Maltrato animal será delito penal en Guatemala: Congreso aprueba reformas clave

Las reformas fortalecen la protección animal en Guatemala, crean un nuevo delito penal y obligan a instituciones públicas a promover educación y jornadas de esterilización.

Glenda Burrión

20 de noviembre de 2025

|

18:28h

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Las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal tipifican el maltrato como delito penal, lo que permite una intervención más rápida y efectiva de las autoridades. (Foto, Prensa Libre: José Sánchez)

Las recientes reformas al Decreto 5-2017, Ley de Protección y Bienestar Animal, avanzan en el Congreso de Guatemala con el objetivo de actualizar y reforzar las medidas de protección hacia los animales en el país.

La propuesta responde a la creciente preocupación social, de diferentes sectores, por el maltrato animal y busca promover una convivencia responsable que también contribuya a la salud pública y al bienestar comunitario.

La iniciativa fortalecerá la labor de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y establecerá una coordinación más estrecha con municipalidades, entidades públicas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Educación (Mineduc).

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Nuevo delito de maltrato o crueldad animal

Uno de los cambios más trascendentales de las reformas es la creación del delito de maltrato o crueldad animal, que ahora queda incorporado en el Código Penal mediante el artículo 347 F. Esta inclusión marca un avance significativo en la protección legal de los animales en Guatemala, al reconocer estas acciones como faltas de carácter penal y no solo administrativo.

Según comenta las autoridades a Prensa Libre, esta modificación era necesaria debido al crecimiento sostenido de denuncias y al aumento de casos graves de maltrato registrados en los últimos años. Con la tipificación penal, Guatemala se alinea con prácticas internacionales que consideran el bienestar animal como un componente clave del desarrollo social y de la convivencia responsable.

El nuevo delito establece penas de uno a tres años de prisión y una multa equivalente a 15 salarios mínimos para actividades no agrícolas. Además, la normativa permite incrementar las penas cuando el daño causado al animal sea particularmente grave, como en casos de tortura prolongada, uso de métodos especialmente crueles o reincidencia del agresor.

Antes de esta reforma, conductas como envenenar, intoxicar, mutilar o sepultar vivo a un animal se consideraban únicamente infracciones gravísimas. La Unidad de Bienestar Animal podía imponer sanciones, pero los procedimientos eran más lentos y no contemplaban consecuencias penales. Con la tipificación del delito, estos actos ahora se tratarán como crímenes, lo que habilita la intervención inmediata de los juzgados penales y la PNC.

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Albergues temporales y nuevas responsabilidades institucionales 

Entre las medidas destacadas se incluye la creación de albergues temporales para brindar atención médica y refugio a animales en situación de abandono. Como acción inmediata, uno de los congresistas ponentes anunció la habilitación de un albergue temporal en Totonicapán, administrado por las cuatro alcaldías del departamento.

Las reformas también impulsan la creación de programas de bienestar animal en el MAGA y fortalecen la estructura de la Comisión Nacional para la Protección de los Animales, ampliando la capacidad del Estado para velar por todas las formas de vida en el territorio nacional.

Asimismo, se implementará un sistema de identificación animal por especie, género, edad y condición reproductiva, con el fin de frenar la proliferación descontrolada de perros callejeros.

Jornadas de esterilización

La UBA y el MSPAS serán responsables de promover jornadas de esterilización y castración para perros y gatos, especialmente aquellos en situación de calle o abandono. Con ello, la ley busca establecer un control poblacional efectivo de animales domésticos. 

Las reformas modifican el artículo 5, obligando a la UBA a realizar jornadas periódicas de esterilización para animales ferales, a fin de reducir su reproducción.

Para María López, médico veterinario y que se dedica a la labor de rescate y ayuda a los animales explica que “esta actualización es un avance enorme, especialmente por el impulso a las jornadas de esterilización. Cada procedimiento realizado evitará sufrimiento, reducirá el abandono y, en última instancia, salvará vidas.”

Educación y cultura de respeto hacia los animales

El Ministerio de Educación deberá incluir en el pensum de primaria contenidos sobre cuidado animal y responsabilidades de convivencia. La UBA será la entidad encargada de verificar su cumplimiento y, de no hacerlo, podrán aplicarse sanciones administrativas, civiles o penales.

La institución también deberá ejecutar campañas mensuales de información sobre los procedimientos de denuncia, centros de atención y mecanismos para reportar hechos de maltrato.

Proceso de denuncia más ágil y tiempos de respuesta reducidos

Las reformas establecen que las denuncias podrán presentarse de forma verbal, escrita o electrónica a través del sitio web de la institución. Además, se simplifica la información requerida para reportar un caso: ya no se exigirá una formalidad estricta ni requisitos adicionales.

Únicamente se solicitará el lugar del hecho, una descripción del caso, datos para identificar al presunto infractor y, de ser posible, alguna prueba que respalde la denuncia. Estas podrán ingresarse tanto en la PNC como en la UBA.

Una vez recibida la denuncia, la UBA deberá realizar una visita de verificación en un plazo máximo de 5 días y emitir una resolución en un período de 8 días calendario.

En casos de maltrato comprobado, la PNC podrá rescatar y retener al animal, que será puesto bajo custodia temporal de la UBA o de asociaciones registradas.

Por qué las reformas eran necesarias

Las autoridades consideran que esta tendencia evidencia la urgencia de una reforma integral que fortalezca el marco legal y permita una respuesta más efectiva ante la problemática.

Según datos de la UBA, las denuncias por maltrato animal han mostrado un incremento constante en los últimos años:

• 2023: 323 casos

• 2024: 358 casos

• 2025: 452 casos, en lo que va del año.

A nivel poblacional, el aumento de reportes también reflejaba la necesidad de actualizar la ley para atender la creciente incidencia de maltrato animal en todo el país.

De acuerdo con los registros de la UBA, los casos más denunciados corresponden principalmente a:

• Falta de condiciones mínimas de bienestar, como no proporcionar alimento o resguardo.

• Crueldad física, que incluye entre otros golpes, disparos o heridas con machete.

• Desplazamiento en vía pública sin supervisión.

• Restricción de movimiento, como mantener a los animales encadenados o amarrados.

Estas tendencias, según la institución, reafirmaban la urgencia de modernizar la legislación para garantizar una protección más efectiva para los animales domésticos.

Respecto al impacto social de estas reformas, la UBA indicó que el análisis oficial será presentado cuando las instancias correspondientes concluyan su evaluación. Sin embargo, la institución reconoce que la actualización de la normativa era indispensable para responder adecuadamente a la realidad actual.

Etapa final del proceso 

Las reformas se aprobaron esta semana en tercer debate, luego de más de un año de discusión y dos de buscar ingresar la propuesta. Aún falta su aprobación por artículos y redacción final para convertirse en decreto.

Después serán enviadas al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Una vez publicadas en el Diario Oficial, entrarán en vigor ocho días después.

Diputados buscan eliminar la prisión provisional y que extorsionistas no gocen de medidas sustitutivas

Avanza propuesta para reformar el Código Procesal Penal respecto a la prisión preventiva.

Henry Montenegro

13 de enero de 2025

|

22:08h

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La propuesta para reformar el Código Procesal Penal debe ser conocida por el pleno del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La propuesta para reformar el Código Procesal Penal fue presentada por los diputados que integran la Comisión de Reformas al Sector Justicia busca eliminar la figura de prisión provisional que se ha aplicado en los últimos años en el sector justicia.

Principalmente por los casos de detenidos a quienes únicamente se les leen los motivos de detención, pero su primera declaración se programa para una siguiente fecha y son enviados a un centro de privación de libertad mientras llega ese día.

Con la propuesta se busca obligar a que se lleve a cabo la primera declaración en un máximo de 24 horas, como ya lo establece la Constitución Política de la República, según los legisladores.

También buscan obligar a que el Organismo Judicial (OJ) cuente con espacios destinados específicamente para el resguardo de las personas que esperan su audiencia de primera declaración.

Con esto los parlamentarios buscan que vayan a prisión preventiva solo las personas que queden ligadas a proceso; además, se pretende que a partir de ahora sea el Ministerio Público (MP) quien presente los indicios para que se considere que un sindicado obstaculizará la averiguación de la verdad o representa peligro de fuga, que son causales para no brindar una medida sustitutiva.

Extorsionistas

En la propuesta de reforma se pretende crear el artículo 264 Quater en el Código Procesal Penal para que no se le brinden medidas sustitutivas a las personas que sean ligadas a proceso por delitos como robo de celulares y extorsionistas.

Este es el listado de delitos por los cuales no se puede brindar medida sustitutiva:

• a) Reincidentes o delincuentes habituales
• b) Homicidio doloso, asesinato y parricidio
• c) Violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas;
• d) Sabotaje, robo agravado, robo de equipo y terminales móviles, extorsión, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva del tránsito;
• e) En los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o legalmente marcada por la Digecam.
• f) Los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad.
• g) Adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado; y establecimientos o laboratorios clandestinos.

Tampoco aplicaría para delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, excepto, caución económica.

La propuesta ahora debe ser leída por el pleno, para que regrese a la comisión que tiene previsto invitar a instituciones del sector justicia previo a darle dictamen y que comience su aprobación.

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“Somos un grupo diverso de profesionales del derecho dedicados al ejercicio de la profesión liberal, la docencia y la investigación. En esta ocasión coincidimos en que el decreto 10-2019 es contrario a los intereses de la Nación”, dice la carta.

La misiva es firmada por letrados de renombre como el exProcurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque; los constitucionalistas Jorge Mario García Laguardia y Gabriel Orellana Rojas; además del exembajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, Francisco Villagrán de León; y la exmagistrada exiliada en Estados Unidos, Claudia Escobar.

Este decreto fue aprobado por los diputados el 12 de noviembre y es conocida porque en ella, los congresistas permiten que delincuentes puedan beneficiarse con la reducción de hasta el 50 por ciento de su pena si confiesan los actos reclamados.

Esto beneficia a todos aquellos señalados actualmente por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre otros; muchos de ellos son exfuncionarios de gobierno y diputados de la actual legislación que mantienen su derecho de antejuicio.

Presidente @jimmymoralesgt: abogados de diferentes ideologías coincidimos en que el decreto 10-2019 (#AceptaciónDeCargos) es un atentado contra los intereses de la nación. Usted tiene el poder de detenerlo. Haga uso de su facultad constitucional y vete este decreto.#Veto102019 pic.twitter.com/fmmZvjU2fN

— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) November 27, 2019

Los abogados firmantes de la carta dirigida al Presidente, explican la necesidad de vetar esta ley ya que bajo los términos en que fue aprobada “desvirtúa e instrumentaliza la justicia premial, pone en riesgo la correcta aplicación de la justicia y contiene artículos que notoriamente adolecen de vicios de inconstitucionalidad”.

El artículo 178 de la Constitución Política menciona que “dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto”.

Según la ley, los decretos no pueden ser vetados parcialmente, por lo que si el Ejecutivo no devuelve el decreto aprobado dentro de los quince días siguientes, el Congreso lo podrá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes.

Debido a que este decreto, a decir de ellos, no reúne las condiciones mínimas ni los estándares internacionales, los togados piden que se discuta una reforma procesal para incorporar otras medidas de desjudicialización.

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El administrador de justicia también externa su preocupación con relación a que los cambios podrían procurar impunidad para ciertos grupos, algo que debe de analizarse detenidamente para descartar tal extremo.

¿Qué opina de las reformas al Código Procesal Procesal Penal?

Hay mucha preocupación, porque es una ley que sorprendió a la población por lo apresurado con que la aprobó el Congreso de la República, porque, de alguna manera, no generaron consensos y tampoco existió transparencia desde el inicio del proyecto hasta el día de la votación. Incluso, se dice que algunos diputados no tuvieron la oportunidad de leer lo que se aprobó.

El tema ha despertado mucha controversia, porque fueron propuestas que en su momento pretendía limitar la mora judicial, bajo estándares internacionales y bajo condiciones en las cuales se pudiera percibir transparencia, adecuadas y que beneficiaran a la justicia en el conjunto de los sindicatos y las víctimas.

También veo que no se discutió ni se socializó el tema de manera adecuada y con transparencia, por lo cual la preocupación persiste en cuanto cuál va a ser el resultado verdadero de origen de esto, porque  muchos ya señalan que su origen puede estar muy orientado para que un grupo pueda privilegiarse de una herramienta legal y con ello generar impunidad.

Según algunos abogados, estas reformas también abren las puertas a delitos cometidos por la delincuencia común y organizada, ¿Qué opina?

Claro que sí. Debió haberse efectuado un estudio más profundo para determinar cuáles eran los límites y no generar excesos. También se debió hacer un análisis profundo sobre el Sistema Penitenciario y la aplicabilidad dentro del debido proceso por parte de los tribunales y los juzgados.

Me parece, insisto, en que por la de falta de publicidad y socialización, estas reformas, de entrada, generan duras y confusión entre la población y los abogados.

En estos momentos existen pocas herramientas para discutir lo que ya se aprobó, por lo que ahora lo que tenemos que hacer es observar lo que ocurre alrededor del caso, sobre el cual, incluso, ya se plantearon algunos amparos.

La aceptación de cargos funciona en varios países, ¿Cuál es la diferencia de la aprobada en Guatemala?

Una  aceptación de cargos trabajada adecuadamente, con transparencia y con estándares internacionales, genera un beneficio para la justicia como tal, pero antes de aprobarla debe hacerse un gran análisis y un estudio profundo para que pueda ser aplicable. Si no se hace todo este proceso puede provocar enormes dudas a la población y a otros la certeza de que va a generar una instrumentalización que se puede aplicar en beneficio de situaciones que no son correctas.

¿Esta falta de discusión puede deberse a que,  según se dice, las reformas están dedicadas a un grupo de políticos que tienen problemas legales?

Yo no tengo la certeza para pronunciarme al respecto, pero lo que dicen algunos sectores es que es una ley que beneficia ese tipo de intereses. Algunos analistas han dicho que los otros beneficiados serán los congresistas, será algo que tendrá que verse y analizarse.

Me parece que no se profundizo para concluir que esto era lo mas adecuado, si este es el momento y si las condiciones eran propicias para promover esta ley, pero no tengo el análisis concreto de quienes van a salir beneficiados en lo individual o qué grupos serán privilegiados.

¿Cuál considera usted que es el principal problema de estas reformas?

Uno de los problemas es que no se analizó con actores importantes, que están afuera del Congreso, porque el problema de la prisión preventiva y de justicia son de nación no solo de un sector o de los políticos. Es un asunto que debe tratarse ampliamente y esto es algo que hace falta, entonces, mientras la transparencia y la discusión de esta ley no se dé,  lo único que existe es confusión y llama a suspicacias.

¿Considera que tiene algunas inconstitucionalidades?

Habría que analizar caso por caso y determinar pero no me extrañaría que hubiera algunos errores en el tema y esto se debe a la forma apresurada como se llevó a cabo el proceso.

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La Corte de Constitucionalidad recibió este día a representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la organización Acción Ciudadana (AC) quienes presentaron amparos en contra de esta ley.

Los representantes estudiantiles indicaron que consideran lesiva esta ley para la ciudadanía porque “deforman el proceso penal en el país”.

Luis Álvarez, comisionado de Asuntos Jurídicos de la AEU, también indicó que la ley fue aprobada ilegítimamente.

“Se dieron varios vicios en el consentimiento porque las enmiendas no se las dieron a los diputados opositores en clara violación del articulo 120 del Organismo Legislativo”, dijo.

#LRN Eddie Cux, Acción Ciudadana, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la aprobación del Congreso de la república de la ley de aceptación de cargos. pic.twitter.com/ftyjsyW6PZ

— La Red (@Lared1061) November 13, 2019

Eddie Cux, de AC también señala los vicios en el procedimiento de aprobación de dicho decreto.

“La discusión no fue transparente, no se do a conocer a todos los legisladores y en la votación , el artículo 11 no fue aprobado por la mayoría de diputados, pero en el documento final sí aparece éste artículo y eso podría caer en falsedad”, indicó

El artículo 11 que quedó improbado por los diputados señala que quienes obtengan la reducción de la condena no deberán declarar como testigos protegidos.

“El congreso acaba de cometer una aberración jurídica alterando el propósito del sistema penal, incluso incentiva el hecho a delinquir porque afecta el efecto disuasivo del sistema penal”, dijo Cux.

El decreto aprobado

El decreto 10-2019 permitirá que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada.

Los beneficiados en estos casos son todos aquellos señalados por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre otros.

La excepción es para aquellos imputados por delitos contra los deberes de la humanidad, delitos relacionados con la trata de personas, contra la vida, extorsión, terrorismo, robo agravado, plagio o secuestro, prostitución y narcotráfico.

El académico es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, vocal del Consejo General del Poder Judicial y diputado en el Congreso Español, durante cuatro ocasiones, donde fue ponente del Codigo Penal de 1995. Es miembro de las Asambleas Parlamentarias del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental, entre otros cargos. Esta semana visitó Guatemala para impartir talleres sobre financimiento electoral.

¿Qué opina de las nuevas reglas del actual proceso electoral?

Mi contacto con el Código Penal de Guatemala y la regulación del financiamiento electoral se dio por la consulta que me hizo en el 2018 una persona relacionada con este tema. Me pidió un informe, lo cual me permitió acercarme al ordenamiento jurídico de este país. Todo se relacionaba con el alcance jurídico penal del artículo 407 N del Código Penal y su segundo párrafo. La opinión jurídica y profesional di, en ese momento, es que ese precepto no regulaba las conductas de aporte, sino estrictivamente las de recepción.

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En estos momento, por ejemplo, en los cuatro países más significativos de Europa, Francia, España, Alemania e Italia es una materia que todavía está en proceso de evolución y que tiene una relación íntima de causa efecto con la corrupción de los elementos que discurren en el escenario político, quizás con la pequeña diferencia de que en Europa la conexión es más con sujetos que han participado en actos de corrupción, mientras que en el área iberoamericana hay más preocupación por la relación directa con el narcotráfico, con las fuentes ilegítimas de blanqueo de dinero.

¿Qué tanto debilita ese tipo de financiamiento el Estado de Derecho?

Evidentemente, una democracia avanzada descansa en la representación y la calidad de la misma tiene su primer elemento en la pureza del proceso electoral y de la representación, o sea que, efectivamente el resultado de la elección sea el que quieren los ciudadanos, el que hayan podido madurar sin la contaminación que pueda surgir de todos estos malos tratos que pudieran estar presentes.

Además:

El estadista británico Winston Churchill decía que la democracia era el mejor elemento de elección de los gobiernos descartados todos los demás y esa cita se ha repetido una y otra vez, pero nadie se recuerda que ese día añadió otra en la que dijo: sin perjuicio de que si supiéramos la razón por la que mucha gente toma su decisión de votar, nos asustaría la democracia.

El procesamiento de algunos financistas, a raíz de las reformas electorales, ha provocado la reacción negativa de los empresarios, quienes se sienten atemorizados ¿Qué opina?

La corriente que se está imponiendo y en la cual se debe centrar el tema de la financiación de los partidos políticos es de que esta sea publica y que la privada tenga una significación absolutamente residual. En esto radica el esfuerzo regulador de la mayoría de los intentos de encausar la financiación de los partidos políticos.  Lo que hay que ver en los esfuerzos que existen por limitar la financiación privada legal es que se esté magnificando como un efecto rebote.

Es evidente que la legislación electoral lo que busca es preservar el sufragio y es ahí donde se deben concentrar los esfuerzos, pero insisto en que esta materia todavía va a tener una evolución de años en busca de un perfeccionamiento en la regulación de estas figuras penales y administrativas. También es importante que no se exacerbe innecesariamente la intervención penal o sea que aquello que se puede regular o sancionar en el ámbito de la infracciones y faltas administrativas debe quedar ahí y no acudir innecesariamente a la regulación penal.

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¿Se puede decir que el valor de estas reformas es la “transparencia”?

La transparencia es el objetivo fundamental y el bien jurídico protegido es el sufragio.  En ese sentido es esencial que la sociedad conozca cuáles son las fuentes de financiación que nutren a las distintas fuerzas políticas y que no haya opacidad, que consiste en reforzar desde todos los resortes del poder el fortalecimiento de la transparencia.

¿Es entendible el temor de aportar fondos a los partidos?

A mi juicio, hubo sorpresas porque las figuras penales no estaban claras, no eran expresivas de algo a lo que debemos aspirar siempre y es que aquel que lee un precepto sea consciente en función de la lectura de esa conducta que está reprobada penalmente y que sin necesidad de interpretaciones doctorales porque el Código Penal es para los ciudadanos, no para los doctores.

¿Tal como quedaron las reformas se puede decir que se cerraron las puertas al dinero oscuro?

La voluntad del 407 N en su primer párrafo es cerrar las puertas para la financiación del dinero de origen delictivo, del lavado de dinero. Evidentemente hay una prohibición y un deber de los que reciben, que son las organizaciones políticas, de reflejar en la forma establecida por la ley el carácter del aporte y quien lo proporciona y por lo tanto que quede perfectamente identificado. Ese hecho ahora ha quedado mejor perfilado, sin duda, después de la derogación de ese 407 N y la promulgación del 407 O.

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El problema en Guatemala es que la población percibe que los financistas después reciben como pago beneficios, por ejemplo, contratos en obra pública o cargos en el Estado.

Eso se enmara en el nexo entre la financiación y la corrupción.  Frente a eso uno podría analizar lo que sucede en otros países, por ejemplo,  en España una persona no puede aportar en el curso de un año una suma superior a 50 mil euros, en Francia a siete mil 500 euros y en Alemania mil euros; Sin embargo, en la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos algunos personajes acudieron a unas cenas y cocteles de recaudación de fondos y según se sabe pagaron US$100 mil por comensal y por otros pequeños cocteles los aportes fueron entre US$30 y US$40 mil. La consecuencia de estos grandes aportes es que en la política estadounidense hay una constante de que los grandes financistas le pueden solicitar al candidato ganador un acomodo en las grandes embajadas de EE. UU. como premio a su apoyo a la campaña presidencial, y esta es una realidad que tenemos del país que usamos como referencia en América.

¿Qué opina de que en la actualidad ya se habla de nuevas reformas electorales?

El camino de la perfección nunca termina, estamos en él y debemos perseverar en él.

En el país hubo controversia por la delimitación de campaña ¿En España cómo se deficen esta etapa del proceso electoral?

Campaña es el periodo en el que los contendientes tienen la oportunidad de solicitar directamente a los electores que emitan su sufragio en su favor.

¿Cuál es su opinión de que la campaña electoral se redujo estrictamente a tres meses?

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En la tradición histórica de las elecciones se ha ido definiendo de manera muy específica y cada vez se va acortando. En España, por ejemplo, dura 15 días, aunque hay una precampaña muchas veces anterior a la propia convocatoria a elecciones. La Ley Electoral Española establece que las elecciones se celebren 54 días después de la convocatoria y ahí están marcados todos los hitos del proceso electoral.

En cuanto a que se vulnere el deber de no pedir el voto antes del comienzo de la campaña electoral o incluso durante la jornada de reflexión es un asunto que se ha impuesto sobre todo en las nuevas normas electorales y en algunos casos como algo de trascendental importancia porque uno de los delitos que ha llamado más la atención es la transgresión de no respetar la jornada de reflexión, por ejemplo, con algunos editoriales o imágenes publicadas de algunos medios de comunicación el mismo día electoral y eso ha tenido una enorme repercusión y procesos muy complejos en la pugna por la reivindicada de libertad de expresión que siempre arguyen como elemento esencial de su actividad los medios de comunicación.

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La noche que manifestantes acorralaron a diputados

“El Consejo Superior Universitario ya emitió un punto de acta donde suspende las actividades en el campus central y todas las sedes de la Usac en el país”, declaró García a Prensa Libre. “El consejo no obliga a la participación, pero hace la invitación para que estudiantes, docentes y trabajadores participen en la manifestación”, aclaró. 

Este es el recorrido de la marcha:

• La primera manifestación sale de la Usac a las 9 horas y recorre Periférico, Aguilar Batres, Bolívar y Sexta Avenida.
• Otra sale del Paraninfo a la 13 calle y luego 9 avenida.
• Otro grupo saldrá de la Corte de Constitucionalidad: Sube por la 10 calle.
• La cuarta columna sale de la Plaza Italia por la Sexta y cruza en la 11 calle.
• Todos se reúnen en el Congreso a las 12. 

En cuanto a la interrupción de las actividades en la Universidad de San Carlos, la secretaria de la AEU dijo que si algún docente tenía exámenes programados para este jueves, los debe reprogramar.  “Se entiende que el sentido de la movilización es algo más profundo y la Universidad debe manifestarse más allá de que estén en exámenes o evaluaciones”, expresó. 

Diputados acorralados

El 13 de septiembre último, mediante dos mociones sorpresa presentadas durante su plenaria, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para eximir de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y aumentó a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagar en lugar de ir a prisión, lo que indignó a agrupaciones de la sociedad, que se organizaron para denunciar, demandar y marchar contra los legisladores. 

El 15 de septiembre, con 130 votos a favor y cero en contra, los diputados dieron marcha atrás a las reformas al Código Penal que provocaron el rechazo de los guatemaltecos. Algunos de ellos pidieron públicamente disculpas por haber apoyado la iniciativa. 

Al finalizar la sesión de ese día, un grupo de manifestantes obligó a los legisladores a permanecer adentro del Congreso, pues los descontentos bloquearon los ingresos al Hemiciclo, hasta que en horas de la noche la Policía intervino para liberar a los diputados. 

Como respuesta a la presión social, los legisladores se reunieron este viernes para dar marcha a los decretos que causaron indignación y rechazo en varios sectores de la población.  

El diputado Carlos Chavarría, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) dijo que se entendió el clamor popular porque según él, hicieron mal.

“Les quiero dar las gracias señores diputados por tener la inteligencia de dar marcha atrás y  hacer las cosas bien. Se hace una ley mala, el pueblo corrige y se escucha, pero se le hace un llamado a los jefes de bloque para que se hagan las cosas bien”, dijo Chavarría.
“Perdón Guatemala”, dijo la diputada Marlene Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

El parlamentario Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), refirió que los errores se enmiendan.

“Y así como nosotros estamos acá dando la cara, esperamos que esas personas que mancharon de sangre una bandera, enmienden y den la cara y le pidan perdón al pueblo de Guatemala. Estamos celebrando el día de la Independencia, nos sentimos patriotas y estamos manchando de sangre una bandera de una república que le ha costado la vida a muchas personas”, señaló Maldonado.

Agregó que espera que las personas que agredieron a los diputados a su ingreso al Congreso, enmienden y hagan una marcha pacífica.

El proyecto de precedente legislativo mediante el cual se regula el procedimiento a aplicar respecto a decretos que han recibido objeciones recibió 118 votos.

Con 130 votos a favor de aprueba el Acuerdo Legislativo pic.twitter.com/S4wekE1DuZ

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) September 15, 2017

Diputada Patricia Sandoval, FCN-Nación, tuvo un altercado con el presidente del Congreso. Dijo que votó en contra por desconocer el documento que se iba a aprobar, pero minutos después rectificó su votación.

La normativa instruye a la Junta Directiva observar la no remisión de los decretos 14-2017 y 15-2017 al Ejecutivo, en su lugar serán trasladados al archivo legislativo para que no cobren efecto jurídico alguno.

Lo que aprobó el @CongresoGuate con lo que se archivan los decretos y no se enviarán al ejecutivo. pic.twitter.com/T0IwRTAegt

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) September 15, 2017

Diputados dicen que el precedente aprobado es por la resolución de la Corte de Constitucionalidad y no por el enojo del pueblo.

A continuación, deberán aprobar el acuerdo legislativo mediante el cual se dispone aplicar el proyecto de precedente legislativo.

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Los parlamentarios están conscientes de que se trató de un error y piden que ya no haya más iniciativas de este tipo.
“Si nos dejan terminar el período”, les pido de que antes de que hagamos algo lo analicemos para evitar estos problemas tan grandes, dice Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

“Sí se cometió un error no pretendan lavarse las manos., hay que dar la cara”, señaló Julio Ixcamey de la Une. 

El diputado Julio Ixcamey indicó que es necesario que los diputados se hagan responsables de lo aprobado. pic.twitter.com/C2YGgPArzp

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) September 15, 2017

“Es Un acto de responsabilidad y sensatez, se está enmendando un gravísimo error. Hoy se está reconociendo que lo que se hizo se hizo mal, hago un llamado para que no pretendamos nuevamente incluir iniciativas sorpresivas, quererlas aprobar de urgencia nacional, ya nos hemos dado cuenta que muchos de esos decretos después tenemos que seguir haciendo reformas porque llevan graves errores y deficiencias”, indicó Walter Félix de URGN.

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El diputado Estuardo Galdámez de FCN-Nación dice que en Guatemala no hay ninguna crisis, pero afirma que su voto fue a favor porque ya no es posible que exista tanta diferencia entre la persona que ya no sabe cuánto tiene de dinero con aquella que no llena las condiciones mínimas para vivir. 

Diputado Estuardo Galdámez de FCN dice que en #Guatemala no hay ninguna crisis. pic.twitter.com/3FpMFbS2kM

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) September 15, 2017

Al finaliza la sesión, algunos legisladores tuvieron inconvenientes para salir, pues los manifestantes