Pandillero condenado por extorsión presenta amparo contra Ley Antipandillas recién publicada por el Congreso

Integrante de pandilla condenado por extorsión presenta amparo contra ley que ordena combate frontal a pandillas.

la Redacción

12 de noviembre de 2025

|

11:15h

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Guatemala cuenta con ley antipandillas. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Dylan Smaily Archila García, condenado por extorsión según información del Ministerio Público (MP), presentó un amparo contra la Ley Antipandillas por medio de su abogado.

El amparo, interpuesto en la Corte de Constitucionalidad, es contra el pleno del Congreso por la aprobación del decreto 11-2025: Ley para el combate frontal de las actividades delictivas de las maras.

El 10 de noviembre, el Legislativo publicó en el Diario de Centro América dicho decreto, el cual endurece las penas contra los pandilleros.

Además, el decreto contempla: “Se declara a las organizaciones denominadas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS), sus clicas y subgrupos, y a cualesquiera otros grupos que existan o surjan como grupos criminales organizados, transnacionales y terroristas”.

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En ese sentido, Archila García, por medio de su abogado, impuso el amparo en el que se argumenta que la referida ley “viola garantías y normas jurídicas”, entre estas: el principio de legalidad de la función pública, la certeza y seguridad jurídica, y el debido proceso.

Se argumenta que el Congreso “actuó fuera del marco de sus atribuciones legales y al margen de los procedimientos expresamente previstos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo”.

Condenado por extorsión

De acuerdo con información del MP, en abril del 2023, Dylan Smaily Archila García fue condenado por extorsión.

En esa ocasión, el ente investigador informó: “La Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó pruebas ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala, con base en las cuales se impuso sentencia condenatoria contra tres personas”.

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Entre los sentenciados se encuentra Archila García, condenado a seis años de prisión inconmutables, según lo reportado por el MP.

“Fueron detenidos cuando se presentaron a recoger dinero que le fue exigido a un comerciante. Por medio de declaraciones testimoniales, prueba documental y la captura en flagrancia, la fiscalía demostró su culpabilidad”, destacó el MP.

Para leer más: EE. UU. respalda ley antipandillas y advierte castigo a quienes apoyen a grupos terroristas

Según la investigación, en junio de 2022, la víctima recibió en su negocio un teléfono celular que le fue entregado bajo amenazas de muerte. A ese aparato ingresaron llamadas de un hombre que se identificó como integrante de la Mara Salvatrucha, según la Fiscalía.

“En un principio le exigió el pago de Q4 mil de entrada y Q400 semanales, amenazando con matar a sus hijos si no pagaba. La víctima negoció y acordaron que el pago sería de Q3 mil de entrada y Q350 semanales”, indicó el MP.

Los condenados fueron detenidos en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, lugar donde se había acordado recibir el pago de la extorsión, aseguró el MP en 2023.

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Congreso publica ley para el combate frontal a las maras o pandillas

El Congreso publicó el decreto para el combate a los grupos delictivos u organizaciones transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.
 

Óscar García

10 de noviembre de 2025

|

09:37h

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Sede del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Congreso publicó este lunes 10 de noviembre, en el Diario de Centro América, el decreto 11-2025: Ley para el combate frontal a los grupos delictivos u organizaciones transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.

Esta ley tiene por objeto establecer el marco jurídico aplicable para la identificación, designación y tratamiento de dichos grupos u organizaciones criminales.

Además, regula las consecuencias jurídicas, procesales, operativas y financieras derivadas de dicha designación, con el propósito de fortalecer el combate integral contra las pandillas.

Explica que se entenderá como maras o pandillas a los grupos organizados que cuentan con jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal y sentido de pertenencia, cuya organización se integra de clicas, células o unidades básicas de tres o más integrantes que operan en un área geográfica determinada.

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“Se declara a las organizaciones denominadas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS), sus clicas y subgrupos, y a cualesquiera otros grupos que existan o surjan como grupos criminales organizados, transnacionales y terroristas”, afirma el decreto.

También ordena instruir al Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, para que redespliegue la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, el Centro Antipandillas Transnacional, la División Especializada de Investigación Criminal u otras unidades especializadas en las áreas de operaciones de estos grupos.

La norma endurece las penas y permite congelar cuentas con aval judicial. Asimismo, establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y con el fin de garantizar la seguridad de jueces y fiscales.

Para leer más: EE. UU. respalda ley antipandillas y advierte castigo a quienes apoyen a grupos terroristas

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Congreso emite la Ley Antipandillas que declara terroristas a los mareros

La norma endurece penas y permite congelar cuentas con aval judicial.

Douglas Cuevas

21 de octubre de 2025

|

18:25h

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Los diputados aceleraron la aprobación de la ley tras la fuga de 20 pandilleros. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso aprobó este martes la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los integrantes de maras y endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras.

La ley fue avalada la semana pasada en tercera lectura y en la mayor parte de su articulado. Sin embargo, la votación final fue aplazada por un fondo de revisión presentado por diputados que propusieron cambios en la redacción para evitar confusiones al momento de aplicar la norma.

Entre los promoventes del fondo se encuentra Elmer Palencia, jefe del bloque Valor. “Sellamos y damos por aprobada una ley importante”, afirmó el legislador.

Palencia aseguró que, luego de presentar el fondo, fue objeto de críticas en redes sociales, donde lo acusaron de oponerse a que se congelaran las cuentas bancarias de pandilleros.

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Aclaró que respalda esas medidas, pero insistió en que la redacción debía ser precisa para evitar efectos colaterales que pudieran perjudicar a personas inocentes, como quienes se dedican a la economía informal.

“Es a criterio de un juez dentro de un proceso penal. Con eso garantizamos que los recursos mal habidos de las estructuras que declaramos terroristas no puedan utilizar el sistema bancario”, explicó.

El fondo de revisión incluyó una modificación que autoriza al Ministerio de Gobernación a usar hasta Q200 millones en la compra de equipo con países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como estaba planteado inicialmente—.

La revisión fue aprobada sin mayor oposición ni razonamientos de voto. La ley quedó en firme con 145 votos a favor y se convirtió en el decreto 11-2025.

Crisis impulsó aprobación

La nueva norma cobró impulso luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, lo que generó presión en el Congreso para aprobar legislación similar.

El presidente del Congreso lideró una mesa técnica en la que se consensuaron enmiendas, en reuniones privadas por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes 2 agravó el clima político y aceleró el proceso legislativo. Como resultado, la ley incorpora el tratamiento de terroristas para estos grupos.

También establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.

La crisis desembocó en la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien permanece en el cargo a la espera de que su sucesor, el juez anticorrupción Marco Antonio Villeda, asuma funciones.

Rechazan objeciones

Durante la sesión de pleno de este martes también se conocieron las objeciones al decreto 9-2025, ley reformas a la ley de protección y mejoramiento medio ambiental, impulsadas por la diputada Karina Paz, independiente tras ser expulsada del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La ley, a criterio de los opositores, reduce los controles para la emisión de licencias ambientales, lo que repercutiría en la calidad del entorno, atentando contra el medio ambiente.

Ahora, el decreto deberá de ser enviado al Organismo Ejecutivo, así el presidente analiza si sanciona o veta la norma.

Durante la sesión también se acordó dar por concluida la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, luego de la renuncia del diputado interpelante a continuar con el juicio político.

La ley “antimaras” no soluciona el problema, según analistas

En el Congreso la oposición cree que el gobierno de Bernardo Arévalo no ha enfrentado a las pandillas y las extorsiones han aumentado.

Raúl Barreno Castillo

16 de marzo de 2024

|

05:15h

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En el Congreso de la República se discute una ley antimaras que ha enfrentado a diputados oficialistas y opositores. Los primeros aseguran que no resuelve el problema, mientras los segundos la apoyan, como lo han hecho desde 2020. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila Solis).

Una nueva batalla se libra en el Congreso de la República, ahora entre el Ejecutivo y la oposición que lidera el partido Vamos. Esta vez volvió a la discusión una ley que supone endurecerá las penas a los integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla del Barrio 18 (B18), principalmente.

Diputados de Vamos incluyeron el pasado jueves, en primera lectura, la iniciativa antimara, un proyecto que presentó el expresidente Alejandro Giammattei, al inicio de su gestión en 2020. Los diputados oficialistas están en contra de la propuesta ya que consideran que esta medida no resuelve a fondo el problema que generan ambas pandillas.

De hecho, defienden sus posturas, porque aseguran que, desde el primer día de gobierno de Bernardo Arévalo, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, echó a andar el Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE) y ha requisado semanalmente las cárceles del país.

Diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla, como Elena Motta, manifestaron que el 70 por ciento de las llamadas extorsivas salen de prisión y que es allí donde debe enfocarse las acciones.

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Ya no terroristas

El proyecto originalmente adicionaría un artículo al Código Penal para catalogar como terroristas a los integrantes del B18 y la MS13. Sin embargo, los diputados les hicieron modificaciones a los artículos e incluyeron la figura de las “maras” en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal.

El objeto del proyecto fue “establecer un régimen para el combate frontal a las actividades delictivas de los grupos de delincuencia organizada conocidos como maras, pandillas o sea cual fuere su denominación”.

Sin tipificarlos ahora como terroristas, los diputados incluyeron en esta iniciativa a las maras y pandillas dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada y se pide penas de hasta 20 años de prisión para quien las integren.

Además, suponen cambios al Código Penal para penalizar las extorsiones, intimidaciones y todos esos delitos que son cometidos por las maras y pandillas.

Una nueva ley

Edgar Morales, fiscal de sección adjunto de la fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público (MP), considera que para enfrentar a las pandillas y maras en el país se necesita de una herramienta legal específica y no solo reformar las leyes existentes.

“Desde esa perspectiva -la que proponen los diputados ahora- es lo pertinente, pero sí puede realizarse una ley específica que criminalice a las pandillas como estructuras del crimen organizado y no sólo una reforma, sería lo mejor”, explicó Morales.

Para el fiscal de sección adjunto, de no darse una ley específica dijo “concuerdo con las reformas plateadas en el pleno”.

Morales considera que para llegar a la creación de una norma legal de tal envergadura “se necesita aplicar varios análisis con el objeto de conocer el impacto, los beneficios, pero, sobre todo, la operabilidad de la norma y una de ellas es la sociología jurídica”.

Según Morales “no es solo que personas que creen conocer el fenómeno – de las pandillas – legislen por la coyuntura social que causan estos grupos delictivos, sino va más allá”. 

A criterio del fiscal de sección adjunto, “debieron realizarse mesas técnicas con sectores de la sociedad involucradas en la investigación y el trabajo en contra de estas estructuras criminales”.

“Las mesas son de mucha necesidad para que los actores propongan y lleguen a objetivos específicos que impacten de manera positiva ante el fenómeno de las maras y pandillas”, asegura Morales.

Sobre la ley contra la delincuencia organizada, Morales explicó que ahora en el tema las pandillas “es inoperante”.

“En primer lugar, porque tiene muchos vacíos legales que son aprovechados por los grupos criminales, es muy general y debe ser específica”, manifestó.

Añade que se les “debe criminalizar y reconocer como estructuras del crimen organizado para ser operante y en ese sentido si ayudará en el combate frontal contra ellos”, opinó.

Populismo penal

Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (Foss), consideró que esta iniciativa es una acción política de la bancada Vamos, con una alta dosis “de populismo penal, para intentar posicionarse ante la población”.

Lo lamentable, dice Asturias, es que son “partidos políticos que ya gobernaron y que no les ha importado la seguridad de la gente”.

“Quieren dar una cara como que les preocupa la seguridad, pero es un abordaje equivocado. Por eso es claro que el ministro de Gobernación y el presidente Bernardo Arévalo la van a rechazar”, argumenta.

Pero la ley Contra la Delincuencia Organizada ya es aplicable a las maras, por ejemplo en los delitos de asociación ilícita y conspiración, adicionalmente los métodos especiales de investigación también les son aplicables y los delitos que normalmente cometen son graves con sanciones privativas de libertad de 6 años para arriba, resumió el exministro de Gobernación, Francisco Rivas.

“Para mí es un error catalogar como terroristas a los pandilleros, porque ellos en su actuar criminal nunca han perseguido delinquir contra el orden público la democracia o el Estado, contrariamente los diputados ponentes si han atentado en contra de la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala cuando intentaron no reconocer los resultados electorales”, señaló Rivas.

Las cifras

Al final del mandato de Giammattei las extorsiones, cometidas por pandilleros de la MS13 y B18, así como “Imitadores”, superaron las del gobierno de Jimmy Morales en el 2019 en más de 4 mil.

Cifras del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien) revelan que en el 2023 hubo un considerable aumento en las denuncias de extorsiones en el país.

Fueron “18 mil 100 denuncias que hace una tasa de 102.8 por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional”, según el Cien.

En promedio, de acuerdo con este tanque de pensamiento, “se denunciaron 50 extorsiones diarias en el 2023”.

Esto, de acuerdo con los datos históricos, superó al 2022, que fueron 14 mil 725 denuncias.

“Entre el 2022 y el 2023 fueron 3 mil 370 denuncias más y la tasa aumentó 18 puntos, de 85 a casi 103”, según el Cien.

Las denuncias de extorsiones se mantuvieron a los niveles prepandemia de covid-19. Por ejemplo, el último año de gobierno de Jimmy Morales la cantidad de denuncias fue de 14 mil 714.

En el inicio del gobierno de Giammattei, en el 2020, y que tuvo al final cinco ministros de Gobernación, las denuncias fueron 13 mil 031 y un año después aumentaron a 13 mil 290.

La propuesta

La iniciativa incluye a las maras como parte de los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Señala que quien las integre será sancionados con una pena de hasta 20 años de prisión.

El proyecto también protegerá bajo reserva la información de los agentes encubiertos que investiguen grupos delincuenciales. Este abarcará durante cinco años después de haber cumplido con su misión de encubierto.

En el Código Penal, tipifica a las maras o grupos delictivos como los que cometen los delitos de coacción, amenazas, usurpación agravada, extorsión, intimidación pública y agrupaciones ilegales.

Además, se crean mesas interinstitucionales para el “combate frontal a las actividades de las maras y la de prevención ante el fenómeno de las maras”.

País donde sus diputados han mantenido un discurso a favor de la seguridad y el combate a las pandillas, pero en el que sus palabras no se acompañan con actos y los proyectos para atacar a las maras tienen años engavetados.

En abril de 2017 el bloque Todos presentó la iniciativa 5266 que popularmente fue bautizada como “La Ley Antimaras”. El proyecto avanzó hasta su segundo debate, pero desde febrero de 2018 no ha tenido movimiento.

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La iniciativa buscaba etiquetar de “terrorismo”  la actividad de las pandillas; misma fórmula que utilizó el presidente Alejandro Giammattei para prometer seguridad cuando tan solo era un candidato presidencial.

Ese proyecto oficialista es la iniciativa 5692;  obtuvo dictamen favorable de tres comisiones en 2020 en menos de un mes, pero ni siquiera ha camino en un solo debate parlamentario en casi tres años.

En contraste las acciones de El Salvador contra las maras hacen que estos criminales busquen refugio en Guatemala, tan solo para escapar de la justicia de su país y amedrentar a sus vecinos centroamericanos.

Cifras que maneja la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan que del 1 de enero al 31 de mayo han sido detenidos 322 presuntos pandilleros, de estos 49 son de nacionalidad salvadoreña.

Ante la inseguridad y la demanda social en el Congreso se plantea “desempolvar” la promesa de campaña, junto a una nueva iniciativa que el oficialismo espera ponga un “alto” a las maras.

Pandilleros terroristas

Las comisiones legislativas de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional afirman que cualquier proyecto que llegue a su mesa será prioridad, pero hasta ahora no han recibido iniciativas que pretendan combatir a las maras.

“Con las experiencias que se tienen, con el respeto del vecino país de El Salvador, creo que es contraproducente en el manejo de los jóvenes. Ellos necesitan oportunidades y empleo para desenvolverse y poderse desarrollar”, señaló Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación.

En esta mesa legislativa se encuentra el diputado oficialista Juan Francisco Mérida, integrante de Vamos, quien lamenta que por la pandemia la propuesta para declarar terroristas a los mareros no pudo ser aprobada.

Pero el regreso a actividades trajo consigo un aumento de la violencia, por lo que Mérida asegura que la bancada busca acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar la iniciativa que declara terroristas a los pandilleros.

“Es prioridad para mi bloque, nosotros estamos preocupado por el incremento de la violencia que es producto de los mareros, nos preocupa la migración que vemos desde El Salvador, por eso estoy impulsando en la Comisión de Gobernación que hagamos un dictamen en conjunto de la iniciativa que declara terroristas a los pandilleros”.

Mérida añadió que desde la bancada también analizan una nueva iniciativa de ley que incrementa, quizá, en un 25% todas las sanciones relacionadas a la actividad criminal de las pandillas.

“También estamos claros que es algo integral y que tenemos que impulsar la educación, desarrollo y oportunidades para los jóvenes con actividades culturales como la música, el teatro, las artes y también el deporte”, señaló.

Julio Lainfiesta, diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, estima que los órganos expertos en seguridad tienen que darle al Congreso las herramientas que les permitan legislar contra la criminalidad.

Lea también: Condenan de 12 a 117 años de prisión a 145 miembros de la pandilla Barrio 18 por distintos delitos

Rechaza iniciativa

La oposición apenas y tiene presencia en las comisiones de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional, tan solo el diputado Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla ocupa una silla en la segunda mesa de trabajo.

El parlamentario rechaza la propuesta de Giammattei, y cualquier otra, que busque declarar terroristas a los pandilleros porque desde su óptica así no se llegará a una solución.

“Guatemala tenía una trayectoria decreciente de violencia, de acuerdo a los índices de homicidios. Ahora, paniqueados por el repunte criminal lo único que se les ocurre es tratar de tapar el sol con un dedo bloqueando el libre acceso a la información sobre indicadores de crimen y violencia, y desempolvar esta iniciativa”.

Incluso la táctica que busca el oficialismo, a criterio del diputado puede llegar a ser contraproducente, “las tasas de violencia se disparan y la población queda todavía más desprotegida. La evidencia indica que no funcionan y que incluso agravan el problema, pero gobiernos incompetentes, como el actual, recurren a ella para dar la impresión de que se está haciendo algo”.

Para comprender por qué la propuesta de declarar como "terroristas" a los pandilleros/mareros sería contraproducente, los nuevos responsables de @mingobguate deberían leer este informe https://t.co/aUMi0ttvNZ pic.twitter.com/20SXEewEOY

— Carlos A. Mendoza (@camendoza72) January 15, 2020

No es la solución

Analistas en materia de seguridad coinciden que se tiene que revisar a fondo las propuestas que buscan declarar terroristas a los pandilleros, y destacan que la legislación actual ya es lo suficientemente buena para combatir a las maras.

Pero el gran problema, a criterio de Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es la forma en que se aplica la ley.

“No existe ley por muy nueva o novedosa que logre reducir la incidencia criminal de estos grupos; actualmente se tiene la ley contra la delincuencia organizada, no hace falta inventarse o reforzar nuevos delitos. El problema es que hay muchos condenados por muchos años pero siguen operando desde las cárceles, todo porque existe un descontrol”.

Condenan a tres pandilleros que asesinaron y desmembraron a dos mujeres en #Mixco en 2013 ► http://t.co/BVk3TutDkS pic.twitter.com/OgtFUn2giF

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 30, 2015

La misma lectura tiene Lorena Escobar, analista en seguridad de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien destacó que lo mejor es prevenir el crecimiento de las pandillas dando oportunidades a los jóvenes.

“El derecho penal es la última acción que se debe tomar por parte de un Estado para abordar un conflicto. Las maras y los pandilleros son productos de diversas causas; se requieren programas que atiendan a la niñez y a la juventud en la educación, trabajo y recreativos, eso es lo que hace falta no tanto la legislación sino aplicar el marco jurídico que ya tenemos”.

El problema de las pandillas no es nuevo, como tampoco lo son las promesas para solucionar el problema que casualmente coinciden en periodos preelectorales como en 2011 que Otto Pérez Molina ganó la presidencia bajo el “mano dura”.

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La atención social estuvo en conocer el desenlace de ese secuestro, los antecedentes penitenciarios no eran nada alentadores al recordar la forma en que concluyen los amotinamientos de los pandilleros.

El contexto social y político en el que se da la respuesta de los pandilleros hace que algunas personas opinen que se trataba de una distracción, una cortina de humo, que tan solo busca posicionar un tema nuevo en la discusión pública para evitar que la administración de gobierno sea cuestionada por la mala ejecución presupuestaria durante la crisis y por el retraso en los programas de ayuda social.

“Esta todo mundo centrado a donde está el dinero, ha bajado la credibilidad del presidente, yo creo que él asocia mucho el uso de la fuerza con generar seguridad, ahora que se le caen a pedazos los ministerio de Salud y Desarrollo por la crisis del covid-19 también podría ser arreglado para que haya un evento que recoja la atención de la población y desviar todas esas preguntas”; dijo Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).

Añadió que otro factor que se acopla con sus sospechas es la forma en que se incluye en la agenda legislativa la ley antimaras que fue impulsada en la campaña de Giammattei.

“Para mí siempre las pandillas y el Sistema Penitenciario están relacionadas a intereses fuera del sistema y de las mismas pandillas, porque me parece que esto caza muy bien con todo, nos tuvieron meses discutiendo el termino de los terroristas, que descartaron algunas comisiones; la obligación del Congreso es elegir Cortes, tal vez son intentos por crear un nuevo tema para que la gente se olvide de los temas que le están costando al presidente su baja popularidad”, dijo.

Pandillas sanguinarias

Para Carlos Menocal, exministro de Gobernación, es necesario analizar la forma en que ocurrieron los eventos, señala que el comportamiento de los pandilleros no fue el habitual, sobretodo porque no hubo una respuesta positiva a sus demandas. El exfuncionario no se atreve a asegurar que exista una distracción pública, pero resalta la necesidad de evaluar cada escenario.

“Tras 12 horas del secuestro ellos fueron liberados pero los pandilleros no fueron regresados a sus lugares, esto llama poderosamente la atención porque ellos no son así, las pandillas son altamente violentas, volátiles, sumamente criminales dentro de las cárceles y ya amotinados entre sus características resalta la crueldad de sus actos”, explicó Menocal.

Por su parte, Francisco Rivas, también exministro de Gobernación, espera que la forma en que cerró agosto sea una respuesta clara de los pandilleros por estar en desacuerdo a la estrategia de seguridad que muestran las autoridades del Ejecutivo.

“Yo esperaría que no fuera una cortina de humo, creyendo en la buena disposición de las autoridades de gobierno y tomando en cuenta que el fenómeno de las extorsiones, el homicidio y el tráfico de drogas le causa un daño muy fuerte a la población guatemalteca que se está esforzando día a día en el contexto de la crisis sanitaria, desde la lectura de un ciudadano común esperaría que son esfuerzos de gobierno que tienen una reacción muy fuerte”, precisó Rivas.

Mensaje presidencial

En los casi ocho meses de gobierno ha sido habitual ver al presidente en cadenas nacionales para enviar mensajes sobre la pandemia, pero los pandilleros de la Mara 18 le hicieron aparecer para dar un mensaje centrado en la seguridad pública.

Giammattei estuvo acompañado de altos mandos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil al momento de responder a la actividad criminal, en donde resaltó que su responsabilidad es proteger a la ciudadanía.

“Si los señores de la pandilla del barrio 18 no deponen su accionar tendremos que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para asegurar la vida de los rehenes y que se cumpla con deponer la actitud que está poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad, pero sobretodo el principio de gobernabilidad”, resaltó el mandatario.

Para  Corine Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los pandilleros reaccionaron a una estrategia seria, por parte del gobierno, que puede poner en peligro su conducta criminal al tratar de contrarrestar las extorsiones. Los resultados de este plan, a criterio de la experta, podrían verse en octubre con una eventual baja en la actividad delincuencial.

“En el contexto que se dieron los hechos yo si diría que es descontento de la pandilla por parte de las autoridades, donde se puede ver que hay una estrategia que tiene de fondo algo más que solo una reorganización,  esto es importante porque a veces solo cambian a algunas personas y solo se pasa el problema a otro centro, se alborota la dinámica en el nuevo penal, se requiere de una estrategia más amplia, que se percibe, si se va mas allá”, indicó.

Propuesta se conocerá el jueves

La iniciativa 5692, la ley antimaras, cuenta con tres dictámenes favorables con modificaciones, provenientes de las comisiones legislativas de Gobernación, Defensa y Seguridad Nacional. Cuando el proyecto se encuentre en su primer debate los diputados, en pleno, deberán de votar por una de esas recomendaciones que será utilizada para que el proyecto avance y así, tal vez, pueda convertirse en ley.

En la plenaria de ayer los diputados ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo y aprobar el orden del día, que fue consensuado por los jefes de bloque el pasado lunes, haciendo que la 5692 y el resto de proyectos quedaran postergados para la siguiente sesión, algunos proyectos, como es el caso de esta iniciativa, se encuentra incluidos en la agenda plenaria de mañana.

Cuando el proyecto de ley ingresó a Dirección Legislativa en febrero pasado levantó debate, opiniones a favor y en contra, una de esas voces que se opone a la iniciativa es la del analista en seguridad Sandino Asturias, integrante de la Mesa Técnica para la Transformación Penitenciaria, quien observa vacíos legales.

“Activar el mecanismo jurídico legal que las maras son terroristas me parece un error fundamental, estructural, un error que viene de El Salvador, porque fueron los que inventaron esa normativa, ha sido un desastre para la implementación de políticas (…)  si no tenemos un Sistema Penitenciario que cumpla su función Constitucional de rehabilitar y resocializar, donde no existen las condiciones que estableció la ley penitenciaria, no habrán oportunidades para afrontar la seguridad de manera general”, explicó.

Una de las comisiones que más defendió la iniciativa presidencial en la fase de evaluación fue la mesa de Gobernación, encabezada por el diputado oficialista Sergio Arana, a quien se intentó localizar para tener su punto de vista referente al proyecto pero argumentó que por su agenda de trabajo y reuniones no le era posible atender una llamada.

La iniciativa fue presentada por el mandatario el 22 de enero pasado y fue conocida por el pleno seis días después. El proyecto fue enviado a tres comisiones: la de Gobernación, Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad Nacional. El 28 de enero esas salas legislativas establecieron 30 días hábiles para emitir un dictamen.

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La sala legislativa de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, acordó dar dictamen favorable a la propuesta pero con modificaciones. Se elimina el término terrorista y quedan catalogados como “criminales de altísima peligrosidad”. Además, endurece las penas a los delitos que cometan las maras y deja a disposición Q200 millones al Ministerio de Gobernación (Mingob) para combatir esas agrupaciones del crimen organizado.

Aunque en un principio se buscaba que Gobernación construyera cárceles de máxima seguridad sin los controles que establece la Ley de Contrataciones del Estado, esto quedó fuera.

El dictamen incorpora dos mesas, una reactiva para que los recursos del Ejecutivo se enfoquen en el combate frontal a las maras, y la segunda es de carácter preventivo, para crear programas en los territorios donde hay alta presencia de pandillas y se le dé atención a jóvenes y niños en riesgo para que no caigan en manos de las maras.

“Hay varias modificaciones a los delitos en los que incurren las maras, además, el hecho de pertenecer a una se vuelve un agravante, lo cual hace que la pena se incremente desde dos terceras partes hasta el doble de la pena”, señaló Argueta.

La opinión de la sala de trabajo establece que los Q200 millones del Mingob son para que compre equipo de investigación y de comunicaciones, así como vehículos, armamento y municiones, a lo que deja un plazo de seis meses para ejecutar ese monto y bajo un régimen especial.

La primera comisión en dictaminar fue la de Defensa Nacional, la cual consideró en el proyecto que los pandilleros no son declarados como terroristas porque podrían existir ilegalidades. En cambio, esa sala define a las maras o pandillas como “grupos delictivos organizados u organizaciones criminales”.

El artículo 1 propuesto, que reforma el 391 del Código Penal, establece: “Quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, coacciones a otros a ejecutar o ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de cinco a 15 años”.

“Si se empleare materiales explosivos de gran poder destructor para la comisión de este delito o si a consecuencia de este resultare la muerte o lesiones graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años, más multa de 25 mil a 800 mil dólares de los Estados Unidos”, indica el documento.

En cambio, la sala legislativa de Gobernación define a las pandillas como terroristas, y establece prisión de 10 a 30 años y multas de US$25 mil a US$800 mil.

Argueta indicó que dejaron fuera del dictamen la construcción de las cárceles debido a que el Ejecutivo no entregó un análisis técnico que les fue solicitado, ya que se contemplaba la obra bajo un régimen especial que permitía hacerlo de manera rápida.

El proyecto de ley de Todos castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de Q20 mil a Q35 mil a quienes “públicamente” instiguen a cometer delitos, pena que se triplicará cuando se “obligue” a menores de edad.

De igual forma se prohíben “las pandillas criminales y delincuenciales denominadas maras” y se les castiga con prisión de seis a doce años y una multa de hasta Q60 mil.

Para los cabecillas o jefes de las maras se establece una sanción pecuniaria de Q50 mil y prisión de 10 a 15 años.

La @BancadaTODOS presenta iniciativa que busca sanciones para las pandilla criminales pic.twitter.com/vamxcg1GP9

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) April 24, 2017

La iniciativa castiga de igual forma a quienes “promuevan, financien y se beneficien directamente de la estructura criminal de la pandilla o mara”, para ello se establece prisión de seis a 12 años.

Felipe Alejos, diputado de Todos, aseguró que son pocos los pandilleros que están recluidos en los diferentes centros correccionales, comparado con “el número de personas que está en las calles delinquiendo y amedrentando a la población”.

La propuesta aún debe de ser conocida en el pleno para ser trasladada a comisión para dictamen. Posteriormente los jefes de bloques deciden si amerita llevarla a discusión de los diputados para su aprobación o improbación. Según Alejos, buscarán que esta iniciativa sea aprobada de urgencia nacional, lo que evitaría dicho trámite.

“Todos los guatemaltecos están esperando una respuesta del Congreso para la persecución legal contra las pandillas. Esta ley será una herramienta para los operadores de justicia porque podrán perseguir y condenar a los mareros”, manifestó.