Organizaciones civiles recomiendan no aprobar las reformas a la ley de la PNC

Análisis de sectores sociales refiere que reformas concedería un poder total de seguridad a la PNC y causaría conflictos con otras entidades de seguridad.

José Manuel Patzán

29 de octubre de 2024

|

15:47h

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La Alianza por un Congreso Eficiente elaboró un análisis en el que se exponen las razones por las que no es aconsejable aprobar las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil (PNC). Argumentan que no hay fuentes de financiamiento para cumplir los objetivos, que varios artículos propuestos solo generarán conflicto y contradicen lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Según el comunicado emitido por la alianza conformada por Guatemala Visible, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y la entidad civil, Fíjate Bien, la iniciativa de ley 6015 que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, busca reemplazar por completo la ley de la PNC mediante 90 artículos, sin contemplar medidas de transición.

Las organizaciones expresan que resulta “preocupante” si se aprueban las reformas, debido a la amplitud organizativa, logística, regulatoria y sobre todo presupuestaria que conllevan.

En la normativa se pide al Organismo Judicial que elabore 20 reglamentos en un periodo de seis meses, lo que, según la alianza, “podría significar una carga” laboral para ese organismo.

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Poder total

La propuesta de ley determina que la PNC será la única institución policial del Estado, en el documento emitido por las organizaciones se indica que esto implicaría un monopolio en el uso del término “policial” y contrastará con una policía militar ambulante.

“Decir que la PNC es la institución responsable de garantizar la seguridad pública puede implicar un desplazamiento de las demás fuerzas de seguridad”, acotaron en el comunicado.

Agregaron que aprobarse la iniciativa, se norma que la PNC tenga competencia para investigar la comisión de delitos y faltas, lo que generaría descoordinación, conflicto y duplicará las atribuciones de la Dirección General de Investigación Criminal.

También reiteran que en el artículo 14 de las reformas se estipula que ningún otro ente del estado, autónomo, semiautónomo o descentralizado, puede ejercer funciones exclusivas de la PNC.

En ese sentido, exponen que hay riesgo de la autonomía municipal, si estas se se subordinan ante la PNC, como lo establecen las reformas, en el contexto de que la institución policial colaborará para investigar faltas o delitos

“Se generaría tensiones entre las diferentes autoridades de seguridad”, afirman.

Prestaciones

Las prestaciones laborales para el personal policial aumentarían y contarían con alimentación, hospedaje, asistencia social, escalafón, defensoría social prioritaria, tratamiento médico para la familia, seguro de vida, uniformes, salarios para detenidos y 30 días de vacaciones, entre otros. El análisis dice que dichas prestaciones son aspiracionales y superan la disposición de la ley de servicio civil.

“Su implementación tendría un impacto financiero considerable en el presupuesto público”, afirman.

Agregaron: “Un tema preocupante es el escalafón policial, en los artículos 50 y 51 que se define como un aumento automático del cinco por ciento cada dos años sobre el salario líquido de los efectivos, lo cual podría afectar financieramente”.

La ley estipula que la PNC tenga independencia financiera, lo que la Alianza califica de impracticable al ser una entidad dependiente del ministerio de Gobernación, y enfatizan que, al prohibir la reducción del presupuesto asignado a la PNC, se violaría el artículo 171 de la Constitución Política”.

Dentro de las reformas se establece que el sistema educativo policial incluirá un programa de profesionalización con nivel de educación superior y carácter obligatorio. Sin embargo, al decir “educación superior”, dicen que podría contradecir el artículo 82 de la Constitución, que otorga dicha prerrogativa a la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Avance

El 10 de septiembre último, la Comisión de asuntos de Seguridad Nacional del Congreso le dio dictamen favorable a la iniciativa para crear una nueva Ley de la Policía Nacional Civil con procedimientos de ascensos, promociones, carrera policial y régimen de control.

Esta iniciativa surgió al considerar que la ley actual, creada en 1997, ya quedó relegada ante las nuevas necesidades de seguridad en la población, por lo que entre los puntos importantes que pretende dicha iniciativa de ley es el de modificar su organización. Con dictamen favorable, la iniciativa debe llegar al pleno del Congreso para ser aprobada.

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De acuerdo con lo iniciativa, se creará una estructura orgánica que contará además de la Dirección General con Dirección Administrativa, Dirección Operativa, Dirección de Inspectoría y Direcciones Regionales, con lo que se buscar hacer más efectivo el trabajo de la PNC. La iniciativa propone división territorial por regiones, en lugar de distritos como como se encuentra en la actualidad.

También se incluye que todos los integrantes de la PNC reciban formación en la Academia de la Policía donde “se les proporcionará una preparación básica, una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, a la democracia y obediencia de ley”; además, se reglamentarán las políticas de reclutamiento y administración personal.

Agrega que la carrera policial se desarrollará “ampliamente” y contemplará el ingreso, profesionalización, permanencia, escalafón, promoción y ascensos del personal de la PNC.

“Mediante la creación del escalafón sus integrantes podrán recibir salarios dignos y apropiados a su función y medidas adecuadas de prevención social. La nueva propuesta hace énfasis y fortalece los criterios de mérito, evaluación del desempeño y antigüedad entre otros”, detalla la iniciativa.

Impunity Watch cuestiona transparencia en el proceso de elección de magistrados de la CSJ

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Rubén Lacán

15 de octubre de 2024

|

18:00h

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 Impunity Watch afirmó que se debe hacer reformas al sistema de elección de cortes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Un proceso de elección de cortes desvirtuado, poco tiempo para analizar los perfiles de los aspirantes y un sistema que no favoreció a la carrera judicial, fueron las conclusiones de un análisis que realizó Impunity Watch, una organización internacional que promueve la lucha contra la impunidad.

Su informe se dio en marco de la conclusión del proceso de elección de magistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones. “El sistema de comisiones de postulación se desvirtuó y es preocupante el futuro de la justicia y la estabilidad democrática del país”, detalla el documento.

Agrega que el “modelo parece razonable, pero en la práctica se ha desnaturalizado y se ha convertido en un mecanismo para cooptar la justicia”, ya que desde el inicio del proceso se identificaron a grupos y operadores políticos que buscaban interferir en la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. 

“Como el presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez, el abogado Roberto López Villatoro, el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y la misma fiscal general Consuelo Porras”, señaló el escrito.  

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Además, dijeron que los comisionados, que se postularon a candidatos a magistrados, respondían a estos grupos retrasaron el proceso con “discusiones innecesarias”. 

Argumentaron que durante las últimas sesiones de la Comisión de Cortes de Apelaciones se seleccionó a 80 candidatos de forma anómala, lo que representa una violación a los principios de publicidad y transparencia del proceso lo que genera desconfianza en la ciudadanía. 

Plazos insuficientes  

A pesar de que el proceso de elección de cortes debió desarrollarse en seis meses, esto se hizo un mes y medio. “Este período es insuficiente para realizar una evaluación seria y rigurosa de los aspirantes”, detallaron.  

Otra de las problemáticas que observaron fue el trabajo simultaneo de ambas comisiones, lo que limita la posibilidad de una rigurosa evaluación.  

“En la Comisión de la CSJ participaron 353 personas y en la Comisión de Cortes de Apelaciones un mil 553, cifras que hacen prácticamente imposible indagar los antecedentes de cada aspirante”, comentaron. 

Objetivos de evaluación 

Dijeron que las comisiones no establecieron instrumentos objetivos para comprobar méritos académicos, profesionales y éticos de los aspirantes. Enfatizaron que es necesario que aplicar una prueba de “conocimientos, entrevistas y consultar las referencias personales y profesionales”.  

Criticaron que no se siguieron los lineamientos que estableció la Corte de Constitucionalidad (CC) y los instrumentos internacionales para valorar la ética y honorabilidad de los aspirantes.  
“Es inaceptable que las comisiones hayan rechazado los señalamientos y tachas que presentó la ciudadanía contra aspirantes cuestionados y que haya establecido el criterio de fundamentar las tachas en sentencias firmes por delitos o sanciones administrativas”, enfatiza el documento.  

También mencionaron que el sistema de la carrera judicial no fue favorecido, porque solo 11 jueces ascendieron a las Cortes de Apelaciones y fuero excluidos de la CSJ, lo que contraviene el artículo 77 de la Ley de la Carrera Judicial.  

Congreso negoció y eligió 

Impunity Watch afirma que los diputados no establecieron un procedimiento público y transparente para elegir a los nuevos magistrados del Organismo Judicial (OJ) y optó por un procedimiento opaco “que genera desconfianza”. 

Las deficiencias del sistema y las malas prácticas fueron constatadas por el rol que desempeñó la Misión de Observación Electoral de la OEA y el Panel Internacional de Personas Expertas (PEI), comentó Impunity Watch.  

“Las dos iniciativas son una muestra de la preocupación internacional por la crisis del sistema de justicia de Guatemala y la urgencia de restablecer el Estado de Derecho y la independencia judicial en el país”, señala el informe.  

Agregaron que el Ministerio público (MP) criminalizó a miembros de las comisiones de postulación y magistrados electos y lo interpretan como una represalia de María Consuelo Porras, jefa del MP, porque empleados del ente investigador no fueron electos, “incluyendo su esposo Gilberto Porres y el fiscal Rafael Curruchiche”.

Reformas al sistema  

Dijeron que se necesita reformar el sistema de elección de cortes. Los magistrados de las Cortes de Apelaciones deben ser seleccionados por medio de la Carrera Judicial y no por el congreso.  

La CSJ debería ser renovada una tercera parte “cada cierto tiempo” para evitar paralización del sistema de justicia.  

Mientras que, en el congreso, se debe reglamentar la etapa de elección y entrevistas públicas los candidatos y así evitar reuniones privadas.  

Afirmaron que se tienen que fortalecer la Carrera Judicial “y de control del poder judicial como el Consejo de la Carrera Judicial, la supervisión de tribunales, la evaluación de desempeño”.  

El abogado penalista Rodolfo Pérez Trabanino dice que con estas reformas se está desarticulando el sistema penal del país porque también abarca los delitos que comenten los pandilleros y bandas del criminen organizado dedicadas al robo de carros, celulares, casas, estafas, fraudes y otros delitos contra la seguridad pública, que afectan día a día a la población.

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El penalista asegura que la mayoría de estos delitos los contempla el Código Penal y tienen penas menores de 10 años. “Los pandilleros cometen delitos de venta de drogas al menudeo, portación ilegal de armas y otros delitos. Los van a capturar, van a reconocer los hechos, les van a dar Q5.00 diarios de conmuta y el día siguiente saldrán libres. En eso se resume la reforma”.

Pérez Trabanino expresa que la población le está poniendo mucha atención a los casos de los funcionarios que están acusados de corrupción, pero que la cantidad de estos sindicados es irrelevante si se compara con la cantidad de delincuentes que estarían fuera provocando daño a la población por medio de asaltos y robos de todo tipo.

La ley de Aceptación de Cargos, aunque condiciona los beneficios y no alcanzaría a reincidentes, Pérez Trabanino lo ve como una condicionante ambigua, ya que podría entenderse la reincidencia para el mismo delito, no la cantidad de procesos.

“Si a alguien lo capturan por robo y acepta el cargo, lo conmutan; cae por segunda por defraudación lo acepta y lo conmutan; lo capturan por tercera vez por estafa y también queda libre. Es un tema que le pega a todos los guatemaltecos”, explica Pérez Trabanino.

En cuantos las personas que se encuentran sindicadas de corrupción, el abogado penalista dice que estos procesos se encuentran en diferentes momentos, “algunos ya pasaron alguna declaración, otros ya reconocieron los hechos, por lo que en estos momentos no se sabe si necesariamente esta reforma los va a apoyar”.

Dejan fuera los procesos de corrupción

El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José Gonzalez, dice que el problema fundamental de las reformas es que dejan fuera la prohibición de que estas sean aplicables a los delitos y procesos por corrupción. “Aunque establecen algunas restricciones en la aplicabilidad de la aceptación de cargos, lo cierto es que estas no son suficientemente amplias”.

A criterio de González, estas reformas ponen en riesgo una serie de procesos que tienen que ver con el crimen organizado y las estructuras de corrupción, lo que podría generar impunidad, porque, aunque en teoría estén sancionados, “prácticamente la pena no respondería con la afectación jurídica que se estaría teniendo con los bienes que se están lacerando”.

González dice que la aplicación de estas reformas va a tener una implicación sobre los casos que ha trabajado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad porque son los delitos de la Ley contra la Corrupción los que no se encuentran restringidos en esta aplicación. “Entonces cualquiera que pueda cumplir medianamente con los requisitos podrían ser objeto de un beneficio de aceptación de cargos y una reducción de penas”, explica.

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“En enero del 2018 le respondimos -el Foro Guatemala- a la Conferencia Episcopal, a las iglesias evangélicas y la comunidad judía que no veíamos, en ese entonces, condiciones para un diálogo nacional con el Gobierno, pero que no rehuíamos la responsabilidad de trabajar entorno de concertar una agenda básica o mínima para sacar adelante al país. Aunque no hubo condiciones en aquel momento, no queríamos que fuera excusa para hacernos a un lado de la responsabilidad ciudadana”, dijo Eduardo Stein, vicepresidente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Las 16 organizaciones del foro hace un año efectuaron “un ejercicio en diversas comisiones de trabajo”, con el objetivo de identificar los temas que podrían incluirse en una agenda mínima de propuestas.

Stein explicó que para tener los análisis de temas se decidió incluir a más organizaciones, de otros sectores que no están incluidos en el Foro Guatemala, de manera que se conocieran las necesidades y soluciones de forma integral.

“Se identificaron aquellos elementos de una agenda en la que estuviéramos de acuerdo instituciones diversas que no se limitaban a las del Foro Guatemala, que atendieran los temas más urgentes de la agenda nacional, pero no solo con una óptica de coyuntura, sobre todo con una perspectiva estratégica de las diferentes reformas fundamentales que requiere el Estado guatemalteco para el mediano y largo plazo”, expuso Stein.

Discusiones y acuerdos

En las comisiones de trabajo se discutieron problemas a escala nacional para conformar las 15 propuestas que se entregaron el lunes pasado a los tres poderes del Estado.

“Las propuestas no se circunscriben a lo trabajado por las instituciones miembros del foro, sino que nosotros hicimos un esfuerzo de consulta directa y personal bastante más amplia. El documento concentra el sentir, aspiraciones y las inquietudes de otras organizaciones y sectores”, explicó Stein.

Julio Curruchiche, del Foro Maya, expuso que hubo discusión académica en el Foro Guatemala para definir los temas que incluiría la propuesta que se entregó al Estado.

“Se hicieron varias jornadas de consultas con grupos organizados que no están en el foro. Nosotros participamos en la línea agrícola y de desarrollo rural, con los empresarios discutimos acerca de le economía con énfasis en la ruralidad. Dejo claro que el planteamiento del foro no es coyuntural sino de visión de país, los tanques de pensamientos hicieron un análisis profundo por un año, por eso no salieron a discusión otros temas”, dijo Curruchiche.

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El Foro Maya expuso que la metodología que se usó para generar las propuestas fue la recopilación de información primaria y se escucharon a los “actores vivenciales” inmersos en las problemáticas sociales. Las reuniones se efectuaron a escala nacional en universidades, con comunidades y organizaciones sociales.

“No hubo discrepancias marcadas y todo estuvo en el análisis de prioridad para el país, no optamos por la coyuntura sino por la institucionalidad y por eso hay acuerdos”, dijo Curruchiche.

Stein indicó que en donde pudo haber un poco de diferencia -entre las organizaciones- es en cómo hacerlo, sin embargo, para evitar alargar las discusiones evitaron ahondar en aspectos técnicos y se limitaron a elaborar las recomendaciones.

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Pedro Cruz, representante de Primero Guatemala, expuso que hubo discrepancias entre las organizaciones, pero al final se alcanzaron los consensos.

“Nos costó ponernos de acuerdo, pero es algo habitual con varias organizaciones en análisis. Teníamos el objetivo de que si no logramos ponernos de acuerdo en una mesa donde estamos sentadas diversas organizaciones, entonces, cómo vamos a pretender que nuestras autoridades hagan lo mismo”, expuso Cruz.

Stein justificó que las discusiones permitieron crear una agenda en “común y aceptable para todos, sin traicionar el sentido profundo de la propuesta para tratar de enfrentar con soluciones concretas y practicables”. Además, expuso que las organizaciones tuvieron que “ceder, incluso en adjetivos” al momento de la redacción de las propuestas.

“Todo el mundo estuvo de acuerdo que atravesamos una crisis institucional, incluso, para algunos de nosotros es una crisis grave, pero estuvimos dispuestos a ceder que se le quitara el calificativo de grave”, relató Stein.

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Las sugerencias

Al Organismo Ejecutivo:

• Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
• Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
• Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal, tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
• Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
• Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al Currículum Nacional Base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
• Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.

Al Organismo Legislativo:

• Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
• Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
• Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de esta y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
• Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
• Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.

Al Organismo Judicial:

• Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
• Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
• Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.

Recomendaciones sobre transparencia

• Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
• Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.

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Alvarado aseguró que  respalda las reformas a la Constitución, porque se debe  fortalecer el sistema de justicia; sin embargo, rechazó que la Usac quede fuera de la elección de magistrados de la CC.

“La propuesta inicial para modernizar el sector justicia fue un aporte de las universidades Landívar, San Carlos y de Asíes —Asociación de Investigación y Estudios Sociales—; se retomaron aspectos importantes, pero no estamos de acuerdo con la integración de la CC”, dijo el rector al terminar una citación en el Congreso.

Agregó: “No queremos que se entrampe en una discusión política. Nuestro país necesita propuestas que fortalezcan el sistema de justicia, pero hay que tomar en cuenta al sector académico”.

En la actualidad, la CC se integra con magistrados titulares y suplentes designados por el Congreso,  Corte Suprema de Justicia, del Ejecutivo,  Usac y  Colegio de Abogados. Con las reformas, los dos últimos  no podrían nombrar  representantes.

Viciado

De León explicó que la propuesta es una recopilación de muchos actores, incluida la iniciativa de la Usac. “No es una ocurrencia”, sostuvo.

Agregó que se dejó fuera a la Usac y al Colegio de Abogados porque “las comisiones de postulación han sido un fracaso y han servido para favorecer la impunidad y a los sectores oscuros”.

“Es normal que el rector defienda la participación de la Usac, pero hay que reconocer que es ofensivo ver cómo se manipulan las elecciones, donde se llega hasta a la compra de votos por churrascos y por panes”, expresó.