaría alrededor del 30% de la población, es decir que alrededor de dos millones de personas vivirían con alrededor de US$1.79 o menos diario”.

“En paralelo las reservas internacionales han caído de forma continua, generando presión a la sostenibilidad del régimen cambiario en 2019”, alertó.

A eso se suma la imposibilidad del gobierno de obtener recursos financieros para hacer frente a sus crecientes obligaciones, la caída de la inversión extranjera, “las sanciones económicas aplicadas a Nicaragua y el aislamiento internacional”, subraya el informe.

Estados Unidos aprobó en diciembre pasado una ley conocida como Nica-Act que limita el acceso de Managua a créditos internacionales en respuesta a la represión que ejerció contra las protestas el año pasado.

El gobierno, por su lado, se niega a reanudar el diálogo con la oposición, que pide la liberación de los “presos políticos”, democratizar el país y adelantar las elecciones de 2021, entre otras demandas.

Contenido relacionado:

> Estas son las polémicas reformas a la seguridad social que cobraron vigencia en Nicaragua

> ¿Por qué los empresarios de Nicaragua pidieron permiso a la policía para protestar ante el Gobierno?

> Estas son las fotos que revelan la represión de Daniel Ortega a los nicaragüenses

LEA TAMBIÉN:

Por qué reaccionó de manera eufórica Donald Trump luego de conocer las cifras de empleo

A partir de ahora la cuota de las empresas y de los empleados se eleva en 3.5 y 0.75 puntos porcentuales, respectivamente.

De esta manera, las empresas con más de 50 trabajadores pasarán de pagar un 19 por ciento de las cotizaciones a un 22.5 por ciento, y los empleados, del 6.25 por ciento al 7 por ciento. Las que tengan hasta 50 plazas pagarán 21.5 por ciento.

Asimismo se reducen hasta un 30 por ciento los montos de las nuevas pensiones, que además se entregarán sin mantenimiento de valor por el deslizamiento del córdoba, moneda nacional, respecto al dólar, que hasta ahora se ajustaba en un 5 por ciento anual.

Adicionalmente el INSS eliminó el salario máximo cotizable, que hasta ahora es de 96.841 córdobas (2.984 dólares al cambio oficial de hoy), y todos los asalariados deberán cotizar en base de su sueldo real.

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha afirmado que dichas reformas, junto con los cambios que estudia el Parlamento a la Ley de Concertación Tributaria, “tendrán un efecto negativo en la economía” de Nicaragua.

La reforma fiscal ha sido propuesta por el Gobierno para aumentar la recaudación dada la caída de la economía a raíz de la crisis, que comenzó en abril pasado precisamente por unos cambios a la seguridad social que luego fueron anulados en un intento fallido por contener el descontento popular.

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) advirtió que el precio del 70 por ciento de los productos de la canasta básica podría dispararse hasta un 50 por ciento como producto de las reformas.

Las principales patronales, aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), también han rechazado las reformas, por considerar que no ofrecen una solución al problema de fondo que es la crisis sociopolítica, de la que señalan al presidente Daniel Ortega como principal responsable.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Contenido relacionado:

> Empresarios de Nicaragua pidieron permiso a policía para protestar ante Gobierno

> Por qué el apagón en Centroamérica no provocó un apagón general en Guatemala

> La percepción sobre corrupción es la peor para Guatemala

Lea también

El #10yearsChallenge de los millonarios, según Forbes

“Procedimos a solicitar ante la Dirección General de la Policía Nacional el permiso y la autorización para concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos de forma cívica y pacífica, el día 24 de enero del año 2019”, informaron los empresarios.

La solicitud fue hecha por las dos principales cúpulas empresariales del país centroamericano, como son el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), así como por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a prestigiosos economistas, y por entidades gremiales del sector.
En septiembre pasado la Policía Nacional declaró “ilegales” las manifestaciones contra Ortega, pese a las críticas de especialistas en derecho, que sostienen que la medida policial no tiene base legal.

Los empresarios afirmaron que su petición se basó en “el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece en forma expresa el derecho de los nicaragüenses a la ‘concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley'”.

Piden protección

El sector privado también solicitó a las autoridades que “brinde la protección policial debida, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los ciudadanos que participemos en la actividad”.

Desde abril pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes “de lesa humanidad”, y la Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país centroamericano, por ruptura del orden constitucional.

Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado fallido”.

Crecen muestras de rechazo

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) condenaron este lunes la “represión” en Nicaragua y mostraron disposición a tomar medidas para favorecer una solución “pacífica y negociada” a la crisis del país.

“La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”, precisaron los ministros.

Así se recoge en las conclusiones sobre Nicaragua aprobadas en su Consejo de hoy, en las que la UE lamentó la “brutal represión” de las manifestaciones iniciadas en abril de 2018 por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al Gobierno.

Esa represión, añade el texto, provocó enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales y heridos, y la detención de centenares de ciudadanos, con “irregularidades generalizadas y arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios”.

Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen “un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.

“La única manera” de abordar la crisis actual y responder a las “apremiantes” necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense es “iniciar un diálogo y una negociación verdaderos, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales”, añadieron.

Pidieron a las autoridades poner fin a la represión de manifestaciones públicas, periodistas y medios de comunicación independientes y organizaciones, así como garantizar su seguridad física y estatuto jurídico.

También exigieron liberar a todas las personas “ilegalmente encarceladas” y asegurar el respeto a las garantías procesales.

“Hoy tratamos Nicaragua gracias a la insistencia de España”, dijo el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, quien instó a la UE a “tomar en serio” que haya cientos de muertos y de heridos en el país centroamericano.

Borrell señaló que entre las medidas que contempla la UE están las “sanciones”, pero también acciones de “apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua”.

Contenido relacionado:

> La economía de Nicaragua no mejorará “con amenazas”, dicen empresarios

> Exportadores centroamericanos sufren pérdidas millonarias por crisis en Nicaragua

> Cierre de negocios y sin turistas: la crisis en Nicaragua castiga a la economía

Lea también:

Por estas razones Guatemala se abstuvo de votar sobre Nicaragua

La Policía se desplegó al norte de una concentración de trabajadores del Estado convocada por el Gobierno, para contrarrestar la protesta, en una línea de hasta un kilómetro.

A pesar de que el Gobierno ya había hecho coincidir manifestaciones anteriores en hora y lugar, hasta ahora no se había visto un amplio despliegue policial en la ruta de la marcha contra Ortega.

“Seguiremos resistiendo cívica y pacíficamente por una Nicaragua con justicia y democracia”, publicó la Alianza Cívica, que apoyó la convocatoria para este sábado, en respuesta a la fuerte presencia policial.

A pesar de que la Alianza confirmó la manifestación de hoy, sus integrantes no revelaron si cambiarán de ruta para evitar enfrentamiento, tal como ha ocurrido en situaciones de amenaza.

Nicaragua cumple hoy 4 meses en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Contenido relacionado:

> SIP demanda respeto a la prensa en Nicaragua
> Marchan en Nicaragua por liberar reos políticos
> De esto responsabilizó la Casa Blanca a Ortega y Murillo

Lea también:

Este es el drama de pilotos nacionales varados en Nicaragua

En Managua, el paro parecía general con calles desoladas, algunos autobuses de transporte público circulando casi vacíos y presencia policial en varios puntos de la ciudad, observó AFP.

Winston Saballos, de 29 años, fue asesinado la madrugada de este miércoles por paramilitares, quien dejó en la orfandad a un niño de cinco años y su esposa embarazada.

Familiares de Saballos están preocupados, ya que el cuerpo tiene más de 24 horas y no han podido darle sepultura. Por lo que la familia contempla la posibilidad de entrerrarlo en el jardín de su casa.

Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas y ciudades semiparalizadas, desde que el 18 de abril estallaron las manifestaciones contra una fallida reforma a la seguridad social.
Sin embargo, las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, quien gobierna desde el 2007 con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente y mano derecha, bajo cargos de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado.

El paro de 24 horas, en un país semiparalizado por bloqueos de carreteras y protestas callejeras iniciadas el 18 de abril, fue convocado por la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, que aglutina a estudiantes, empresarios, campesinos y la sociedad civil.

Incluso la Iglesia católica, mediadora en el diálogo entre el gobierno y la oposición, acogió el llamado a la paralización.
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, llamó a participar en el paro con espíritu de “solidaridad, unidad y protesta cívica”.

La víspera, pobladores colmaron los mercados en busca de alimentos para estar preparados en caso de que el paro se extienda más allá de la jornada del viernes.

Le podría interesar: Empresarios de transporte viajarán a Nicaragua para solicitar liberación de unidades

“Ya compré lo necesario para comer, tenemos que hacer este sacrificio” de paralizar labores, manifestó Jorge Esquivel, de 60 años, cuando salía de un supermercado cargado de bolsas.

Como él, vecinos de Managua y otras ciudades se lanzaron a comprar granos básicos, leche, pan y hortalizas ante la perspectiva de que los comercios estarían todos cerrados este jueves.

Comercios cerrados

Los mercados, supermercados, tiendas, gasolineras y pequeños expendios de comida en los barrios de Managua tampoco abrieron sus puertas, mientras que en los colegios públicos los maestros quedaron esperando a los alumnos.
“Está palmado (vacío) todo, la huelga la está apoyando la población”, dijo el taxista Pablo Ramírez, quien desistió trabajar por falta de pasajeros.
El popular mercado oriental de Managua, con más de 20 mil negocios y 2 mil vendedores ambulantes que inician sus actividades en la madrugada, lucía abandonado, custodiado a su alrededor por barricadas que la gente levantó para defenderse de eventuales saqueos.
“El mercado está apoyando el paro, a esta hora muchas tiendas estarían abiertas, pero como puede ver está cerrado totalmente”, dijo Liliam Gámez, empleada de una tienda turca, que llegó a trabajar porque el jefe le pidió que cuidara el negocio.

“Hoy nadie está trabajando”, dijo Carlos Sánchez, un vendedor ambulante de 58 años, que estaba sentado en una acera del mercado leyendo el periódico, y quien espera que el paro empuje al gobierno a solucionar la crisis.
Las tiendas del mercado Roberto Huembes, en otro punto de la ciudad, tampoco estaban trabajando y solo algunos pequeños vendedores de fruta y golosinas funcionaban en las afueras del centro.
“El paro es para presionar al gobierno para que se siente a dialogar y dar una solución a esta crisis”, dijo Heriberto Ruiz, un vendedor golosinas que llegó a cuidar su negocio.
“Que (Ortega) salga por la puerta de adelante, no por la puerta trasera”, dijo Ruiz, quien afirma que Nicaragua se ha convertido en “la tierra de nadie” por la violencia y saqueos.

Golpe económico

“La economía produce US$35 millones diarios, puede ser que no todo se paralice porque hay actividades que no pueden detenerse”, por lo que se estima que en términos de valor se deje de producir entre 25 y 30 millones el día de la paralización, dijo Mario Arana, directivo de la Asociación de Productores y exportadores de Nicaragua (APEN).

El sector privado, otrora aliado de Ortega, rompió esa alianza en medio de las violentas protestas.

La solución a la crisis “se ha tomado mas tiempo de lo que realmente justifica la situación. La población está siendo reprimida y este paro es para expresar ese descontento y sentir de la ciudadanía”, manifestó Arana.

“Antes realizaba de US$20 mil a US$30 mil por día, pero desde que comenzaron esas bullas (protestas) la gente no quiere invertir. Está baja la actividad, no sabemos qué va a pasar”, dijo con preocupación Marina Oviedo, que trabaja en la compra y venta de dólares en Managua.

En el mercado Israel Lewites, en el oeste de Managua, los comerciantes anticipaban que no abrirán sus puestos ante el temor de salir a la calle y a ser blanco de grupos paramilitares.

Lea además: Bloqueos en Nicaragua paralizan comercio

“Yo no estoy de acuerdo con el paro, no me parece que sea la solución. Hay gente como la señora que vende tortillas, el taxista, el que vende agua en la calle que no tienen un salario y viven con lo que consiguen a diario”, manifestó una socióloga que prefirió no dar su nombre.

Desde que se iniciaron las manifestaciones el 18 de abril, el balance de víctimas es de 152 muertos y 1 mil 340 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Con la crisis sociopolítica, estimaciones no oficiales esperan una caída del 1% del PIB, que en términos de valor alcanza US$800 millones, según la ONG Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copade).

Nuevo diálogo

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció la convocatoria a la mesa plenaria del diálogo luego que Ortega respondiera a su propuesta de democratización.

El comunicado de la CEN indica que en la cita del viernes en Managua darán a conocer el planteamiento de los obispos y la respuesta escrita que les remitió Ortega, “lo que someteremos a debate para buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, democratización y paz del pueblo”.

Lea también: Nicaragua pendiente de respuesta de Ortega

“Ya no más. Todos queremos paz, queremos trascender estas circunstancias duras, dolorosas, trágicas. Todos queremos encontrar, en las mesas de diálogo, las posibilidades de trazar un camino para adelante”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo tras el anuncio de los obispos.

Murillo, durante su alocución en medios oficiales, no se refirió a los términos de la carta enviada por Ortega a la jerarquía católica.

El diálogo se perfila como la principal salida a la turbulencia que vive Nicaragua, donde en la última semana se endureció la represión contra los manifestantes que bloquean calles.

Los participantes de las protestas fueron atacadas las últimas noches y madrugadas con fusilería y hombres armados encapuchados a bordo de camionetas y motocicletas.

Contenido relacionado:

> Por estas razones Estados Unidos restringió visas a funcionarios de Nicaragua
> Así protestaron en Madrid para pedir condena internacional contra gobierno de Nicaragua
> Expectativa por respuesta de Daniel Ortega