La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP), presentó ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal un recurso de apelación en contra de la resolución del titular de la judicatura, Víctor Cruz Rivera, del 25 de noviembre en el que benefició a seis personas vinculadas con el caso Toma de la Usac: botín político.

El juez los ligó a proceso por dos de los cuatro delitos que les imputaba el MP, y les otorgó arresto domiciliario después de pagar una fianza de Q10 mil cada uno. Las seis personas salieron  de la cárcel Mariscal Zavala el pasado 27 de noviembre.

Aquella vez el juez Cruz Rivera decidió ligar a proceso penal por usurpación y depredación de bienes culturales a Eduardo Velásquez Carrera, catedrático de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Semilla y Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac.

Además, a Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista.

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El juez no encontró suficiente valor probatorio a los argumentos de la Fiscalía que dirige Saúl Sánchez para imputarles los delitos de sedición en forma continuada y asociación ilícita. Además, los benefició con su libertad bajo fianza de Q10 mil porque consideró que no existía peligro de fuga.

Según el MP, el día que el juez resolvió las medidas para los imputados se observó que tuvieron comunicación con personajes como el diputado Samuel Pérez Álvarez, por quien el MP presentó una solicitud de antejuicio en el mismo caso. Por esa razón apelaron la decisión y solicitaron que se les revoque la medida sustitutiva.

Durante el fin de la audiencia circularon vídeos y fotos en donde se ve al legislador abrazar a la candidata a diputada del Movimiento Semilla, así como saludar a las otras personas que enfrentan este proceso.

“Se presentó memorial de revocatoria de medidas sustitutivas, dado a que los sindicados las incumplieron al comunicarse minutos después de haber finalizado la audiencia de primera declaración con el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez”, aseguran.

El MP, argumenta que revocar las medidas contra todos los sindicados, “porque existe serio fundamento de que los sindicados puedan obstaculizar la investigación”.

El memorial de apelación también incluye que el juez de marcha atrás al haberles otorgado la falta de mérito por el delito de sedición y asociación ilícita, “ya que la fiscalía tiene indicios suficientes en cuanto a la participación de los sindicados en dichos delitos”.

De acuerdo con el MP, durante la audiencia en que se les otorgaron las medidas el juez Cruz Rivera les prohibió “comunicarse con coimputados y/o testigos, advirtiendo a cada sindicado que eran responsables de su conducta y que a su vez estaban obligados a cumplir con cada una de las medidas sustitutivas impuestas”.

De hecho, dice el ente investigador, firmaron un acta de compromiso, en la cual, “a viva voz, cada sindicado, se comprometió a cumplir cada una de las medidas sustitutivas impuestas contra cada una de ellas”.

Todos esos compromisos son “obligatorios desde el primer segundo de haber suscrito el Acta por cada uno ellos”. También el MP revela que “obra en autos que el Juez autorizó requerir información de las plataformas del internet tales como Tweeter (sic) ahora denominada, X, Facebook, Youtube y otras, en las cuales aparece el diputado Pérez.

El legislador de Semilla ironizó sobre la apelación que presentó la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural.

En su cuenta de X, antes Twitter, escribió “Saúl Sánchez el fiscal frustrado que criminaliza los saludos de puño ahora quiere volver delito los abrazos”.

“Tantas son las ganas de bloquear a las autoridades que el pueblo de Guatemala ya eligió que aún con antejuicio ya nos ve como imputados”, remató.

Saúl Sánchez el fiscal frustrado que criminaliza los saludos de puño ahora quiere volver delito los abrazos.

Tantas son las ganas de bloquear a las autoridades que el pueblo de Guatemala ya eligió que aún con antejuicio ya nos ve como imputados. https://t.co/zBqRftR7ST

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) November 29, 2023

Víctor Manuel Cruz Rivera es un abogado guatemalteco de 52 años que nació en el municipio de Quezaltepeque, Chiquimula el 15 de febrero de 1971.

Es uno de los 49 guatemaltecos incluidos en julio de 2023 en la Lista Engel. Estados Unidos lo señala que en los últimos tres años ha sido responsable de “corrupción significativa”.

Este 16 de noviembre, el juez Cruz Rivera vuelve a estar en el ojo público porque fue quien autorizó las diligencias de allanamiento para capturar a personas presuntamente vinculadas en un caso que el Ministerio Público (MP) ha denominado “Toma de la USAC: botín político”.

El juez Cruz Rivera le autorizó a la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación, hacer cumplir las órdenes de aprehensión por “los robos ocurridos durante el 2022, cuando las instalaciones de la USAC fueron tomadas por estudiantes universitarios”.

Las órdenes de aprehensión que autorizó Cruz Rivera son por la “posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita”.

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En la pasada elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones aplicó para estar en una sala penal. No fue electo. Cometió un error a la hora de inscribirse, pero aún así continuó en el proceso. 

Cruz, el 30 noviembre de 2018, le otorgó libertad condicional al exministro de Gobernación Salvador Gándara y le fijó una fianza de Q100 mil, al igual que a Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom. Esto en el caso Transurbano. Gándara, que fue liberado por Cruz, cubría las vacaciones del juez undécimo Eduardo Cojulún. 

El juzgador fue quien autorizó en mayo de 2019 la orden de captura internacional en contra de la exfiscal general de la República, Thelma Aldana por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

Por esta decisión la Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente porque hubo denuncias públicas sobre que habría recibido un soborno por haber solicitado la orden de captura contra Aldana y por recibir seguridad presidencial.

El juez Décimo, en enero de 2022, cerró el caso Cambray para los exalcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes por la tragedia de octubre del 2015 cuando quedaron soterrados más de un centenar de vecinos en Santa Catarina Pinula.

Cruz Rivera también controló el caso relacionado con la Usac y que implicó al exrector Estuardo Gálvez, y el decano de Derecho, Henry Manuel Arriaga Contreras, con quien suscribió el contrato para impartir una clase entre septiembre y noviembre de 2023.

Según el MP en 2021, tanto Gálvez como Arreaga intervinieron dentro del evento de licitación pública nacional D.S.G 002-2013 relacionado con un proyecto de construcción del edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras de las escuelas de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango.

Nunca se ejecutó la obra que alcanzaba el costo de Q64 millones y al final le dictó falta de mérito a ambos servidores públicos de la Usac.

Cruz Rivera también sobreseyó el proceso en contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

La exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) recupera su libertad el 9 de febrero de 2019 por resolución del juez Cruz.

Cruz Rivera está a cargo del caso del desfalco por casi Q68 millones en el nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango.

En este caso le otorgó medida sustitutiva al viceministro de Salud, Gerardo David Hernández García, cercano a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno en los inicios del gobierno de Alejandro Giammattei.

En julio de 2023 el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos, junto con otros 48 guatemaltecos. Al juez lo señalan de “entorpecer las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales”.

Contrato en la Usac

Actualmente, según el portal Guatecompras, además de ser juez, tiene vigente un contrato con la Usac, avalado en agosto pasado y con fecha de inicio del 1 de septiembre de 2023 para concluir el 30 de noviembre de 2023.

El contrato es por Q25 mil 425, y fue firmado entre el juez y el decano de la facultad de derecho, Arriaga Contreras.

El pago de los servicios será por “Impartir: Política criminal, sección A entre semana en la ciudad de Guatemala, en el segundo semestre de la Maestría en Derecho Penal”, se lee en los documentos colgados en Guatecompras.

Al pago de los Q25 mil 425, que lo harán en tres de Q8 mil 475, no le harán el descuento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ser Cruz Rivera “Pequeño Contribuyente”, con cargo a la partida presupuestaria 4.5.04.2.05.029.

Su carrera

Comenzó a laborar en el Organismo Judicial (OJ) el 25 de enero de 1999. Actualmente es el titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala. Graduado de la Usac como abogado y notario.

Tiene poco más de 24 años de laborar para el OJ, y está contratado bajo el renglón 011, según registros oficiales.

El Sistema de Recursos Humanos del OJ detalla algunos de los puestos que ha desempeñado el juez Víctor Manuel Cruz Rivera desde 1999 a 2023.

La carrera de Cruz Rivera comenzó dentro del OJ como oficial II en el juzgado de paz del municipio de Morazán, El Progreso, el 25 de enero de 1999.

El 16 de noviembre de 2000, ya como oficial III, fue trasladado para dirigir el juzgado tercero de primera instancia penal de Guatemala donde estuvo hasta el 11 de octubre de 2005.

A partir de octubre de 2005 fue trasladado al municipio de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, donde ocupó la plaza de juez de paz III hasta el 6 de febrero de 2006.

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De febrero de 2006 al 20 de mayo de ese mismo año lo ubican en el juzgado de paz de San Antonio La Paz, El Progreso como juez de paz III.

Más adelante, entre mayo y julio de 2006 lo nombran juez de paz III en el juzgado de paz de Chiché, Quiché.

Entre el 17 de julio de 2006 y 30 de agosto de 2007 logra su traslado a la capital del país y lo nombran oficial III del juzgado tercero de primera instancia penal del departamento de Guatemala.

Luego lo nombran juez de paz V en el municipio de San Jacinto, Chiquimula. Está en esta judicatura hasta el 31 de octubre de 2012.

Después de estar en Chiquimula viaja hacia Jalapa para integrarse al Tribunal de Sentencia. Está acá hasta el 21 de agosto de 2018.

Finalmente lo trasladan al juzgado décimo de primera instancia donde permanece a la fecha.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala admitió para su trámite un amparo contra el juez Décimo Pluripersonal “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, Jimi Bremer, quien recientemente ordenó investigarlos a ellos, a columnistas y medios de comunicación.

La acción constitucional de amparo fue promovida por Acción Ciudadana y  los periodistas Denis Obdulio Aguilar González; Rony Andres Rios García; Jerlin Alexander Valdez y Cristian Franquel Velix García en contra del juzgado Décimo.

Los comunicadores están bajo el auxilio del abogado Edie Josué Cux García, de Acción Ciudadana.

La resolución de la Sala Cuarta añade que fija un plazo de 48 horas para que dicho juzgado remita informe circunstanciado sobre los hechos que motivaron la acción de amparo y que debe realizar pronunciamiento sobre la veracidad o no de los hechos relacionados y además acompañar esto de una copia de la resolución que se está impugnando.

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El documento está fechado el 10 de marzo de 2023.

El caso

El pasado 28 de febrero, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, quién está detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. La fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunida (Feci), Cinthya Monterroso, solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboran con Zamora.

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La solicitud se hizo durante la audiencia en la que Zamora, presidente de elPeriódico,  también fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia, en un segundo caso que el MP le imputa al periodista.

La orden de investigar a periodistas ha desatado una ola de inconformidades en distintos sectores de la población, quienes aseguran que esta acción busca limitar la libertad de prensa.

Édgar Leonel Fernández, extrabajador de Boussinot y quien habría estado a cargo del cobro de sobornos en el Congreso, quedó ligado a proceso y en prisión preventiva después de la audiencia de primera declaración este martes.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado Décimo de Instancia Penal. La fiscalía reprodujo un testimonio y señaló que un trabajador asignado al diputado dijo que desempeñó labores en empresas personales de Boussinot.

El testimonio presentado por la fiscalía también sugiere que Boussinot les pedía un “diezmo”, que rondaba los Q8 mil a los empleados a cambio de mantenerlos en los puestos, todos obligados a marcar su hora de ingreso en el Congreso, donde supuestamente estaban asignados.

“En 2013 salimos más seguidamente a hacer esos trabajos de mantenimiento, de lo que se requería. Él –Boussinot- tiene varias empresas, estas empresas alquilan vallas publicitarias, bodegas, casas; entonces íbamos a hacer su trabajo de mantenimiento”, se escucha en el audio presentado por la fiscalía.

Agrega: “Las vallas eran gigantes, entonces teníamos que ir a lijar, pintarlas con anticorrosivos cada cierto tiempo (…) El modo de trabajar era: nosotros pasábamos a marcar en el biométrico del Congreso de la República, luego nos trasladábamos a la zona 5, donde está la oficina personal de él”.

Esperan antejuicio

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron un proceso de antejuicio en contra de Christian Boussinot por extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso.

La Cicig sospecha que al menos cuatro personas contratadas por el Congreso, a solicitud de Boussinot, nunca se presentaron a trabajar, por lo que podrían ser plazas fantasma.

Édgar Fernández, excolaborador de Boussinot, fue capturado el pasado 16 de junio, por el delito de extorsión.

Según la investigación, Fernández habría desempeñado el puesto de intermediario, entre el diputado y los empleados del Congreso a quienes les cobraba el “diezmo”.

“Estás agarrando algo que no es tuyo”   

En tres audios hechos públicos ayer en la audiencia de primera declaración, el diputado Christian Boussinot exige el pago del porcentaje de salario a su trabajador Michael Vásquez Sical

25 de abril del 2014

• Boussinot: Rey, ¿no te dije que fueras a hacer el mandado?
• Vásquez: Ya fui, pero me pusieron un montón de topes aquí en Recursos Humanos.
• Boussinot: Te dije que fueras al banco y después allá.
• Vásquez: ¡Sí fui! Yo ya tengo su dinero y todo, lo que pasa es que estaba tratando de arreglar lo de Recursos Humanos.  
• Boussinot: No sé. Pero ¿dónde estás para que te pase trayendo el Colocho? Aquí estoy en Campero.

27 de abril del 2014

• Vásquez: Con respecto a las marcadas que yo he hecho, del horario de la oficina yo nunca me he salido.      
• Boussinot: Hace una semana a los jefes de bancada y miembros de junta directiva nos mandaron un reporte del personal que marcaba tarde y me mandaron tu control. No te imaginás la cantidad de faltas.     
• Vásquez: Pero dese cuenta que mi tío (Édgar Fernández) el viernes que yo no le di el dinero me pegó una gran regañada. Mirá que el Christian va a pensar que te lo estás robando. Yo he sido puntual mes a mes….
• Boussinot: Sí, pero no lo hacés por el procedimiento. Todo mundo cumplió con el Colocho desde el jueves.  
• Vásquez: El jueves fui al dentista y fui a sacar dinero, pero el cajero se tragó mi tarjeta… Pero yo se los traje hoy porque quería hablar con usted.
• Boussinot: A mí no me los des, dáselo al Colocho.

27 de mayo del 2014

• Vásquez: Este mes no le voy a pasar su dinero. Es por eso mismo de que yo he confirmado las cosas.  
• Boussinot: Mirá vos lo que estás haciendo es agarrando algo que no es tuyo.
• Vásquez: ¿Cómo así? ¿Lo del dinero? Ese dinero está a mi nombre. ¡El que está agarrando algo que no es de su pertenencia es usted!
• Boussinot: Quiero que reconozcás el error.
• Vásquez: Pero ¿por qué dice que soy desafiante?…

Los cargos que la Fiscalía imputa a los sindicados son abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Las pesquisas preliminares señalan que Rabbé habría contratado a 21 personas en el 2014 y 13 en el 2015 sin que hubiera necesidad de incremento del personal a su disposición.

Herrera habría gestionado 20 plazas laborales que ocuparon familiares y personas cercanas a él, y Cristiani, otras 19.

El MP indicó al juez que Mijangos, por su cargo, tenía la responsabilidad de verificar todas las contrataciones y que permitió que personas que no cumplían con los perfiles requeridos fueran colocadas en puestos técnicos.

Los abogados

Los abogados defensores intentaron desacreditar los cargos al argumentar que se trata de señalamientos espurios y que el MP desconoce cómo funciona de manera administrativa el Congreso.

Abraham Girón, defensor de Cristiani, aseguró que derivado del caso su cliente ha sufrido burlas después de que se conoció que su nivel académico es diversificado y que su profesión es bachiller en Ciencias y Letras. Agregó que una responsabilidad personal no amerita una de carácter penal ni una investigación.

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Antejuicio

El Juzgado Séptimo Penal remitió, a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público  en contra del diputado Manuel García Chutá.

Los antejuicios de Luis Rabbé, en el Juzgado Undécimo; Arístides Crespo, Octavo; Selvin García, Sexto; y Julio López Villatoro, César Fajardo y Carlos López, Tercero, siguen sin ningún movimiento.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad leyó ante el Juzgado Décimo Penal los cargos en contra de los excongresistas Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romero Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, y  el exdirector general del Legislativo, José Luis Mijangos Contreras, que incluyen abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Horas antes de comenzar la audiencia, Herrera Quezada se presentó de manera voluntaria al juzgado y así evitó ser capturado por la Policía.

Las pesquisas preliminares indican que Rabbé Tejada gestionó la contratación de 21 personas en el 2014 y 13 en el 2015 —la mayoría en este año fueron recontrataciones— quienes no cumplían con los requisitos para los cargos que desempeñarían.

Cristiani Calderón habría gestionado 19 entre enero del 2015 y enero del 2016. Herrera Quezada es señalado por 20 en el mismo año.

Mijangos Contreras, desde su cargo como director general del Congreso, avaló 87 contratos sin verificar que se tratara de personas aptas para los puestos.

Otro hecho que señala la Fiscalía es que muchas de las personas que fueron favorecidas por los exdiputados con plazas laborales, no asistían a realizar su trabajo o se ausentaban varios días de la semana.

Ley permisiva

Rabbé Tejada dijo que el MP cita la Ley Orgánica del Organismo Legislativo al señalar el número de personas que pueden apoyar a un diputado con sus labores, que son un asistente, una secretaria y un ujier.

“La Ley tiene una excepción, porque a pesar de señalar ese número, también dice que se puede aumentar conforme los nombramientos que sean aceptados por la Junta Directiva del Congreso”, explicó.

Agregó que la labor de quienes apoyan a cada legislador es definida por cada diputado y si un asistente es enviado a la provincia a hacer un informe es su obligación cumplir.

Según Herrera Quezada un congresista contrata a una persona para que le apoye solo cuando existe necesidad.
“No es cierto que los empleados no trabajaran. Sí lo hacían, sí presentaban los informes que se les solicitaba”, indicó. La diligencia se aplazó para el próximo lunes.

Querellante

La Procuraduría General de la Nación (PGN) busca constituirse como agraviado en el caso de plazas fantasma.
“Ante la posibilidad del daño al patrimonio del Estado y en el ejercicio de la acción reparadora por el menoscabo ocasionado al erario nacional, la PGN, en cumplimiento a su mandato legal, solicitará al juez ser parte del proceso”, refieren un comunicado.

Escándalo

La nómina de plazas fantasma en el Congreso que creó la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Rabbé, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero. Según la pesquisa del Ministerio Público, ninguno llegó a trabajar en el Legislativo, pero tenían salarios entre los Q8 a Q20 mil.

El ente investigador descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado, para empresa privadas de diversa índole, incluso para empresas de los propios diputados.

Ante eso la Fiscalía solicitó antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Julio César López Villatoro, Selvín García, Manuel García Chuta y Carlos López Girón.

En la audiencia, que se desarrolló en una sala ubicada en el sótano de la  Torre de Tribunales, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de escuchas telefónicas como parte de los medios de prueba al juez Décimo de Instancia Penal, Wálter Villatoro.

Por la cantidad de conversaciones telefónicas, la audiencia fue suspendida por el juzgador.

Antes de presentar las pruebas, el MP dijo que la estructura  transportaba  azúcar en  compartimentos ocultos en camiones cisterna, en los cuales se declararon y pagaron impuestos en aduanas correspondientes al producto denominado Agua Miel, sin declarar el   correspondiente.

Antecedente

El  5 de marzo de 2015 fue capturado  José René Fuentes Perdomo, líder de la estructura, y  otras ocho personas,  por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Los sindicados fueron beneficiados en dos ocasiones con medidas sustitutivas y están libres, a pesar de las acciones presentadas por la Fiscalía.