Ministro de Gobernación denuncia al perfil “Yes, Master” y dice ser víctima de espionaje

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, denuncia que una estructura clandestina de espionaje lo sigue luego de fotografía publicada por una cuenta de netcenter.   

Óscar García, Lourdes Arana y Rubén Lacán

7 de enero de 2025

|

16:22h

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El ministro de Gobernación. Francisco Jiménez, denuncia que es víctima de espionaje. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

“En camino al Ministerio Público (MP) a interponer una denuncia penal en contra de una posible estructura de inteligencia, espionaje y seguimiento ilegal que utiliza las redes sociales para difamar y vulnerar a las personas”, escribió el ministro de Gobernación Francisco Jiménez en la red social X.

Este martes 7 de enero, Jiménez presentó una denuncia por difamación y amenazas luego de que le tomarán una fotografía en un centro comercial.

En declaraciones indicó que por la cercanía con la que fue tomada la imagen, podría tratarse de una red de espionaje que sigue de cerca a funcionarios.

Jiménez añadió que la denuncia es en contra del perfil Yes Master en la red social X y la supuesta red de espionaje.

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Recordó que el 23 de diciembre de 2024 hacía diligencias en un centro comercial, donde se sentó por un momento para tomar un descanso, y fue allí que le tomaron la fotografía.

“Esa fotografía se publicó en la cuenta Yes Master en la tarde y habiendo alguna referencia a mi persona, pero lo que llama poderosamente la atención es que menciona el tema de carrito de helados”, añadió.

Según Jiménez, el “carrito de helados” significa que hay alguien o algunos que ponen atención a algunas personas para tomarles fotografías.

Dijo que no visita con frecuencia el centro comercial donde lo fotografiaron. “La preocupación que yo tengo es que efectivamente al ser mencionado el concepto de carrito de helados es decir que están haciendo seguimiento”, indicó Jiménez.

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Afirmó: “la sospecha fuerte que yo tengo es que exista una estructura de espionaje y seguimiento ilegal que realiza seguimiento a mi persona para ubicarme y qué momento era el más adecuado para tomarme la fotografía”.

Dijo que lo “grave de la situación no solo es la fotografía”, ya que además se cumplió un ciclo de inteligencia al recabar información, tomar la foto y divulgarla.

Añadió que si hay personas que hacen seguimientos, “tiene que haber una estructura de espionaje necesariamente porque esto una persona no lo puede hacer”.

Según Jiménez, atrás de lo sucedido hay una estructura y por eso la cuenta Yes Master publicó la fotografía.

La denuncia que presentó contra las cuentas que publicaron la foto es por amenaza y difamación.

Reiteró que la imagen publicada es resultado de una red clandestina de espionaje, pues solo los servicios de inteligencia reconocidos pueden hacer esto, pero antes justificándolo ante juez con la posibilidad de dar seguimientos.

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“Yo creo que como ministro de Gobernación que tengo seguridad, que tengo equipo acompañándome por las amenazas que tengo, por mi posición y que hagan esto, imaginémonos las personas de cualquier nivel, de cualquier profesión que son igualmente seguidas con espionaje de inteligencia clandestina”, agregó.

Se siente amenazado

Externó: “Yo me siento amenazado porque si me pueden tomar una fotografía, un francotirador me puede disparar de una cierta manera, dónde me ubican o cómo me ubican. Si esta estructura está haciendo esto, espero que solo sea para tomar fotografías y no para dar esa información a los grupos criminales que son altamente poderosos en ese país”.

Dijo que, con la primera publicación de la foto, otras cuentas también la usaron.

Afirmó que no es el único que ha pasado este tipo de situaciones, por lo que hizo un llamado a denunciar para sacar a luz a esta esta estructura de espionaje e inteligencia clandestina que según él, “a todas luces está operando y que afecta no solo a funcionarios públicos, a miembros de la sociedad civil y a periodistas. Ya basta de que esta estructura afecte a la población”.

Añadió que espera que el trabajo el MP logre esclarecer este tema y quiere ver a la cara a estas personas que están detrás de la estructura.

Fotografía publicada

Juzgado ordena investigar perfil de red social X luego de acción interpuesta por magistrado Rony López

Rony López, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, accionó luego de que el Ministerio Público desestimara una denuncia contra una cuenta de la red social X, señalada de filtrar información sensible.

Miguel Barrientos y Douglas Cuevas

29 de agosto de 2024

|

10:51h

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El magistrado suplente de la CC, Rony López, interpuso una acción que fue respaldada por una jueza para investigar un perfil de la red social X. (Foto de referencia Prensa Libre: Unsplash)

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, brindó declaraciones sobre una denuncia que interpuso para que se investigue una cuenta de la red social X, señalada de filtrar información judicial y publicar información sensible.

El magistrado López detalló que la jueza Séptima Penal B declaró con lugar la acción que interpuso, por lo que el Ministerio Público tendrá que investigar la cuenta denominada “¡Yes, Master!”.

López interpuso una denuncia contra el perfil de la red social, la cual fue desestimada, por lo que accionó ante los juzgados.

“Esta cuenta, el grave problema para mí, es que se me dio seguimiento e informó las ubicaciones exactas donde me encontraba, cuando me informaron que había una orden de asesinarme, de parte del crimen organizado”, detalló López.

“La idea es que el Ministerio Público investigue quiénes son las personas que están detrás de la cuenta y que se determine si tienen vinculación con la ordenanza del crimen organizado que ordenó asesinarme”, añadió el magistrado.

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Según detalló el togado, cuando presentó la denuncia contra la referida cuenta ante el Ministerio Público, fue notificado de que se efectuaron seis diligencias, de las cuales cinco se efectuaron para recabar información de López.

En cuanto a la designación de un fiscal especial, López dijo que solo la fiscal general puede nombrar esa figura; sin embargo, la juzgadora expuso que es necesario que se efectúe la investigación y, por medio de autorizaciones judiciales, se determinen detalles de la creación de la cuenta.

Se trataría de información sobre el correo electrónico con el que se creó la cuenta, dirección IP, cuentas que tienen relación y otros elementos.

“Cosa que no hizo absolutamente nada el Ministerio Público”, aseguró López.

El magistrado indicó que, a su criterio, las personas responsables del perfil de la red social, habrían incurrido en delitos de conspiración para asesinar y asociación ilícita, en su caso particular.

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“Lo mío no es por difamación, calumnia o injuria”, afirmó el magistrado.

López añadió que lamenta que los denunciantes sean revictimizados, debido al alto porcentaje de casos que son desestimados.

Señaló que, debido a esa situación, los guatemaltecos deben acudir a un abogado privado para llevar sus casos ante los jueces.

La facilidad para abrir una cuenta en esta red ha facilitado que muchas de estas sean bots y usuarios anónimos, pero esto no representaba un problema hasta que los mensajes agresivos, amenazantes y discursos de odio empezaron a hacerse frecuentes, incidieron en la política nacional y pasaron del mundo digital al mundo “real”.

Aunque pareciera imposible detectar la procedencia de todas estas cuentas anónimas, a quiénes pertenecen y quiénes las financian, con una investigación judicial en Guatemala se logró emprender un camino que terminó en la sentencia de un trol que publicaba mensajes intimidatorios contra operadores de justicia.

Según la jerga de internet, un trol es una persona que publica mensajes provocadores en las redes sociales en forma anónima.

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Pero no solo son mensajes provocadores, sino también son narrativas con información manipulada que busca destruir perfiles específicos. Por ejemplo, campañas donde se difunden fotografías de supuestas órdenes de captura en contra de personajes políticos o judiciales o difusión de comunicados falsos.

“Estos grupos se venden como agencias de relaciones públicas que trabajan para elevar o destruir perfiles”, explica Alberto Escorcia, periodista e investigador en redes de México.

La cuenta @ElJefeDelKarma hacía esto y las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci) lograron establecer que Rolando Moisés Pérez estaba detrás de las amenazas en redes contra el abogado especialista en derechos humanos Leopoldo Zeissig.

Pérez también fue condenado por haber falsificado el título universitario y haber asegurado que era ingeniero para obtener una plaza en la Municipalidad de Mixco.

¿Cómo lo hicieron?

Durante el 2019, Zeissig, que trabajaba entonces con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había sido víctima de publicaciones intimidatorias y engañosas relacionadas con su trabajo. Su caso no es el único, muchos trabajadores de la extinta Cicig, periodistas, fiscales y jueces han caído en las garras de los netcenters y troles que se dedican a difamar a personalidades de la esfera pública.

Pero lo que le sucedió a Zeissig el 10 de junio de ese año fue clave para lograr la condena de 12 años de prisión contra Pérez.

Mientras el abogado se encontraba en una audiencia en la que se acusaba al entonces partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN), por financiamiento electoral ilícito, recibió un mensaje de texto que decía: “Cuenta regresiva comunista basura, guerrila vista guerrilla muerta estamos de regreso j.j jaguar justiciero y no perdonamos tus dos hijos movimiento controlado” (sic).

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Al terminar la audiencia, Zeissig envió una captura de pantalla del mensaje a sus superiores. “Miren lo que me mandaron”, dijo. Aunque ya había leído anteriormente ese tipo de mensajes en las redes sociales, lo que le llamó la atención al abogado es que se lo hayan enviado a su teléfono personal, a través de un SMS, y durante la audiencia que cuestionaba al partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

Después de varios allanamientos y una investigación que incluía la falsedad ideológica en que incurría la persona condenada, la Feci logró capturar a Pérez el 2 de diciembre del 2020.

Los investigadores le dieron seguimiento al número telefónico desde el cual le enviaron el mensaje de texto al abogado. Era un teléfono que usaba Pérez, no solo para enviar amenazas, sino para su trabajo diario.

Al analizar el desglose de llamadas, la Feci detectó un número recurrente y descubrió que los dos teléfonos pertenecían a la misma persona. Resulta que el segundo número estaba vinculado con la cuenta de Twitter @ElJefeDelKarma, desde el cual se publicaban mensajes difamatorios contra Zeissig e información sensible sobre su esposa e hijos.

@ElJefeDelKarma también interactuaba con otras cuentas similares y retuiteba publicaciones que iban en detrimento del trabajo de operadores de justicia.

“Un mensaje en una red social en sí mismo, aunque sea agresivo, no constituye una amenaza. Pero sí constituye una amenaza cuando se saca información privada con el objeto de generar algún tipo de escarnio o, en algunos casos, justificar o generar algún espacio para el ataque a través de la familia”, explicó Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), y quien fungió como testigo frente al tribunal de sentencia.

Un informe policial del 4 de diciembre del 2020 da cuenta de cómo la amenaza contra Zeissig se refuerza en las publicaciones emitidas por Pérez a través de la cuenta anónima que manejaba en Twitter y que estaba vinculada con su número telefónico.

Ante todos estos señalamientos, Pérez declaró ante el tribunal y aseguró que el número de teléfono señalado no era suyo y que su móvil fue intervenido ilegalmente para implantarle esa información.

El tribunal les dio valor a las pruebas presentadas por la Feci y reconoció que incurrió en el delito de obstaculización a la acción penal, al publicar amenazas contra el abogado durante la audiencia contra el partido FCN.

Según el artículo 458 del Código Penal, comete este delito “quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones”.

De esta forma, el 7 de abril último el Tribunal Décimo de Sentencia condenó a Rolando Moisés Pérez a 12 años de prisión, por este delito y por usurpación de calidad y uso de documentos falsos.

Referente

“Tradicionalmente las estructuras criminales organizadas han buscado el control de la comunicación para influir en la opinión pública. Estas estructuras han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la lucha contra la corrupción y la impunidad han logrado en Guatemala”, dijo Iván Velásquez, jefe de la Cicig en mayo del 2019, cuando presentó el informe Bots y netcenters y el combate a la impunidad.

“Nosotros hemos logrado desarticular grandes redes de netcenters, incluso logramos que Twitter borrara más de un millón de cuentas en el 2018, pero no hemos logrado conquistar ninguna acción penal contra ellos”, respondió Alberto Escorcia, quien se ha dedicado a la investigación de redes.

Aunque la Feci no quiso responder si están investigando las cuentas con las que interactuaba @ElJefeDelKarma para establecer qué tan grande es la red en la que este participaba, o si actuaba solo, este caso sorprende a quienes han denunciado activamente a los netcenters que han trabajado al servicio de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, en México, y Nayib Bukele, en El Salvador.

Escorcia explica que estas cuentas no trabajan solas, porque para tener efectividad son miles las que se activan para difundir un solo mensaje. Actualmente las considera una “mafia”.

“Aquí han ido evolucionando sus formas de operar porque resultó muy fácil localizarlos. Antes trabajaban para partidos o políticos, pero como Twitter endureció sus reglas, empezaron a trabajar para pequeños gobernantes y ahí empezó la verdadera pesadilla porque migraron al interior de la República y terminaron contratando a mucha gente”, señala Escorcia, quien asegura que cada grupo de netcenters cobra hasta US$50 mil por hora de trabajo.

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Escorcia explica que este fenómeno se empezó a observar en México e Irán en 2008 y 2009. “El gobierno iraní usaba cuentas falsas en Twitter para evitar que hubiera protestas, entonces el Ejército gringo dijo que ayudaría a los activistas a generar cuentas de bots para aumentar las protestas”, refirió.

Los territorios en conflicto son tierra fértil para estos grupos, agregó, ya que así es más fácil que un mensaje pueda generar divisiones. Es por eso que tuvieron éxito en México, Turquía, China y Vietnam.

Con el gobierno de Donald Trump se pudo observar esto, pero a diferencia de Latinoamérica, los países desarrollados utilizan a los netcenters para la difusión de fake news y así crear confusión.

“Son muy distintos los ataques del mundo latino y el resto del mundo, porque allá se van por las fake news y aquí más por los ataques personales y el troleo para destruir a las personas”, indicó.

En el caso de Guatemala, los bots se activaron con mayor fuerza cuando iniciaron los resultados de las investigaciones de casos de corrupción lideradas por la Cicig.

“La cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor contra la impunidad son menos, pero su intervención en redes es mayor. Al analizar detalladamente el esquema de seguidores de las cuentas que más publican contenidos en contra del combate de la impunidad, se pueden visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un usuario real, y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos netcenters”, dice la Cicig en su informe.

Según las últimas investigaciones de Escorcia, quien descubrió las granjas de bots de Peña Nieto, muchos netcenters mudaron su operación a Centroamérica y el Caribe. “El Salvador es el caso más grave porque hemos detectado que actualmente hay muchas más cuentas falsas de las que había en México en ese entonces”, dijo.

Omar Luna, comunicador salvadoreño y analista de datos de Lab-Dat, confirma lo anterior. “Hemos logrado identificar que los nets operan aquí con la única finalidad de ensalzar una figura pública en detrimento de otra figura. Por ejemplo, el presidente Bukele se vale de netcenters para posicionar tendencias, políticas públicas y para atacar y vulnerar cuentas y personas que están en contra del discurso oficial”, explicó.

Como pasó en Guatemala, donde las amenazas en redes traspasaron el mundo real, sucede en El Salvador, donde personas como el político Walter Araujo y la abogada en derechos humanos Berta María de León han sido objeto de persecuciones y amenazas en contra de su familia.

“Por lo general, cuando una persona empieza a divulgar ciertos elementos, automáticamente aparecen cuentas relacionadas que crean una especie de enjambre digital y al analizarlos se nota que las cuentas fueron creadas días antes de algún evento en específico”, afirmó.

Análisis: El dilema de la libertad de expresión

La defensora de Derechos Humanos Claudia Samayoa explica que el caso de Zeissig demuestra que el MP no se debe valer de que los mensajes sean emitidos en cuentas anónimas para no investigar. Sin embargo, el dilema en estas situaciones es cómo tratar con estas redes sin vulnerar la libre emisión del pensamiento.

Para el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, la respuesta es sencilla y está contemplada en la Ley de Emisión de Pensamiento.

“Existe un castigo por publicaciones que se den de tipo clandestino. Esto está sancionado por la misma Ley de Emisión del Pensamiento. A pesar de que la Ley está desactualizada sí está el tema de las publicaciones clandestinas y también se castigan las publicaciones calumniosas que imputan delitos a otras personas, las publicaciones injuriosas que son insultos y que discriminan”, dijo.

Aunque esta ley fue emitida en 1965, cuando no existían medios digitales. Fuentes Destarac señaló que las redes sociales deben considerarse medios de comunicación y por ello deben regirse con esta legislación.

“La ley castiga las cuentas anónimas porque trabajan en la clandestinidad, se establecen sanciones y, en el caso de la calumnia, es el Código Penal el que debe castigar”, agregó.

Para Escorcia, castigar los mensajes emitidos en redes es peligroso porque también puede llegar a criminalizar a defensores y activistas.

“Los grupos de poder se beneficiarían de que se regule el internet porque pueden utilizar las leyes a su favor. Por ejemplo, si muchos activistas convocan a una marcha podrían decir que están alterando el orden público”, señaló.

Sin embargo, lo que deja claro el caso de Zeissig es que para desarticular los netcenters debe existir una investigación exhaustiva que demuestra quién los financia y por qué lo hacen. Estas investigaciones pueden ser periodísticas, como lo hace Escorcia, o de tipo judicial como lo hizo la Feci.

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Esto luego de que se registrara un intento de asalto contra el diputado Aldo Dávila en la zona 1 de la capital.

En esta red social las reacciones no se hicieron esperar por lo sucedido contra el legislador.

Sin embargo, los internautas se percataron que la cuenta @LordVaderGT también se pronunció respecto de lo sucedido a Dávila y la cuenta del OJ le dio me gusta a la publicación.

Ante esto, el OJ en su comunicado añadió: “Asimismo, lamenta que desde la cuenta institucional de la red social Twitter por error involuntario se haya marcado “me gusta” a la publicación de una cuenta que es totalmente ajena a la institución, siendo que el propósito fundamental de la misma es informar a la población guatemalteca sobre los servicios, avances y actividades más relevantes de este Organismo de Estado”.

Aseguró: “Para el Organismo Judicial, la comunicación con la población guatemalteca es fundamental y se continuará trabajando a fin de fortalecer nuestros servicios en beneficio de la sociedad”.

La cuenta @LordVaderGT ha sido señalada de pertenecer a netcenters que se pronuncian por distintas situaciones en el país.

“No seas mentiroso, vos @aldodavila_gt —te quisieron asaltar y elementos de la @PNCdeGuatemala a quienes ofendes y humillas a cada rato, evitaron el hecho”, publicó respecto de Dávila.

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Internautas escribieron reacciones como que no se trató de un error darle me gusta a la publicación de @LordVaderGT.

Otros escribieron que se debe investigar lo sucedido e imponer las sanciones que correspondan.

Algunos afirman que con estas acciones se apoya a los netcenters e indican que el comunicado del OJ deja muchas dudas.

Reacciones de internautas

Y por error también los siguen? pic.twitter.com/y7OeyLYvPt

— Oscar Paiz (@OscarPaiz_) April 20, 2021

Terrible y lamentable. Si fue error o acto consciente, es muy pronto para definir lo.
Procede ahora una investigación sobre lo sucedido y de su resultado, imponer las sanciones que corresponda.
Ese proceso disciplinario debe ser público y darse a conocer al responsable.

— Sergio A. Vives (@SergioVives2) April 20, 2021

Y es que lo grave no fue solo el me gusta, fue retweetarlo y lo peor es que fue uno de los Netcenters más marcados de la red. Eso no fue involuntario, eso fue que la persona que maneja la cuenta se confundió de cuenta… Quiere decir que apoya y exhorta a los Netcenters

— El_PrincipitoGt (@El_principitoGT) April 20, 2021

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Estos son los lugares donde la Cicig ubicó a netcenters

El informe, auspiciado y apoyado por la Universidad de Oxford, detectó gran actividad a través de las redes sociales de verdaderas “tropas cibernéticas” que responden a intereses políticos y gubernamentales en unos 70 países, incluidos Guatemala, Honduras y Cuba.

Estos son algunos datos y descubrimientos consolidados del reporte, elaborado por varios expertos:

• En los últimos tres años se ha incrementado en 150% la manipulación de las redes sociales en estos 70 países.
• Las nuevas herramientas y técnicas de propaganda política por computación están siendo utilizadas para controlar la información.
• El periodismo y las academias juegan un papel importante para identificar y desenmascarar estas organizaciones de manipulación informática.
• La cooptación de las redes sociales en estos países ha sido utilizada para vigilar, censurar y amenazar a periodistas, políticos disidentes y a la sociedad en general. En ese sentido, han buscado suprimir los derechos humanos, desacreditar a la oposición política y ahogar a la disidencia política.
• La red social Facebook es la plataforma por excelencia utilizada por bots y netcenters para esta actividad, debido a que es uno de los actores más grandes de mercadeo y tiene una gran capacidad para formar comunidades y grupos, aunque también es utilizado Instagram, YouTube y WhatsApp.
• Los países latinoamericanos pioneros de esta práctica, de norte a sur son EE. UU., México, Guatemala, Honduras, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina.
• En Guatemala, aparatos gubernamentales y partidos políticos utilizan para estos fines principalmente la red social Facebook, seguida por Twitter y en menor medida WhatsApp.
• Los aparatos de manipulación cibernética podrían trabajar en conjunto con la industria privada, organizaciones civiles, grupos de hackers, colectivos juveniles o personas influyentes en la sociedad, que pueden ser contratados por agencias gubernamentales.
• Los medios técnicos para desinformar están basados en algoritmos, automatizaciones y big datas.

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Aunque el informe aclara que no tiene la intención de presentar una imagen completa de la forma en que operan estos aparatos, aclara que se basa en el análisis de perfiles, información pública, noticias, casos de estudios, archivos, reportes específicos, informes de gobiernos, estudios académicos, informes de organizaciones civiles, así como de expertos consultados.

El informe destaca que el 80% de estos países utiliza en las cuentas falsas los famosos bots, que define como cuentas automatizadas especialmente diseñadas para imitar el comportamiento humano; sin embargo, predominan en 87% de los países las cuentas administradas por humanos, que se involucran directamente en conversaciones y comentarios en las redes sociales. En 11% de los países se encontró actividad llamada Cyborg, que combina la automatización con personas humanas.

En el caso de Guatemala predominan los bots y los hackeos de cuentas en su mayoría para:

• Difundir propaganda en favor del Gobierno o un determinado partido político
• Atacar a la oposición o crear campañas de desprestigio
• Orquestar ataques contra personas específicas o acoso cibernético

El informe destaca que, principalmente en Guatemala, Filipinas y Siria, se han invertido grandes cantidades de dinero en este tipo de campañas, convirtiéndose en “un gran negocio”, lo que incluye manipulación de medios.

De acuerdo con el cálculo del informe, esta actividad en el país podría enmarcarse en unos US$100 mil, lo que lo encasilla como una nación de “capacidad media” para esta actividad, haciendo la aclaración de que cuenta con apoyo de equipos en países extranjeros para desarrollar ese tipo de actividades.

El documento llama a tomar conciencia de la magnitud de esta problemática y advierte de que, a medida que la tecnología vaya avanzando, la cibermanipulación también crecerá, como formas en que “un gobierno, agencias y partidos utilizan las redes sociales con propaganda política y la contaminación del ecosistema de información digital para suprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

¿Las redes sociales son para crear un espacio en el que cabe la deliberación política y la democracia, o están ampliando contenidos para mantener a los ciudadanos adictos, desinformados y enojados?, se pregunta finalmente el informe.

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Las campañas de desprestigio se difunden tanto con con videos, fotografías y montajes. También por medio de análisis políticos sesgados y páginas noticiosas falsas.

A la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, constantemente en señalada en redes sociales de estar vinculada en nuevos casos de corrupción.

Además, se difunden mensajes en los que se señala que Torres acordó asilo en otro país para abandonar Guatemala.

La candidatura de Alejandro Giamattei del partido Vamos es atacada por medio de mensajes en los que se le señala de no haber sido transparente con sus gastos electorales.

También abundan las recriminaciones por un supuesto respaldo del gobierno actual.

Ambos candidatos no se refirieron a las difamaciones publicadas en redes sociales en el cierre de sus campañas electorales, pero Giamattei y Torres culminaron la campaña efectuando críticas mutuas.

Los otros temas publicados en redes sociales son los casos que enfrentaron ambos candidatos por las investigaciones que hizo en contra de ellos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Bots al servicio de la difamación

El estudio Bots, netcenters y combate a la impunidad, publicado al comienzo del año por la Cicig, mostró los efectos nocivos en la opinión pública de la creación artificial de comunidades virtuales para difundir mentiras o concertar campañas de difamación contra particulares e instituciones.

El informe advirtió de “un eventual crecimiento sistemático del poder de estas redes operando en las esferas virtuales” para “construir estados de opinión pública que no representan fidedignamente a la población”.

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Activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y medios de comunicación figuraron entre los blancos de estos grupos, señaló el informe.

En última instancia la difusión de mentiras y la concentración de ataques y descalificación tiene como denominador alterar la opinión pública respecto del combate a la corrupción e impunidad recoge el estudio.

El uso de ejércitos de bots no es nuevo en Guatemala, en 2016 las declaraciones de un hacker, procesado en Colombia por delitos cibernéticos, revelaron un espionaje contra seis políticos y empresarios guatemaltecos, según una investigación publicada por Bloomberg Businessweek.

La revista estadounidense entrevistó a Andrés Sepúlveda, quien afirmó en esa ocasión que alteró campañas electorales durante ocho años, en Latinoamérica.

Sepúlveda creó un software al que bautizó Depredador de Redes Sociales, para administrar y dirigir un virtual ejército de cuentas falsas de Twitter, a través de las cuales influyó en la opinión pública.

“Me di cuenta de que las personas creen más a lo que dice internet que a la realidad. Descubrí que tenía el poder de hacer creer a la gente casi cualquier cosa”, refirió el hacker en la entrevista de 2016.

Sepúlveda dijo a Bloomberg Businessweek que en Guatemala interceptó digitalmente datos de seis personajes de la política y de los negocios.

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Mayoría está a favor de que siga la Cicig

“Describir el funcionamiento de los denominados “netcenter” en Guatemala a partir de un análisis estructural del comportamiento de cuentas de redes sociales” es el propósito de este estudio, señala el informe. Mediante la geolocalización de las direcciones IP de las cuentas, detectadas por el estudio, se ubicó a la Ciudad de Guatemala, Xela y Cobán, como regiones donde se concentran estas cuentas.

El estudio define a los netcenter como al “conjunto de cuentas conectadas directa o indirectamente de forma física o virtual que puede incluir entre sus usuarios cuentas de personas reales, perfiles falsos, instituciones reales, perfiles de instituciones ficticias”.

Mediante el análisis de datos centenares de cuentas y miles de interacciones el estudio ubicó a una docena de cuentas, denominadas dentro del informe como “Haters” del 1 al 12, productores de contenidos que luego serían reproducidos por “bots” u otras cuentas de perfiles falsos.

En horarios laborales de las 6 a las 18 horas,  y de lunes a viernes, pudieron ser identificados la mayor parte de las interacciones por parte de las cuentas identificadas como pertenecientes a netcenters.

Una de las características de los contenidos distribuidos por estas redes es el de “discursos de odio” dirigidos contra periodistas, activistas y figuras públicas en general que participan en la discusión de asuntos nacionales, señala el informe, en particular las posturas críticas contra la corrupción.

Una de las conclusiones del estudio es que “la cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor contra la impunidad son menos, pero su intervención en redes es mayor”.

“De esa cuenta, al analizar en detalle el esquema de seguidores de las cuentas que más publican contenidos en contra del combate a la impunidad se pueden visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un usuario real, y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos netcenters”, apunta la Cicig.

Conclusiones principales

El informe también evidencia aspectos como: cuentas asociadas a los Netcenter, modos en los que operan, geolocalización de las cuentas, cuentas madre y principales influenciadores, agenda de contenidos y reproducción de discurso de odio.

“Al estar conectadas entre sí forman un efecto derrame, el cual llega a afectar a usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que estos tengan respecto de una situación en general o particular. Los estudios demuestran que un usuario que controle un netcenter (cuenta madre) puede tener un crecimiento de 5-10 usuarios falsos por día, lo que equivale a un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores. El problema se agrava más cuando estructuras criminales se apropian de este modus operandi con el objeto de lograr incidencia en la agenda pública”, destaca la Comisión.

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Riesgo para la democracia

Mediante videoconferencia, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, lanzó un mensaje durante la presentación del informe para resaltar el crecimiento de los netcenters para difundir mensajes en contra de la lucha contra la corrupción.

En promedio cada netcenter tiene alrededor de 20 trabajadores, los cuales manejan de 5 a 10 cuentas cada uno, añade el informe. Las redes sociales donde más presencia se detectó de netcenters es Twitter y Facebook. Por su parte, el relator por la Libertad de Expresión de la CIDH, Edisón Lanza, indicó durante la presentación del estudio que los netcenters hace mal uso de la libertad de expresión.

El relator también advierte que la difusión de este tipo de mensajes de odio, incluyendo campañas contra figuras públicas y la difusión de noticias falsas, contribuye a “polarizar” la discusión política y entorpecer el diálogo y disenso que debe prevalecer en toda democracia.

Lanza señala que “los enemigos de la democracia quieren que caigamos en la penalización”. El estudio también contó con el comentario del profesor mexico Víctor Abrego, investigador de Signa LAB ITESO, especializada en redes sociales. Abrego resaltó que la experiencia en México ha mostrado cómo el mismo Estado ha hecho uso de netcenters, bots y el uso de programas de espionajes.

El estudio (abajo) no refiere a personas específicas, ni a estructuras criminales, sino al fenómeno en cuestión y cómo ha afectado a ciudadanos y ciudadanas que forman parte, desde diversos ámbitos de los esfuerzos anti-impunidad desplegados en el país.

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