El portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Ned Price, manifestó la complacencia del gobierno de su país por la cancelación de residencias guatemaltecas al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, señalados de dirigir múltiples esquemas de soborno a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

“Saludamos la decisión del Gobierno de Guatemala @MigracionGuate de cancelar la residencia de Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, ambos sancionados bajo la ley Global Magnitsky”, se lee en un mensaje que Price publicó en su cuenta de Twitter.

El mensaje iba acompañado de un enlace en el que Estados Unidos daba a conocer la sanción hacia el ciudadano ruso y la bielorrusa.

We welcome the Government of Guatemala @MigracionGuate decision to cancel the residency of Dmitry Kudryakov and Iryna Litviniuk, both sanctioned under the Global Magnitsky law. https://t.co/ZZcnYY29jZ

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 28, 2022

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó el pasado viernes 18 de noviembre que había sancionado con la Ley Magnitsky a Kudryakov y a Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero de Guatemala.

La sanción también se extendió a tres entidades asociadas a las dos personas, según EE. UU.,  relacionadas con sus esquemas de corrupción.

Las compañías sancionadas son la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el documento, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

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“El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov ( Kudryakov ), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk ( Litviniuk ), supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Añadía que Litviniuk llevó a cabo “actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Señalaba a estas personas por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

El pasado lunes 21 de noviembre, el Gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei informó que había sido notificado sobre la sanción impuesta por Estados Unidos a dos directivos de tres entidades mineras de origen suizo-ruso, por posible implicación en corrupción.

Las autoridades migratorias de Guatemala informaron el viernes 25 de noviembre que los dirigentes de una mina ruso-suiza sancionados por Estados Unidos ya no se encontraban en territorio guatemalteco.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló en un breve comunicado de prensa que ambas personas “abandonaron” la nación sin detallar fecha, y que no se les permitirá el reingreso al territorio.

De acuerdo con las autoridades migratorias guatemaltecas, tanto Kudryakov como Litvianuk “abandonaron el territorio nacional” y que a ambos se les “suspenderá la residencia” en “seguimiento a la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad”.

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Posturas

Solway Investment Group publicó un comunicado luego de la designación de la OFAC y mencionó:

“En respuesta a la reciente declaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las sanciones dirigidas a la participación rusa en el sector minero de Guatemala, Solway Investment Group desea declarar lo siguiente:

Mayaniquel no es y nunca ha sido parte de Solway Investment Group.

Las subsidiarias de Solway Compañía Guatemalteca de Niquel SA (CGN), Compañía Procesadora de Niquel de Izabal SA (Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas mencionadas como sancionadas. Tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Ya el 3 de marzo de 2022, Solway manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10 % de las operaciones globales del Grupo y completó legalmente este proceso” se leía en el comunicado.

CGN

Por su parte, David Orellana, vocero de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dijo que hasta ese momento no tenía una postura oficial de los directivos de la empresa de níquel, pero que está en comunicación con ellos para definir una posición sobre el tema.

Agregó que no entiende por qué la OFAC unió CGN y ProNico, con Mayaniquel, ya que esta última no es subsidiaria de Solway Investment.

Orellana confirmó ese día que el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov es presidente de de CGN y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, es directora de Desarrollo Sostenible de Solway.

Mayaniquel S.A.

En un comunicado, Mayaniquel S.A. detalla que: “la inclusión de Mayaniquel, S.A. en el comunicado se basa en una inexistente vinculación entre Mayaniquel, Solway Investment Group y los individuos allí mencionados”.

En tal sentido, la empresa expresa que se ven obligados a aclarar lo siguiente:

• “a) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO forma parte de Solway Investment Group, ni es una subsidiaria o entidad afiliada a su grupo corporativo.
• b) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO es propiedad, ni es una entidad controlada directa o indirectamente por Solway Investment Group, sus afiliadas, subsidiarias, Directores, o la persona mencionada en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

Afirma que la empresa opera dentro del marco de la ley y sujeta a los más altos estándares de cumplimiento y comportamiento.

“Lamentamos profundamente estas imprecisiones. Nuestro equipo legal ya está en contacto  con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y estamos a su disposición para cualquier verificación de la información imprecisa contenida en dicho comunicado”, concluye el documento.

EE. UU. volvió a mostrar preocupación por lo que define como un “patrón continuo” de acciones en contra de jueces y fiscales anticorrupción de Guatemala, muchos de los cuales salieron del país al denunciar persecución judicial.

El sitio de noticias Infobae publicó este martes 8 de noviembre información de la agencia Reuters, que recoge declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, en las que señala la preocupación de Washington por las acciones legales encaminadas contra varios jueces y fiscales que conocieron casos de corrupción en Guatemala.

“El Departamento de Estado estadounidense dijo el lunes que Washington está preocupado por lo que describe como un patrón de acciones contra jueces y fiscales guatemaltecos que manejan casos de corrupción y derechos humanos”, señala la publicación de Infobae.

Agrega que Price dijo durante una sesión informativa que “Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos”.

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La publicación agrega que Price dijo que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos los jueces, fiscales y periodistas, busca la confianza en las instituciones judiciales.

25 salen del país

Al menos 25 operadores de Justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales que tuvieron a su cargo casos de corrupción, han salido del país, luego de que el Ministerio Público (MP) iniciara procesos penales en su contra.

El último caso fue el de Miguel Ángel Gálvez, el juez anticorrupción de Guatemala que procesó a un expresidente en 2015, y quien salió el viernes pasado del país en medio de una persecución penal en su contra.

Previo a su salida, Miguel Ángel Gálvez, presidente del juzgado de mayor riesgo “B”, se encontraba defendiéndose de un proceso de antejuicio en su contra.

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Ese viernes, el abogado Herberth Pérez, defensor del juez Gálvez, presentó las pruebas de descargo ante el juzgado que evaluaba si era pertinente retirarle su inmunidad por un caso de supuestas “detenciones ilegales”, denuncia interpuesta en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo.

Previo a la oficialización de su salida de Guatemala, Gálvez había denunciado ante medios internacionales y organizaciones sociales que existían “amenazas y persecución” en su contra para evitar que siguiera impartiendo Justicia.

La persecución penal contra el juez Gálvez inició a mediados de 2022, cuando este decidió enviar a juicio a 10 militares de alto rango retirados, y acusados del asesinato de 183 personas, durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996).

Gálvez, de 64 años, se convierte en el segundo juez de mayor riesgo de Guatemala que abandona el país durante el 2022.

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En marzo de este año, la jueza Erika Aifán, quien tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos, decidió exiliarse en Estados Unidos.

En 2015, el juez Gálvez fue el encargado de enviar a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molia y a unos 20 exfuncionarios públicos más por un caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.

En octubre pasado, el juez Gálvez había presentado un memorial ante el Supremo de Guatemala, recordando que poseía medidas cautelares a su favor emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, varios exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) han sido capturados y otros optaron por salir del país, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa unidad de investigación.

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En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que estaba “profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora general (fiscal general) de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”.

En esa oportunidad, EE. UU. hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para “que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”.

Crítica reitrada

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.

La fiscal general Consuelo Porras, a quien Washington acusa de interferir en la investigación de actos de corrupción, tiene prohibido entrar en territorio estadounidense.

“Las continuas acciones para enjuiciar a los actuales y pasados actores de la justicia están debilitando a Guatemala”, advirtió Price.
“La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y periodistas, es vital para que los ciudadanos confíen en sus instituciones judiciales”, insistió.

La Policía de Guatemala detuvo hace unos meses a la directiva del diario opositor El Periódico, cuyo responsable José Rubén Zamora está acusado de lavado de dinero tras denunciar corrupción en el gobierno.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones de los derechos humanos, de la que también forman parte Cuba, Venezuela y Nicaragua. Giammattei rechaza las acusaciones.

Posturas

Referente a lo dicho por el Departamento de Estado, el MP dijo que “el mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”.

Por lo anterior refirió que “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del Departamento de Estado”.

Por su parte el Ejecutivo señaló que en un comunicado que “el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza enérgicamente las declaraciones manifestadas hoy por el portavoz de Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.

Además, refirió que “Guatemala, como un país soberano y respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia judicial rechaza cualquier injerencia en los procesos internos y reafirma su compromiso de velar para que prevalezca la separación de poderes, tal y como promulga la Constitución de la República”.

“Guatemala, como Estado libre, independiente y soberano recalca que de la Constitución Política de la República confiere exclusividad absoluta a los jueces respecto de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, lo cual hace honor al principio de separación de poderes e implica negativamente la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas”, dice el documento.

Concluye: “el Gobierno de Guatemala reafirma el compromiso de brindar a la población acceso a la justicia y recalca que todos los guatemaltecos son iguales ante la ley y nadie es superior a la misma”.

Envían carta

El pasado viernes, el congresista estadounidense Albio Sires lamentó la situación a la que se enfrenta el juez Gálvez y escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter; sin embargo, sus comentarios generaron reacciones de la embajada de Guatemala en EE. UU.

“Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez y obstruir justicia por las víctimas de la violencia patrocinado por el Estado”, escribió Sires.

Agrega que el “juez Gálvez ha sido comendado por múltiples organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, incluyendo el de los Estados Unidos, por su trabajo como defensor de la justicia y de la responsabilidad del gobierno”, dice otro mensaje del congresista.

Hoy, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez asistirá a una audencia preliminar para determiner si será despojado de su inmunidad judicial. Este esfuerzo es sólo uno de muchos en la campaña del gobierno para debilitar esfuerzos para luchar contra la corrupción en Guatemala.

— Albio Sires (@RepSires) November 4, 2022

Por lo anterior, la embajada de Guatemala en EE. UU. envió una carta al congresista en la que rechazan sus publicaciones.

“Quiero referirme a su tuit del viernes 4 de noviembre sobre la situación del juez Miguel Ángel Gálvez. Rechazamos firmemente la declaración expresada en tal tuit de que el Gobierno guatemalteco está tratando de silenciar al juez y obstruir la justicia. Esta afirmación no tiene ningún fundamento. Supongo que dicha declaración es probablemente el resultado de información inexacta compartida con usted o con su oficial”, dice el documento enviado.

Agrega que “en Guatemala hay una separación de poderes y, en base a esto, el Poder Ejecutivo respeta la independencia judicial y el estado de derecho. Los procedimientos judiciales corresponden exclusivamente al Poder Judicial y el enjuiciamiento penal a la Fiscalía, que también es una entidad independiente, y que por ley está obligada a investigar todas las quejas que se le presenten”.

Con información de EFE

El presidente salvadoreño Nayib Bukele le envió este lunes 11 de abril por medio de su cuenta de Twitter un contundente mensaje a Estados Unidos.

El tuit fue en respuesta a un pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, sobre las pandillas.

“El gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas. Instamos a El Salvador a proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa”, escribió Price.

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En respuesta, Bukele citó el tuit y criticó su contenido.

“‘El gobierno de Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de pandillas’. ¿En serio?”, dijo el mandatario.

“Sí, recibimos apoyo del gobierno de EE. UU. para combatir el crimen, pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE (Donald) TRUMP”, agregó.

“Ahora solo estás apoyando a las pandillas y sus ‘libertades civiles’, enfatizó en el tuit.

Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de nueve mil presuntos pandilleros en los últimos 15 días, anunció este domingo el presidente Nayib Bukele, en medio de un estado de excepción impulsado por el mandatario luego de un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas.

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Sin embargo, entidades de Derechos Humanos han denunciado que, en el marco de ese estado, se han violado las garantías constitucionales.

Medios de comunicación han advertido del intento de censura en varias normativas aprobadas de última hora por un congreso de mayoría oficialista.

“The U.S. government continues to support El Salvador to reduce the proliferation of gangs”. Really?

Yes, we got support from the U.S. government to fight crime, but the was UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION.

You are only supporting the gangs and their “civil liberties” now. https://t.co/SJK4vEVYcs

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 11, 2022

Por segundo día, Estados Unidos se pronunció en torno a la designación de Mynor Moto, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ya fue juramentado por el Congreso, pero el tribunal aún no le ha dado posesión del cargo, mientras aguardan 12 recursos legales contra ese nombramiento.

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Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, emitió una declaración y divulgada en Twitter, un día después de que hiciera lo propio Julie Chung, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ambos sobre Moto y la integración de la Corte.

The fair and transparent selection of Guatemala's Constitutional Court justices is critical for democracy. We value the U.S.-Guatemala partnership and support the fight against endemic corruption and impunity to help build a future Guatemalans deserve. https://t.co/wmMBtGSK2m

— Ned Price (@statedeptspox) January 28, 2021

“Seguimos de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrado de la Corte de Constitucionalidad a una persona con serias acusaciones en su contra. Esto incluye acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de compromisos pasados ​​con Gustavo Alejos, a quien el Departamento previamente designó públicamente por actos corruptos que socavaron el estado de Derecho en Guatemala”, asevera Price.

Efectivamente, el 8 de junio de 2020, Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio a Alejos y su familia. El exsecretario privado de la gestión presidencial de Álvaro Colom (2008-2012) está preso y procesado en por lo menos cinco casos de corrupción.

Price también se expresó sobre los efectos de la juramentación de Moto. “Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en duda la integridad del tribunal más alto de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos”.

Y finalizó la declaración con un compromiso por ayudar a Guatemala en la lucha contra la corrupción y la impunidad: ” El Departamento de Estado valora nuestra asociación con el presidente Giammattei y nuestros lazos de larga data con Guatemala, y está comprometido a apoyar la lucha de Guatemala contra la corrupción endémica y la impunidad, un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro que merece el pueblo de Guatemala”.

Moto y Alejos

El vínculo que señala Washington entre Moto y Alejos apunta al supuesto interés del magistrado constitucional juramentado por hacerse del control del caso Comisiones paralelas 2020, donde el Ministerio Público (MP) identifica una red en la que participa Alejos y que busca influir en la elección de cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones que está varada en el Congreso.

Allí, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Moto habría intentado tomar el control del caso a petición de un particular, Dennis Billy Herrera Arita, hermano de Douglas Herrera, un exintegrante de la comisión de postulación de cortes de Apelaciones. Según el MP, Dennis Herrera Arita ha tenido comunicación directa con Alejos a través de mensajería de celular.

Aunado a eso, y en el cargo de su aspiración a ser magistrado de la CC por el Colegio de Abogados, Moto se reunió el 11 de diciembre de 2020 con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y Juan Carlos Borrayo Carbajal, abogado de Alejos en el caso Negociantes de la Salud.

Por estos hechos la Feci pidió el retiro del antejuicio de Moto. También planteó otro proceso contra Moto por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Piden transparencia

El Grupo de Donantes G-13 instó en un comunicado a que la próxima elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea “transparente” y con “candidatos idóneos” para ocupar esos puestos.

En la misiva, el grupo explicó que se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el rector de la Universidad de San Carlos, quienes les explicaron el proceso de selección y nombramiento de los candidatos.

Agrega que “diversos sectores de la sociedad guatemalteca han destacado la importancia del proceso y se han unido a esa solicitud de transparencia”.

El texto está firmado por las embajadas en Guatemala de España, Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reuno Unido, delegados de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y miembros del Grupo de Donantes.