La semana pasada la Constitución Política de la República de Guatemala cumplió 38 años, pero lejos de que sus bases legales sean los pilares de una nación, sus interpretaciones antojadizas han ido fragmentando la democracia, opinan tres constituyentes que fueron consultados a propósito del aniversario de la ley suprema, que se celebró el 31 de mayo.

Los tres coinciden en que la Constitución creada en 1985 era perfecta, tenía fundamentos de Derecho que a su consideración forjaban los cimientos de una democracia de altura y de un robusto sistema jurídico. Aunque dicen que esos textos necesitan reformas, indican que actualmente no hay las condiciones para que sea modificada.

También coinciden en que, con las reformas que se dieron en 1994, tras el autogolpe de Jorge Serrano, se mató el espíritu original de la Constitución.

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Actualmente, la Corte de Constitucionalidad (CC), el órgano máximo de Guatemala que está para velar por el cumplimiento de la Constitución, es objeto de críticas, debido a una serie de resoluciones que, a criterio de las fuentes, han minado el estado de Derecho y hasta la democracia.

Incumplimientos

Entre algunos de los artículos de la Constitución que no se han cumplido resalta, a criterio de los entrevistados, el 208 que habla del periodo de funciones de las autoridades del Organismo Judicial (OJ),  el cual se estipula, será de cinco años.

El 113 es otro de los que se duda de su cumplimiento, según los constituyentes, el que habla de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que sirve de filtro para optar a un cargo público o de elección popular, y que cobra mayor relevancia cuando con cada proceso electoral.

También ha sido objeto de debate las prohibiciones constitucionales para optar al cargo de presidente y vicepresidente que están contenidas en el artículo 186, incisos a), c) y f), y que hacen referencia a los familiares, de hasta un cuarto grado de consanguinidad, de aquellos que participaron en un golpe de Estado, y a ministros de culto o religión.

Privatización del Estado

Para Aquiles Faillace, uno de los constituyentes entrevistados, las reformas de 1994 son el inicio de una serie de errores sistemáticos, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho ha servido para minar a la nación.

“La reforma constitucional nos robó tres cuartas partes del sueño constituyente porque destruyó al Organismo Judicial (OJ) y todos los problemas que vivimos hoy se pueden retrotraer a ese momento”, señaló.

Incluso las próximas elecciones generales que se celebrarán en Guatemala el próximo 25 de junio serían completamente distintas, si no se hubiera tocado la Constitución.

“Destruyó el sistema político —la reforma de 1994— porque todos los problemas de clientelismo, alcaldes que nunca dejan el cargo y diputados… se destruyó porque en la Constitución de 1985, la mitad del Congreso y la mitad de los alcaldes se renovaban cada dos años”, recordó Faillace.

También criticó la creación de las comisiones de postulación, un término que no aparece en la Constitución original, ya que es “privatizar las decisiones públicas. “Ahora, 32 universidades privadas nombran a los máximos oficiales públicos”, indicó.

“Lo que tenemos al día de hoy es un remedo de Constitución, un remedo de república y un remedo de democracia que pinta el panorama electoral de hoy, elegir entre el sida, el cáncer y el herpes”, puntualizó el constituyente.

Poco claros

Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, coincide que en 1994 se mató el espíritu de la Constitución original y “hoy estamos pagando las consecuencias”.

“La aplicación de la Constitución ha tenido altas y bajas en estos casi 40 años”, considera Alejos, quien estima que un error que cometieron los constituyentes fue “no ser del todo claros”.

Por ejemplo, considera que se necesita ser más preciso cuando se habla de quienes no pueden optar al cargo de presidente y vicepresidente; qué es una persona idónea, hasta el rol y peso que se le ha dado en la actualidad al finiquito.

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“Los constituyentes no pretendimos parar la participación de nadie, con excepciones como el caso de militares hasta después de cinco años de retiro”, es necesario que estos temas mejoren, a consideración de Alejos.

“La Constitución no se respeta, y la no elección de magistrados de la CSJ y magistrados de Sala digamos que es el ejemplo más grande y claro”, aseveró.

Para el exdiputado es preocupante el que Guatemala “va en camino a una anarquía”, porque la ley ya no se respeta, empezando por la Constitución”.

Mala interpretación

Según la visión de Carlos Molina Mencos, el otro constituyente consultado, en el país “tenemos una excelente Constitución”, pero “el gran problema es que no se aplica de la manera correcta”.

“Hemos desperdiciado la Constitución y se ha violado por capricho de todos, la aplican de acuerdo a lo que me favorezca y no de acuerdo a lo que dice”, expuso el jurista.

Esta serie de interpretaciones, que desde su punto de vista podrían ser inclinadas, sesgadas o hasta antojadizas, afectan al sistema guatemalteco, porque afirma que la ley se tiene que respetar al pie de la letra.

“Tenemos una CSJ con años de excedente en el nombramiento; hay amparos que presenta el Estado cuando el amparo está hecho para que la persona se defienda”, refirió.

Recomendaciones

Los tres constituyentes recomendaron a los actuales magistrados de la CC y otras cortes reorientar el sentido de la Carta Magna.

“La república se basa en el respeto a la Constitución y cuando los magistrados no llenan los requisitos, llegan a destruir la república; en el TSE con doctorados falsos y en la CSJ usurpando el poder por años, entonces desconocen la ley y, por lo tanto, la violan”, señaló Faillace.

Para Alejos, “en la CC siempre quisimos un órgano de control, así como lo hicimos, pero es necesario que se hagan reformas profundas a esa ley para que la CC no siga siendo la corte celestial que es, en donde todo para”.

Por último, Molina Mencos pidió que la Constitución se aplique “como debe ser”.  “Que la apliquen como debe de ser, la letra muerta, eso es lo que hay que hacer toda la vida, no tratar de interpretarla para favorecer a alguna persona o a un momento”.

Reformar la Constitución guatemalteca es un tema que con cierta frecuencia se habla en círculos políticos, legales o académicos. Muchos creen que los cambios son urgentes para modificar el sistema político o judicial y hacer más funcional al Estado, aunque otros opinan que la actual carta magna debe permanecer igual.

Estos argumentos saltan de nuevo a la palestra a raíz de que el pasado 4 de septiembre se celebró un plebiscito en Chile, mediante el cual el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric buscaba el beneplácito de la ciudadanía para aprobar una nueva Constitución; sin embargo, se topó con un rechazo abrumador.

Unos 15 millones de chileros respondieron a la convocatoria. La opción de rechazo obtuvo más del 62 por ciento de los votos.

El plebiscito representó un duro golpe para el mandatario de 36 años que recién asumió el puesto en marzo pasado y que, cuando era diputado en 2019, fue uno de los principales impulsores del pacto político que permitió iniciar el proceso de redacción de la nueva Constitución.

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El impacto fue tal que dos días después de la votación Boric hizo cambios en su gabinete y designó en puestos claves a figuras de centro-izquierda, a la que tanto criticó tras 30 años de gobernar Chile.

El caso Guatemala

En Guatemala, expertos en derecho constitucional consideran necesario reformar algunos textos de la Constitución; no obstante, coinciden en que no es el momento apropiado.

Después de ser aprobada, la carta magna guatemalteca ha sufrido solo una reforma, la de 1993 que se impulsó luego de que había sido suspendida parcialmente por el presidente Jorge Serrano Elías.

Mediante reformas a siete artículos se aumentó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se introdujeron cambios al sistema de elección de estos, así como a los de las Cortes de Apelación, mediante una nómina de candidatos propuestos por una comisión de postulación.

Además, se creó la figura del Ministerio Público, independiente de la Procuraduría General de la Nación.

En 1999, a raíz de los Acuerdos de Paz firmados tres años antes, hubo otro intento de reformar la Constitución. En esa ocasión 51 artículos. Pero, aunque los cambios fueron aprobados por el Congreso no contaron con el apoyo de la ciudadanía en la consulta popular que se celebró el 16 de mayo.

El abogado Aquiles Faillace, constituyente de 1985, expuso que los cambios a la Constitución son “imperativos”, pero reconoce que “con el Congreso actual no es el momento oportuno”.

En tal sentido, subrayó que el país se encuentra en una especia de “callejón sin salida” porque es el Legislativo el que debe hacer las reformas. Pero antes, a su juicio, debe cambiarse el sistema político con el cual son electos los diputados para que, quienes estén a cargo de los cambios sean verdaderos representantes de los guatemaltecos y no inspiren desconfianza, como los actuales.

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“No es oportuno —hacer cambios— mientras no se reforme el sistema electoral porque lo que va a llegar al Congreso y a una constituyente son los mismos”, señaló Faillace. Este cambio pasa por reformar “en todo su espíritu” la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp)”, añadió.

Faillace dice que hay una veintena de cambios que se requiere hacer a la Constitución, entre estos, reconocer los distritos electorales y modificar la forma como se elige a magistrados de las cortes, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a otros puestos.

Según el experto, fue un error haber introducido en las reformas de 1993 a una comisión de postulación para que propusiera a candidatos a estos cargos porque se produjo “la corporativización del ejercicio público” al incluir a “36 universidades privadas con fines de lucro”.

El enredo se produce porque con este sistema se eligieron a los actuales magistrados del TSE que, asegura Faillace, “no da confianza ni certeza de imparcialidad”.

Retomar Acuerdos de Paz

Para Oswaldo Samayoa, doctor en Derecho Constitucional, una reforma a la ley fundamental sería “importante” para consolidar una institucionalidad democrática que gire en torno a los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, para introducir a la Policía Nacional Civil como la responsable de la seguridad interior.

Coincidió en que los cambios constitucionales también son necesarios para reformar el sistema de justicia y su forma de organización y selección de jueces, así como para introducir el derecho de los pueblos indígenas, postergado por “el poco conocimiento y la manipulación tendenciosa e incorrecta de lo que implica”.

En relación con la coyuntura política para impulsar las reformas, calificó de “difícil” que se alcance con el actual Congreso “porque no tiene capacidad técnica y doctrinaria de cuidar a la Constitución, sino solo intereses que son lejanos a lo que implica una carta magna”.

Stuardo Ralón, abogado constitucionalista presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), considera que Guatemala tiene “una muy buena Constitución”, y aunque reconoce que aún hay “muchos desafíos y espacio para mejorar el estado de Derecho”, no cree que reformar la carta magna deba ser la primera opción para fortalecerlo.

Para alcanzar tal fin, más que una reforma constitucional, Ralón afirma que el país necesita es reformar la Lepp para privilegiar la transparencia y fiscalización de los partidos y eliminar normas que, por su redacción ambigua, restringen el debate político.

Consecuencias de postergar reformas

Otras normas que precisan de ser reformadas tienen que ver con el servicio civil, las contrataciones y los procesos de oposición que premien el mérito y la capacidad para optar a cargos públicos, dijo el jurista.

Aparte de la Lepp, enfatizó, se deben reformar la Ley de Servicio Civil, de Contrataciones del Estado, de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial, entre otras.

“Todas estas reformas legales son necesarias y urgentes. Mejorar en esos ámbitos no pasa por una reforma constitucional —que— sin reformas legales previas puede profundizar ciertos problemas”, subrayó.

Samayoa agrega que “no sirve de mucho una reforma a la Constitución” en ciertos aspectos porque “hay leyes que no desarrollan sus preceptos”, como el Código Civil, que es de 1965 y que viene de la Constitución anterior.

En contraparte manifiesta que no efectuar cambios a la carta magna repercute en que el país tenga “un sistema de justicia inviable en su independencia judicial”.

En este sentido, Faillace enfatiza en que no cambiar la Constitución ya repercutió en la “pérdida de la república desde hace tres años cuando no se eligieron a las cortes” puesto que se “perdieron los pesos y contrapesos”.

“Al perderse eso, el sistema republicano dejó de existir porque el Congreso no lo representa a usted, las cortes usurpan el poder, y entonces el presidente hace lo que se le da la gana”, señaló.

Los efectos de postergar las reformas, dijo, también son sociales porque el Estado ha dejado de tener como fin el bien común lo cual se refleja en malos servicios, en salud, educación, infraestructura y el aumento de la desnutrición, por ejemplo.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió de manos de su vicepresidente, Félix Ulloa, un anteproyecto para reformar más de 200 artículos de la Constitución, según informó este jueves un enlace de prensa del vicemandatario.

“Tenemos el gusto de entregar el documento del estudio de las posibles propuestas de reforma constitucional” porque “El Salvador entra en una fase fundacional, estamos fundando un nuevo país”, dijo Ulloa en un video difundido por la Vicepresidencia en redes sociales.

A pesar de que Ulloa señaló que el documento es uno “de estudio”, este se difundió y presentó ante algunos sectores de la sociedad salvadoreña como un anteproyecto de reforma constitucional y así consignaba la versión pública hasta antes de su presentación a Bukele.

En el anteproyecto se propone 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente, de las que 182 son “reformas puntuales a artículos, 7 son nuevos artículos incorporados, 8 son sustituciones de artículos y 19 son derogatorias, de acuerdo con el documento.

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Entre las reformas que se proponen se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años.

Diversas organizaciones sociales han criticado el proyecto por la redacción de varios artículos y la supresión de disposiciones.

En una entrevista con Efe a finales de agosto, el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock, señaló que estas reformas pueden abrir la puerta a un sistema de partido único al eliminar la prohibición que expresa la Constitución actualmente.

“Se ven elementos (en el anteproyecto) que te permiten imaginar que lo que se busca al final es normalizar y dejar puesto en la Constitución un sistema de Gobierno de un partido que tenga un control muy fuerte sobre las otras instituciones”, indicó.

En el anteproyecto presentado a Bukele se agregó la prohibición, tal como está en la Constitución vigente.

Por otra parte, el artículo 7 de la Constitución actual indica que “se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”.

En la primera versión se suprimía esta prohibición, pero en documento final se agregó nuevamente.

Para que dicho proyecto de reformas constitucionales ingrese a la Asamblea Legislativa debe contar con el respaldo de al menos 10 diputados, contar con 43 votos para su aprobación y ser ratificada en la siguiente legislatura (2024-2027) con 53 votos de los 84 diputados.

Hasta este día se desconoce con precisión cuáles serás las modificaciones que se tiene prevista para la Constitución Política de la República de Guatemala, pero la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, solicitó que el documento sea socializado.

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La fiscal general participó el pasado viernes en una reunión en la Casa Presidencial, donde el mandatario informó sobre algunos de los cambios que se busca para la elección y nombramiento de magistrados al Organismo Judicial (OJ).

“Fuimos invitados para poder escuchar el proyecto que tiene el Ejecutivo en cuanto a reformas constitucionales. En términos generales manifestarle que son pocos los artículos que se está pensando reformar, específicamente en cuanto a la integración de cortes, tanto de Salas de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia”, explicó Porras.

Sin embargo, asegura que es necesario que todos los sectores sociales conozcan a detalle las propuestas de cambio para que en conjunto se reciban comentarios que puedan enriquecer el documento que ya tiene el Ejecutivo.

“Yo personalmente solicité que esta propuesta se pudiera socializar con todos los sectores del pueblo de Guatemala, a manera de que en principio se conozca, y en segundo lugar se aporte cualquier recomendación para poder ser discutida, y sobre la base de estas sugerencias poder construir una propuesta única que refleje el pensar y el sentir de todo el pueblo de Guatemala”, precisó la jefa del Ministerio Público.

Cambios al OJ

Lo que hasta el momento se conoce es que las eventuales reformas a la Carta Magna estarían eliminando las Comisiones de Postulación para elección de magistrados judiciales, en un afán de eliminar los inconvenientes de las últimas postuladoras.

El número de magistrados de la CSJ actualmente es de 13, y la sugerencia busca aumentar el número a 15, los cuales serían electos tres de ellos por el presidente en Consejo de Ministros, tres más por el Congreso de la República, una cantidad similar por magistrados de Salas, así como los decanos de las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.

Cuatro preguntas contestó el pueblo peruano, la primera: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?; la segunda: ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?; la tercera: ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? y, por último: ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son procesados por la justicia penal y todos vinculados con corrupción. El actual mandatario, Martín Vizcarra, no fue electo de manera directa, era el vicepresidente de Kuczynski, y al haber este renunciado tuvo que subir al sillón presidencial. En este contexto se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición y a la vez existe un ambiente político tenso porque el fujimorismo, que tiene un aceptable apoyo popular a pesar de ser la encarnación de la dictadura —como lo que sucede en Guatemala, solo que con otros apellidos—, también enfrenta procesos penales e investigaciones por corrupción y abuso.

Vizcarra entendió el momento en el cual le toca dirigir el país y por eso es sano hacer el paralelismo con lo que ocurre en Guatemala, pregunta por pregunta.

Los guatemaltecos tuvimos hace dos años una propuesta de reforma constitucional y dentro del paquete se proponía la conformación de un nuevo órgano dentro del sistema de justicia, con el objeto de que el Congreso ya no tuviera cheque en blanco para elegir magistrados cada cinco años, como juegan ahora las reglas —acá ni consejo de magistratura hemos tenido—, los magistrados de apelaciones estarían electos por plazo indefinido y se instituía un nuevo sistema de disciplina judicial y evaluación del desempeño. Así mismo, para ser magistrado de la Corte Suprema se atendería a razones de especialidad y así se respetaría una lógica elemental. El statu quo salió dando el grito al cielo y diputados oficialistas junto al presidente boicotearon el esfuerzo. Hoy, Arzú, Alejos, Galdámez y otros miembros de la Junta Directiva andan a la caza de magistrados para el próximo año, y por supuesto la UNE, la otra gran bancada, busca los suyos. Si esto es construir república, seguramente reprobamos.

La segunda pregunta es similar al caso guatemalteco, el financiamiento a los partidos políticos nos ha tenido ocupados buena parte de los últimos dos años. La interrogante es: ¿somos serios en nuestro proceso? Desde mi punto de vista, no; parches para la reforma electoral, una estupidez del Congreso en la reforma al Código Penal más peligrosa que hemos tenido al haberse “equivocado” los diputados y hacer excarcelables decenas de delitos para terminar con una modificación al famoso artículo 407 “N” —financiamiento ilícito—, que a la fecha el sistema discutirá si es un borrón y cuenta nueva o solo una pena más benigna.

La tercera interrogante fue un claro mensaje de poder a los congresistas: el pueblo peruano no quiere reelección. La decisión puede resultar difícil y gravosa, pero en la coyuntura se entiende; y por último, también allá en el sur se apoyó al mensaje presidencial y se logró el rechazo para instituir el bicameralismo, así que se quedan con el unicameralismo, lo cual es lógico cuando allá, como acá, el descrédito del Legislativo es fuerte.

Perú propone cuestiones concretas y con apoyo político, en Guatemala el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no proponen nada y cuando se plantea lo vetan, lo más fregado es que grupos tradicionales de influencia apoyan el ejercicio indolente y abusivo del poder en Guatemala para luego, en foros internacionales, hablar de República y certeza jurídica. Los peruanos nos dan un ejemplo, ojalá lo entendamos.

@Alex_balsells

La intención fue confirmada por el diputado independiente José Conrado García Hidalgo, quien indicó que firmó la iniciativa y que se están recolectando firmas desde hace al menos tres días.
 

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El legislador confirmó que la iniciativa ya se puede presentar, pero que se está esperando tener más firmas antes de presentarla a la Dirección Legislativa.
 
“Yo no soy el que la promueve, pero creo que se podría presentar antes de fin de año, ya está armada solo es que se sumen más firmas”, aseveró el diputado, quien indicó que la iniciativa no está siendo promovida por el diputado Estuardo Galdámez, como se había mencionado.

Se tramitaría

Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, fue consultado sobre esta iniciativa de ley, y explicó que se ha enterado del proyecto por lo que se ha dicho en los medios de comunicación.
 
“Entiendo que hay una iniciativa en ese sentido, para un proyecto de reforma constitucional, al final los diputados tienen el derecho de proponer reformas constitucionales y si en algún momento se presenta se le dará el trámite correspondiente como dice la Constitución”, señaló el presidente del Legislativo.
 
Resaltó que cuando se presenta una iniciativa de este tipo “se le tiene que dar un trámite inmediato” por lo que esta se leería ante el pleno y se enviaría a una comisión de trabajo para que elabore un dictamen ya sea favorable o desfavorable.

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No es una simple iniciativa

Según Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista y exmiembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), esta no es una simple propuesta pues su aprobación conlleva un trámite distinto a otras iniciativas.
 
“El único procedimiento que podría darse —para la iniciativa— es el de reforma a la Constitución, la iniciativa considera la posibilidad de que 10 o más diputados al Congreso presenten la iniciativa de reformas constitucionales”, explicó el experto.
 
Fuentes Destarac señaló que aunque desconoce el contenido del proyecto, “es una posibilidad de que los diputados preparen una iniciativa pues los artículos relacionados a la CC están previstos dentro de las atribuciones que el Congreso podría reformar”.
 
Explicó que para darle trámite a esta iniciativa se necesitan al menos 105 votos, es decir la mayoría calificada de diputados que integran el Congreso.

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“Luego de que ese proyecto sea aprobado por el Congreso tendría que ser sometido a Consulta Popular, pero es después de todo este procedimiento, no es solo cuestión de hacer un referéndum para saber si es aceptable la CC, tiene que existir una reformas constitucional con todo los pasos que establece la misma Constitución”, señaló el jurista.
 
Se le consultó su opinión sobre esta iniciativa y respondió: “Esto ya es palabra mayor porque se estaría modificando la Constitución en lo que respecta a una institución del sector Justicia”.
 
“Habría que ver en qué consiste esa pretendida reforma y cuál es la sustitución al tribunal constitucional que plantean. Pero en este momento es un poco aventurado hacer elucubraciones sobre esto porque desconocemos de qué se trata la iniciativa”, afirmó Fuentes Destarac.

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Si uno se detiene a considerar los antecedentes que paso a paso han desembocado en la actual crisis político- institucional, opino que el punto de inflexión fue el abandono del proceso de reforma constitucional. Dicho proceso había concentrado la atención y esfuerzos de los órganos del Estado, de la Cicig y de los principales actores de la vida nacional. Como era inevitable, la propuesta de reforma mereció las opiniones favorables de algunos, como también lo contrario. Esto es lo normal. Más bien hubiese sido insólito que mereciera una aprobación o un rechazo unánime.

En cierto modo creo que era inevitable que la terminación abrupta del proceso de reforma diera paso a una crisis político-institucional. Me refiero a que el sistema de justicia no había rendido los resultados esperados tras una década de acciones legales promovidas por el MP y la Cicig y no había motivos para esperar que eso iba a cambiar. ¿Qué más se podía hacer?

Pienso que no hace falta ser un experto en asuntos de Estado y de relaciones internacionales para entender que el actual estado puede derivar, fácilmente, en graves confrontaciones interinstitucionales. El ya débil Estado guatemalteco puede desarticularse más hasta fracturarse. La ya frágil y vulnerable economía nacional puede pasar de un crecimiento insuficiente a un estancamiento o una recesión.

Mientras tanto, las posiciones de los diversos grupos e instituciones confrontados se van radicalizando. El riesgo de que se rebasen los límites de un posible diálogo aumenta y un rompimiento fuera de las reglas constitucionales deviene una hipótesis factible. Tengo la plena seguridad de que nadie desea que se llegue a un punto tal. Sin embargo, como reza la popular metáfora: “algunos están jugando con fuego”.

Creo que no hay otra salida con fruto más que regresar al proceso de reforma constitucional. Pero con visión de largo plazo, para que las generaciones por venir, cien, doscientos años en el futuro, al analizar este momento de la historia de Guatemala se digan: aquellos guatemaltecos actuaron con responsabilidad, con sentido de justicia y para crear mejores instituciones que perduraran en el tiempo.

Esa vuelta al proceso de reforma puede y debiera ser liderada por el jefe de Estado. Él representa la unidad nacional y tiene en sus manos las herramientas constitucionales y la legitimación democrática para ser el conductor de un tal proceso. Los demás poderes del Estado y actores principales de la vida nacional debieran complementar, con un hondo sentido de responsabilidad histórica, un esfuerzo por remontar la crisis. Pero más importante todavía, un esfuerzo auténtico por refundar el sistema de justicia del Estado para que, con base en unos cimientos sólidos de independencia judicial, se logre la certeza jurídica que emana de la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones.

De esta gran crisis puede surgir una gran reforma. De esta gran crisis puede brotar un renacer ciudadano para fundar un verdadero Estado de derecho. Un régimen del Imperio del Derecho en el que, cualquier ciudadano, del lado de la Ley, sea inviolable en su persona y sus derechos.

La comunidad internacional, creo yo, aportaría decididamente el cúmulo de experiencias vividas por los pueblos de todos los Estados que han aportado sus recursos y buena voluntad para que Guatemala encuentre un mejor cauce para su vida institucional.

eduardomayora.com

En su artículo 68, el proyecto define el matrimonio como la unión concertada “entre dos personas (…) y no dice de qué sexo”, explicó en el plenario de la Asamblea Nacional el abogado Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.

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“Es un acto de justicia que refuerza esos principios de humanismo, de equidad, y (que busca) evitar esa discriminación que por distintas razones y durante tiempo se ha padecido”, añadió Acosta y subrayó que la nueva “Constitución no podía eludir este asunto”.

Sin embargo, el funcionario dejó claro que el cambio de concepto no supone automáticamente la legalización “del matrimonio igualitario”, asunto que “requiere un desarrollo legislativo posterior” para que “en el futuro eso se pueda incorporar”.

“La pelea no será fácil”

El periodista y reconocido activista gay Francisco Rodríguez (Paquito), también miembro del gobernante y único Partido Comunista, recibió la novedad con un escrito en su blog que tituló “El matrimonio entre dos personas o la revolución del 68”.

“Sería la puerta abierta para poder avanzar con posterioridad en la legalización de las parejas homosexuales”, dijo “Paquito”, que aludía con su título a la coincidencia del número 68 del artículo del proyecto con la fecha de 1868, que marca el inicio de la guerra de independencia de los cubanos contra el colonialismo español.

Además, subrayó, el proyecto “incorpora el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género”, lo que permitiría adoptar “otras normas jurídicas y políticas públicas” para proteger los derechos de la comunidad LGBT cubana.

Sin embargo, “Paquito” destacó que la modificación conceptual “es solo el primer paso”, y que en esa materia “la pelea no será fácil”.

“Hay posturas ideológicas y políticas opuestas a estos cambios, cuyos representantes harán todo lo posible porque estos sueños, hoy posibles y ya tan cercanos, naufraguen”, consideró.

Desde hace casi tres décadas, la ahora diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, encabeza la defensa de las minorías en Cuba, donde la Revolución que triunfó en 1959 persiguió en sus primeros años a los homosexuales. Incluso los envió a campos de trabajo forzado para “reeducarlos”.

Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, fallecido en 2016, ofreció disculpas por la represión y el castigo de los homosexuales y aclaró que no fue una política de Estado.

Como líder del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro promueve políticas en favor de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT). Entre los temas que agita figura el matrimonio homosexual, que desata fuertes controversias en la isla.

“Darles derechos a los que no los tienen no implica quitárselo a los que ya los tienen”, aclaró Mariela en los debates parlamentarios, según imágenes difundidas el viernes por la televisión local.

En esas discusiones, otro diputado elogió la modificación del matrimonio “como un gran salto de Javier Sotomayor (recordista mundial cubano en salto de altura, ndlr)”, pero expresó su preocupación por la posibilidad de que una pareja homosexual adopte niños, un punto que no forma parte de este debate constitucional.

El proyecto de 224 artículos, elaborado por una comisión parlamentaria que dirigieron Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, será votado por la Asamblea Nacional entre este sábado y el lunes y luego sometido a un referendo popular antes de su aprobación final.

Cómo nos suele suceder a los periodistas que hemos escrito por décadas, es imposible no repetir la misma posición sobre determinados temas cuyo abordaje sobrepasa las coyunturas y se vuelve agenda permanente pendiente.

De la “protesta sin propuesta” escribí en mayo del año pasado cuando se estaban discutiendo las reformas constitucionales, “que no se ose plantear el concepto, el argumento, la idea contraria, porque, o eres brujo del monte, miembro de la oligarquía de Salem, blasfemo y adepto de las herejías inconfesables, o un comunista con vasos comunicantes directos con los tiranos bolivarianos del siglo veintiuno, veintidós y veintitrés. Hoy estamos en la misma polarización. De la protesta, solo ha cambiado el verbo de “protestar a perseguir” sin proponer.

Y la maña —que más que maña es un constructo ético político anormal— de meter a todos dentro de un mismo saco, sigue haciéndose presente. Si uno por allá dice algo, todos lo dijeron y el argumento se hace viral en las redes. Los gritos se consignan a la misma garganta y el remitente se convirtió en voz grupal, aunque el comentario sea una crasa impertinencia. Hace poco se jactaron de haber podido eliminar mediante quejas la cuenta de un conocido tuitero señalado de ser jefe de un netcenter, a pesar de que existen innumerables cuentas y netcenters de twitter con seudónimos de ese mismo lado de la manada. ¿Entonces? ¿Dónde queda Voltaire con su “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo…”?

Se perdió el debate y se convirtió en pleito de locatarias: “Comunistas relamidos, oenegeros mercenarios, izquierdosos asquerosos…. Fascistas oligárquicos, empresarios corruptos, radicales de la extrema derecha, amigos del status quo”. La lista es larga y tediosa. El resultado, una polarización frívola y visceral.

La corrupción es un problema sistémico y cultural. Los sistemas no funcionan en la mayoría de las instituciones del Estado. Para mayor preocupación, ahora la Corte de Constitucionalidad ha tomado una posición “anticonstitucional”, violando los derechos de la propia Carta Magna, irrespetando tiempos procesales, poniendo en riesgo el patrimonio de inversiones nacionales y extranjeras; abriéndose a la vulnerabilidad interna, permitiendo que los audios de sus deliberaciones, privadas —que eran de suyo— absolutamente confidenciales, fuesen públicas. La lista de anomalías crece cada día. No extrañaría que le dieran trámite favorable a un amparo interpuesto por un conocido abogado activista en el cual pretende que se aperciba al Congreso para que no tome ninguna determinación que pueda afectar el mandato de la Cicig, amparo notoriamente improcedente, porque la misma CC ya indicó que conforme al artículo 12 del convenio, corresponde al Ejecutivo y a Naciones Unidas resolver cualquier controversia sobre el mandato. Todas estas actuaciones de la CC las señalan connotados juristas constitucionalistas.

Una fuerza enfatizando los pactos de corruptos con un discurso lineal de combatir la “pistocracia y la cleptocracia” con un enfoque carcelario, es decir, los efectos, en vez de presionar propuestas para eliminar las causas sistémicas inmersas en todo el aparato gubernamental. De este lado del río, los que aplaudimos el combate de la corrupción, pero enfatizando la aprobación de leyes anticorrupción (Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Servicio Civil, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos —demandando el voto uninominal—, entre otras). Sin esas leyes y sin la reforma al sistema de justicia, que tiene una presa de 17 mil audiencias. En al menos dos casos conocidos por mí, la joven madre de dos niños tiene programada su audiencia para enero 2019 y ya lleva un año en prisión preventiva.

Esto ya suena a letanía, pero hay que insistir.

alfredkalt@gmail.com

La consulta tuvo su origen en el golpe de Estado del 25 de mayo de 1993, conocido como el Serranazo, cuando el presidente Serrano, suprimió al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, luego de calificar de corruptos y chantajistas a los miembros de dichos organismos.

La última consulta

En 1999 se realizó la última consulta para reformar la constitución. Conozca el resultado

Días después de asumir la primera magistratura de la Nación, de León Carpio prometió una depuración del Organismo Legislativo y Judicial. Ante esa situación intentó plantear una consulta el 28 de noviembre de 1993 pero acciones legales de varios diputados la interrumpieron.

La crisis continuó durante varias semanas, hasta que la Conferencia Episcopal de Guatemala, que actuó como mediadora, logró consenso entre diputados y representantes del Gobierno para convocar a una consulta en torno a las reformas constitucionales.

¿Que se reformaría?

La ciudadanía acudiría a las urnas para votar SI o NO a la reforma de 37 preceptos de la Constitución Política y la aprobación de cinco artículos transitorios, entre los cuales estaban, a la reducción del periodo presidencial a cuatro años, suprimir gastos confidenciales, depurar la Corte Suprema de Justicia y la elección de nuevos diputados al Congreso de la República.

El clima en el país era tenso en ese entonces ya que en días anteriores se habían producido atentados terroristas atribuidos a la guerrilla, como el derribo de torres de energía eléctrica y la explosión de puentes. El gobierno creó un plan para contrarrestar el boicoteo a la consulta.

El presidente de León Carpio en los días anteriores a la consulta hizo una campaña a favor del SI en grandes concentraciones populares en los diferentes populares como una medida para acabar con la corrupción en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia. Diputados acusaron al presidente de invertir varios millones de quetzales en una campaña publicitaria a favor del Si.

Gana el Si

Como se esperaba, el resultado de la Consulta Popular fue que los guatemaltecos dieron su respaldo a las reformas constitucionales. Sin embargo el abstencionismo fue el gran ganador de la elección ya que se registró un 85 por ciento, el más alto de la historia política.

El SI obtuvo más de 530 mil votos, por su parte el NO obtuvo 105 mil, esto significaba que las reformas constitucionales entrarían a cobrar vigencia a partir del mes de abril de 1994, además de que serían convocadas elecciones para elegir nuevos diputados al Congreso de la República en el mes de agosto.

El presidente De León Carpio indicó que se mostraba satisfecho por el resultado, a pesar del abstencionismo. La cantidad de votantes superó sus expectativas ya que se percibía apatía por la participación de los electores y además por las amenazas de boicot.

Llamado nuevamente

La última consulta popular tuvo lugar el 16 de mayo de 1999 también para reformas constitucionales. El 15 de abril de 2018 los guatemaltecos están convocados a participar en la consulta popular para que los guatemaltecos voten si el diferendo territorial, marítimo e insular que Guatemala tiene con Belice debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. 

A un año de que se empezaran a discutir las reformas constitucionales en el sector de justicia, estas se encuentran “enterradas” en el Congreso, debido a la falta de voluntad de la mayoría de diputados, que se oponen a que se mejore no solo la forma de elegir magistrados, sino la de  impartir justicia.

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El 17 de mayo de este año fue la última vez que sesionaron los legisladores para aprobar la creación del Consejo de Administración Judicial, contenido en el artículo 7 del proyecto de reformas al sector justicia.

En esa oportunidad se discutieron tres enmiendas al artículo 7 pero ninguna obtuvo los votos necesarios, y cuando se aprestaban a conocer el artículo original, la sesión fue suspendida porque algunos diputados se retiraron.

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Cambio estructural

Reforma cambiaría la forma de elegir magistrados:

• Garantías sobre la independencia judicial
• Se buscaba cambiar los privilegios de los diputados
• Se trataba de eliminar el antejuicio a los funcionarios
• El tema de la jurisdicción indígena fue pospuesto
• Intentaba cambiar la forma de elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
• En la elección de fiscal general se   eliminarían las comisiones de postulación.

En más de un año solo se lograron discutir siete artículos del proyecto de ley y tres fueron aprobados, tres  rechazados y uno quedó en suspenso.

Agregó: “Lamentablemente las reformas al sector justicia no fueron  asumidas con la seriedad que se necesitaba por parte de algunos”.

La jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que las reformas constitucionales están “muertas” y que no hay forma de que eleven el vuelo o haya alguien que las esté impulsando.

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La parlamentaria manifestó que existe   falta de voluntad de muchos sectores, pero el presidente del Congreso, con el apoyo de la Junta Directiva, lo puede proponer a los jefes de bloques,  y si estos no la aceptan   se debe llevar al pleno.

Sin posibilidades

El diputado Fernando Linares Beltranena también considera “muerto” el tema. Señaló que fue el congresista Oliverio García Rodas, quien encabezaba la mesa de discusión, el que ya no convocó a reuniones.

Expresó  que las reformas se pueden volver a poner en la mesa, pero no obtendrían  apoyo. 

A pesar de que la jurisdicción indígena se dejó a un lado, debido a la falta de consensos, para avanzar en la discusión de los demás puntos de  la reforma constitucional, no se avanzó en este aspecto.

Una vez el alud ha arrasado con una aldea, no tiene lógica centrar la discusión en quién empujó el primer bodoque de nieve en la cima de la montaña. Se debe centrar la tarea en las acciones necesarias para eliminar las condiciones previas a una nueva avalancha. La comparación con los sucesos de las últimas tres semanas resulta válida porque ahora se debe pensar en cómo eliminar las posibilidades de repetir lo ocurrido. Es indispensable entonces pensar en el listado de acciones, su importancia, el orden para solucionarlas y los cambios insoslayables. En este momento, cada día se materializan en el campo político sugerencias de todo tipo, desde las válidas y serenas, hasta las imposibles o inconvenientes de realizar, por la carencia de sustento.

Conforme pasan los días deben comenzar a ser tomadas en cuenta aquellas sugerencias serias y válidas, así como las meditaciones acerca de las consecuencias de llevar a cabo cualquiera de ellas. Uno de los principales errores es el de personificar las crisis: el retiro de una persona determinada y su cambio por otra, sin a la vez establecer criterios nuevos, no se logra nada si no hay cambios fundamentales. Ese es el caso de la presidencia guatemalteca actual. Es el responsable directo del alud político actual y su salida resulta merecida, pero no significará nada, pues su sucesor durará muy poco, por las mismas razones legales, y el Congreso, si es el mismo, sin duda elegirá a un binomio igual de malo, o peor, para las 77 semanas faltantes del cuatrienio actual.

Todo lo ocurrido ha hecho salir a la superficie la miríada de necesidades de cambio, pero la simple lógica señala la imposibilidad de arreglarlas, cambiarlas o sustituirlas todas al mismo tiempo. En este momento ya quedó claro el rechazo popular, y toca entonces comenzar el cambio al Congreso, para lo cual se vuelve de fundamental importancia la tarea del Tribunal Supremo Electoral, de donde debe emanar el proyecto de cambios a las elecciones desarrollado luego de un consenso organizado por un grupo de personas –impar, no más de cinco— cuya tarea sea la de recibir y precalificar las sugerencias ahora presentadas en tropel por entidades entre las cuales algunas no tienen existencia jurídica y constituyen el resultado de grupos desconocidos.

Desde hace años existen sugerencias de cambios constitucionales apoyadas en determinados casos por miles de ciudadanos. Son válidas porque tienen la representatividad otorgada por el número, pero en este momento el orden de cambios debe comenzar con el andamiaje legal de las elecciones y los de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se debe comenzar por el principio. El Tribunal Supremo Electoral debe utilizar su poder, como lo hizo —por ejemplo— cuando desintegró a las hordas apodadas Líder y Patriota. Los dos siguientes deben ser la UNE y el FCN-Nación, cuyas marrullerías son de campeonato. Cualquier pretexto para dejarlos flotando en el mar de la política nacional sólo puede ser interpretado como una manera de proteger a malévolos.

Ante el hundimiento del Organismo Ejecutivo, es urgente convocar a sectores nacionales, eliminando, claro está, a los politiqueros, para preparar los cambios en las condiciones necesarias para fundar un verdadero partido y participar como candidato. Limitar los derechos políticos no debe asustar a nadie: la mayoría de la población tiene menos de 40 años y por eso no puede estar entre los aspirantes. Las libertades políticas, a causa del libertinaje, necesitan ser enmarcadas. Por aparte, la tarea del Congreso debe ser aprobar lo decidido por verdaderos representantes sociales. No tiene precedente la situación actual y por ello tampoco se puede recurrir a la teoría para buscar soluciones, sino a la buena voluntad y a principios de corrección, aunque parezca utópico, pero no es imposible.

El ilustre guatemalteco Dr. Manuel Ayau Cordón pasó buena parte de su vida buscando y promoviendo soluciones a los grandes problemas del país. Preocupado por cómo mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, durante mucho tiempo privilegió temas relacionados a políticas económicas. En las últimas décadas de su vida, se dio cuenta que el comportamiento de la economía y por ello, las oportunidades para el progreso, estaban determinadas por las reglas del juego y volcó con mayor ahínco su atención al Derecho. Fue así como a partir del año 2001 convocó a un equipo de expertos y amigos, para trabajar en un proyecto de reformas a la Constitución que se convertiría en Pro Reforma. El empuje inicial de trabajo se dio del 2001 al 2005, seguido por otros dos años de reflexión, crítica, discusión y afinamiento y luego se pasó a un proceso de “socialización”; cientos de visitas al interior del país, reuniones con agrupaciones, asociaciones civiles y expertos, presentaciones a los jefes de bloque del Congreso y a los partidos políticos, con la intención de lograr consenso.

El proyecto original contemplaba la elección presidencial por rondas simultáneas, reformar el IGSS para quitarle el monopolio y la eliminación de los porcentajes presupuestales para la USAC y el deporte, contemplados en la Constitución. Estos temas causaban fuerte rechazo entre muchos diputados y fueron eliminadas del proyecto Pro Reforma, para darle viabilidad. El Artículo 277 de la Constitución determina quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución y en el inciso (d) establece que “El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos…” El grupo promotor de Pro Reforma se dio a la tarea de recolectar firmas y logró que más de 73 mil ciudadanos firmaran la petición, más de catorce veces la cantidad requerida por la Constitución.

Después de ocho años de trabajo, en Marzo de 2009 el proyecto de reformas a la Constitución, Pro Reforma, fue entregado al presidente del Congreso, quien lo remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No sabiendo que hacer con la papa caliente, la Comisión le dio espacio político a opositores para que se pronunciaran. La Constitución no dice que el Congreso se encargará de darles voz a los enemigos de la petición; establece más bien que “el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”, lo que supondría un voto por el pleno. Basado en un reporte de lo actuado —no un dictamen— el presidente de la Comisión dio dictamen desfavorable al proyecto Pro Reforma. El pleno del Congreso de la República nunca conoció Pro Reforma y nunca se sometió a votación por los diputados. Es curioso que el mismo presidente de la Comisión que dio dictamen desfavorable a Pro Reforma, Oliverio García Rodas, se inhibió de conocer y dictaminar sobre el proyecto actual de reformas, impulsado por la Embajada, CICIG, MP y PDH, por no ser de su competencia.

Se puede estar o no de acuerdo con Pro Reforma, pero ese no es el punto. El Congreso, al tenor de la Constitución, tendría que haber sometido Pro Reforma a voto, y de ser aprobado por dos terceras partes, enviarlo a consulta popular. Fue engavetado, y ahora ha surgido otro proyecto, brincándose la cola. Se contrasta un proyecto de reformas con ocho años de trabajo y decenas de miles de firmas, con otro improvisado, coyuntural y apresurado. ¿Cómo se van a dar las reformas a la Constitución recién propuestas, cuando estas nacen con un proceder incorrecto? Primero en tiempo, primero en derecho.

La Constitución fue pEn 24 años el Congreso ha rechazado 14 propuestas para reformar la Constitución Política de la República. En la actualidad, la iniciativa para reformar lo relativo al sector Justicia, elaborada por la Mesa Técnica del Diálogo Nacional se encuentra varada  desde mayo, por desacuerdos y bloqueo de varias bancadas, incluyendo la oficialista.romulgada en 1985, y solo ha sido reformada en 1993,  cuando el mayor cambio consistió en quitarle la potestad al Banco de Guatemala de financiar al Estado en un momento de crisis.

Más tarde, en 1999, se intentó hacer una reforma, producto de los acuerdos asumidos después de la firma de la paz, pero tras una fuerte campaña publicitaria por el “No”, la población se volcó en las urnas en rechazo a esas reformas.

Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, después de la reforma de 1993 se han presentado 14 nuevas propuestas del Ejecutivo, sectores sociales, la Universidad de San Carlos y los mismos diputados, pero hasta ahora todas han corrido la misma suerte:  han quedado en el olvido.

En octubre  pasado, la Mesa Técnica del Diálogo Nacional, integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y organismos internacionales, presentó una nueva propuesta  que busca reformar el sector Justicia, para frenar las intromisiones políticas, pero luego de 11 meses, los sectores afectados han movido sus influencias y ahora se encuentra en un pantano legal.

La propuesta de la Mesa fue respaldada por más de 20 diputados, quienes, el día que se presentó en el Congreso, hacían cola para firmar el documento. Días después se empezó a escuchar que la iniciativa no avanzaría, con el argumento de que no se había discutido lo suficiente, pero posteriormente se supo que había rechazo a lo relativo con el reconocimiento de la justicia indígena, propuesta que se retiró para evitar polémica; no obstante, la creación de una carrera judicial y la eliminación de las comisiones de postulación fueron temas que golpearon intereses sectarios, que han hecho llegar su influencia a través de diputados y bancadas.

Nueva mesa

Desde el 10 de mayo último, el Congreso no se ha reunido para discutir las reformas de Justicia. Se aseguró que había acuerdos en base a varios cambios a la propuesta original que habrían diseñado jefes de bloques. Sin embargo,  ya no se retomó.

Desde que el Legislativo retornó del receso, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, ha insistido en retomar la discusión, pero  sin eco. El presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, prometió que se instauraría una nueva mesa de discusión, pero aún no se ha convocado.

Según Chinchilla no hay acuerdos y por ello se tratará que la nueva mesa esté integrada por un representante de cada bloque, para que definan las enmiendas en consenso.

Hasta ahora, de la iniciativa de 25 artículos solo se han discutido siete y uno de ellos se pospuso para conocerlo al final. Otro, que contenía cambios al derecho de antejuicio, fue rechazado, y cuatro han sido aprobados. El séptimo, que crea el Consejo de Administración Judicial, detuvo la discusión.

Pretextos

El diputado y exconstitucionalista Oliverio García Rodas aseguró que el problema ha sido la falta de voluntad.  “Existe una corriente que dice que la Constitución está bien y que en lugar de cambiarla hay que mejorar las leyes ordinarias”, detalló.

Para la diputada Montenegro el problema radica en los  sectores interesados en mantener el control y el poder del Estado, por  lo que “cada vez que se intenta modernizar se ideologiza la discusión, cuando en verdad la reforma actual no tiene nada ideológico, sino que pretende mejorar el sector Justicia”.

En el cajón del olvido

Las iniciativas para cambiar la Constitución han sido engavetadas.

Desde hace algunas semanas, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso ha trabajado en varios cambios a la Ley Electoral, los cuales van desde la creación de subdistritos electorales  hasta el establecimiento de la votación nominal para diputados y una segunda vuelta para la elección de alcaldes.

Aunque los congresistas han considerado estas modificaciones como un gran avance, ayer el pleno de magistrados del TSE ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que varios de los artículos contenidos en el borrador son inconstitucionales y que otros podrían violar  la independencia de ese máximo tribunal.

Según la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, se están estableciendo varios aspectos  muy delicados, pues se “matiza” la independencia  y se hacen varios agregados que son lesivos para la independencia del TSE.

“Nosotros vemos claramente que la intencionalidad del Congreso es que en cualquier momento  nos pueda citar y obligar a presentarnos ante ellos, y desafortunadamente es algo muy delicado, puesto que se dan muestras de que la clase política no tiene la madurez necesaria”, manifestó la magistrada.

Debe ganar el Sí

Congreso aprueba consulta popular sobre diferendo con Belice

Consideran también que las reformas para la postulación y elección de magistrados del TSE quedan destinadas exclusivamente al Congreso, lo que “mutila la independencia” de ese órgano y lo transforma “en un vasallo de los diputados”.

“Agradecemos su opinión”

Mario Taracena, legislador por la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la comisión que analiza los cambios a la mencionada ley, aseguró que ya habían solicitado una opinión a los magistrados del TSE sobre las reformas, pero estos no  habían respondido. “Hoy  —ayer— nos dieron la sorpresa con el campo pagado y agradecemos su opinión”, expuso.

“En la próxima reunión de la Comisión se tendrá que estudiar las observaciones que hace el TSE, porque hay cosas que son buenas. Por ejemplo, que el Congreso no tiene que fiscalizar, sino que debe  ser la Contraloría —General de Cuentas—, ni lo vamos a poder hacer bien”, manifestó Taracena.

En cuanto a los subdistritos y  la elección uninominal, “se va a revisar porque no se puede. Seguramente lo vamos a quitar. Luego de esto —opinión del TSE— se va a enterrar”, sostuvo el diputado.

Nineth Montenegro, también integrante de la Comisión, indicó que muchos artículos fueron propuestos por los tanques de pensamiento.

Algunos fueron retirados, pero al final toda la iniciativa debe   ser analizada con anterioridad por la Corte de Constitucionalidad, antes de que la apruebe el Congreso. “Hay cosas fuera de lugar, que deben quitarse, pero aún están en borrador”, dijo.

Artículos polémicos

Estos son algunos artículos que los magistrados del TSE rechazan.

• •Reformar el artículo 21 bis.  Busca elevar la deuda política de US$2 a US$3 por cada voto. No están en favor de elevar la deuda.
• Reformar el artículo 121. Pretenden  que  el TSE esté supeditado al Congreso, al incluirle procesos de control.   Los magistrados dicen que eso viola la independencia del Tribunal.
• Reformar el artículo 136. Se quiere que un delegado de cada partido elija a los magistrados por medio de una comisión de postulación. El TSE afirma que hacerlo así sería tener a ese organismo bajo control del Congreso  y los partidos políticos.

Belice

No hay fondos para consulta popular

 La presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, informó que para efectuar la consulta popular sobre el diferendo territorial con  Belice necesitan unos Q300 millones y actualmente no cuentan con ello, aunque el ministro de Finanzas se comprometió a trasladar esos fondos.

 Por ahora se revisa de nuevo el plan operativo para llevar a cabo la consulta. Se evalúa si se hará en período de clases, debido a que se tienen que remozar los edificios educativos, a fin de que estén aptos para ser sedes del proceso electoral.

El Legislativo volvió ayer de su receso de medio año y se efectuó la primera reunión de jefes de bloques del segundo período de sesiones ordinarias, en la cual las reformas constitucionales fueron las notorias ausentes en   la agenda de prioridades.

La única que preguntó por este punto fue la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestión ante la cual hubo un silencio elocuente.

 “¿Solo quiero saber qué va a pasar con las reformas? ¿Van a quedar como letra muerta?”, cuestionó la congresista, pero la reunión terminó y no obtuvo respuesta.

Sector justicia

Se plantean 60 enmiendas a reformas

Nueva “mesa técnica”

Carlos Fion, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, dijo que no hay consensos para continuar la discusión.

No obstante, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, indicó que se convocará a nuevas mesas técnicas, que serán integradas por delegados de las diferentes bancadas, en las cuales se discutirían las reformas, con el fin de buscar y lograr consensos.

Sin embargo, estas nuevas discusiones no tendrán plazo para entregar resultados. A decir de Chinchilla,  podrían durar unos 15 días, o es posible que se “tomen un mes o más”.

Para  Montenegro esta es una justificación para alargar la discusión, cuyo propósito es dejar las reformas a la Constitución  en el olvido. La congresista recordó que la mesa técnica de discusión ya estaba formada por los jefes de bloques; incluso, explicó, ya había acuerdos sobre enmiendas.

Juan José Porras, de Visión con Valores, aseguró: “He entendido que está la propuesta de la mesa para revisarlas y revitalizarlas. Habrá que ver que en este nuevo período el presidente retome el tema. No vi reflejado en jefes de bloques que haya consensos, no se ha retomado para definir el rumbo a seguir”.

Según algunos diputados, la intención real es crear una nueva propuesta para “quitarle el sabor colombiano” —en referencia a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, con la finalidad de que los cambios se reduzcan y el resto se haga, supuestamente,  a través de cambios a leyes ordinarias.

La fiscal general, Thelma Aldana, indicó: “No estaba enterada, pero me parece adecuada la discusión”.

A la fecha, el Congreso ha conocido hasta el artículo 6 de la propuesta. Dos artículos se perdieron, entre ellos lo relacionado con el antejuicio, tres fueron aprobados y el que se refiere a la justicia indígena se prorrogó para el final.

La invitación se hizo a representantes del sector empresarial, académicos de las distintas corrientes de pensamiento, activistas, políticos y el lector de este matutino, quien con frecuencia comenta las notas en nuestro sitio web. Algunos propusieron hasta cuatro preguntas, pero el tiempo solo permitió una.

Al terminar la ronda de cuestionamiento, el comisionado compartió lo que sintió en momentos claves, los cuales revivió con fotografías del archivo de este medio.

1. Antonio Malouf, presidente del Cacif

– Desde su perspectiva, ¿qué efectos tendrá la lucha contra la corrupción en la inversión y en la economía, en el corto y largo plazo?

Creo que la lucha contra la corrupción debe de tener un efecto positivo porque genera seguridad jurídica y eso para la inversión, para los sectores económicos debería de resultar positivo.

Otra cosa que se plantea es que la persecución penal lleve a una cierta inactividad de la economía, por las restricciones o inmovilidades del sector público, pero creo que si se logran establecer bases reales de aceptación de la legalidad, esto podría implicar un mejoramiento en la economía. Y es lo que he visto en estudios internacionales, ese es el efecto que tiene la lucha contra la corrupción.

2. Felipe Bosch, presidente de Fundesa

– ¿Por qué no se ha logrado subir la eficiencia de la justicia criminal más del 12 por ciento?

No solo es problema de la eficiencia, hay otro adicional, que es la eficacia. La eficiencia significa cantidad de, y eficacia, diríamos más bien calidad de. ¿Por qué no se ha logrado? Porque el tamaño del sistema de justicia de Guatemala es realmente muy reducido. Para subir niveles de eficiencia y de eficacia, se necesita que haya una mayor capacidad de respuesta. Cuando fiscalías de sección tienen contadas agencias fiscales y cuando además no hay presencia del Ministerio Público en el 90 por ciento del territorio nacional, pero cuando, igualmente, hay un crecimiento desigual entre instituciones del sector justicia, entonces por más que se venga desarrollando un trabajo, esto no va a elevar esos niveles de eficiencia.

¿Qué se debería de determinar? Por un lado los cuellos de botella que prevalecen en el sector justicia. Nos decía, la directora del IDPP —Nydia Arévalo Flores—, el hecho que se incrementen los juzgados, no significa que vaya a haber más sentencias, porque si no hay más número de defensores, no podrá haber más audiencias.

3. Fernando Linares Beltranena, diputado

– ¿Por qué promueve las reformas constitucionales si están fuera de su mandato?

Las reformas constitucionales no están realmente fuera del mandato. ¿Cuál es el mandato de la Cicig? Contribuir con el MP en la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; que de la manera como hemos venido planteando su concreción actual lo podemos identificar como esas redes político económicas. Hay una posibilidad de impunidad mayor cuando no existe una independencia judicial. Se necesita generar un espacio de acción del sistema de justicia que garantice la mayor independencia y eso va a redundar en una mayor eficacia de reacción del sistema de justicia frente a la criminalidad. Por ejemplo, ¿cuál fue la participación de la Cicig en la creación de los métodos especiales de investigación en el país en el 2009 o 2010? Se prestaron herramientas para el combate del crimen organizado. En ese mismo sentido se inscriben las reformas a la Constitución, estamos interesados porque creemos que esto va a generar un mejor confinamiento del sistema de justicia.

4. Francisco García Gudiel, abogado defensor de Otto Pérez Molina

– ¿Quién le encomendó integrar la mesa técnica de reformas al sector justicia, pues su función es eminentemente penal? Y ya que habla de fortalecer la transparencia ¿cuánto gana?

¿Por qué razón no se limita exclusivamente a la persecución penal? ¿Por qué razón, por ejemplo, la Cicig estaba habilitada en julio de 2015 para presentar el informe de financiamiento ilícito de los partidos políticos? Adicionalmente, frente a una idea que ha sido de país, por lo menos de los últimos 20 años de reforma constitucional del sistema de justicia, esa idea retomada en 2015 fue luego presentada al presidente Jimmy Morales, quien hizo una convocatoria a los presidentes de los otros organismos del Estado, también del PDH y de la Fiscal General —Thelma Aldana—, y de la coordinadora residente de la ONU y del representante del alto comisionado en DDHH, para conformar ese grupo de acompañamiento e impulso del proyecto de reforma constitucional. Así fue como se constituyó esa secretaría técnica, no fue una autoproclamación.

Y ¿cuánto gano? Algo más de US$15 mil —Q114 mil— mensuales, que no son los Q400 mil o los US$45 mil —Q342 mil— que dicen otros en las redes sociales.

5. Guillermo Pellecer, presidente Asociación de Exconstituyentes

– ¿Quién le asesoró para hacer los cambios al sector justicia por la vía Constitucional? ¿Por qué está corriendo riesgo de fallar?

Lo que hicimos y de lo que asumimos responsabilidad real, es de hacer una revisión de todas las propuestas de reformas del sector justicia de los últimos 20 años. Conformamos un grupo de guatemaltecos en la Cicig que revisaron todas las propuestas de reformas constitucional y de reformas legales. Establecimos unos niveles y, en cuanto a reformas constitucionales encontramos cuáles habían sido reclamos sustanciales de reforma, en el pasado, que muestra además, que en la propuesta de ahora no hay nada novedoso, porque todo esto ha surgido en discusiones que han tenido los guatemaltecos en diversos espacios.

Por ejemplo, la separación de las funciones administrativas de las judiciales a través de un Consejo de Administración Judicial es un tema que con otros matices, o que inclusive en algunos casos con los mismos, venía siendo planteado desde el 2012, estuvo también en la propuesta de Asíes, y de las universidades Rafael Landívar y San Carlos.

En el tema de la carrera judicial ha sido siempre una búsqueda del país para encontrar cuál es el mejor mecanismo para que las personas más idóneas, más capaces y de reconocida honorabilidad ocupen estos cargos en el OJ. Luego de la integración de las cortes en el 2014, creo que hubo una reacción unánime, de que el mecanismo de Comisiones de Postulación ya estaba agotado y que se debía superarlo. La ampliación de la carrera judicial también había sido planteado desde años.

¿Pero cómo se puede dejar por fuera a importantes abogados muy capaces, de reconocida honorabilidad, que quisieran ser ahora magistrados? Se buscó el mecanismo mixto. Dos terceras partes integradas por funcionarios de carrera y una tercera parte la posibilidad de los abogados externos al sistema de justicia.

Así pues, se fue examinando en cada uno de los aspectos, pero con apoyo en lo que ha sido una discusión por años. Cuando se dice ahora que es una reforma sin discusión o a qué se debe la rapidez. Lo que uno podría preguntarse es ¿por qué han discutido durante 20 años y todavía nada se concreta? Y el riesgo de la consulta, pues es un riesgo inherente a toda reforma constitucional, depende también cuál sea la reacción o el respaldo que se pueda obtener en una reforma constitucional de los sectores que mueven igualmente la opinión y la decisión del pueblo para una consulta.

6. Armando de la Torre, académico

– ¿Qué le hace pensar, que usted puede hacer justicia en Guatemala mejor que los mismos guatemaltecos y mejor que la que usted mismo impartió en su natal Colombia?

Yo no imparto justicia. Contribuyo desde mi experiencia y conocimiento con la Cicig, que es también un órgano de apoyo, de colaboración con el MP, que tampoco imparte justicia. La justicia la imparten los jueces, y nosotros no somos jueces.

7. Roberto Alejos, exdiputado y exconstituyente

– ¿Cree que la Cicig después de haber efectuado el trabajo en Guatemala debería de convertirse en un programa permanente de la ONU?

Creo que es una posibilidad. Me parece que en todos los países que tengan una voluntad genuina por superar la impunidad o lograr una más eficiente lucha contra la corrupción, debe tener órganos de investigación independientes.

Esta experiencia de Cicig ha resultado provechosa, ha sido exitosa. Y en ese sentido digo, los países que tienen esa genuina voluntad de superar estados de injusticia o de inoperancia del sistema de justicia, la Cicig es una buena herramienta que podría contribuir en esos propósitos. Si la Cicig con la participación de la ONU, si se fuera a generalizar, es una buena opción, por lo menos es un tema que debe examinarse con cuidado, que la ONU asumiera la contribución con los países en el sistema de justicia desde comisiones de apoyo.

8. Catalina Soberanis, exconstituyente

– Parte de la población responsabiliza al MP y a la Cicig de que no avancen los procesos en los tribunales. ¿Cuál es la realidad?

La realidad es que ni la Cicig ni el MP tienen ninguna responsabilidad en que no avancen los procesos. La decisión es de jueces, los jueces son los que señalan las audiencias. Y es la actividad de los jueces lo que permiten ir superando las etapas. La parte investigadora o la acusadora, es decir el MP, acompañada por la Cicig, al mismo nivel que los procesados o los imputados y sus defensas hacen peticiones a los jueces, y son los jueces los que toman las decisiones.

Los jueces no toman decisiones para agilizar los procesos por diversas circunstancias. Una puede ser por el cúmulo de trabajo que tienen. Hemos encontrado a la fecha de hoy, mayo de 2017, audiencias señaladas para 2018 y 2019. Allí no es un problema del MP ni de Cicig.

Otra circunstancia es la utilización persistente de recursos o amparos que podría constituir el litigio malicioso. Esa combinación de factores, pero ninguna atribuibles al MP ni a la Cicig ha impedido que haya juicios prontos.

Por el contrario para el MP y la Cicig resultaría deseable que mientras más rápido hubiera juicios, más rápido podría producirse decisiones judiciales. En conjunto con la Fiscal General hemos dicho que todas las investigaciones que hemos adelantado están sólidamente sustentadas en pruebas y estamos ansiosos por que la población pueda verificarlo.

9. Edgar Gutiérrez, académico

– ¿Cuál será el legado de la Cicig para la próxima generación de guatemaltecos?

Es difícil hablar de un legado de Cicig porque es un proceso de construcción colectiva. La Cicig es un motorcito, pero son los guatemaltecos los que tienen que construir su futuro, y en qué sentido lo dirigirán.

¿Cuál es la importancia de la Cicig hoy, que podría derivar en algo así para el futuro? Yo he insistido que la Cicig no ha contribuido en la disminución de la impunidad. Son tantos los miles de casos de procesos de investigaciones que hay en el país de hechos delictivos y tan pocos en los que interviene la Cicig, que no se podría decir que por nuestra actividad se disminuya en efecto la impunidad. Pero sí hay una gran virtud en todo esto que he resaltado, la actividad de la Cicig con el MP en todo lo que hemos desarrollado desde 2014 ha permitido a la ciudadanía saber que la lucha contra la impunidad sí es posible, que si se asume con todo rigor y de manera responsable e independiente la investigación criminal es posible tener resultados positivos.

Otra parte importante es lo que ha significado la modernización de la investigación criminal, en lo que hemos participado en muy buena medida.

¿Qué aspiraría después de toda acción de la Cicig? Que haya un compromiso con la legalidad, que sí exista una sociedad formada dentro de la cultura de la legalidad, y que las instituciones de justicia funcionen adecuadamente.

10. Edelberto Torres-Rivas, académico

– Por lo que voy viendo aquí en Guatemala, la corrupción es un delito grave y por ello hay tantos detenidos. Y faltan muchos más. ¿Hay otras alternativas de castigo? La historia criminal de Guatemala muestra el contagio veloz que tienen algunos delitos. El medio ambiente criminógeno ha multiplicado a los actores de algunos hechos delictuosos. ¿Hay alguna medida de corte social que no favorezca —estimule— el crimen? Yo creo que sí, un régimen democrático fuerte.

Estamos de acuerdo. La persecución penal no es un fin en sí mismo. La lucha contra la corrupción tampoco es un fin en sí mismo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se debe esperar de una acción cierta, real, contundente de la justicia? Que se generan condiciones sociales y políticas de mejor funcionamiento del Estado, de mejores relaciones sociales, de mejores relaciones de los ciudadanos con el Estado, y todo esto es contribuyendo a la democracia. Finalmente todo esto lo que pretende es la consolidación de un Estado de Derecho. Y que para eso la justicia es apenas una partecita, porque también habría que plantear otras cosas. Por ejemplo, algo que le faltó al profesor, la represión no cumple por sí misma una finalidad, o poder esperar la transformación de una realidad y hay condiciones de existencia de las personas que en muchas circunstancias impulsan el delito o actividades delictivas. Y no puede existir un estado de Derecho consolidado, si no hay justicia social.

11. Carmen Aída Ibarra, Movimiento Pro Justicia

– A más de tres años de haber arribado al país, ¿tiene igual energía para continuar —energía física y moral— frente a cómo se están dando los acontecimientos y cómo se convierte en una realidad su trabajo?

Sí tengo el mismo entusiasmo. De pronto un poco más, por una circunstancia, porque tengo más conocimiento de la realidad ahora que a finales del 2013, y ese mayor conocimiento de la realidad también permite poder establecer el balance entre lo ideal y lo posible. Cuando uno cree que las barreras son inflanqueables se produce desánimo y en todas las circunstancia e mantenido el optimismo. Creo que es posible contribuir a la transformación del sistema de justicia, de esta realidad, y cuando pierda energía tengo que retirarme.

12. Luis Alpírez, sindicalista del FNL

– Siempre se ha denunciado estructuras corruptas en el MSPAS, ya hasta se ha dado nombres. ¿Qué pasa con esas denuncias que se han hecho contra autoridades que forman parte de esas estructuras? ¿Por qué no hay avances? A veces se piensa que hay alianzas para que no se ventile a los responsables.

Lo que podría negar enfáticamente es que existan alianzas, por lo menos de parte de la Cicig en todo su trabajo con el MP no hay ni siquiera un espacio para la duda sobre la posibilidad de la existencia de alianzas. Y ha sido algo persistente que con la Fiscal General siempre expresamos: nosotros no transigimos con nadie, no negociamos con nadie, lo que presentamos ante los jueces todo lo que se deba presentar, pero para eso se requiere también, en el ejercicio nuestro que la actividad investigativa genere para nosotros una convicción de que lo presentamos es real, es decir, que no son suposiciones.

¿Por qué razón muchas investigaciones no han tenido un éxito o un resultado presentable a los jueces? De una parte hay investigaciones muy complejas que nos han tardado tiempo en poder desarrollarse, por otro lado hay tanto por hacer que queda muy difícil poder atender todas las necesidades o todos los requerimientos que se da por muchos sectores.

Y siempre lo vemos, cada nuevo caso, hay decenas de reclamos que se ven en las redes sociales. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque ha habido tal vez muy poca respuesta de la investigación criminal a esas necesidades. Ha habido respuestas reales relacionadas al sistema de salud, hay procesos que, inclusive, varios casos que están surtiendo su trámite ante los jueces. ¿Qué hay necesidad de extender o de profundizar? Sí, estamos de acuerdo, y en la medida de las posibilidades y capacidades se continuará en ese sentido.

13. Nineth Montenegro, diputada

– Pese a los esfuerzos de Cicig en la lucha contra el crimen organizado, pareciera que éste se acrecienta especialmente en departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Izabal, en los que se comenta la presencia de familias vinculadas con el crimen organizado en sus diversas modalidades —contrabando, narcotráfico, trata de personas— ¿han hecho investigaciones sobre las estructuras criminales y las familias que lo dirigen?

Estamos realizando investigaciones. Realmente esto también es de mucha mayor complejidad, porque se trata de estructuras de crimen organizado muy vinculadas con el tráfico de drogas que con la debilidad que hay del Estado en las regiones es siempre más difícil adelantar la labor de investigación. Hay extensas zonas del país prácticamente sin presencia del Estado que hace también de mucho mayor riesgo la posibilidad de abordar investigaciones de crimen organizado que requiere de la creación de un frente común, en el que el MP es apenas uno de sus componentes, pero que requiere estar con muchos otros.

Hemos visto regiones del país que desde que se produce el desplazamiento de uno de los investigadores, desde que está saliendo de una determinada ciudad, hacia otra región, sabemos que ya está controlado en esos desplazamientos. Es decir, grandes territorios de Guatemala, que están más bien controlados por el crimen organizado y allí la respuesta tiene que ser conjunta y múltiple.

Quienes tienen las redes de narcotráfico también desarrollan la trata de personas y también la transnacional, sino que Guatemala como país de tránsito de una parte de los otros países del triángulo norte, y de otros países.

El tema del crimen organizado debe de tener una preocupación fundamental en el país, porque de lo contrario todas las otras acciones no van a cumplir realmente el objetivo de restablecer el Estado de Derecho y la cultura de legalidad en el país.

14. Gabriel Wer, integrante del colectivo Justicia Ya

– ¿Cómo cree usted que las reformas constitucionales beneficiarán al ciudadano común?

Porque van a tener una justicia más operante que de resultados. Porque va a tener una justicia que no va a privilegiar intereses. En la medida en que se logre una mayor independencia judicial, hay un beneficio ciudadano. Porque la independencia judicial no es la independencia en beneficio del juez, sino que en beneficio de la sociedad, del ciudadano, del usuario de la justicia que tenga la certeza que el juez decide porque tiene ese criterio jurídico respecto del caso que se le plantea, y no porque hay una mayor influencia o una mayor presión de algún sector específico en la solución del caso.

Eso es tal vez en lo más inmediato para las personas que si funciona mejor el sistema de justicia, todos los ciudadanos tienen necesidad del sistema de justicia. Porque no es solo la justicia penal, ahora tal vez también porque el mayor énfasis se pone en la acción de la justicia penal se enfoca hacia allá, pero en realidad eso también se enfoca en la justicia civil, en todos los procesos normales.

Si cuando se plantea, por ejemplo, que los magistrados deben de ser especializados en su área, eso significa que la justicia civil, laboral también tendrá una mejoría. No se debe de pensar solo en lo relacionado a criminalidad, justicia penal de impunidad, sino que del mejor funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto.

15. Carlos Strems, lector de Prensa Libre

– ¿En qué punto estamos contra la lucha de la impunidad y corrupción, hasta dónde hoy los políticos se miden para robar?.

Es difícil decir en qué porcentaje de la lucha contra la impunidad estamos, porque cuando uno cree que ha visto todo aparecen otras cosas. Hay además, o por el conocimiento acumulado a partir de las investigaciones, que no se puede atender todo, una gran cantidad de pendientes, de investigaciones pendientes, de manera que para establecer un porcentaje es realmente imposible, pero creo que sí hay más temor ahora que hace dos años. Y no solo de los políticos, sino que de los sectores a los que pertenecen muchas de las personas implicadas en los casos que se han investigado.

Un mayor temor de los sectores de gobierno que no saben, o por lo menos creen que si incurren en actos de corrupción es más probable hoy que hace dos años descubrirlos y así en todos los órganos del Estado, y eso creo que algo beneficioso que aún no ha sido lo suficientemente contundente como para asegurar una respuesta a la criminalidad pero que se va en el camino correcto.

En toda discusión, pero en particular en una tan importante como las reformas a la Constitución —que por definición nos afectarán a todos durante quién sabe cuánto tiempo—, es de esperar que surjan todo tipo de argumentos, desde los más mesurados hasta los más incoherentes y estrafalarios. Lo importante es que, bajo toda la animosidad de la situación, el sistema mejore, en lugar de empeorar. A este respecto tengo mis serias dudas con algunas de las reformas actualmente en discusión.

Como marco de referencia para el análisis, a mí me gusta parafrasear “la lección de economía” planteada por Henry Hazlitt de esta manera: “Para analizar una política pública, se deben considerar sus efectos más remotos y no meramente sus consecuencias inmediatas; y ponderar las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todas las personas”.

Esta consideración es de vital importancia porque normalmente uno tiende a enfocarse en el problema a mano y pocas veces se consideran las repercusiones a largo plazo y sobre todas las demás personas que las posibles soluciones puedan tener.

La discusión actual se ha centrado en la elección de los jueces, atribuyendo al actual sistema de selección casi todas las culpas de la situación actual. Creyendo que esa es la causa de los problemas, lo que se ha planteado es un cambio a ese sistema de selección.

Pero hay que ir más a la raíz del problema. Una parte del problema es el tiempo que los jueces y magistrados están en su cargo, tema que ya se trató en la reforma al artículo 208, aunque esta no fue tan categórica como debiera haber sido. Por lo menos se quitó el período de cinco años, que era el problema principal, no solo para la independencia de los jueces, sino también para el proceso de selección, al hacer que todos los jueces y magistrados debiesen ser electos en simultáneo.

Este solo cambio era suficiente para mejorar considerablemente no solo el proceso de selección, sino también el trabajo de los jueces. Sin embargo, quienes propusieron los cambios consideran que se debe ir todavía más lejos y cambiar todo el proceso de selección, y esto es un gran error.

Entiendo que vean al proceso actual como un proceso corrupto y corruptible, pero el problema es que están viendo los síntomas y no las causas. Argumentan que el sistema está “copado”, pero la propuesta para cambiarlo no solo no resuelve ese problema, sino que lo empeora, ya que el sistema propuesto es todavía más susceptible y fácil de ser “copado”.

Por si eso no fuera suficiente, la solución propuesta debilita considerablemente el sistema republicano de pesos y contrapesos, cuya razón de ser es evitar que una persona o grupo de personas pueda concentrar todo el poder —o buena parte de él—. Que el sistema actual no ha funcionado, argumentan. Probablemente, pero ¿es la causa el proceso de selección de jueces? No, el problema viene de más atrás y si queremos que el sistema cambie lo que se debe hacer es ir a las raíces y no tratar de cambiar alguno de sus efectos.

En este sentido, el problema principal está en la elección de diputados en el Congreso y no en el proceso de comisiones de postulación. Y algunas de las reformas que se han hecho a la Ley Electoral empeoran el problema en lugar de solucionarlo. El proceso debe encaminarse hacia una elección directa de los diputados en lugar de concentrar el poder en los “dueños” de los partidos. Mientras esto no se cambie, el problema persistirá, y no solo afecta la selección de jueces y magistrados, nos afecta en muchos otros ámbitos. Y para ello no se necesita una reforma constitucional, o por lo menos no esta.

Fb/jjliber

El pleno se reunió desde las 11.30 horas de este miércoles para continuar con los acuerdos y aprobación del proyecto que busca modificar la carta magna en lo referente a la justicia.

A diferencia de las últimas sesiones que se han desarrollado en el mismo tema, el Legislativo estuvo en calma 

La última enmienda buscaba que los integrantes del Consejo Administrativo de Justicia fueran electos por sorteo, fue presentada por la diputada Nineth Montenegro.

Antes de esa enmienda, el pleno ya había improbado una planteada por el diputado Juan Ramón Lau, quien quería que al Consejo se le sumaran dos profesionales.

Se entra a conocer la enmienda presentada por la diputada Nineth Montenegro que crea un sorteo para elegir integrantes del CAJ pic.twitter.com/LvUPepbL6g

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 17, 2017

De acuerdo con la iniciativa, el Consejo tendría como facultad la administración y dirección financiera del Organismo Judicial. Además de fortalecer el sistema y formular, gestionar y ejecutar las políticas de modernización.

Antes de votar por la segunda propuesta, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, y algunos de otros partidos, desmarcaron su asistencia para romper el quórum.

Diputados del @BloqueUNE_OL y otros partidos se desmarcan para romper quórum. pic.twitter.com/3jRPUGZ0nQ

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 17 de mayo de 2017

Los jueces y magistrados que actúan con independencia, que no aceptan presiones, que no pagan favores y que contribuyen a combatir la impunidad están en franca minoría. Los últimos procesos penales contra funcionarios judiciales evidencian la podredumbre y la cooptación del sistema; y no se trata de casos aislados sino de una maquinaria —muy bien aceitada— que ha venido funcionando con el fin de procurar impunidad.

En este país la justicia tiene dueños. Y los dueños saben perfectamente que si el sistema se cambia su poder disminuye, y con él su capacidad para obtener sentencias a la carta. Esa es la razón de fondo por la que se oponen a cambiarlo. Les importa poco si uno, dos o tres de sus magistrados son retirados de sus cargos y enjuiciados, porque tienen a lo largo y ancho del país a operadores de justicia que forman parte de las redes de corrupción que tienen capturado el sistema.

Los últimos procesos de elección de la CSJ y las cortes de apelaciones son el mejor ejemplo de cómo las comisiones de postulación han dejado de ser (si es que alguna vez lo fueron) un mecanismo idóneo para garantizar independencia judicial. El tráfico de influencias, las componendas entre sectores gremiales y miembros de la judicatura, el doble rol de quienes fueron comisionados y a la vez candidatos, la participación de decanos de facultades de derecho en las que no hay alumnos ni egresados, y el derroche de recursos en las campañas electorales de la universidad pública y de los colegios profesionales (comida, rifas, acarreos y edecanes incluidas) son algunos de los vicios que han sido ampliamente denunciados y documentados.

Quizá la intención detrás del mecanismo de comisiones de postulación haya sido buena, pero la realidad demostró que aquella idea de “blindar” de intereses partidarios la elección trasladándola a la academia, terminó por convertirla en presa de los más oscuros grupos políticos y de poder fáctico. Además, se generó la proliferación de facultades de derecho con el único fin de tener un decano como comisionado, sacrificando la formación con la emisión de títulos exprés.

Por si hiciera falta argumentos adicionales, vale recordar aquí las declaraciones de la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre que la elección de las cortes en 2004 se discutió alrededor de una cama (La Hora, 19/9/2014); la sentencia condenatoria contra el exdiputado Gudy Rivera y el abogado Vernon González quienes intentaron negociar la reelección como magistrada de Claudia Escobar a cambio de una sentencia favorable a Baldetti; y la condena contra la jueza Jisela Reynoso por enriquecimiento ilícito, quien fungió como comisionada siendo decana de la Universidad Rural.

A eso hay que sumar que la carrera judicial llega hasta la primera instancia, lo que imposibilita que jueces y juezas con una hoja de servicio intachable lleguen a ocupar una magistratura; precisamente su independencia es castigada a la hora de elaborar los listados de candidatos y votar.

Cambiar el mecanismo de elección y reformar la carrera judicial para fortalecerla requiere de una reforma constitucional, no tendría ningún sentido promoverla (y generar tanto desgaste) si estos aspectos pudieran modificarse con cambios a la legislación ordinaria. Pero como la consigna parece ser “desinforma y vencerás” ya empezaron a utilizar este argumento para terminar de frenar el proceso.

A estas alturas es clave preguntarse quiénes tienen razones suficientes para oponerse a una verdadera independencia judicial y buscan que la justicia siga teniendo dueño.

¿Pueden creer mis amigos lectores que está circulando una iniciativa en la cual se pretende reconocer el derecho a usar los recursos naturales como se antoje en el área rural? Solapadamente esta iniciativa pretende decir que es diferente a la de la propiedad privada pero se usa el discurso del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas como pretexto para llegar a otros fines.

La declaración va encaminada a favorecer a ciertos grupos minoritarios, creando cuotas de género o de identidad. Se describe al campesino como alguien que vive en el área rural, o es persona sin tierra o es un asalariado de granja o está en una empresa agroindustrial, o es un artesano.

Nadie niega que hasta el más pobre en un pueblo tenga derecho a alimentos saludables, culturalmente apropiados y producidos mediante métodos socialmente justos y ecológicamente sensibles. En esto no difiero. Ni tampoco difiero en que los pueblos tengan derecho a expresar su opinión de acuerdo con sus tradiciones y cultura. Pero no es justo que permitamos hacer con los recursos naturales lo que se nos venga en gana.

Al viajar por todo el país me he dado cuenta de la gran necesidad que tiene la gente sencilla del campo de poder expresarse, y debemos escucharles, pero no solo a ellos, sino a todo el grupo de personas que viven en dichos territorios; dígase Cocodes, gente de las municipalidades, finqueros, mujeres, juventud, gente sencilla o gente letrada que también tiene mucho que opinar. Debemos, por ende, manejar agendas que agrupen a todos dentro de los territorios para dilucidar cómo debemos manejar nuestros bosques, el agua, y demás recursos naturales en general. Es necesario que haya un balance y una ecuanimidad y no solo tomar disposiciones que favorezcan los intereses personales de unos cuantos, sino de la sociedad en general.

En cada región debe haber un equilibrio para que se llegue a acuerdos de cómo manejar los recursos, los bosques, o el agua; acuerdos que llevan a equilibrios sociales en los territorios. Deben haber puntos medios de negociación que permitan cumplir con los intereses de la mayoría y no ser un obstáculo para el desarrollo sostenible.

Quien sea que esté lanzando esta iniciativa puede que tenga como objetivo promover las reformas constitucionales, y es más, hasta una reforma agraria. Lo contradictorio es que no le dicen a la población los problemas que algunas de estas reformas pueden causar. Sin embargo, aunque considero importante modificar algunos artículos de la Constitución, no hay que trastocarlos en su mayoría, pues contamos con una Carta Magna joven y robusta. ¡imaginemos cuánto tiempo le llevaría al Congreso aprobar 25 leyes modificadas!

Pienso que las demandas campesinas muchas veces son más que justas, pero debe haber un diálogo contructivo entre las partes para que se den los cambios. Por ejemplo, muy importante es que los campesinos tengan derecho a tierras o a una vivienda, pero no a costa de invadir tierras privadas o reservas naturales y que el Estado se haga de la vista gorda. Una manera de apoyarlos es que el Estado vele por comprarle tierras a la gente más pobre, con ayuda de la cooperación internacional.

Los grupos minoritarios no deben estar sobre la ley o encima de los derechos de todos los guatemaltecos. Todos debemos proteger nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. Si esta iniciativa que va circulando por allí es cierta, estamos en problemas, puesto que es como venir a terminar de destruirnos. No sé si el propósito es que sigamos los pasos de Venezuela, pero si tenemos dos dedos de frente sabremos que este no es el camino.

vidamordepaz@yahoo.com

La Constitución Política, como todos saben, es el gran pacto social que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas. Nos permitió transitar del autoritarismo militarista propio de la contrainsurgencia a la democracia. Su contenido es valioso, si tan sólo fuera plenamente realidad.

Tener un pacto social es razón de alegría, porque en su observación y cumplimiento radica la posibilidad de vivir en paz, con cohesión social. Ella no está escrita en piedra, es, como su nombre lo indica, una Constitución Política y puede y debe ser modificada cuando las condiciones de convivencia lo requieran.

En los Acuerdos de Paz se acordó su reforma, pero lamentablemente se fracasó en el intento. Veinte años después volvemos al mismo tema, comprendiendo que es necesario hacerle algunas modificaciones para profundizar la democracia y fortalecer el Estado de derecho. Cualquier persona o institución seria reconoce que para lograr el indispensable fortalecimiento del sistema de justicia es ineludible modificar la Constitución. Y eso es algo que todos queremos. Por eso, el proceso de reforma constitucional debería producir, en términos sociales y políticos, un espacio de construcción de consenso en la definición del contenido a reformar. Se espera, por lo tanto, que discutir y acordar estas reformas sea una oportunidad para incrementar el consenso nacional alrededor del pacto social que nos rige.

Pero desafortunadamente la realidad es otra y este proceso de discusión de las reformas constitucionales ha creado un espacio para la confrontación y la polarización, al punto que, maniqueamente, se plantea, por parte de unos, que cuestionar cualquiera de los contenidos de las reformas propuestas equivale a estigmatizar a quienes lo plantean como defensores de la impunidad y de los poderes oscuros; mientras que, para otros, aceptar las reformas equivale casi a una traición a la patria, porque se tolera la intervención extranjera y, además, se abre camino a quién sabe qué proyectos “izquierdistas”, tal como ha sucedido en el sur del continente donde los gobiernos de esa corriente ideológica modificaron sus respectivas cartas magnas para impulsar sus proyectos revolucionarios.

O sea que un ejercicio de construcción de consensos se ha convertido en un ring de creación de antagonismos. Se pervierte así la posibilidad de modificar la constitución como un ejercicio para profundizar nuestra subjetividad en beneficio del acuerdo y la convivencia democrática. El resultado es incrementar la contradicción hasta casi el punto del odio.

Una de las consecuencias de este proceso pervertido podría ser el fracaso del intento por reformar la Constitución, ya sea porque los diputados terminen por no aprobarla o, habiéndola aprobado, que la consulta la rechace, tal como sucedió cuando se votaron negativamente las reformas provenientes de los Acuerdos de Paz.

¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Es posible rectificar el camino?

En primer lugar, hay que comprender que derrotar las reformas no debe identificarse con derrotar la CICIG, a la que se le atribuye, por varios, encarnar la odiosa intervención extranjera. Derrotar las reformas es cerrar la posibilidad de fortalecer el sistema de justicia para que pueda profundizarse la lucha contra la impunidad y se convierta esa tarea en sostenible.

Es apremiante que los actores confrontados retrocedan en su protagonismo polarizante. Deben hacer mutis. Es indispensable que liderazgos nacionales que hasta ahora no han sido bélicos adalides de los pros y los contras, tomen el liderazgo de este proceso. ¿Existen esos liderazgos?

Como en los tiempos pretéritos, que no se ose plantear el concepto, el argumento, la idea contraria, porque, o eres brujo del monte, miembro de la oligarquía de Salem, blasfemo y adepto de las herejías inconfesables, o un comunista con vasos comunicantes directos con los tiranos bolivarianos del siglo veintiuno, veintidós y veintitrés.

Y la maña de meter a todos dentro de un mismo saco se hace patente. Si uno por allá,dice algo, todos lo dijeron y el argumento se hace viral en la redes. Los gritos se consignan a la misma garganta y el remitente se convirtió en voz grupal, aunque el comentario sea una crasa impertinencia.

Se perdió el debate y se convirtió en pleito de locatarias: “Comunistas relamidos, oenegeros mercenarios, izquierdosos asquerosos…. Fascistas oligárquicos, empresarios corruptos, radicales de la extrema derecha, amigos del statu quo.

La lista es larga y tediosa. Y el debate se perdió.

El resultado ahora es una polarización frívola y visceral.

Eminentes constitucionalistas, de esos que todos reconocemos como doctos y académicos rigorosos, han compartido sus dudas en relación a las reformas constitucionales, especialmente en lo atinente al Consejo Nacional de la Justicia y los derechos indígenas.

Hay observaciones de fondo y forma: una redacción ambigua, enmiendas constantes que nadie conoce y, últimamente, incluso amagues de volver a tocar el derecho indígena para despertar los demonios del cotarro.

En la periferia de las consignas vocingleras, el tema de fondo no se aborda: que el país necesita de un sistema de justicia, republicano, eficiente, expedito y transparente, producto de una verdadera reingeniería interna, entre las cuales, “una” de las posibilidades son las reformas constitucionales.

Existen varias propuestas serias que están guardando el polvo desde hace varios años y nadie les ha puesto un ápice de atención.

No es cierto afirmar que estas reformas fueron discutidas y consensuadas en aquellas mesas de discusión hace unos meses con representantes de la “sociedad civil” en donde se recogieron, analizaron y validaron las mismas.

No hubo tal cosa. No hubo una validación consensuada, ordenada.

Se descartaron muchas de las propuestas. Y en los últimos días han circulado varios borradores, al punto de que cuando un persona se pronuncia por uno de ellos resulta que ya no tiene validez porque se ha modificado.

Para una ley que tiene tanta trascendencia, con externalidades políticas, jurídicas y constitucionales de tanta envergadura, una factura de Q300 millones y toda la polarización que eso implica, la prisa resulta ser la madre de todos los problemas.

Ahora, en una carrera contra el tiempo por el descanso del Congreso “hasta agosto” —y porque hay muchas presiones a favor y en contra—, esta es la hora en la que no existe un borrador final en la página del Organismo Legislativo.

Eso no ayuda al debate. Tampoco ayuda que de la noche a la mañana se vede el ingreso al palco porque “la estructura del Congreso está dañada”.

Eso crea la misma suspicacia que se suscitó cuando el tablero del hemiciclo “misteriosamente” dejó de funcionar el día de la votación.

Debate, transparencia, propuesta. Tres acérrimos enemigos de la prisa.

En general, en demasiados países del mundo, hablar de un Congreso se ha convertido en sinónimo de guarida de gente incapaz de ver un poco más allá de sus propios y mezquinos intereses, lo cual se ratifica llegado el momento de discutir leyes de trascendencia nacional, en el mejor de los casos, o de fabricar leyes a la medida de quienes tienen la capacidad de financiamientos oscuros por su subordinación.

Un solo proyecto de reformas al sector Justicia ha bastado para conocer la manera inaceptable con la que generalmente se procede en el Parlamento. Con la discusión de dos artículos se evidencia que el único interés de los parlamentarios es boicotear todo proceso encaminado a dotar de mayor independencia a jueces y magistrados, porque existe un generalizado temor a una justicia plena, aunque por otro lado hay dudas también acerca de la efectividad de este plan, por la manera como funcionan las cosas en el país.

Ese proyecto ha sido bloqueado desde un inicio y el primer artículo sobre el que se centró la discusión fue el relativo al reconocimiento de la justicia indígena, el cual entrampó la discusión durante varias semanas, hasta que en una serena decisión de las autoridades ancestrales fue retirado. Al persistir el boicot, se comprobó que ese no era el obstáculo para que prosperaran las discusiones.

Ahora es el artículo relativo a la creación de un consejo administrativo en el Organismo Judicial el que de nuevo paraliza la discusión y es probable que surjan muchos más, por el mismo miedo, pues es obvio que existen muchos temores de que se pueda viabilizar la independencia del sistema de justicia.

Esa es la verdadera razón por la que se ha obstaculizado el avance de las discusiones en el Congreso y también está claro que el sector más poderoso que se opone a las reformas es el de exfuncionarios corruptos alojados en uno de los cuarteles del Ejército. A ellos se unen diputados que tienen claros vínculos con criminales y algunos empresarios coludidos con las mafias que también temen a una justicia plena.

Poco va a cambiar en el corto plazo, pues el Congreso está a las puertas de iniciar el prolongado receso de medio año, de dos meses, y aunque algunos han argumentado que ese tiempo les sirve para visitar sus comunidades, eso tampoco es cierto, pues muchos no se atreven a presentarse ante sus votantes, por el bochorno que causa esta legislativa, ante su abierta oposición a los cambios.

Las palabras del escritor londinense Chesterton se aplican a la legislatura guatemalteca, cuya mayoría de diputados tiene limitaciones, al punto de que pareciera que es el Congreso el único lugar donde pueden materializar su modus vivendi, aunque sea a costa de un enorme daño para el país.

Para ello también exigen que se garantice la seguridad, no sólo de los asistentes, sino que también de los trabajadores del Congreso, ello luego de que el miércoles pasado un grupo de oposición a las reformas se enfrentara a un camarógrafo del Legislativo.

La Alianza por las Reformas también solicitó que durante el receso parlamentario, que comienza el 15 de mayo, el Congreso se declare en sesiones permanentes para continuar con la discusión de los cambios constitucionales.             

Exigimos cambios sustanciales al Sistema de Justicia,que no se trastoque el objeto real de las Reformas #NoHayExcusas #ApruebenReformas pic.twitter.com/YudaY5iBHd

— Alianza por Reformas (@AlianzaRgt) March 21, 2017

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Reformas Constitucionales caldean los ánimos en el Congreso

A los populistas de izquierda y de derecha no les gusta que su poder sea restringido por el Estado de derecho. Quisieran tener “mano libre” para perseguir a sus opositores y, en general, para abusar de sus posiciones de poder. Cuando no violan abiertamente la ley, buscan que sea interpretada a su manera. Lo ilustra desde las acciones de Maduro para evitar que funcione adecuadamente el poder legislativo venezolano, hasta las directrices ejecutivas de Trump para controlar la migración, o sus presiones a los jueces para evitar que las cuestionen.

En Guatemala hay cierto peligro de auge del populismo, pero sujeto a dos fenómenos contradictorios. Por una parte, ha crecido la debilidad del poder legislativo, integrado por varios diputados acusados de corrupción, y elegidos por partidos que ya no existen o que podrían dejar de existir pronto. Se ha abierto un espacio para que diversas fuerzas políticas nuevas, incluyendo fuerzas populistas, puedan aprovecharlo para surgir y fortalecerse. Venezuela es un ejemplo de cómo el desmantelamiento de los partidos políticos tradicionales coincidió con el surgimiento de Chávez, líder populista de izquierda. El desmantelamiento de los partidos tradicionales en Italia, también golpeados por la corrupción, coincidió con el surgimiento de otro nefasto líder populista, esta vez de derecha, que fue Silvio Berlusconi.

Pero, por otra parte, hemos presenciado cierto fortalecimiento del poder judicial, lo cual se ha reflejado en la atención que han recibido en los tribunales casos muy visibles de corrupción y de evasión de impuestos. Además, frente al aumento del escrutinio público los magistrados de la Corte Suprema de Justicia parecen menos vulnerables a presiones provenientes de líderes políticos o empresariales oscuros. Este fortalecimiento de la independencia del poder judicial le impone límites a eventuales líderes populistas locales que quisieran tener mano libre para interpretar las leyes a su manera y servirle a intereses oscuros acostumbrados a abusar de sus posiciones de poder.

Este es el contexto contradictorio dentro del cual ahora se impulsan las reformas constitucionales del sector justicia, y particularmente la reforma del artículo 209 de la Constitución, referido al nombramiento de jueces y a la carrera judicial. La pregunta clave es si estas reformas fortalecen o no la independencia del organismo judicial.

La evidencia en otros países, como España, sugiere que la refuerzan. Crear un organismo para fortalecer al servicio civil, la gestión financiera y la vigilancia del organismo de justicia, al mismo tiempo que evita que el poder legislativo sea el único responsable de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es parte inherente de la independencia del poder judicial y, por consiguiente, de una república.

¿No será por eso que los líderes populistas de la extrema derecha guatemalteca, tan visibles en el Congreso la semana pasada, no quieren que se apruebe la reforma del artículo 209? ¿No será que le temen al fortalecimiento del poder judicial, puesto que limitaría sus abusos y los de sus aliados?

¿No estaremos frente a la presencia de pequeños Berlusconis que quieren convertirse en los nuevos caudillos populistas de extrema derecha para conducirnos por un desfiladero de desigualdad, abuso y debilitamiento del poder judicial? Los diputados tienen la responsabilidad de aprobar las reformas del artículo 209 para evitar el debilitamiento de la república, algo que desearía esta extrema derecha con pretensiones populistas. Y las fuerzas políticas democráticas de izquierda y de derecha tienen la responsabilidad histórica de resguardar al Estado de derecho, organizase, plantear nuevas alternativas y mantener a estas fuerzas tenebrosas en la marginalidad.

Desde la mañana de este miércoles los grupos a favor y en contra de los cambios al sector justicia, llegaron al Congreso para pronunciarse en ambos sentidos.

En la agenda del día estaba planificada la discusión del artículo 7 del proyecto de reformas, que se refiere a la creación del Consejo Administrativo de Justicia.

La seguridad en los alrededores del Legislativo fue reforzada y a un grupo de personas no les permitieron el acceso. Una de las molestias de los diputados y de obervadores de la sesión, fue la inactivación del tablero electrónico, que no funciona desde hace varios días.

En el hemiciclo no hubo asistencia de más de 80 diputados, cuando lo necesario para discutir las reformas era de 105 votos.

Opositores de las #ReformasConstitucionales exigen el tablero eléctrico pic.twitter.com/QUHRQPX4Z7

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 3 de mayo de 2017

La mayoría de ausencias fueron del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Del lado opositor a las reformas llegó el director de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y la excandidata presidencial Zury Ríos.

Mientras que a favor el abogado Alejandro Balsells, quien criticó que no le permitieran la entrada al Legislativo para observar el pleno.

Los bomberos Municipales acudieron al Congreso a modo de prevención en el palco del público, pues supuestamente tiene una alerta de riesgo de la Conred.

Opositores de las #ReformasConstitucionales protestan frente al @CongresoGuate pic.twitter.com/Ilc93QmK5v

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 3, 2017

La discusión

En la sesión estaba planificada la discusión del artículo 7 del proyecto de reformas, que se refiere a la creación del Consejo Administrativo de Justicia.

Para los opositores a las modificaciones de la carta magna, esa nueva entidad crearía un “superpoder” y desplazaría  a la Corte Suprema de Justicia.

Grupos de oposición intentan ingresar al @CongresoGuate donde se discutirán hoy las #ReformasConstitucionales pic.twitter.com/2YNUIyP4uc

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 3 de mayo de 2017

El proceso es gradual. La pérdida de la fe en nuestras instituciones se desarrolla como el ejemplo aquel de las ranas cociéndose en un recipiente de agua hirviendo. Los cambios de temperatura fueron tan graduales que sus organismos apenas lo sintieron. Poco a poco se fueron adaptando hasta la etapa final que los consumió sin siquiera darse cuenta.

Pero yo protesto mi falta de fe en esos cambios que promueven. Me baso en que no puedo tener fe en activistas con hipocresías y doble moral. Se aplaude la persecución de los corruptos y organizaciones criminales operando a todo nivel. Se aplaude. Pero se demerita todo eso cuando se atropellan los derechos de los ciudadanos acusados en algunos casos, muy convenientemente por el pelotón justiciero y sus tambores de resonancia.

Esa mujer que representa a la justicia por algo tiene vendados los ojos y sostiene una balanza en la mano. Balanza es equilibrio, objetividad, justicia. La venda representa la imparcialidad de no ver sino los principios, el imperio de la ley, el estado de derecho, el poder coercitivo de la ley.

Al diputado Linares Beltranena se le quitó la visa con un evidente subtexto de presionarlo para cambiar sus posiciones legislativas en el Congreso. Más triste es la persecución penal iniciada por el MP con la anuencia de la Corte Suprema, todos presionados por el trencito CICIG para quitarle la inmunidad e iniciarle antejuicio. Inaudito, que la razón es por haber expresado en su calidad de legislador un punto de vista totalmente racional sobre una ley.

Pérdida de fe, que el exministro de Gobernación Vielman acusado por el caso Pavón, junto con Figueroa, Giammattei, todos liberados después de largos procesos, sufrimientos y costos. El único que está purgando condena perpetua, óigase bien, condena perpetua, es Erwin Sperinsen y sigue preso porque los querellantes adhesivos iniciados por la CICIG y el MP, en contubernio con los jueces de igual tendencia progre, no titubearon en descartar todas las pruebas, y aceptar los testimonios de escorias criminales como testigos protegidos. Especímenes con la inmoralidad propia del que vende su alma a conveniencia.

Pérdida de fe al ver como CALDH con orígenes guerrilleros logra convencer a un miembro de la Corte de Constitucionalidad para que presionen a sus pares y liberen al escrutinio público los audios de las deliberaciones privadas y confidenciales de las reuniones de la CC sobre el caso de Genocidio. Todo por el afán de que al salir a la luz pública esas deliberaciones el miembro quede como un paladín de la justicia y los otros como cómplices del genocidio. Y por supuesto se revoque la anulación de la sentencia. Inaudito… ¿Pero han levantado la voz por el Coronel Chiroy, preso sin juicio y hasta con pena cumplida?

Pérdida de fe, al ver a gente como Max Quirin y Julio Suárez guardando prisión sin respetar el derecho de presunción de inocencia y negándole las medidas sustitutivas a que tienen derecho pero que no se le da la gana al juez .La verdadera razón es venganza y quedar bien con los cicigueños y la mancha progre, enquistada hasta en la sopa diplomática.

Pérdida de fe que la CICIG no haya hecho absolutamente nada en contra del robo de energía eléctrica, una mafia llamada Codeca, que opera con vínculos estatales, que genera más de 200 millones al año que utiliza esos fondos para llevar a cabo tomas de carretera, invasiones de propiedad privada y pública. Y sin embargo, no levantan un dedo en contra de ellos. ¿Por qué?

¿Qué credibilidad puede haber en esos que pregonan los cambios en las reformas constitucionales? ¿En ellos tenemos que poner la confianza?

Paso…

El miércoles próximo, la discusión sobre las reformas constitucionales para el sector Justicia enfrentará un nuevo reto en el Congreso, ya que se dará inicio al análisis de la creación del Consejo Administrativo de Justicia.

Esta propuesta ha generado opiniones encontradas. Unos consideran que se está dando mucho poder a una sola institución y otros opinan que esta instancia podría ayudar a transparentar los procesos de elección y la ejecución de los recursos financieros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El planteamiento inicial de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales era crear el Consejo Nacional de Justicia para separar las funciones administrativas de las  judiciales. Es decir, los  magistrados de la CSJ se encargarían de su labor política judicial, mientras que el Consejo asumiría.

Los aspectos administrativos, incluyendo presupuesto y  nombramiento de personal.

Esta propuesta sería un complemento a las  reformas a la Ley de la Carrera Judicial que se aprobaron en el Congreso en junio del año pasado.

Con el Consejo también desaparecerían las comisiones de postulación para elegir magistrados, debido a que esa instancia se encargaría de definir, con base en méritos y a una elección por oposición, a los finalistas que llegarían al Congreso para su elección.

Desde que llegó la propuesta de reformas al Congreso, la creación del Consejo ha sido uno de los aspectos que más resistencia han encontrado. Incluso se discutió una enmienda que supuestamente tiene acuerdos, en la cual se le otorgan funciones netamente administrativas.

La modificación, que contaría con el aval de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales, incluso llegó al nombre, pues pasaría de Consejo Nacional de Justicia a Consejo Administrativo de Justicia.

Persisten desacuerdos

A pesar de los cambios, siguen las voces de rechazo a la propuesta.

Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional, dice que las modificaciones efectuadas a la propuesta inicial fueron “para taparle el ojo al macho”.

Según el congresista, se está creando “una especie de cuarto poder”, porque se le faculta para manejar los recursos económicos, el personal y la evaluación de desempeño.

“Si el Consejo maneja el personal y el pisto, al final influirá en las resoluciones o no habrá pisto”, señaló Linares Beltranena.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, opina diferente. Según este congresista, la necesidad de crear el Consejo surge porque la CSJ tiene las funciones de juzgar y de nombrar o remover personal.

“La Corte nombra y remueve jueces. Arbitrariamente administra el recurso humano. Eso es grave, cuando hay un principio constitucional de independencia judicial. El Consejo ayudaría a que las decisiones se basen en criterios técnicos y evaluaciones de desempeño permanente”, afirmó Pop.

En tanto, el oficialista Estuardo Galdámez dijo que no está de acuerdo en crear un ente que sería superior a la CSJ. “No estoy de acuerdo, no  me gusta, porque solo conozco como organismo del Estado al Organismo Judicial, no al Consejo de Justicia”, expuso.

El independiente Oliverio García Rodas explicó que el Consejo sería una especie de gerencia de recursos humanos, porque se está haciendo una separación de las funciones jurisdiccionales. La CSJ no está perdiendo ser el órgano superior del Organismo Judicial, porque el Consejo formula el presupuesto, pero lo aprobará la Corte, que posteriormente refrendará el Congreso.

Agregó que para el nombramiento de jueces y magistrados el Consejo no nombrará a quien le dé la gana, sino que deberá basarse en lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial. “Hoy hay un nombramiento libre”, detalló.

Diez sesiones plenarias se han desarrollado para buscar modificar la Constitución para el sector Justicia —una en  el 2016 y nueve este año—; sin embargo, la polarización  en torno de la iniciativa de reformas  ha afectado el proceso, que avanza a paso lento y entre muchos valladares.

Un ejemplo fue ayer, cuando, en medio de una crispada sesión plenaria, el pleno dispuso aprobar el artículo 6 de la iniciativa 5179, el cual busca reformar  el precepto constitucional  208, que  habla del periodo de funciones de magistrados y jueces, y cambiarlo por la Carrera Judicial.

Hilda Morales, procuradora adjunta 2 de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó: “Se mira una oposición desmedida para que no caminen las reformas”.

Excusas y razones para la aprobación

La sesión plenaria para discutir el artículo 6 de la iniciativa 5179 que busca reformas constitucionales para el sector justicia comenzó a las 11:30 horas, con 1.30 horas de retrasado.

Durante ese lapso varias personas que se identificaron como opositores a las reformas constitucionales —donde resaltaban la exdiputada, Zury Ríos y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Mendéz-Ruíz— gestionaron permiso para subir al palco de visitantes.

Al obtener el permiso comenzaron a cantar el himno nacional previo al inicio de la sesión plenaria y gritaban consignas que dejaban clara su posición de rechazo al paquete de reformas.

La sesión comenzó el Presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, ordenó a la secretaria que comenzará con la lectura de las mociones que buscaban reformar el artículo seis del paquete de reformas.

Cuando se realizaba la lectura el grupo de personas que ingresó al palco del hemiciclo comenzó a vociferar más fuerte sus consignas en contra de las reformas constitucionales.

La lectura de las enmiendas terminó y se llamó a votar por la que tenía más consenso en ese momento el grupo sacó pancartas con mensajes de oposición a las reformas: “Otra Venezuela ¡nunca más!” y “Diputados, no maten nuestra República”.

En medio de este ambiente crispado, el diputado Luis Hernández Azmitia subió al palco y discutió con Xavier Soria, un activista que sí estaba en favor de las reformas y con quien ha tenido discusiones en la red social Twitter.

El reclamo de los activistas va contra la propuesta que hizo Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para modificar la Constitución y “fortalecer los órganos de justicia, que actualmente se traduce en un 97 por ciento de impunidad”.

El legislador cuando subió argumentó que Soria lo había insultado y que subía para que le diera una explicación sin embargo cuando periodistas lo increparon sobre cuáles habían sido los insultos el congresista no respondió y se limitó a decir “eran insultos”.

Aprobación

Pese a los acalorados reclamos de las personas los diputados respaldaron el artículo 6 que reformas el 208 constitucional con 118 votos a favor y con esto se convierte en el tercer artículo que se aprueba del paquete.

En la actualidad el artículo 208 de la Carta Magna habla sobre el “Período de funciones de magistrados y jueces”, el texto dice literalmente: “Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley”.

Este el el artículo 6 con enmiendas, del paquete de reformas constitucionales que fue aprobado por el Pleno del Congreso. pic.twitter.com/BRno7w9jOP

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) April 26, 2017

Con la reforma que fue aprobada hoy el artículo pasaría a llamarse “Carrera Judicial” y contempla principios “aplicables a todos los jueces y magistrados, la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización”.

Explica que “la ley normará lo relativo a la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causas legales para la suspensión o retiro” del juez o magistrado y establece “como edad máxima” para el cargo los 75 años de edad.

Establece que “el nombramiento de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría, tres cuartas partes provendrán del sistema de carrera judicial y una cuarta parte de abogados en ejercicio de la profesión.

Por último pide que para ser juez de primera instancia, además de los requisitos establecidos en el artículo 207 constitucional se requerirá haber desempeñado el cargo de juez de paz por lo menos durante tres años y que los aspirantes externos a la carrera judicial deberán haber ejercido la profesión de abogado durante por lo menos seis años.

Artículos anteriores

Con esta aprobación, el artículo 6 se convierte en el tercer artículo aprobado del paquete de reformas, los artículos 1 y 2 se perdieron porque no alcanzaron los votos suficientes, estos hablaban de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados.

El artículo 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para conocerse hasta en último lugar, mientras que los artículos 4 y 5, que hablan sobre Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez fueron aprobados.

Los cambios no entran en vigencia como una ley normal ya que al tratarse de una reforma constitucional es necesario realizar una consulta popular y que obtenga la aprobación de la población, si el resultado es positivo estas entran en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral de por válido el resultado.

La sesión plenaria comenzó con un ahora de retraso y el Legislativo sólo aprobó un cambio a la Constitución. Al finalizar la votación los congresistas abandonaron el hemiciclo.

El artículo modificado este miércoles se refiere a los requisitos e incompatibilidades para ser magistrado o juez.

En el estado actual dice: “Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores”.

Además indica: “La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República, la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces, la prestarán ante la Corte Suprema de Justicia”, cita el texto.

El cambio fundamental que aprobaron los legisladores es que se agregó que no se podrá asumir el cargo de juez o magistrado si forman parte de instituciones o entidades que reciban, administren  o ejecuten recursos del Estado o sean parte de la administración del mismo. Además prohíbe el ejercicio profesional a excepción de la docencia.

El proceso de reforma

La sesión plenaria comenzó con 1.35 horas de retraso y cuando se abrió, el presidente del Congreso llamó a votación todas las enmiendas al artículo 4 que fueron leídas en la sesión anterior pero no fueron votadas.

En total se votaron y rechazaron seis enmiendas de supresión total y parcial. En el momento que se realizaba este procedimiento el diputado Christian Boussinot pidió que se dejara en punto de acta que este no era el procedimiento adecuado pues ya se había aprobado el artículo 4 del paquete en la sesión anterior.

Luego de la lectura se entró a conocer las enmiendas y la primera que se leyó –la  que tenía más consenso–  obtuvo 107 votos a favor, las otras dos enmiendas fueron votadas por trámite y pasaron a la votación final del artículo 5 con su enmienda aprobada.

Minutos después de las votaciones los diputados comenzaron a abandonar el hemiciclo y pese a la petición del presidente del Congreso de que regresaran para seguir con el debate del artículo 6 la sesión fue suspendida por falta de quórum.

Este es el segundo artículo aprobado del paquete de reformas constitucionales al sector justicia, el primero fue el artículo 4.

Los artículos 1 y 2 se perdieron porque no alcanzaron los votos suficientes, mientras que el 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para antes de que toque el 22.

Los cambios no entran en vigencia como una ley normal ya que al tratarse de una reforma constitucional es necesario realizar una consulta popular y que obtenga la aprobación de la población.

Se ha desatado, no sin razón, un movimiento que solicita “la depuración del Congreso”, sin dejar claro de qué trata tal cosa ni mucho menos las acciones a tomar. Esperemos que no sea como aquello de “cooptar el Estado”, que ya es un eslogan útil para casi todo.

Los diputados —antes se hablaba de honorables diputados— se han situado en el punto de mira de la ciudadanía por motivos diversos. Unos están huidos como vulgares criminales; otros, perseguidos por la justicia y encarcelados; algunos más, pendientes de que se les levante el antejuicio para ser procesados o a punto de que ocurra, y la mayoría absolutamente desacreditados. El que se salva es por eso de que la esperanza es lo último que se pierde, pero poca cosa más.

Depurar para sustituir a uno por otro —igual de corrupto o inepto— no es solución. Los suplentes adolecen de idénticos defectos que los titulares, por la sencilla razón de que fueron propuestos —en las mismas condiciones nefastas— por partidos políticos mayoritariamente suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral. No debería tomar ese rumbo la idea de cambio que se pretende, más bien se tendría que implementar un sistema de normas claras que promoviese una institucionalidad inmune a las personas que lleguen y no facilite la corrupción, el mangoneo, el trapicheo o el uso de la función pública para cuestiones personales. Si eso llegara a ocurrir, la norma debe castigar al infractor tan gravemente que quede civil y políticamente marcado de por vida. Cualquier acto delictivo de un funcionario público debe representarle un altísimo costo.

Como no se puede —ni se debe— limpiar el Congreso “a la brava”, es preciso tomar nota del margen legal existente para ello, y actuar en consecuencia. El artículo 174 de la Constitución permite que promuevan iniciativas de ley los diputados, la Usac y el Organismo Ejecutivo, entre otros. El artículo 277 del mismo texto faculta al presidente, a 10 o más diputados y a cinco mil ciudadanos a promover reformas constitucionales. Es decir, hay diversas vías para dejar de echarle la culpa “a todos o a otros” y plantear respuestas inmediatas a desvaríos de ciertos diputados que se duermen en la curul, no tienen el carácter para dar un golpe en la mesa y denunciar a sus pares o son incapaces de movilizar a su bancada y promover cambios. También hay que señalar al Ejecutivo de no tomar acción, a la universidad estatal, que reclama privilegios y no honra sus obligaciones, pero sobre todo a cada uno de los ciudadanos empadronados que, en número de cinco mil, podrían proponer soluciones.

Seguimos mirándonos al espejo y advirtiendo que el sistema, en cierta medida, refleja nuestra pasividad, complacencia, dejadez, falta de preocupación por los asuntos públicos, incapacidad para tener una Ley de Servicio Civil que seleccione por méritos y no por dedo, burocracia profesional que aleje los jugosos puestos de la administración del capricho de amigos contaminados y los deje a los más capaces, y otras cuestiones de costumbre que no son más que defectos de una sociedad permisiva, acobardada, conformista y tolerante. La nuestra.

Debemos crear un hashtag que abarque realmente el problema de fondo que no queremos aceptar: #DepuremosElCongresoYNosotrosTambien. El sistema colapsó hace tiempo pero a algunos les sigue yendo bien. Cuando no hay voluntad de cambio, nada cambia y el gatopardismo hace de las suyas ¿De verdad queremos #DepurarElCongreso? ¡Anda ya!

Los congresistas se reunieron este miércoles a eso de las 11 horas. Luego de varios temas pasaron al punto en agenda referente a los cambios a la carta magna.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del PAN, trató de impedir que se realizara la votación de una enmienda por sustitución total del artículo 4 del proyecto de reformas a la Constitución. El congresista Mario Taracena trató de impedírselo, al mismo tiempo que la votación siguió.

El pleno aprobó con 109 votos la enmienda para reemplazar el texto original del proyecto de reformas. Mientras que con 106 a favor quedó en firme el cambio que se aplica al artículo 205 de la Constitución.

Las modificaciones se refieren a las garantías y principios del sistema de administración de justicia.

El texto quedó así: Son garantías para la administración de justicia las siguientes:

• La independencia funcional y económica del Organismo Judicial

• La carrera profesional basada en concursos públicos de oposición que garanticen la igualdad y la no discriminación.

• El respeto a la pluriculturalidad e igualdad en el libre acceso al sistema de justicia.

• La asistencia legal gratuita en los casos que la ley lo disponga y el debido proceso.

• La justicia se ejerce conforme a los principios de oralidad, publicidad, celeridad, unidad inmediación y economía procesal.

• Se sancionará con la ley, la violación a la independencia judicial.

Artículo 205 sin los cambios

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

• La independencia funcional.
• La independencia económica.
• La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley.
• La selección del personal.
• Luego de ese artículo el quórum se rompió y no fue posible continuar. La mayoría de los que  desmarcaron su presencia fueron diputados del partido oficial FCN-Nación.

Este fue el primer artículo aprobado luego de que los primeros dos fueron rechazados, mientras que el tercero, que se refiere al reconocimiento de la justicia indígena, fue pospuesto para antes del artículo 22.

El video del diputado Armando Melgar Padilla podría interpretarse como la posición a ultranza de la bancada del FCN de rechazo a las acciones del Ministerio Público (MP) y del comisionado Iván Velásquez, a quienes habrían identificado como sus enemigos. Aún más, también podría definir la posición en su conjunto del partido de gobierno y recogería el ánimo del presidente Jimmy Morales, que aún evidencia resentimiento por la captura de su hermano y su hijo. Con esta acción, Melgar Padilla podría enderezar la nave oficialista que naufragaba por disputas entre sus diputados y podría redefinir sus objetivos inmediatos, entre los cuales estaría traerse abajo la reforma al sector justicia. De esa manera, el oficialismo habría lanzado su mayor ofensiva contra la lucha anticorrupción y podría desbaratar la reforma judicial, con el pretexto de las supuestas presiones que ha recibido.

La denuncia no puede verse como una acción aislada de un legislador que ve una manipulación en la investigación sobre el asesinato de su padre, hecho ocurrido hace cuatro años. No, el video es parte de una estrategia cuidadosamente preparada, en el que el diputado se asume como víctima de una confabulación en la que estaría en peligro su vida y dirige el dedo acusador contra el MP. Basta ver cómo en el video aparece Melgar Padilla flanqueado por las banderas de Guatemala y del FCN, con lo que crea un efecto de mensaje institucional. Tres días después, Javier Hernández, jefe de bancada de ese partido, le da “todo su apoyo moral” al legislador denunciante. Hay que recordar que Hernández aseguró el 22 de febrero que siente presiones porque cada vez que se tratan las reformas judiciales se reactivan acciones legales contra diputados del FCN. ¿Estas declaraciones no serían parte del mismo juego?

El camino está definido. El FCN, un partido creado en torno a un grupo de militares con señalamientos de crímenes cometidos durante el conflicto armado, se alimentó de los tránsfugas del PP y Líder para convertirse en el primer bloque legislativo. Exjefes castrenses y diputados con antejuicios en su contra y molestos porque han perdido sus negocios oscuros están en el mismo barco. Ahora también se convierten en aliados naturales de los esfuerzos de Pérez Molina y demás mafias para frenar todo lo que huela a MP y Cicig. Si a eso agregamos la molestia clavada en el pecho del presidente Morales por el encarcelamiento de su hermano y su hijo, no es nada raro que se haya tejido una nueva conspiración para cercar y echar al comisionado colombiano, algo que ya no pudieron hacer con el embajador estadounidense, Todd Robinson.

A esa entente político-militar se agregan los neoliberales y anticomunistas trasnochados que levantan la bandera del nacionalismo para rechazar la injerencia del jefe de la Cicig por ser extranjero, con lo cual le hacen el juego a las fuerzas anticorrupción. Cuando el presidente Morales expresó que no había defendido a su hijo, mucho menos a otras personas, en referencia al jefe de la Cicig, quedaba claro que el Ejecutivo habría llegado a la sesuda conclusión de que echando del país a Velásquez se acabarían sus problemas. Febrero fue el mes en que más arreciaron las amenazas contra Velásquez, lo que habría motivado la inmediata movilización de la cúpula de la ONU como de altos funcionarios de Estados Unidos para acuerpar al MP y al jefe de la Cicig, y recordarle en forma diplomática al mandatario guatemalteco que su destino debería estar vinculado a la lucha contra la corrupción y no a jugar con el fuego de las redes del bajo mundo.

@hshetemul

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso se encuentra afinando los últimos detalles para una serie de enmiendas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con las cuales se busca acercar más a los candidatos a las comunidades donde están los electores y para ello se fortalecería la elección por distritos.

Para el sistema electoral guatemalteco sería una novedad, pues permitiría que en muchos municipios o amplias comunidades se pueda elegir de manera directa a sus diputados, aunque en la propuesta conocida hasta ahora no se elimina el listado nacional, de ingrata huella para los procesos electorales, que seguirá siendo un club al cual casi siempre solo acceden quienes pueden pagar por obtener ese privilegio.

En el caso de los distritos electorales, Guatemala es uno de los países más rezagados en esa modalidad, lo cual se explica por la perversión en la que incurren muchos políticos, que ni siquiera pertenecen a la comunidad a la cual pretenden representar pero escalan posiciones de privilegio, empujados por vergonzosas maquinarias electoreras ajenas a cualquiera de las preocupaciones de las comunidades, lo cual podría cambiar un poco con estas modificaciones.

Esta y otras enmiendas podrían presentarse en las próximas semanas y están dentro de las prioridades de más de un sector, pero antes deben aprobarse las modificaciones al sector justicia, cuyo proyecto aún no logra superar las grandes diferencias hoy existentes entre quienes lo ven como algo ineludible y aquellos que se resisten a cambios de fondo para el Poder Judicial.

Son prioritarias las reformas a la Constitución como esta eventual actualización a la Ley Electoral, pero estas últimas también corren el riesgo de no pasar de la manera deseada. En efecto, cambios como el de los distritos electorales podrían no entrar en el siguiente proceso electoral, sino hasta el 2024, lo cual constituye un contrasentido, por la enorme importancia de ese modelo, pero que una vez más quedará en manos de una de las legislaturas más cuestionadas.

La elección en pequeños distritos, opción existente en varios países, puede facilitar la participación de representantes de las comunidades, lo cual daría un paso enorme para llevar a personas más cercanas a los vecinos al máximo órgano de representación nacional y también porque podría representar una depuración para candidaturas foráneas.

Estas enmiendas podrían llegar al pleno a mediados de mayo, siempre y cuando no ocurra un retroceso en las reformas constitucionales, que por ahora son más prioritarias. El pleno todavía puede hacer un gran aporte si exige cambios orientados a una profunda transformación de un sistema político anquilosado, amoldado sin pudor alguno a los intereses de políticos incapaces de ver más allá de su nariz.

El retiro de la discusión de las reformas a la Carta Magna se justificó por la inactividad que se ha tenido en las últimas tres sesiones, debido a la falta de acuerdos en lo relacionado al derecho indígena.

Las bancadas que rechazaron continuar con la discusión de la propuesta fueron las del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Visión con Valores, el Partido Unionista, el Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana y la Unión del Cambio Nacional.

“Es una burla la que se está haciendo a la población. Nos hacen venir y no hacemos nada”, reclamó Fernando Linares.

Mientras que el unionista Álvaro Arzú aseguró que las bancadas que supuestamente rechazan las reformas han estado en el Pleno todos los miércoles, pero a quienes se les atribuye que las apoyan se retiran o no llegan.

El futuro de la discusión de las reformas se lanzó a votación. Ante la molestia de los opositores, votaron a favor el bloque Todos, Encuentro por Guatemala, Frente de Convergencia Nacional, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Fuerza y Compromiso, Renovación y Orden.

Eduardo Zachrisson, del PAN, dijo: “Podrán haber ganado esta votación, pero los artículos de las reformas requieren 105 votos. A ver si el miércoles logran esa cantidad de diputados, como bloque no vamos a venir”.

Rechazan cambios

El diputado Fernando Linares, del PAN, quien ha manifestado abiertamente su rechazo a las reformas a la Constitución, reconoció que ayer se perdió una batalla con la que buscaban retirar de manera fácil el proyecto de la agenda legislativa.

“Yo quiero sacar de la agenda las reformas para no frustrarme y que me resten la oportunidad de derrotarlas por el fondo. Yo estaré presente el miércoles listo para dar batalla, pero si no hay sesión me quedo con la ganas, así que es mejor que no se agende”, detalló el opositor.

Francisco Tambriz, jefe de  Alianza Ciudadana, también manifestó su rechazo a las reformas, y aseguró que estas no resolverán problemas reales del país, como la inseguridad.

El futuro sigue incierto para las reformas a las Constitución que pretenden modernizar el sistema de justicia. Sin embargo, hoy la Junta Directiva del Congreso buscará que los jefes de bloques decidan si se continúa con la discusión en el pleno.

“Vamos a hablar con los jefes de bloques para determinar si existe voluntad política en avanzar en las reformas, en vista de que todo está paralizado. Es lamentable que los mismos bloques que firmaron enmiendas y aseguraron acuerdos hoy impidan avanzar”, manifestó el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla.

Según el congresista, ha habido varios retrasos y acuerdos rotos. Uno de ellos fue posponer la discusión del artículo 203 de la Constitución —tercero de la reforma—, que reconoce la existencia de la jurisdicción indígena; pero fracasó.

La discusión de las reformas ha fracasado en cuatro sesiones. Entre incertidumbre, el próximo miércoles se contempla retomarlas, a menos que los jefes de bloques decidan hoy que se detengan.

Según Chinchilla, propondrá que se posponga la discusión del artículo 203, que ha detenido todo hasta ahora. “De esa manera veremos si en verdad hay voluntad de continuar con el resto de la propuesta. Este planteamiento lo respaldan varias organizaciones indígenas”, detalló. También se planteará suspender la discusión de las reformas.

“Que digan si quieren o no aprobar la propuesta, o mejor utilizaremos los miércoles para avanzar en otros temas, aprovechando que el diputado Roberto Villate canceló la interpelación al ministro de Comunicaciones, Aldo García”, indicó.

El pretexto

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), y el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, coincidieron en que el artículo  3 de la reforma, que cambia el 203 constitucional y reconoce el derecho indígena, está siendo utilizado para dilatar la discusión de la reforma en su totalidad.

Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, es de la idea de que la reforma a la Constitución es innecesaria e ilegítima, porque no garantiza que se acabará la delincuencia y porque la propuesta no la presentó ningún sector con iniciativa de ley.

Rootman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, recordó que la propuesta es una iniciativa de los tres poderes del Estado para fortalecer el sistema de justicia en el país.

“Sería lamentable para el país negar la oportunidad de mejorar un sistema de justicia  que ha estado cooptado y politizado”, manifestó.

Semana difícil

El Comité de Unidad Campesina   anunció ayer  que junto con la Asamblea Nacional y Popular efectuarán manifestaciones en diferentes sitios del país el miércoles y el jueves próximos, para exigir la aprobación de las reformas a la Constitución, en especial lo relativo al derecho indígena.

Las marchas, según el dirigente Daniel Pascual, tendrán  como destino final la sede del Organismo Legislativo en la zona 1 capitalina.

Por aparte, para mañana está anunciada una protesta, desde las 6 horas en la capital, anunciada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que exigirá la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Desde el pasado 28 de febrero el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), anunció una movilización masiva para el próximo martes 7 de marzo en la capital.

La principal exigencia de esa movilización será pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales, porque según ellos “no ha cumplido con atender las necesidades de la población” y “no es capaz de llevar las riendas” de la nación.

La marcha se realizará a partir de las 6 horas del próximo martes y los puntos de partida serían en El Trébol, zona 3; calzada Roosevelt, zona 11, y El Obelisco, zona 10 y llegarán hasta el Congreso y el Palacio Nacional de la Cultura.

El anuncio de esa la protesta se realizó por distintos líderes de la organización de forma casi simultánea en la capital, y las cabeceras de Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu.

Entre otras peticiones que harán los campesino resalta que pedirán que a la Cicig que siga con las investigaciones en casos de corrupción.

Miércoles y jueves

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), anunció que esa organización junto a la Asamblea Nacional y Popular y gente de los 48 Cantones de Totonicapán realizarán protestas masivas en la capital y varios puntos en la provincia.

Precisó que las manifestaciones se realizarán el miércoles y jueves y aunque no precisó dónde comenzarían estas tendrían como destino final la sede del Organismo Legislativo en la zona 1 capitalina.

El motivo principal de estas dos manifestaciones es reclamar la igualdad de la justicia y esta se realizará porque los dirigentes campesinos e indígenas “sospecha es que están utilizando el derecho indígena como instrumento para detener las reformas constitucionales”.

Pascual destacó que el diputado Fernando Linares Beltranena ha sido tajante en mencionar que la estrategia de los congresistas es dilatar el proceso de discusión de las reformas constitucionales para que estas no sean aprobadas.

El dirigente del CUC aseguró que para estas manifestaciones tendrán el apoyo de los 48 Cantones de Totonicapán, organizaciones de mujeres de pueblos ancestrales, ambientalistas y otros activistas sociales.

“Los interesados en no reformar la Constitución son las estructuras que han mantenido la corrupción e impunidad en el país”, sentenció Pascual.

Complicación vial

Datos de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala estiman que en un día normal de trabajo en la capital circulan entre un millón y un millón cien mil vehículos.

Las protestas podrían afectar a miles de personas que buscarán movilizarse a distintos puntos en la ciudad debido a que estas podrían desarrollarse principalmente por la mañana cuando se registra una hora pico.

La recomendación de la autoridades es mantenerse informado sobre las movilizaciones para poder utilizar vías alternas y no quedar varado en el tránsito vehicular.

Cuando la violencia, la corrupción, el lavado de los recursos del pueblo, el narcotráfico, defraudación del fisco y la ineptitud de los tomadores de decisiones ha invadido a los poderes del Estado, instituciones privadas, autónomas, semiautónomas, deporte, Academia, religión y hasta al mismo pueblo, se pone en duda la candidez para cambiar una constitución que se acordó en una asamblea constituyente.

La práctica de la honestidad, la tolerancia, la ética, el civismo, la identidad, el respeto mutuo, la solidaridad y la demostración con actitudes objetivas de valores de los hombres y mujeres que han sido electos para gobernar el país se han venido deteriorando en nuestra sociedad o, en el peor de los casos, han desaparecido, y por ello la tarea de hacer que se practiquen con plenitud en nuestro entorno y por las nuevas generaciones debe ser la preocupación prioritaria, lo que nos garantizará y nos hará confiar en que los cambios que se pretenden hacer a tan importante documento sean autorizados por el mismo pueblo. No permitamos que algunos interesados lo manoseen en desmedro de intereses oscuros que pueden provocar la destrucción del Estado.

El Gobierno de Guatemala ha estado en deuda con el pueblo, al no cumplir con el Título I, en su capítulo único; el título II, capítulo I, artículos 3, 4, 5 y 6. Es obligatorio cumplir a cabalidad y a plenitud esos mandatos, y cuando este paso se dé, podemos aspirar a modificar la Carta Magna. Ahora se pretende hacer ver que la ley es la mala y no los hombres que han tenido la autoridad para ejecutarla y se comprometieron a cumplirla.

En la parte introductoria de la Constitución se invoca con vehemencia el nombre de Dios, indicando claramente que es el “Estado el responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y rigiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden constitucional, estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego a derecho”, promulgan las normativas que los hombres probos deben hacer que se cumplan en beneficio del pueblo y de la Nación, pero a la fecha quedan debiendo en el cumplimiento de hacer las cosas como demanda la misma Constitución, en la cual se tipifican la direccionalidad de que la justicia pueda aplicarse nombrando a los más dignos y aptos de este país.

Es hora de limpiar las manos de los que entretejen componendas para satisfacer intereses personales. Es obligación seleccionar a los mejores guatemaltecos para cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces tendremos otro país, sin necesidad de desgastar al Estado económicamente y distrayendo al pueblo para que no se dé cuenta de que hay problemas más serios por resolver.

Ya se demostró cómo la participación ciudadana demanda cambios; verbigracia, los movimientos cívicos del 2015. Así, valdría la pena demandar cambios constitucionales, si fuera necesario, como una manifestación genuina, para alcanzar la reivindicación cívica que ponga de manifiesto una verdadera práctica de la democracia y la libre determinación de los pueblos, digna de emularse para reinventar o recrear al Estado bajo las directrices que dicta la Constitución de la República de Guatemala actual, con el agregado de que la elite que gobierna se revista de los valores que ha descuidado y siga el debido proceso. Entonces será el momento propicio para efectuar los cambios que el soberano pueblo exija.

Ayer se tenía prevista la cuarta sesión específica para analizar los cambios a la Constitución, pero no hubo quórum. La Unidad Nacional de la Esperanza adelantó que no llegaría al pleno porque no hay consensos  sobre  el derecho indígena.

 En medio de la discusión se le cuestionó a Galdámez acerca del apoyo al artículo 3 que reconoce la justicia maya, y  aseguró: “Así como está escrita no la apoyo y voy a votar en contra… Yo voto a favor de los pueblos indígenas, pero no por esta gente que no son sus representantes”.

Según el congresista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), “los liderazgos verdaderamente sostenidos localmente son los Cocodes —consejos comunitarios de Desarrollo—, los alcaldes auxiliares y los municipales y sus corporaciones”, porque “son debidamente electos”.

Galdámez, electo por el distrito de Quiché, indicó que reconocerá a las autoridades ancestrales solo “si  gozan de la representatividad de los pueblos que dicen representar”.

"Si fuera político vendría a abrazarlos… yo respondo por el que votó por mi…" dice el diputado oficialista Ernesto Galdámez pic.twitter.com/FmEwDT8jPS

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 1 de marzo de 2017

Electo por otro partido

Durante la confrontación con los líderes indígenas, el congresista aseguró que solo vela por las personas que votaron por él. “Yo respondo por el pueblo que votó por mí, que me eligió como su diputado”, manifestó, pese a estar en una bancada distinta al partido que lo postuló.

Uno de los líderes le reprochó su comentario y le recordó que él responde a toda la población, a lo que el diputado del partido de gobierno respondió: “Yo hablo con quichelenses representados justa y dignamente por los pueblos indígenas”.

Según el diputado de @fcnnacion, Ernesto Galdámez, reconoce a las autoridades debidamente representadas pic.twitter.com/rSP4Ag10s0

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 1 de marzo de 2017

Rechazo y molestia

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del gobierno Plurinacional Q’anjob’al, lejos de atacar al diputado Galdámez manifestó su preocupación por lo que considera una utilización del derecho indígena para evitar que avance la reforma de justicia.

“No se puede negociar ningún artículo, es una necesidad de la población. Si vamos a negociar artículo por artículo, entonces vamos a negociar la precariedad del sistema de justicia del país. Más bien es responsabilidad de los diputados legislar, y punto”, dijo Juárez.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, calificó la actitud de Galdámez como “de un militar prepotente e impositor, racista y discriminador” y afirmó que estudian acciones  legales en su contra.

“Desconoce cómo funciona y quiere que se elija con la visión occidental, contando votos, pero no es así, las autoridades ancestrales se eligen por confianza, por ser honestas, probas, sinceras; es otro sistema”, explicó Pascual.

Las luchas sociales en Guatemala han buscado el respeto de los derechos humanos, mayor acceso a la tierra por parte de campesinos, la igualdad de los pueblos indígenas y de las mujeres, o el cumplimiento de las reivindicaciones laborales exigidas por los trabajadores. Estas luchas también han incluido la oposición de comunidades a la explotación depredadora de los recursos naturales, así como el combate de la corrupción, reivindicación apoyada por amplios y plurales grupos sociales. La exigencia del pluralismo jurídico es otra reivindicación apoyada por numerosas organizaciones sociales, así como la lucha por la justicia o el agua. Y abundan las demandas locales. Se trata de reivindicaciones ciudadanas diversas, con distinto signo ideológico y muchas veces con una larga historia.

Sin embargo, en épocas recientes la mayor parte de estas luchas sociales han estado divorciadas de las propuestas planteadas por los partidos en las elecciones y han sido ignoradas por el poder Ejecutivo o por el Congreso. Existe una divergencia entre el ámbito de la lucha social y el de la lucha política. Llama la atención que los temas de los derechos humanos, la discriminación, el acceso a la tierra, las reivindicaciones laborales y el uso de los recursos naturales apenas se tocan en los debates parlamentarios. El debate sobre el pluralismo jurídico en el Congreso también lo refleja: muchos diputados quisieran postergar su discusión de manera indefinida o rápidamente dejarla de lado.

Este divorcio entre la acción política de los partidos y las reivindicaciones de las organizaciones sociales no ayuda a Guatemala. Favorece el desencuentro y la falta de diálogo. El Congreso debería ser el centro de debate en que todos estos temas se discutan, con altura, como reflejo de la diversidad de opiniones que existen en nuestra sociedad. No discutirlas amplía las diferencias y las convierte en luchas entre enemigos.

Este divorcio no solo refleja la incapacidad de los partidos políticos para expresar reivindicaciones sociales, lo cual no extraña cuando la política se pone al servicio de los negocios y no al servicio de la población. También refleja el profundo desprecio de la política por parte de amplios sectores de la población que la identifican con la corrupción, el engaño y la mentira.

Muchas organizaciones sociales, a pesar de contar con grados importantes de representatividad, no han querido o podido desplazarse al ámbito de la acción política para incidir de manera significativa en las leyes o normas que se aplican en Guatemala. Y unas pocas se han aliado con políticos corruptos, con lo cual han heredado el estigma asociado al crimen.

La propia cooperación internacional no ha contribuido a favorecer una mayor conexión entre el ámbito social y el político, al financiar a ONG a las que se les prohíbe que sus miembros participen en política. A ello también han contribuido otras organizaciones con una orientación diferente, como el propio Cacif, poderosa ONG que ha preferido influenciar a dirigentes políticos sin involucrarse directamente en la lucha político-partidaria.

Se ha constituido así un mundo paralelo de la sociedad civil, con reivindicaciones importantes, pero sin una expresión política partidaria que haga que estas reivindicaciones se incluyan y discutan en el Congreso. Incluirlas contribuiría a convertir la lucha entre enemigos en un debate entre adversarios. Por ello urge construir expresiones políticas que se atrevan a recoger y potenciar las reivindicaciones que ahora solo se reflejan en las luchas sociales.

fuentesknight@yahoo.com

La Asociación Pro Reforma interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con el fin de que el Congreso conozca las propuestas de reformas constitucionales en el orden en que han sido presentadas. Me parece una forma adecuada de velar por el derecho de los más de 70 mil ciudadanos que la apoyamos, a quienes los diputados abusivamente han decidido ignorar. ¡El Congreso debe conocer las propuestas que se han presentado ante ese organismo y consultar a la ciudadanía!

El amparo de ProReforma surge a raíz de la premura con que los diputados han conocido la propuesta de reformas que se presentó hace unos pocos meses, mientras que propuestas que fueron presentadas hace años no han sido conocidas. Esto viola el principio jurídico de “primero en tiempo, primero en derecho”, pero adicionalmente viola el derecho de petición de los ciudadanos que firmamos dicha solicitud.

Algunas personas nos argumentan que nos oponemos a las reformas propuestas recientemente, solamente por oponernos, sin proponer alternativas. Pues nada más alejado de la realidad. Primero, ya he argumentado en otras columnas la razón por la que me opongo a estas reformas, siendo la razón principal la centralización del poder de decisión en burócratas y políticos. Quienes apoyan esta propuesta argumentan que así se evitará la “cooptación” del poder judicial. Yo argumento que el resultado, en el largo plazo, será la “endogamia judicial”, lo cual poco a poco llevará a concentrar un poder absolutista en el Organismo Judicial, que por definición tenderá a corromperse todavía más.

Pero no solo tengo argumentos en contra de las actuales propuestas, he hecho propuestas alternas variadas a lo largo de muchos años y además he apoyado propuestas estructuradas como la de Pro Reforma, que propone cambios no solamente en el lado judicial, sino en todo el sistema, con la intención de mejorarlo.

La propuesta de Pro Reforma ya propone cambios en el sistema de justicia que considero pueden tener un mejor efecto en la impartición de justicia en nuestro país que las propuestas actuales. Propone, por ejemplo, que tanto los magistrados como los jueces de Primera Instancia y también el Fiscal General ejerzan sus cargos de manera vitalicia.

También propone otra composición para las comisiones de postulación y un elemento adicional que puede hacer toda la diferencia: el sorteo.

Luego de que las comisiones de postulación hayan hecho el proceso de selección de los que consideran mejores candidatos —proceso que debe ser completamente público—, al final se escoge entre los candidatos por medio de un sorteo. Ello implica, por un lado, que no hay posibilidad de parte de los congresistas de influir en escoger entre los candidatos a aquellos que crean que pueden serles favorables más adelante, y por el otro, los candidatos que finalmente sean escogidos no les deben nada a los congresistas, ya que no serían escogidos por ellos sino por el azar.

El sorteo tiene una ventaja adicional, precisamente porque nadie, ni los miembros de la comisión de postulación ni los congresistas ni nadie más, pueden tener certeza de quiénes serán finalmente los escogidos, ello los obliga a ser prudentes en la selección, para evitar que alguien muy malo y que pudiera usar el poder judicial en contra de cualquiera pueda llegar a dicho puesto.

Nuevamente, es importante que los diputados conozcan todas las otras propuestas de reformas a la Constitución, y no solamente la más reciente. ¿Cree usted que se deben conocer las demás propuestas?

Fb/jjliber

LAS REFORMAS PROPUESTAS a la Constitución originan cada vez acciones de simplismos conceptuales, algunos casi perversos. Uno de ellos: calificar de progresistas a quienes las apoyan y de retrógrados a quienes las consideran inconvenientes. Se han vuelto motivo de una nueva desunión entre la ciudadanía y, peor aún, una prueba de fuerza. El razonamiento sereno se bate en retirada. Pero hasta este momento no ha habido un esfuerzo serio por explicar cómo funcionan los nuevos criterios a la realidad práctica del país. Tampoco nadie ha explicado cuáles medidas se deben tomar a fin de permitirle a la población ahora marginada de la justicia, un acceso real a esta. Se quieren hacer cambios o mantener lo existente sólo en base a la esperanza de lograr éxito.

POR APARTE, LOS grupos contendientes tienen en común, como es el caso del resto de guatemaltecos, no haber leído la Constitución actual. Eso lo complica todo aún más, porque tanto los insuflados temores como la persistencia en quedarse sin cambios se han pensado y exigido sin un estudio acerca del texto constitucional. Por eso, y con el objetivo de eliminar tanta subjetividad, resulta imperativo también explicar las presuntas fallas de la Carta Magna guatemalteca. Han pasado 31 años desde su creación, pero por fortuna aún quedan varios de los constituyentes de 1984-85, cuyos criterios pueden ofrecer instrumentos válidos para lograr un mejor proyecto de reformas, fuera de toda consideración gremial e incluso personal en los campos nacionales políticos, sociales y económicos.

TUVE OPORTUNIDAD DE TENER una conversación con la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes, y en un apretado resumen señalan estar en desacuerdo con las reformas propuestas por no ser consensuadas y no haber llenado los requisitos constitucionales, como no haber sido estudiadas ni analizadas, así como presentarlas luego de una reunión del consejo de ministros. Los tribunales indígenas, indican, significaría una estructura paralela de alto costo, además de violar los artículos 3 y 153 de la Constitución porque significa una justicia diferente según la raza o población donde vive cada persona, además de existir un sistema escrito para juzgar a un grupo de guatemaltecos, y otro basado en costumbres ancestrales para el resto de la población.

POR APARTE, SEGÚN INDICAN los exconstituyentes, crear el Consejo Nacional de Justicia viola el artículo 214 constitucional y degrada a la Corte Suprema de Justicia en sólo una Corte de Justicia. Por estas causas, estos dignatarios de la Nación califican de retroceso las reformas planteadas, y se extrañan de haber sido ya aprobadas en tercera lectura por el Congreso, cuyos integrantes ya comenzaron a hacer realidad otro de los riesgos: la adhesión de cambios adicionales pedidos o incluso exigidos para satisfacer intereses grupales. No opino sobre los criterios de mis interlocutores, sino nada más creo necesario analizar si es válida su petición de pedir el cumplimiento del texto constitucional para dar a los cambios sugeridos una validez institucional hoy inexistente por olvido o desprecio.

CAMBIOS CONSTITUCIONALES son justificados, necesarios, para adaptar los textos a las realidades actuales del país, algunas incluso impensadas hace 31 años. Pero no puede ser una posición de rechazo o apoyo en un cien por ciento. Será mejor un balance, lo cual implica tiempo, serenidad y deseo de sentar bases de unidad nacional, dentro de su evidente diversidad étnica, con las consecuencias de ello en el tema de la justicia para todos, no sólo para unos pocos. Si se aprueban y luego es necesario gastar unos 300 millones de quetzales para una consulta popular minoritaria cuyo resultado sea negativo, de nuevo se habrá perdido una oportunidad a causa de la insensatez de tantos, derivada a la vez de pasiones e intereses espurios, causantes en el pasado de la triste situación nacional.

Con la presencia de autoridades indígenas en el palco público del hemiciclo parlamentario y en un plantón afuera del Congreso, la sesión plenaria concluyó otra vez, sin acuerdos.

La sesión, que comenzó a las 10.30 horas, 52 minutos de retraso, tuvo una reunión de los jefes de bloques para dialogar sobre enmiendas de último momento.

Surgió una moción privilegiada que proponía que se conozcan las enmiendas presentadas al artículo 3 del proyecto de reformas constitucionales al sector justicia, que modifica el 203 de la Carta Magna.

De inmediato el congresista Fernando Linares Beltranena entregó una moción para conocer la jurisdicción indígena, -artículo 3-, sin ninguna enmienda.

“Hay disturbios en el país, ya no le demos más vueltas, que sea la mayoría la que determine”, enfatizó el diputado. La propuesta fue rechazada con 96 en contra.

Al mismo tiempo surgió una moción de cinco bancadas que pretendían posponer la discusión de la jurisdicción indígena.

Esa propuesta se quedó a tres votos de ser aprobara, -102-, ya que necesitaba 105 por ser de carácter constitucional.

“Esta gente troglodita no quiere apoyar al pueblo”, enfatizó Mario Taracena, al mismo tiempo que anunció el retiro del hemiciclo de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.

Por su parte, Amilcar Pop de Winaq, dijo: “Los pueblos indígenas ya intentaron hasta por las armas reformar las estructuras”.

El plan

Fuentes legislativas revelaron que la intención de los partidos que se oponen a la jurisdicción indígena era que se conociera, votara y en ese momento sería improbado, para que quedara fuera del proyecto de reforma.

Los bloques a favor de los cambios del artículo 203 de la Constitución debían presentar la moción para posponer la discusión y sería rechazada.

En ese momento Linares Beltranena aprovecharía para colocar su propuesta de discusión sin enmiendas, y en esa votación quedaría sin apoyo la reforma.

Todo ocurrió ante la observación de varios grupos indígenas que acudieron al Congreso como medida de presión.

Las discusiones han llevado varias semanas y persisten las diferencias de criterios sobre la jurisdicción de la justicia ancestral.

Aunque algunos argumentan que ya se imparte esa justicia sin que el Estado la reconozca, otros consideran que debe de rechazarse esa práctica. 

Representantes de pueblos indígenas y organizaciones sociales indicaron que la polarización por el derecho maya está desviando la atención de los demás temas torales de la reforma y por ello, si la justicia indígena no es aprobada por los diputados, ellos no dejarían de apoyar el paquete de cambios constitucionales.

Las autoridades de los pueblos indígenas mostraron su preocupación por la situación que se ha generado en la población debido a la reforma al artículo 203, que busca reconocer y legalizar la justicia indígena.

Asimismo, exigieron al Congreso que apruebe el paquete de reformas constitucionales al sector Justicia como única vía para reforzar la institucionalidad del país.

Posturas

Por la mañana, en  conferencia de prensa efectuada por los representantes de varias organizaciones, Tomás Saloj, miembro de las comunidades de Sololá, afirmó que los bloqueos registrados ayer en distintos puntos de la provincia fueron parte de las medidas con las que exigen al Congreso que apruebe el paquete de cambios, particularmente el artículo 203 relativo al pluralismo jurídico.

“Nuestros pueblos claman hoy en la calle que al fin sea reconocido en la Constitución el derecho del pueblo maya”, señaló Saloj.

Rigoberto Juárez, representante del pueblo q´anjob´al, chuj, poptí y akateko, afirmó: “La población indígena demanda al Congreso la aprobación inmediata de las reformas constitucionales tal y como llegaron”, y destacó que  estas ya tuvieron un proceso de socialización y diálogo a escala nacional y “hoy pareciera que todo ese esfuerzo no valió  la pena”.

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Fidel Escun, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, también se mostró a favor de aprobar las reformas.

Los líderes insistieron en que no dejarán de pedir que se reconozca el derecho indígena, pero incluso si este no se llegara a aprobar no dejarán de apoyar el paquete de reformas porque “existe la necesidad de oxigenar la justicia del país”.

Agregaron que las protestas para exigir la aprobación de las reformas continuarán este día.

Daniel Pascual, en representación de la Asamblea Social y Popular, se sumó a la exigencia de que se aprueben las reformas, particularmente aquella que reconoce a los pueblos indígenas y rechazó que este tema divida al país.

Pascual aseguró que se sumarán a las protestas de hoy.

Por la tarde, la Alianza por la Reformas, que aglutina a más de 30 organizaciones sociales, brindó una conferencia de prensa en la que también exigió al Congreso la aprobación de las reformas, pero  principalmente que se respete el espíritu con el que fueron consensuadas.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, denunció que la polarización que se ha dado por el artículo 203 es una estrategia de desinformación que busca detener todo el paquete de reformas.

Las organizaciones anunciaron que fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad para que hoy los representantes de los pueblos indígenas puedan ingresar a presenciar la sesión plenaria.

¿Por qué a ciertos sectores de la sociedad, la élite económica organizada en particular, sus órganos satélites, sectores religiosos que gravitan alrededor del gobierno actual y parte de la clase media urbana, especialmente la de la Ciudad de Guatemala, les cuesta tanto plantearse una sociedad incluyente y más equitativa como posibilidad deseable para sacar a nuestro país de la crisis política y social en que está inmersa?

¿Por qué prefieren persistir en un ordenamiento social que no reconoce el hecho ineludible de que, concomitante a la diversidad cultural de la que sí hacemos gala a la hora de la propaganda turística, de empaquetar productos “nostálgicos”, diseñar moda y tantas otras actividades económicas o promocionales, hay gente concreta, comunidades, pueblos que tienen formas de vida, cultura y mecanismos propios para resolver en lo cotidiano asuntos a los que el sistema occidental de justicia guatemalteco ni siquiera atención les pone?

No se olvide además de que contar con formas de justicia indígena en el nivel comunitario ha sido también un conveniente mecanismo de auto-regulación desde tiempos de la Colonia a la fecha, permitiendo, en la misma lógica que la coexistencia entre el latifundio y el minifundio, que el conjunto del sistema funcione para unos pocos —o ha funcionado así, hasta hace muy poco tiempo—

Por tanto, el reconocimiento constitucional al sistema de justicia indígena que existe de hecho, y que se aplica a escala comunitaria, es, en primera instancia, una reivindicación de nuestra naturaleza histórica multicultural, pero ya no por condescendencia, sino a partir de la voluntad expresada por sujetos ciudadanos que exigen ya no ser tratados más como objetos folclóricos. Sujetos que piden que esa tonada de “pluricultural y multilingüe” ya no se quede solo del diente al labio, sino se traduzca en cambios sustantivos y nuevas formas de relacionamiento mucho más equitativas entre indígenas y ladinos.

Por razones de nuestra historia, en Guatemala no se logró consolidar la unicidad de identidad cultural que se impuso en otros países de la región. Acá, mantener las diferencias étnico-culturales y profundizarlas fue la base de la construcción de la sociedad desigual que tenemos. Por eso irrita, por eso descompone y toca la emotividad de muchos, y de manera muy profunda, este legítimo reclamo de reconocimiento en nuestra Constitución, porque nos saca del enmarque del “indígena” tutelado y subordinado, al cual se está acostumbrado.

La Guatemala plural da miedo a algunos, porque pueden perder privilegios. Ciertamente, todos tendríamos que reacomodarnos porque las desigualdades son abismales, causan hambre, pobreza y violencia. Pero como yo, hay muchos que le damos la bienvenida a esa posibilidad, porque estamos convencidos de que una sociedad que usa la diversidad étnico-cultural solo para su conveniencia, mientras excluye a la mayoría de sus miembros de las oportunidades, terminará por destruirnos.

Necesitamos unidad, pero construida a partir de la equidad, de la inclusión y del respeto a las diferencias; no de la subordinación de unos sobre otros. El trabajo articulado del MP, Mingob y Cicig ha permitido que constatemos cuán profundas son las raíces de la opacidad, la corrupción y el tráfico de influencias en el sistema oficial de justicia y lo urgentes que son las reformas constitucionales para poder quitar las barreras que ahora protegen a los corruptos. Pero nos deja ver también más allá: al hecho de que aún sin corrupción tenemos un modelo de Estado caduco que, en lugar de ser soporte para el desarrollo, se ha vuelto parte del problema.

El colega Jorge Jacobs, en prensa Libre del jueves pasado, de forma más que acertada decía en su columna titulada Maniqueísmo Constitucional: “En la discusión sobre las reformas propuestas a la Constitución vuelve a aflorar esa pretensión maniquea de querer hacer ver a quienes las apoyan como los paladines de la justicia y a quienes se oponen como los enemigos de la justicia y apañadores de la corrupción. Pues ese maniqueísmo no solo es errado, sino que además es una grave amenaza para la libertad de todos los ciudadanos. ¿Acaso no puede haber legítimo disenso?” y luego terminaba su columna con “…es difícil llegar a discutir esos temas cuando el debate se centra en argumentos maniqueos sin mayor profundidad. ¿Será que algún día podremos salir de ese primitivismo y elevar el nivel de debate? ¿O estamos condenados a vivir por siempre en la mediocridad y a respetar la libertad de expresión solo del diente al labio y cuando nos conviene? ¿Usted qué opina?”.

En nuestro país, el primer deporte nacional es la descalificación del prójimo y la reforma constitucional nos retrata de cuerpo entero. Sostenemos que esta reforma es la única oportunidad real presentada para salir del hoyo en donde estamos —aunque esperemos que el Congreso no la deje sin sentido—, sin embargo, en vez de debatir sobre pluralismo jurídico, concentración excesiva de poder en la Corte Suprema de Justicia, proceso de elección y selección de jueces, constitucionalizar la especialidad del juez como forma para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la racionalización del poder de la Corte de Constitucionalidad, la administración financiera y administrativa del Poder Judicial, la despartidización en la elección de fiscal general y magistrados, pasamos con “argumentos” en torno a que la propuesta “es comunista” o es parte de un “malévolo plan de nórdicos y demócratas gringos para invadir este bello país”, o bien, la más ocurrente “es el germen para lograr la balcanización”.

La cultura de diálogo y debate no existe y quienes tenemos el privilegio de acceder a estos medios debemos ser mesurados y responsables con nuestros mensajes y nuestra posición para no caer en el maniqueísmo que Jacobs denunció con toda razón. El disenso es bienvenido, pero las estrategias mediatizadas para sembrar confusión, terror y sobre todo anular la posibilidad de diálogo o debate deben ser rechazadas por todos en estos espacios, porque también debemos desmarcarnos de quienes pretenden mantener la impunidad como forma de vida, lo cual es una situación real.

En un país que requiere de una reforma universitaria profunda, tanto en la Universidad estatal como en el ámbito privado, mantener a las comisiones de postulación es una afrenta a la historia, a la memoria y al Derecho. Esas comisiones no han sido más que medios abusivos y descarados para el tráfico de influencias, y si bien, existen contadas excepciones, su defensa es imposible. Los hechos hablan solitos.

Mucho antes que hablar de órganos de justicia, hablemos del derecho a la justicia. Ese derecho, ni es mencionado y debe ser el motor de la discusión. No se trata de imponer, pero sí como dice don Jorge Jacobs dejemos a un lado la mediocridad y para ello debemos establecer cierto rigor científico en temas que son en esencia político y por ende tocan intereses de grupos y estructuras de poder. Un texto constitucional unánime es imposible, pero mantener lo que tenemos para luego llenar las plazas por catarsis es digno para análisis de una esquizofrenia colectiva.

Desechemos el maniqueísmo y entrémosle a los temas, porque mientras discutimos gente muere por la ausencia de un sistema que dirima, en justicia, sus diferencias.

“Con una campaña basada en el temor se está distrayendo de otros artículos que merecen ser reformados. Los poderes tradicionales logran que el sistema de justicia siga operando como a la fecha, con clientelismo, con cortes sujetas a manipulaciones”, afirmó Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), al referirse a la publicidad difundida por el sector privado contra la reforma..

Aunque no están del todo satisfechos, los empresarios consideran que podría avanzarse en temas como el Consejo Nacional de Justicia y lo referente a las postuladoras si se deja de lado el derecho indígena.

La discusión se aleja del punto medular de la reforma, que es la elección de jueces y magistrados y la administración del sistema de justicia, expuso Mario Taracena Coyado, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

“El tema de la jurisdicción indígena ya iba incluido en la iniciativa. Entonces los diputados tenían que discutirlo, y allí se estancó”, agregó.

Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público, calificó como un “error estratégico” de los impulsores de las reformas incluir el artículo 203. “Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema —de Justicia— que reconocen a las autoridades ancestrales”, afirmó.

Apoyan reforma

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, calificó de “conjeturas” las opiniones de quienes ven al sector privado como autor de una campaña que podría frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

“Hemos manifestado nuestra preocupación además en otros temas… Principios generales de justicia, funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia y la elección de fiscal general. Creemos que son cosas que se pueden mejorar. Allí podemos tener más consensos”, señaló.

El problema radica en que “nadie tiene claras las enmiendas”, agregó.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, explicó: “Lo único que hicimos es poner de manifiesto que el 203 debía ser estudiado con mayor detenimiento. A ese artículo particularmente hay que darle una vuelta más”.

Zepeda está en desacuerdo con detener la discusión, pero coincidió con Campo en que lo referente al Consejo Nacional de Justicia “debe verse un poco más despacio”, para evitar un “supra poder”.

Monterroso recordó que algunas cámaras plantearon que las reformas podían ser por la vía ordinaria y no constitucional.

“Migajas legalistas”

El Consejo de Pueblos Mayas, en un comunicado, manifestó: “No queremos parches constitucionales. La actual discusión sobre reformas constitucionales es una gran farsa y una gran trampa. No es cierto que la justicia radique en las autoridades… radica en la relación entre las personas y consiste en buscar un equilibrio entre todos y y en la cabeza de la autoridad. Para mejorar la justicia hay que mejorar la vida.”, se lee.

Para hoy se esperan siete bloqueos en rutas del occidente y la llegada a la capital de miembros de los 48 cantones de Totonicapán para exigir el reconocimiento de las autoridades ancestrales.

Por tardanza, falta de previsión o casualidad —dudo que producto de una estrategia planificada— estamos convergiendo a un final con dos opciones. El aderezo para esa insustancial “ensalada” lo pone el denominado derecho indígena y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), sobre los que se centró las discusión en los últimos días. Se ha dejado de hablar de lo sustantivo de la reforma: la forma de seleccionar y elegir jueces y magistrados, la carrera judicial como modelo a implementar y otros aspectos que cambiarían el sistema de justicia.

La percepción es que hay una opción —de izquierda— que promueve el “sí” de un paquete amplio que incluye agregados de ciertos sectores interesados y que pasa, inexorablemente, por aprobar el derecho indígena, y modelar el sistema actual de justicia a gusto de un grupito. Ahí han colocado a la Cicig y al MP. Otra opción —de derecha— es el “no” más contundente a todo lo que huela a reforma y mucho menos con esos ingredientes. En este lado han situado al “sector empresarial”. Si usted no está polarizado y radicalizado, tal y como lo presentan, es excluido o señalado por unos y otros.

Hablo con muchas personas —leo medios y atiendo redes sociales— que están distanciadas de esos planteamientos extremos, altamente ideologizados, con poca sustancia filosófica y rechazo patente. Sin embargo, para ambos grupos, la polarización pereciera ser la única solución a sus necesidades estratégicas. Para los recalcitrantes zurdos e indigenistas, la manera de incidir en política, ya que los partidos con los que tradicionalmente han competido les han aportado apenas unos pocos representantes y nula incidencia. Para los fanáticos diestros nacionalistas, la forma de defender a corruptos políticos en prisión, además de un sistema mercantilista de favores estatales. Desde ambos extremos se pretenden cambiar radicalmente el status quo —unos— o dejarlo como está —otros— que es la forma de seguir haciendo “la revolución” o de mantener “la impunidad”. Nada, en definitiva, que intereses o sirva al país del que se jactan “propietarios” por origen o descendencia.

Quienes debieron no han trabajado una tercera opción. Una propuesta viable alejada de esa innecesaria, pero sobre todo ineficaz, polarización. Hay que recordar que por muchos años se ha venido sintiendo la necesidad de modificar la selección y elección de jueces y magistrados. Las manipuladas comisiones de postulación, la inclusión de la Academia, los operadores externos que viciaban el proceso o los pactos en el Congreso para definir quiénes serían los designados, representó un alto costo que se refleja en la inoperatividad del sistema judicial. Eso, junto con un modelo de carrera judicial que llevara a los mejores a ocupar dichas plazas, era la necesidad sentida. Nunca hubo otra discusión fuera de tal marco.

Es ahí, precisamente, en donde hay que centrarse. Temas como el derecho indígena o el CNJ son agregados aprovechando que hay que tocar algo para manosearlo indebidamente, como ocurrió en 1999. Promover las reformas al sector justicia, sobre la base de las necesidades sentidas y debatidas por años, es precisamente el eje toral —y único— que debería tener la atención. No hay que salirse de ahí, y centrarse en lo que puede hacernos avanzar. Pareciera, no obstante, que nos hemos acostumbrado a posicionarnos en uno u otro plato de la balanza y ser “felices” con esas dos opciones de suma cero que no conducen a ninguna parte. Se pueden desaprovechar momentos históricos, pero hacerlo por falta de sensatez, aun sabiendo el costo, es un absurdo de difícil denominación.

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El Artículo 6, Inciso “C” del Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala ha sido aludido en varios debates para justificar los alcances del mandato del Comisionado y por ende su inherencia en la promoción de las reformas constitucionales.

Leamos: “Artículo 6, Cooperación con la Cicig: Inciso C: “Libertad de reunirse y entrevistar a cualquier persona o grupo de personas, con inclusión de funcionarios del estado, personal militar y de policía, dirigentes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y cualquier persona cuyo testimonio se considere necesario para el desempeño de su mandato”. ( el énfasis es mío)

En el numeral 3 del mismo artículo 6 dice: “El Organismo Ejecutivo presentará? al Congreso de la República de Guatemala y promoverá?, un conjunto de reformas legislativas, necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema guatemalteco de investigación y procesamiento judicial. Estas propuestas de reformas legales serán elaboradas en consulta con representantes de instituciones del Estado de Guatemala y Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala y de Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala en conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos”.

Queda claro que la libertad para entrevistar o reunirse con cualquier persona o funcionarios del Estado es única y exclusivamente en virtud de “si su testimonio se considera necesario para el desempeño de su mandato; luego, el presentarse ante el Congreso de la República, citar a jefes de bancadas para discutir el proyecto de reformas constitucionales, brindar conferencias de prensa y cabildear activamente dichas reformas, es impertinente y ajeno a su mandato.

A la luz de cualquier análisis, congraciarse con el grupo ideológico promotor de las reformas, salir en la misma foto y cantar el mismo coro, envía un mensaje inequívoco que polariza su investidura.

El debate debe centrarse en resolver las dudas que existen antes de ser aprobadas. Recojo a continuación reiterados comentarios y análisis emitidos por diferentes sectores y analistas.

1. “¿Cuáles son las materias que la jurisdicción indígena deberá conocer? ¿Serán los ámbitos penal, mercantil, laboral, familiar o tributaria competencias de esta jurisdicción? ¿Será esta una jurisdicción únicamente para los miembros de la comunidad o se tiene claro a quién y en dónde se aplicará? ¿El sometimiento a la misma será voluntario? Dudas razonables por reformas ambiguas y poco claras no conducen a la certeza jurídica necesaria para fomentar la convivencia y reducir la pobreza. No hay que distraer la atención de la reforma a la justicia ordinaria, la que en teoría no funciona y permite corrupción e impunidad”.

2. En la Constitución de la República, al tenor del Artículo 66, leemos: “Protección a grupos Étnicos”: Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.

Si el derecho consuetudinario ya funciona en las comunidades, ¿es necesario trastocarlo? ¿Cómo quedaría?

Los diversos sectores e individuos críticos de las reformas constitucionales como están siendo planteadas no estamos defendiendo el statu quo o intereses espurios. Solicitar tiempo para analizar las externalidades inherentes a una propuesta que, de suyo, plantea dos sistemas paralelos de justicia debe verse como algo positivo.

La próxima semana nos visitará el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, general John Kelly. Ojalá pueda vislumbrar los efectos que el liderazgo contestatario radical afín al “establishment demócrata” están causando al país: 1) Petición de cierre de hidroeléctricas; 2) Invasión de fincas en el área de Polochic y destrucción de plantaciones; 3) Convocatorias masivas para no pagar la energía eléctrica impidiendo el derecho de locomoción.

La mazorca se desgrana…

Las reformas constitucionales difícilmente encontrarán una salida para su aprobación si la bancada oficialista  Frente de Convergencia Nacional (FCN) o la del Movimiento Reformador (MR) no se suman, opinó Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las bancadas FCN y MR son para Taracena “el fiel de la balanza” que podrían equiparar la votación favorablemente a las reformas.

Temas como la jurisdicción indígena, un nuevo modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General son solo algunos de los incluidos en la propuesta original, que en el Congreso han sido foco de la discusión de 60 enmiendas.

“Insisto en que la clave son FCN y MR. El artículo 203 es el condicionante. En caso de que este no se apruebe, si es que la alianza perversa está en contra solamente de este artículo o de toda la reforma, la incógnita se despejará el próximo miércoles”, afirmó.

 “El presidente dice que está a favor, pero su bancada hace lo contrario, entonces es un doble discurso”, afirmó Taracena.

Hay  votos en contra de la Unión del Cambio Nacional y Alianza Ciudadana, y bancadas como el Partido de Avanzada Nacional (PAN), por ejemplo, que tiene tres posiciones distintas.

Contra CICIG y MP

El expresidente del Congreso sostuvo: “Ya no es solo el tema de las reformas, es una lucha contra la Cicig y el MP. Así se siente”.

“Es complicado cuando uno ve que un diputado como Francisco Tambriz y Tambriz, que es indígena, está en contra”, comentó el congresista de la UNE.

“También están las  posiciones recalcitrantes de Cacif que, por medio de una campaña, tergiversa la verdad de forma malintencionada. Me da mucha pena ver que seguimos como hace más de 200 años. Tarde o temprano se tendrá que dar el reconocimiento de la justicia indígena”, agregó.

Según Taracena, de “los 4 millones de indígenas”, 3.5 millones “nunca han leído la Constitución”, pero sí reconocen a sus autoridades ancestrales. “Ellos lo seguirán haciendo con o sin reformas”, dijo.

Al consultarle las razones por las que los diputados se quejaron durante la sesión del miércoles pasado de que no tenían todas las enmiendas, Taracena lo resumió como un bloqueo a la votación.

En noviembre pasado los cambios a la iniciativa de reformas sumaban solo 16.

Para retomar el tema del derecho indígena se presentó el miércoles anterior una moción privilegiada que buscaba presentar  la enmienda a este artículo, que supuestamente había sido ya consensuada.

“Hubo varias reuniones en las que el presidente del Congreso nos invitó a hablar sobre las enmiendas. Incluso se discutieron en la sede de Cicig. Allí estaba Iván Velásquez, Thelma Aldana y el Procurador de Derechos Humanos. Ese fue el lugar al que la mesa técnica nos invitó. Fuimos varias bancadas, hace casi un mes”, aseveró Eduardo Zachrisson, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Nos invitaron a un grupo de jefes de bancada para ver si estábamos en contra o a favor. Se tomaron nota de las opiniones y se hicieron las modificaciones, siempre y cuando estas convenían a la mesa. Al día siguiente invitaron a otros jefes de bloques y se hicieron otras. El tercer día se hicieron más”, añadió.

El viernes 10 de febrero, antes de retomar las discusiones, los jefes de bloques fueron convocados a un nuevo encuentro en el que les “proyectaron en una pantalla” los cambios acordados.

“El miércoles 15 se hizo un almuerzo en el salón de la Junta Directiva. Allí nos proyectaron enmiendas en una pantalla, no por escrito”, sostuvo.

“Recibí una copia de esas enmiendas el miércoles, poco antes de la discusión. Ellos pretendían que esas fueran aprobadas. Les dije que era una locura”, refirió Zachrisson.

Lo votado

Las modificaciones al artículo 203 constitucional contenidas en el artículo 3 de la iniciativa de reformas comenzaron a ser discutidas y votadas el 28 de noviembre. El procedimiento por el que ahora quiere aprobarse, sin embargo, no es legal, añadió Zachrisson. “En esa ocasión se leyó el artículo 3 y se puso a discusión. Entonces aparecieron varias enmiendas. Estas también se leyeron y la votación se perdió por 103 votos. Recuerdo que —Mario— Taracena, quien era el presidente, dijo: Para que no se pierda el artículo, romperé quórum. Y le pidió a la Directiva que se retirara”, recordó.

El miércoles de esta semana, cuando fue retomada la discusión de las reformas, se presentó una moción privilegiada para conocer las nuevas enmiendas. Este, no obstante, no era el procedimiento correcto, pues la votación debió versar sobre el texto original del artículo 3, indicó el legislador.

Zachrisson reconoció no haber “analizado a fondo” toda la reforma, pero sostuvo que el procedimiento con el que pretende aprobarse viola la Ley.

“Esta vez, si al votar la moción privilegiada 60 diputados lo hicieron en contra, quiere decir que hay más legisladores en desacuerdo con las reformas que los que había en noviembre”, afirmó.

De acuerdo con él, no hay enmiendas consensuadas y las votaciones son prueba de ello.

De acuerdo con Pop, algunos sectores están cómodos con el sistema de justicia actual, por lo que no quieren cambios. Así respondió a preguntas de Prensa Libre.

¿Cuáles son los puntos que causan polémicas en las reformas constitucionales, hablando de toda la propuesta?

Al igual que la propuesta de reforma venía de los acuerdos de paz en 1999, el tema de pueblos indígenas genera una posición de incomprensión y de dudas en las élites políticas, económicas y sociales de Guatemala. Ese el primer tema.
 
El segundo es el tema general de la justicia, porque hay muchos sectores que están cómodos con la nebulosa y con la poca claridad de los mecanismos que tiene la administración de justicia en Guatemala para ser ágil. Hay muchos sectores que se benefician de estos procesos, desde bufetes de abogados, pasando por operadores o por los mismos operadores de los órganos de justicia, hay sectores de la población que están cómodos.
 
Hasta las mismas estructuras criminales, porque el delito y su persecución en Guatemala es mucho más difícil, entonces la delincuencia está campando, solo mire la ola de asesinatos de taxistas y de pilotos que hay en Guatemala, es una pequeña muestra de cómo hay más sectores involucrados.
 
Cómo puede ser posible que no han podido desmontar nada de eso durante los últimos 15 años. La única respuesta es que obviamente la autoridad esté involucrada.

¿Cuál es el panorama para las próximas semanas?

Primero, se está visibilizando con mucha fuerza los sectores conservadores, que simplemente no quieren ambos asuntos: el reconocimiento de pueblos indígenas, y la reforma de la justicia en general. No hay necesidad de explicaciones, la reforma constitucional no es de racionalizarla y de comprensión popular, nunca lo ha sido en ninguna parte del mundo, es de simpatías por los procesos de transformación, de evolución, y de confianza en las dirigencias, y ambos casos no existen en Guatemala. Entonces yo lo veo cuesta arriba, lo veo difícil.
 
Segundo, creo que en el Congreso de la República puede haber una aprobación mínima pero va a pasar la reforma constitucional, el gran reto va a ser precisamente todo el proceso de referéndum, porque se pueden manejar movilizaciones oscuras, descalificaciones que le hacen mucho daño a la democracia, y que hacen que el proceso no sea transparente, creo que en primera instancia en el Congreso se pueden juntar las firmas para que pase un proceso de esta naturaleza.

Además de las jurisdicciones indígenas, ¿cuál cree que será el próximo tema complicado, comisiones de postulación?

Sí. Cuando le digo que en general hay gente que se opone a la justicia, son los grupos que tienen interés en que los procesos continúen tal como están. Luego vienen los detalles, y en los detalles está el diablo. Yo creo que las discusiones de que si las comisiones de postulación, que si la Universidad de San Carlos está perdiendo poder, que si las universidades, que si el porcentaje municipal, esto y lo otro, en los detalles van a ampliar el debate y la sociedad guatemalteca y los medios se van a llevar por la finta, y podemos perder un proceso de transformación sumamente importante en Guatemala.

¿Cree que el centrarse en el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas podría ser una excusa para no conocer otros temas?

Sí, por supuesto, es una excusa para mantener un ambiente incluso de inestabilidad y demás. En política todo este tipo de situaciones son totalmente posibles.

¿Cuáles son los sectores que usted cree que se están oponiendo?

Obviamente aquí hay que verlo con ojos de analista criminal, y la primera pregunta que hay que contestarse es quiénes están ganando con que el sistema se mantenga. Entonces hay bufetes de abogados que se manejan bajo estas lógicas, hay grupos del crimen organizado, hay incluso los sectores de seguridad, porque en la medida en que vayamos haciendo reformas el ambiente empieza a cambiar, y entonces comienzan a perder sobre todo las empresas de seguridad, que tal vez es la empresa de mayores ganancias en Guatemala, el tema de seguridad. Así como esos, hay que hacer un análisis de quién está ganando con un tipo de realdad como la que actualmente se tiene.

En la discusión de jurisdicciones indígenas, ¿Cree que hay algún temor por el tema del derecho a la propiedad privada?

No, ese tema está totalmente alejado, en primer lugar, de posibilidades reales. En segundo lugar, me parece que es intocable a partir de lo mandatado en la Constitución, así que no tiene nada que ver. En ese sentido, tanto en términos literales como de interpretación o incluso de comprensión de la sociedad, no tiene que ver.
 
Sería lamentable si algunos sectores quisieran meter esa discusión, porque no tiene ninguna relación. Me parece que lo que estamos metiendo aquí es esa percepción bipolar de la sociedad guatemalteca de “indios y ladinos”.
 
Muy tarde en la historia guatemalteca se empieza a desmontar la bipolaridad dolorosa, enfrentada y terrible entre indígenas y ladinos, y ese es el fondo en realidad. Creo que hay  una generación de jóvenes que no quieren estar en esa realidad bipolar, enfrentada, racista, discriminadora, pero que hay una generación todavía muy poderosa, que es una generación mayor de 45 años que es la que todavía detenta el poder y vive bajo los parámetros históricos de la colonia.

¿Se convertiría en una lucha Ideologías?

De hecho es una discusión ideológica. Todo proceso constitucional es ideológico, y desde 1984 empezamos un proceso ideológico de democratización, de reconocimiento ciudadano. En 1999 quisimos hacer un proceso constitucional de multiculturalidad, y ahí ya no pudimos pasar. De hecho ahora las constituciones de América Latina ya se reformaron y se reconocieron pueblos indígenas, la más atrasada hoy es la de Guatemala, la única Constitución que no reconoce pueblos indígenas como pueblos, y se queda solo en comunidades, es la Constitución de Guatemala, que demuestra que sus élites son las más atrasadas del continente, ahí está la muestra.

En general, ¿Estas reformas constitucionales serán un éxito o un fracaso?

Yo creo que será un éxito relativo, creo que va a ser un éxito en términos de temas que puedan plantearse, pero no tendrá todo el efecto de reconocimiento entre todos los sectores, dado nuestro enfrentamiento y poca madurez política.
 
 

El directivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, reconoce que habrá diferencias ideológicas pero  en la justicia no debe haber ideologías en una entrevista concedida a Prensa Libre.
 

¿Cómo ve la propuesta de reformas?

Lo primero es valorar y positivo que está ocurriendo en el país, de una lucha frontal contra la corrupción, y de un reconocimiento de que, como guatemaltecos, tenemos que reformar algunas instituciones especialmente en el sector justicia, y eso pasa por un cambio a la Constitución.
 
Vemos como algo muy positivo los cambios que se están proponiendo con ciertos matices en algunos artículos que causan algunos problemas, pero en general hemos visto la reforma a la Constitución en el sector justicia, como una oportunidad positiva que le permita a Guatemala seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción.

¿Cuáles serían estos matices?

Está claro que hay un artículo que causa ciertas confusiones, como lo es la reforma al artículo 203. Veíamos hoy –ayer– 

Además de las jurisdicciones indígenas, ¿cuál será el próximo tema complicado?

Yo creo que ese es el único, los demás artículos ha habido mucho consenso en algunos cambios que se tenía que hacer a la propuesta original, por ejemplo en lo referente al Consejo Nacional de Justicia, hubo un pronunciamiento conjunto en la reunión de jefes de bloque del lunes también donde estuvieron las universidades y otras organizaciones, en ciertos cambios que se proponían.
 
En general, creo que es una reforma muy positiva para el país. Lo que tenemos que ver después de lo que ocurrió ayer, es que como guatemaltecos debemos darle vuelta a la página. Este artículo –203– debería de separarse de la discusión y seguir con la aprobación de la reforma que es lo que todos los guatemaltecos queremos.
 

¿Cuál es el panorama para la discusión?

Yo creo que el lunes en jefes de bloque habrá un consenso positivo de que la reforma es muy importante y no debemos permitir que ciertos grupos que quieren polarizar el tema y que a lo mejor están usando la estrategia del 203 para dividir al país, que avancemos en la discusión de los artículos que tienen consenso, que son importantes para la lucha contra la corrupción, y que necesitamos como país avanzar en ese tema, para poder continuar con el ejemplo que le estamos dando al mundo.
 
Somos uno de los únicos países en el mundo que tiene una institución que acompaña desde Naciones Unidas, como es la Cicig, que ha sido muy positivo para Guatemala porque ha ayudado a fortalecer nuestro propio Ministerio Público, porque como guatemaltecos pedimos una Cicig.
 
Así que hay que seguir trabajando en estos temas, y por el otro lado, continuar con la agenda de transparencia, hay que llevar este tema a las municipalidades, estamos claros que todavía hace falta mucho trabajo a nivel municipal para descentralizar de mejor manera los recursos, y que los sistemas de compras sean más transparente.

 
¿Cree que el centrarse en el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas podría ser una excusa para no conocer otros temas?

Lo que creo es que lastimosamente ciertos grupos han impuesto este tema de primero para no avanzar en la discusión, por eso estamos pidiendo que avancemos en la discusión de los otros temas, que se aprueben las reformas sobre las cuales hay consenso, y por el otro lado, por supuesto este tipo de artículos que creo que fue un error porque no tiene nada que ver jurisdicción indígena con fortalecer un sistema de justicia.
 
Entonces, no estaba esto dentro de los enunciados generales de la reforma, porque los enunciados generales de la reforma precisamente iban hacia fortalecer un sistema de justicia independiente, y no podemos tener un sistema de justicia independiente si empezamos a tener muchas dudas sobre cómo funcionarían dos sistemas distintos.

En la discusión de jurisdicciones indígenas, ¿Cree que hay algún temor por el tema del derecho a la propiedad privada?

Creo que va más allá. Hay por supuesto mucho desconocimiento y muchas dudas, porque por supuesto el derecho indígena no es escrito. Por el otro lado, no existe claridad sobre cuál es el ámbito de competencia que debe tener la jurisdicción indígena, y por eso es tan importante que veamos que como guatemaltecos ya hemos reconocido convenios internacionales, como el 169 de la OIT, y que el artículo 66 plenamente reconoce los sistemas que de por sí ya funcionan a nivel de las comunidades.

¿Ve una lucha de ideologías?

Yo creo que las ideologías son válidas, siempre va a haber diferencia de ideologías, pero en un tema tan importante como la justicia, no deben existir ideologías, y por eso es que no debemos politizar un sistema tan eficiente como es el sistema de la jurisdicción indígena queriéndolo politizar introduciéndolo en la Constitución.

En general, ¿Estas reformas constitucionales serán un éxito o un fracaso?

Serán un éxito en la medida que todos los guatemaltecos nos comprometamos a poner los temas que efectivamente van a ayudar a fortalecer nuestro sistema de justicia y su independencia.
 
 
 

La división en el reconocimiento de la llamada justicia maya se originó porque algunos legisladores consideran que ese planteamiento bloqueará las reformas.

El ambiente era incierto antes de comenzar la sesión que retomó la discusión de las reformas que quedaron en suspenso desde el 28 de noviembre último. Tan evidente era la polarización que inclusive en algún momento se pensó que no habría quórum.

La primera disputa se generó con la llegada del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez; de la coordinadora adjunta de la  Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana María Upegui;   y del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quienes asistieron con la intención de apoyar a la Junta Directiva.

Algunos diputados vieron  la visita como un mecanismo de presión. Uno de ellos fue Fernando Linares, quien al saludar a Velásquez manifestó: “Solo espero que no haya venido a presionar”. La respuesta  fue un rotundo no. A ello el congresista respondió: “¡Qué me alegro, qué bueno, viva la libertad!”.

Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), indicó: “Los extranjeros que llevan a cabo una función en el país deben  respetar nuestra soberanía y permitirnos a los guatemaltecos resolver nuestros problemas y desarrollar la democracia”.

Las mantas

 La sesión se retrasó más  que de costumbre, porque se requería de 105 votos, por tratarse de reformas a la Constitución. La discusión comenzó, y se concentró por cerca de una hora en la presencia de grupos en el palco de visitas del hemiciclo y por la colocación de  mantas.

“No debemos permitir que un extranjero nos venga a presionar. Esa manta es ofensiva”, manifestó el diputado Mynor Cappa, al referirse a una pancarta de la Liga Propatria en la que se leía: “No al fraude constitucional. Todos somos iguales”.

Discusión

Pese a que la sesión se extendió poco más de dos horas, la discusión quedó prácticamente en la misma situación que el 28 de noviembre, cuando el expresidente del Congreso Mario Taracena rompió el quórum de la Junta Directiva para proteger el artículo. En esta oportunidad fueron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los que optaron por retirarse.

La discusión se generó luego de que diputados de los bloques Todos, Fuerza y Visión con Valores presentaran una moción para conocer nuevas enmiendas.  Los opositores al reconocimiento del derecho indígena  utilizaron esa iniciativa  como argumento para detener la discusión, y adujeron que se estaría violando la Ley.

Según Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), legalmente no es oportuno  efectuar enmiendas,  porque en noviembre pasado la discusión se detuvo en el referido artículo, no en las enmiendas.

Esa posición no la respaldó el diputado Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador, quien consideró que sí se puede retomar el debate, ya que el Congreso se encuentra establecido “como un órgano constituyente constituido” y no existe un procedimiento para efectuar reformas a la Constitución, por lo que no es necesario utilizar los conceptos que se usan para una ley ordinaria.

La moción se sometió a votación y solo logró 70 votos, de 105 que requería. Eso causó molestia, incluso del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, quien se quejó de la falta de compromiso de algunos bloques.

“Hemos invertido horas en esto. Se supone que había acuerdos, acá está la prueba”, manifestó Chinchilla cuando levantaba una carpeta con enmiendas.

Según Adim Maldonado, de FCN-Nación, participaron en varias reuniones, pero no se tomaron en cuenta sus sugerencias, en las que pedían  un registro de las autoridades ancestrales, entre otros documentos.

La UNE se retiró con el argumento de proteger  el artículo. Se espera que la reunión se retome el próximo miércoles.

 Cuando hoy se retome la discusión sobre el tema en el Legislativo, los pueblos indígenas esperan que se reconozcan sus prácticas ancestrales, mientras que el empresariado organizado llama a un análisis más profundo de su alcance.

“Lo que se quiere hacer es un reconocimiento para que se le dé fortaleza y realce a lo que ya se hace. Eso vendría a fortalecer más  lo que las autoridades —ancestrales— hacen en sus jurisdicciones. Si se logra, quedará en la historia como algo importante”, afirmó Julián Chumil, del equipo técnico de organizaciones indígenas de Quiché, al expresar su opinión personal.

Demuestran fuerza

El sector empresarial organizado mostró, prácticamente al unísono,  su desacuerdo con la modificación del artículo 203, del pluralismo jurídico, postura que fue expuesta en una reunión del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y otras organizaciones.

“¿Cuáles son las materias que esa jurisdicción va a conocer? A eso me refiero, al tema penal, civil, laboral, familiar, tributario, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el reconocimiento que se les va a dar las autoridades que van a estar ejerciendo esta jurisdicción y quiénes van a ser sujetos de la misma, a quién y en dónde se les va a aplicar esta jurisdicción? Esas son las preguntas que no han podido ser respondidas”, criticó el presidente del  Cacif, José González-Campo.

El analista político y sociólogo Edelberto Torres Rivas comentó que si se aprueban las jurisdicciones indígenas se comenzaría a abrir un “universo complicado” de lo que sería el castigo a los delincuentes de cualquier nacionalidad y tendencia, lo que obligaría a cambios “más o menos serios” en el sistema judicial, sistema de pruebas, plazos y costo, pero  se mostró a favor del reconocimiento de la jurisprudencia indígena.

 “Es una medida importante. No podemos dejar a los indígenas como están ahora, que no saben a veces ni siquiera por qué los han condenado”, indicó el sociólogo.

Ejemplificó que hace años atestiguó la llegada de un campesino a un juzgado, donde expresó: “Me dijeron que viniera aquí”, mientras mostraba un papel que decía Yo, fulano de tal, soy culpable de estupro”, narró Torres.

El rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Carlos Alvarado, también se mostró a favor del reconocimiento del pluralismo jurídico. No obstante, en el Congreso los diputados mantienen hermetismo sobre su verdadera postura.

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Respeto a indígenas

“En la Constitución Política de la República y los acuerdos de paz está establecida la jurisdicción indígena y lo que corresponde a su implementación. Hay que respetar las costumbres y el trabajo que ha venido realizando la población indígena. Lo que sí es que tenemos que regirnos por una Constitución para todo el país”, explicó el rector de la Usac, Carlos Alvarado.

No hay acuerdos

Según el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, ayer sostuvo la última reunión con  jefes de bloques para medir fuerzas y hacer cambios, pero no hay acuerdos en cuanto a todas las enmiendas que se plantean.
Chinchilla explicó que se evalúa posponer  una semana más la discusión de la jurisdicción indígena  a través de una moción.

Édgar Pacay Yalibat, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en Derecho Indígena, explica por qué las enmiendas no favorecen la jurisdicción indígena y que la misma no debe generar temor.

• “Es un dulce que nos dan y nos quitan”

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

 Los jueces de la justicia estatal tienen jurisdicción. Esto significa que pueden juzgar y ejecutar en nombre del Estado. La justicia indígena no debe apoyarse en la división político co-administrativa del Estado, sino desde la división, que es la aldea. El derecho indígena tiene la característica de que es oral porque eso le permite actualizarse constantemente, según el caso concreto.

¿Qué delitos le competen?

El punto central de la discusión de la jurisdicción indígena está en el artículo 66  de la Constitución —Protección a grupos étnicos—, que otorga un reconocimiento pleno constitucional  de la cultura indígena, sus costumbres y organización social. ¿Por qué se preguntan qué hará cuando se trate de un delito grave como un asesinato? Si queremos aplicarle la justicia estatal a un poblador de la aldea por un crimen que cometió, le estamos aplicando leyes que para el pueblo urbano son justas, pero para el indígena, no.

¿Cómo aplicar la pena?

 La justicia estatal está estructurada de acuerdo con un bien jurídico, que es el individuo. La jurisdicción indígena, no. En la aldea el bien es la colectividad. Prima  la comunidad,  el principio  del bien común. El linchamiento es un delito y no es justicia indígena, que no es sancionadora y aún menos físicamente.

¿Qué opina de las enmiendas que se discuten?

Debe delimitarse el respeto a la competencia que será determinada en la Ley del Organismo Judicial.

¿Hay que reformar la Constitución?

No es necesaria la reforma constitucional. Se puede desarrollar al reformar el artículo 58 de  la Ley del Organismo Judicial  para que se incluya a la autoridad indígena dentro del grupo que imparte justicia.

¿Se habla de coordinación entre autoridades ancestrales y sistema de justicia?

Eso implica que habrá un coordinador y un coordinado, y como siempre quieren que los indígenas estén sujetos a la autoridad de la ciudad.

¿Cómo funcionarían los tribunales indígenas?

Conforme las normas y procedimientos en la aldea. Lo que no aceptan es que haya un ordenamiento jurídico en las comunidades indígenas, que exista una autoridad que pueda aplicarlo, y esta es legítimamente constituida.

¿La enmienda  sujeta la autoridad indígena a la oficial?

 Es un dulce que nos dan y nos quitan, una farsa, porque la justicia  seguirá sujeta a las autoridades  en el sistema oficial. La Cicig y el MP plantean cosas fuera de la realidad.

• “Es un fuero especial… es exclusiva”

José Toledo, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, explica   los riesgos relacionados con  aplicar “leyes extraterritorialmente” al avalar la justicia indígena.  La ley no debe ser “casuística” y tiene un carácter general para todos, defiende Toledo.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

Después de la Conquista, los españoles y descendientes dividieron el territorio en rancherías y así nacieron las autoridades indígenas comunales.  Ellos ejercieron esa función durante la Colonia y aún después de la Independencia. Guatemala es una nación que tiene una Constitución, un pueblo.

¿Qué delitos le compete juzgar?

Se puede caer en el riesgo de darle a las jurisdicciones indígenas un carácter de fuero especial al derecho indígena.

La justicia indígena es un fuero especial en el que se aplicarán leyes extraterritorialmente, lo que significa que únicamente en determinadas áreas en donde las comunidades indígenas ejercen su jurisdicción se aplicará. Esto quiere decir que es exclusiva.

¿Cómo aplicar la pena?

La ley no es casuística, tiene carácter general para ladinos, indígenas, no importa su edad, ideología o género.
En cambio, con la justicia indígena se aplica en los casos que las comunidades indígenas elijan y a quienes ellos decidan. Esto implica un retroceso histórico al sistema inquisitivo, que es el que regía antes de 1992, en el cual los jueces eran juez y parte, pues eran los encargados de la investigación, persecución penal y juzgamiento. Actualmente tenemos el sistema acusatorio.

¿Qué opina de las enmiendas propuestas?

Las enmiendas todavía no son lo suficientemente claras. Hay que reglamentar  que no puede aplicársele a cualquier persona y no debe estar incluido el Derecho Penal.

¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal?

Porque goza de principios que no se pueden quebrantar, como el del debido proceso o bien el derecho de defensa, el cual reza que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso penal, ante un juez competente.

En ninguna parte de la ley dice que deba ser ante una autoridad indígena.

¿Son contradictorias entonces las reformas?

Sí, porque están aceptando que alguien imparta justicia sin ser abogado, sin tener una carrera judicial, que es lo que las mismas reformas constitucionales impulsan. ¿Acaso eso no es algo incoherente?

¿Las enmiendas hablan de una coordinación entre autoridades ancestrales y el sistema de justicia?

Contestaré con otra pregunta: ¿Qué competencia o qué legitimación tienen las comunidades indígenas que no tengan entes con mayor legitimación legal?

LOS CAMBIOS AL TEXTO constitucional han despertado el interés de ciudadanos a nombre propio y como representantes de instituciones, por hacer algo en beneficio del país. Se ha logrado hablar —al menos— de la necesidad de adaptar el sistema judicial guatemalteco a ciertas condiciones culturales, y ello, si se le desea ver con ojos de optimismo, es criterio aceptado. No significa, por supuesto, la dicotomía de aceptar algo o no aceptar nada. Y por eso el primer criterio necesita ser el de considerar las posiciones presentadas ahora como una especie de “documento mártir” sujeto a los cambios originados en la discusión respetuosa y serena, pero sobre todo del acuerdo de llegar a un sistema no solo práctico, sino con alcance para todos los ciudadanos.

A CAUSA DEL TOTAL desconocimiento de texto sugerido, y de la seguridad de convertirlo en una serie de criterios irrealizables a causa de lo decidido por el Congreso, un acuerdo inicial debe ser la renuncia de los diputados a introducir cambios a la propuesta. Para no ser otro mamarracho político-jurídico-social, esta necesita a su vez ser el resultado de la participación de delegados o representantes de instituciones legalmente existentes. El objeto es garantizar la representación, porque ahora muchas entidades firmantes de manifiestos carecen de membresía, cuyo número es minúsculo. Aunque el tema en apariencia se circunscribe a lo jurídico, tiene raíces en otras ramas del saber humano: sociología, psicología, etcétera.

ESTAS REFORMAS TIENEN un problema serio: por un lado, la presión por aprobarlas a rajatabla. Por otro, la duda existente de si el texto en realidad recoge el criterio de los participantes en mesas departamentales de discusión, también criticadas en su momento por la cortedad del tiempo, lo cual facilitó considerarlas una imposición. La razón para hablar de este asunto es simple: si en realidad se está hablando en serio de intentar un sistema jurídico eficiente, a causa de la necesidad de una consulta popular, se debe presentar un pliego de reformas defendible y asequible a la mayoría ciudadana, en cuanto a temas como la prontitud de la justicia, la renuncia a la lucha ideológica como base del sistema jurídico y, entre otros más, la cobertura, hoy muy limitada.

YA SE HA DICHO SUFICIENTE acerca del miedo de los sectores tradicionales por esa apertura a un nuevo tipo de juzgar. Como estos cambios, en la práctica, no pueden tener aplicación en la totalidad de temas, el esfuerzo debe estar dirigido a explicar los límites en todo sentido, sobre todo en el territorial, o en lo referente a la propiedad de los bienes inmuebles. Ya con esa forma de explicación, se puede pensar en cómo se aplica cualquier nuevo sistema de hacer justicia. Por ello no creo descabellado pensar en ir aprobando aquellos cambios en realidad necesarios en forma escalonada, sin imposiciones ni atropellos. Al pensar seriamente en todo esto, se evidencia la complejidad, pero por otro lado la posibilidad de éxito si se trabaja bien.

LOS SISTEMAS LEGALES constituyen parte importante de las relaciones de un país con el mundo. Tener varios, poca duda cabe, las vuelve aún más complejas porque se relacionan con la certeza jurídica, cuya debilidad ha causado tantos problemas al país. La decisión consciente o el arrebato para no darse cuenta de la dificultad del tema, imposible de explicarse con simplismos ideológicos e incluso jurídicos, constituye una receta segura para el fracaso aunque las intenciones tengan la bondad suficiente para pavimentar un buen trecho del camino al infierno, en este caso social. Vistos desde otra óptica, se pueden convertir en una nueva forma de división y esto sería el peor resultado para un país donde reina la desunión en prácticamente todo.

El sector empresarial considera que la promoción de la justicia indígena sería irresponsable, y observa que dentro de ella se hace una división entre ciudadanos ladinos e indígenas. Lea aquí la postura de Cacif (PDF).

Roberto González-Campo, presidente de Cacif, dijo que en su momento se plantearon dudas y observaciones sobre el tema y esperan una respuesta de los legisladores.

Agregó que una reforma constitucional debe contar con un debate político basado en cuidadosos análisis técnicos y jurídicos.

Señaló que los empresarios no se oponen a la reforma y que buscan que producto de ella se construya un sistema judicial “independiente, fotalecido y transparente”.

• Estos son los aportes de sociedad civil para la reforma judicial

“Necesitamos elección de jueces y magistrados probos y calificados. Anhelamos un país con certeza jurídica”, sostuvo González Campo, quien apeló a que dentro del debate se elimine el pensamiento de que quien dude o disiente es parte de la corrupción o el racismo.

Para Cacif, es momento de unidad en busca de un sistema judicial fuerte e independiente para tener un auténtico estado de Derecho.

González-Campo señaló la importancia de que se conozca el contenido de las reformas pues ya variaron de lo que formuló la Mesa Técnica integrada por la Fiscalía y Cicig.

La reforma judicial actualmente está detenida, aunque ya pasó la primera de tres lecturas. En principio los diputados rechazaron eliminar el antejuicio y reconocer el pluralismo indígena, aunque este tema ya vuelto a discusión entre las bancadas.

Hasta ahora hay acuerdos para formular 23 enmiendas a la propuesta original, que podrían ser conocidos esta semana.

• PDF | Proyecto inicial de reformas constitucionales

Antes del pronunciamiento de Cacif, sectores indígenas demandaron inclusión en la discusión de la reforma judicial.

Los líderes de los pueblos indígenas explicaron que la administración de justicia que efectúan en comunidades debe ser reconocida constitucionalmente y exigieron que se reconozca a Guatemala como un estado plural.
 
Fidel Escun, integrante la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explicó que los pueblos originarios se sumaron a la iniciativa de reforma constitucional porque varias razones, y detalló: que están a favor de erradicar la impunidad, crimen organizado y el tráfico de influencia.
 
Escun insistió que es necesario transparentar los procesos de elección de magistrados y la justicia e insistió  en que se reconozca el carácter pluricultural del Estado, se fortalezca la independencia judicial, la democracia republicana y prevalezca el Estado de Derecho y la unidad.
 
En Totonicapán la autoridad  indígena ha resuelto unos mil 300 casos de conflictos, lo significa un ahorro para el Estado, destacó Escun, quien mencionó han resuelto casos complejos.

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“No venimos a limosnear sino a que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas, porque cuando se criminaliza a las autoridades indígenas también se criminaliza a las mujeres”,  manifestó Ana Laynes del Gran Consejo Nacional de Autoridades Indígenas de Ixim Ulew.

• Consulte aquí los acuerdos entre la Mesa Técnica y diputados

Proponen reforma

Miguel De León Ceto, líder Ixil, insistió en que han respaldado el proceso de reforma porque modernización el sistema de justicia. Ceto presentó una propuesta para que se enmiende el artículo 203 de la Constitución.
 
La propuesta busca que se permita que las autoridades indígenas impartan justicia de conformidad con la Constitución, leyes ordinarias y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
 
También que quede registrado que “las autoridades ancestrales indígenas ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres con respeto a los Derechos Humanos”.
 
“Creemos importante que se reconozca lo que hemos venido practicando durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, surge de la necesidad que tienen los pueblos para que no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, abundó De León Ceto.
 
El líder indígena sentenció  que apoyan  la reforma constitucional siempre y cuando el Congreso no desvirtué su espíritu que va enfocado en eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y contribuir a la unidad nacional.

“Creemos que es importante que se reconozca lo que hemos venido practicando los pueblos durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, sino de la necesidad que tienen los pueblos para que ya no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, aseveró De León Ceto.

• Consulte aquí los 23 cambios que acordaron los diputados para la reforma judicial

Conclusiones

Rigoberto Juárez, del gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Poptí, Akateko, planteó que su propuesta, “no admite ningún tipo de subordinación de la justicia que hace las autoridades indígenas”.
 
Aseguró que la justicia indígena es respetuosa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza y que buscan en la Constitución “un verdadero pacto social que refleje la realidad plural del Estado”.
 
“Rechazamos rotundamente cualquier descalificación o criminalización de nuestras formas de mantener la convivencia social, en nuestros pueblos y comunidades. Nos reservamos el derecho de accionar ante las autoridades contra quienes realizan dichas descalificaciones”, aseguró Juárez.

El rechazo existe entre varios diputados, pero pocos se atreven a hablar. La mayoría asegura que temen emitir opinión, porque son señalados de racismo y de avalar la impunidad y la corrupción.

El viernes último, la mayoría de jefes de bloques se reunieron para efectuar los últimos cambios a las 23 enmiendas que se presentarán y que, en apariencia, tienen consenso.

Esa posición la repitió en la reunión de la instancia de jefes de bloques. Inclusive, su compañero de bancada Fernando Linares solicitó que se retrasara por ocho días más la discusión.

La intención era que se terminara de escuchar las propuestas de todos los sectores que han solicitado audiencia a los congresistas. Sin embargo, los diputados Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Amílcar Pop, de Winaq, y Wálter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), consideraron que la intención era retrasar la discusión.

“Hay un retardo malicioso. Son los mismos sectores que se han opuesto durante años. Reformar la Constitución en el sector justicia es una discusión de muchos años atrás”, aseveró Pop.

Linares recordó que efectuar la consulta popular tendrá un costo de Q300 millones, los cuales, a su criterio, podrían perderse si las reformas que apruebe el Congreso no tienen el consenso suficiente, pues eso generaría que gane el no.

Manuel Conde, también del PAN, propuso ayer en la instancia de jefes de bloques que se acordaran aprobaciones por fases. Es decir, que este miércoles se avanzara con tres artículos, el próximo con otros tres, con el fin de dar tiempo para escuchar a otros sectores y buscar consensos.

• PDF | Consulte aquí los acuerdos pactados entre la Mesa Técnica y diputados

En tanto, hasta  retomar la discusión podría tornarse escabroso ya que, según Zachrisson, el artículo 3, relacionado con el Derecho Indígena, ya habría sido agotado, pues en noviembre se quedó abierta la votación por más de una hora y luego se rompió el quórum de directiva. En esa época, el expresidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que lo hizo para proteger el artículo.

“Yo voy a manifestar en el pleno porque creo que el artículo 3 ya se perdió y que no puede retomarse. Se cometería una ilegalidad y quedaría abierto a amparos o acciones legales que podrían botar toda la propuesta”, aseguró.

Estrategias

Solo los diputados del PAN se atreven a manifestar su posición de manera abierta. Hay varios en las bancadas del Movimiento Reformador, en Alianza Ciudadana y en el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que rechazan las reformas.

Al hablar con los congresistas argumentan que aún hay dudas. La mayoría se concentra en lo relacionado con el Derecho Indígena, y algunos creen que puede generar más antagonismo entre los pueblos. Otros fundamentan que generará vacíos fuertes en la aplicabilidad de la justicia.

Uno de los diputados de FCN-Nación indicó que está de acuerdo con todo lo planteado en la reforma, menos en el Derecho Indígena, ya que esa situación podría llegar a generar que se pierda la propuesta en la consulta popular. “Fue un error incluir el tema. Los cambios eran positivos y necesarios, pero el país está muy dividido”, consideró.

En jefes de bloques los únicos que apoyaron la moción del PAN de retrasar la discusión una semana más fueron los congresistas Francisco Tambriz, de AC, y Álvaro Arzú, del Partido Unionista.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo a Prensa Libre, que la sesión del viernes podría estar plagada de estrategias para evitar que se continúe con la discusión.

Según Blanco, ha escuchado que muchos diputados se ausentarán de la sesión porque no quieren votar a favor de la reforma obligados por su bloque, y tampoco quieren hacerlo en contra, para que no se les critique.

Jugar con el quórum será otra maniobra. Cuando no se respalde un artículo, los legisladores romperán quórum.

Por ser una iniciativa de carácter constitucional, en todas las votaciones se requiere del apoyo de 105 diputados.

Otra estrategia será la presentación de nuevas  enmiendas. En la actualidad, la propuesta tiene más de 60. Si se tratara de una normativa regular, hubiera tenido que regresar a comisión para un nuevo dictamen.

• Estos son los aportes de sociedad civil para la reforma judicial

Linares, quien ha manifestado sin reservas su rechazo a las reformas, aseguró que presentará por lo menos 25 enmiendas más, que se sumarían a las más de 60 que esta propuesta ha recibido y a las 23 con supuesto consenso.

23 enmiendas tendrían acuerdos

Preámbulo. Se modifica el preámbulo. Se establece que las reformas aprobadas por el Congreso deben ser ratificadas en consulta popular.

1. Artículo 203. Reconoce que la función jurisdiccional la ejercen la CSJ, las jurisdicciones privativas y las autoridades indígenas ancestrales, estas según sus procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y a la Constitución. Este derecho se ejercerá entre una coordinación “necesaria” entre las autoridades del sistema de justicia y las autoridades indígenas ancestrales.
2. Artículo 205. Se eliminan las palabras idoneidad, honradez y especialización, en lo relativo a la carrera profesional basada en concursos públicos de oposición.
3. Artículo 207. Se buscaba que los jueces y los magistrados de las cortes de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría rindieran cuentas al Consejo Nacional de Justicia. Eso se elimina y se obliga a la CSJ a presentar ante el Congreso la protesta de administrar pronta y cumplida justicia; y los demás jueces y magistrados lo harán ante la CSJ.
4. Artículo 208. Modifican el retiro obligatorio a los 75 años y establecen que esa es la edad máxima para el ejercicio del cargo en las cortes.  
5. Artículo 209. Se creaba el Consejo Nacional de Justicia. El Congreso lo cambió a Consejo de Administración Judicial. De la propuesta inicial le quitan la facultad de elegir magistrados de la CC.
6.   Artículo 210. Se elimina al Consejo Nacional de Justicia como el órgano que nombra al personal auxiliar y administrativo del OJ, y se establece que los procedimientos serán establecidos en una ley ordinaria. Esta nueva entidad será la encargada de desarrollar el concurso público de oposición para los candidatos a magistrados de la CSJ. También es la encargada de elaborar el anteproyecto de presupuesto de esa institución y  de administrar los recursos y el servicio civil.
7. Entre sus obligaciones se encuentra la creación de políticas administrativas, financieras, de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia. La propuesta inicial buscaba que la CSJ le rindiera cuentas a esta instancia, pero se modificó. Los miembros de este Consejo gozarán de las mismas prerrogativas que los magistrados.
8. A la propuesta inicial se adhiere el artículo 213. Se eleva de 2 a 3 por ciento de los ingresos del Estado la obligatoriedad de otorgar recursos al OJ y se indica que el Consejo de Administración Judicial será el encargado de elaborar un anteproyecto que aprobarán o improbarán los magistrados de la CSJ.
9. Artículo 214. Se elimina que nueve, de los 13 magistrados de la CSJ, sean electos entre la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría. En su lugar se establece que provengan del sistema de la carrera judicial.
10. Artículo 215. Se adhiere el procedimiento para suplir una vacante en ausencia definitiva de uno de los magistrados de la CSJ.
11. Artículo 217. Eliminan como requisito para ser magistrado de la Corte de  Apelaciones la edad de 30 años  y reducen el período de ejercicio de 15 a 12.
12. Artículo 251. Se crea una especie de comisión de postulación que elegirá  la terna de candidatos a Fiscal General, que luego elegirá el presidente de la República. Se integran a esa instancia la Usac, las universidades privadas, la CSJ y el Congreso.
13. Artículo 269. La propuesta buscaba que la CC  se formara por nueve magistrados titulares y tres suplentes. Con las enmiendas se elimina a los últimos. Y se otorga la facultad de elegir magistrados a la Usac y a las universidades privadas con más de 25 años de creación.
14.  Artículo 270. Se elimina el requerimiento de “contar con méritos de idoneidad, capacidad y honradez”, de   los requisitos para optar a  magistratura de la CC.
15. Artículo 271. Con las enmiendas se elimina por completo el cambio que pretendía la secretaría técnica, en la que establecía un período de tres años a los presidentes de la CC.
16. Artículo 272, inciso b). La propuesta inicial obligaba a la CC a conocer las acciones de amparo contra el Consejo Nacional de Justicia. Con las enmiendas se elimina.
17. Artículo 29 (transitorio). Se obligaba a la CSJ a elaborar nueve nuevas o reformas de leyes, entre ellas las del Consejo de Administración Judicial. Estas debían estar en un plazo de seis meses, pero con las enmiendas se retira de las iniciativas por modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley en Materia de Antejuicio y la  que regulará la creación del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Al final se reformarían la Ley de OJ, la del Sistema de la Carrera Judicial, la de Servicio Civil del OJ, la del MP y la de Amparo.  
18. Artículo 29 (transitorio). Se reduce de cuatro a dos años el plazo máximo para que la CSJ elabore y remita al Congreso las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho, Ley del Tribunal de Cuentas, y del Código Militar.
19. Artículo 30 (transitorio). Luego de entrar en vigencia las reformas a la Constitución, se permite a los magistrados de la CSJ que se encuentren en el ejercicio del cargo, concluir su período, pero con la salvedad de que deben de participar en los concursos de oposición. La iniciativa inicial pretendía que fuera el Consejo Nacional de Justicia el que manejara la reglamentación relativa para ejercer dicho mecanismo.
20.  Artículo 31 (transitorio). Se modifica el nombre de Consejo Nacional de Justicia a Consejo de Administración Judicial, como se le nombra con las enmiendas.
21. Artículo 32 (transitorio). Se mejora la redacción de lo establecido en la propuesta inicial, en la que se establece que los magistrados de la CC culminarán su período y la nueva integración se regirá conforme a las nuevas disposiciones establecidas con las reformas.
22.  Artículo 33 (transitorio). Se modifica el número del artículo de 34 a 33.
23.  Artículo nuevo. Se establece que las reformas sean  aprobadas por más de las dos terceras partes del total de diputados y que las mismas deberán ser ratificadas en consulta popular convocada por el TSE. Finalmente, y luego de haber sido ratificadas por la población, entrarían en vigor 60 días después de que el TSE oficialice el resultado.

• PDF | Proyecto inicial de reformas constitucionales

Desde abril del 2016, cuando a través de una mesa técnica se comenzó el diálogo nacional, se apostó por cambios consensuados con todos los sectores, de manera que la iniciativa de ley fuera lo más incluyente.

Temas como la jurisdicción indígena, un nuevo modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General, son solo algunos de los incluidos en la propuesta original, que en el Congreso han sido foco de discusión.

A partir de hoy, por segunda ocasión, los jefes de bloques intentarán conocer las más de 60 modificaciones sugeridas a la iniciativa, en un proceso que genera suspicacias por la injerencia de grupos de poder interesados en que la propuesta no avance o quede sin fuerza, mientras otros sectores esperan solo correcciones técnicas.

Buscan debilitar cambio

En el Congreso existen posturas que representan a sectores que están en contra de la reforma y buscan dejarla sin contenidos importantes, explicó Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg).

“Eso se enmarca en un contexto en donde iniciamos el año viciado, recordando el proceso del 2014, por lo tanto vuelve a surgir la necesidad de que debe transformarse el modelo de selección de jueces y magistrados, es decir, acabar de una vez con las comisiones de postulación, por lo tanto la reforma apunta a una transformación importante en ese punto del sector de justicia”, indicó.

Para Díaz, existen grupos que desde el anonimato buscan frenar el avance de la reforma, mismo círculo que en las últimas semanas ha lanzado campañas de desprestigio contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, quien el viernes por la noche, en el canal CNN dijo estar sorprendido por el silencio que hay en el Estado acerca de tales ataques y acerca de las reformas.

El politólogo Juan Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que las reformas son necesarias y el Congreso debe aprovechar el momento para contribuir con un compromiso que se asumió desde los acuerdos de paz.

“Muchas organizaciones participaron en espacios de discusión como el diálogo nacional y la mesa de seguridad y justicia en el Congreso. Ha sido un proceso donde ha habido muchas propuestas, pero en este momento queda en manos de los diputados”, dijo Sanabria.

Lo más extraño de la actitud de los diputados es que el mismo Congreso, a través de su presidente del año pasado, Mario Taracena, junto a los jefes de los otros dos poderes del Estado, presentaron la iniciativa de ley de reformas.

Durante meses, varios sectores fueron escuchados en todo el país, incluido empresarios y sociedad civil.

Riesgo de manipulación

De acuerdo a Dorian Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala, el riesgo de que se vayan a presentar enmiendas adicionales a las consensuadas, es que podría incluirse algún elemento para bloquear las modificaciones constitucionales que se buscan, y se resta la posibilidad de conseguir 105 votos.

Aun con las enmiendas consensuadas, el parlamentario tiene reservas en cuanto a que se logren los 105 votos a favor, debido a los intereses de las bancadas.

“Hay algunos asuntos que no estoy seguro, por ejemplo, con el reconocimiento del derecho indígena nos quedamos con 103 votos. Ahora están mejoradas, pero sin perder el espíritu, pero seguramente también habrá problemas”, anticipó Taracena.

Agregó que otro de los temas que podrían generar polémica es el de cómo integrar las postulaciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Una propuesta es que las universidades privadas que tengan menos de 25 años no podrán presentarse con representantes a las comisiones postuladoras, por lo que sólo habría tres que cumplirían ese requisito.

Despolitizar

Los cambios deben ir encaminados a unir criterios y generar consensos favorables para mejorar la iniciativa, explicó Elvin Díaz director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

El jurista no descarta que el proceso en el Congreso mejore la iniciativa original; sin embargo, todo se debe encaminar a contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia a través de enmiendas que ya se discutieron en las mesas técnicas y no por criterio político.

Los ojos en la carrera judicial

El politólogo Juan Carlos Sanabria señaló que “la carrera judicial es el corazón del proceso de la reforma. También incluye cambios en elecciones. Todo es clave para dar autonomía al Organismo Judicial y tener justicia pronta y cumplida”.

De acuerdo con Sanabria, los niveles de corrupción e impunidad han debilitado al Estado y se hace necesario, en este momento, que se aprueben las reformas y se puedan generar cambios en el sistema.

Para el politólogo, la variable que definirá el avance de las reformas serán los bloques mayoritarios en el Congreso.

Cinco sesiones

Según Dorian Taracena, parlamentario de Encuentro por Guatemala, no se tiene previsto cuánto tiempo pasará para aprobar las reformas constitucionales, pero calculó que no se necesitan más de cuatro o cinco sesiones.

Consideró que solo el tema de las jurisdicciones indígenas podría tomar un tiempo de discusión en el pleno. “Habrá oposición férrea, gente que va a presentar enmiendas o cualquier cosa que no sea lo consensuado”, comentó Taracena.

Cambios buscados

Diputados buscan modificar la propuesta consensuada por la PDH, el MP y la Cicig. Entre los puntos de discusión figuran:

• El presupuesto del Organismo Judicial se eleva del 2 al 3 por ciento la asignación anual.
• Diputados han sugerido que no se reconozca el derecho indígena.
• En el Congreso se busca que las universidades postulen candidatos a la CC. La propuesta original las deja fuera.
• La reforma deja al Congreso y la CSJ la postulación de candidatos a Fiscal General;  diputados quieren una comisión.
• Limitan el alcance del  Consejo Nacional de Justicia.

DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS han arreciado las presiones de todo tipo para hacer cambios a la Constitución. Me asusta, por muchas razones, pero la primera y principal es mi convencimiento del resultado nefasto de dichos cambios, muchos de ellos seguramente necesarios, pero indemnes ante la acción de un Congreso de hecho convertido en una asamblea constituyente. Se habla de alterar algunos artículos de la Carta Magna referentes al sistema de justicia, pero sería una mezcla de puerilidad y desconocimiento de la historia, así como de una negación absurda de la realidad actual del parlamento, imposible de comparar con el grupo de ciudadanos a cuyo trabajo se debe el texto constitucional ahora víctima de las malas y las buenas intenciones.

HACE ALGUNOS AÑOS, con motivo de la firma de los acuerdos de paz, se acordó realizar unos pocos cambios a la Constitución, con el objetivo de hacer efectivo en la realidad nacional lo decidido por los representantes de las partes. Era un riesgo necesario de correr por el bien del futuro del país. Pero nadie contó con la intención de quienes decidieron aprovechar la oportunidad para alterar arteramente a la Carta Magna. Se multiplicaron los cambios, reunidos en grupos para impedir a quienes participaran en el referéndum para poder expresar su voluntad. El resultado ya todos lo sabemos: apenas participó el 14 por ciento de los electores, y un poco más de la mitad de ellos votó en contra. Resultado: los acuerdos mencionados en la práctica se hundieron.

AHORA OCURRIRÁ ALGO muy similar. Al tema jurídico serán agregados numerosos otros, cuyas motivaciones son oscuras o al menos desconocidas para la mayoría de ciudadanos, por otra parte desinteresados en el tema, porque no ha sido posible convencerlos de la necesidad de hacerlos, pero también porque es generalizado el convencimiento de la inutilidad de un texto distinto. Esto se debe a la forma como el sistema legal del país es pisoteado por quienes están relacionados con él, y a la configuración de un Congreso donde están representados partidos de opereta, carentes de ideología y convertidos en simples vehículos para permitirles a sus organizadores y dueños asaltar el poder. Son partidos desideologizados, de opereta.

OTRO FACTOR CAUSANTE de extrañeza, es la insistencia de la aprobación inmediata de cambios constitucionales en el tema jurídico, y también la decisión de atrasar una semana, para analizarlos, el debate previo, cuyas consecuencias solo pueden ser negativas. Es conveniente repetir la razón: los interesados de convertir a la Carta Magna en un documento de adorno, ya de forma clara e indudable, no dudarán un momento en hacer tropelías. El resultado tendrá efectos terribles, porque la integración humana de la mayoría de este congreso no tiene relación alguna con aquella del lejano 1984. Es el criterio de cambiar la ley para dar a todas las acciones incorrectas y malintencionadas, un marco de supuesta legalidad, por hipocresía de primer orden.

POR ÚLTIMO, ES NECESARIO señalar otro aspecto fundamental: de nada sirven los textos legales correctamente redactados para lograr el beneficio general de la sociedad, si se mantiene una mayoría de personas sin valores realizando la tarea de aplicar e interpretar los textos, y si la corrupción y el enriquecimiento ilícito es en la realidad práctica la meta principal. Es un problema de seres humanos, no de constituciones ni leyes. Claro está, estas deben tener bases teóricas tendientes a la justicia, no solo a la simple legalidad. Por todas esas causas, solo puedo sentir pesadumbre y decepción cuando veo venir el entierro de una Constitución cuyos principios eran sólidos, pero no efectiva por no haber sido desarrollada y porque ha sido ignorada.

Según varios diputados, la realidad del consenso se verá el próximo miércoles 15, cuando se retome la discusión de la propuesta.

Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional, reconoció que ha participado en todas las reuniones donde se ha analizado la propuesta, pero eso no significa que apoye la iniciativa ni las enmiendas.

Dudas

Con los cambios se restituye a las universidades privadas —con  más de 25 años— y a la de San Carlos para la elección de la Corte de Constitucionalidad.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, y el diputado Orlando Blanco coinciden en que la inclusión es un retroceso. Para el congresista, se le quita fuerza a la propuesta inicial.

Algunos legisladores creen que las enmiendas, que fueron lideradas por la Secretaría Técnica, son producto del temor a perder toda la propuesta, pues cuando se comenzó a discutir los líderes de esa instancia se habrían sentido derrotados.

Preguntada sobre si se restaba fuerza a la propuesta original, la fiscal general, Thelma Aldana, indicó que como estaban ayer las enmiendas “se mantiene la integralidad” de la iniciativa anterior.

Lo que viene

Búsqueda de acuerdos en bancadas y cambios a reforma de justicia  continúan.

• Varios diputados, en su mayoría jefes de bloques, se reunieron anoche y continuarán hoy por la mañana con el propósito de efectuar cambios que les satisfagan y les permitan alcanzar consensos.
• La UNE solicitó que esas reuniones se hicieran públicas, pero hay rechazo de algunos congresistas.
• El jueves 15 próximo se retomará la discusión en el Congreso.
• Para volver a tratar el Derecho Indígena se presentará una moción privilegiada que permita empezar con la enmienda que haya sido consensuada.
• Cada artículo debe contar con el aval de más de 105 diputados, por tratarse de una reforma constitucional.

Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, debido al rechazo que había generado el desconocimiento de lo que pretendían las reformas a la Constitución en el sector Justicia se hizo el esfuerzo de reunirse con los jefes de bloques y algunos diputados para que plantearan sus inquietudes y propuestas.

Como resultado de estas citas, que comenzaron el lunes de la semana pasada, se efectuaron varias modificaciones a la propuesta inicial, que a criterio de De León no restan la esencia de la propuesta inicial.

Entre las modificaciones se acuerda cambiar el nombre del Consejo Nacional de Justicia a Consejo de Administración Judicial. Según el Procurador, algunos congresistas temían que se estuviera creando una superinstitución, por lo que se le quitó la facultad de nominar magistrados para la Corte de Constitucionalidad y se le otorgan funciones únicamente administrativas y financieras.

Esta propuesta no está escrita en piedra. De acuerdo con el Magistrado de Conciencia, ellos presentaron un borrador que recogió todas las inquietudes de los congresistas, pero no significa que estos puedan efectuar más modificaciones.

Modificaciones

• PDF | Consulte aquí los acuerdos pactados

Se retrasa

El miércoles se iniciaría con la discusión y aprobación de las reformas en el pleno del Congreso. Sin embargo, a petición del congresista Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, se retrasó para la próxima semana.

Taracena argumentó que necesitaban más tiempo para estudiar las 24 enmiendas que se habían presentado.
Manuel Conde, diputado del Partido de Avanzada Nacional, aseguró que mañana por la mañana varios jefes de bloques se reunirán para evaluar si hay consenso respecto de las enmiendas o si  aún hay que efectuar modificaciones.

Amílcar Pop, de Winaq, aseguró en la instancia de jefes de bloques que él desconocía la propuesta y que no había sido invitado a discutir cambios. “Ha sido un grupo selecto”, manifestó. Sin embargo, De León Duque aseguró que este participó en el primer grupo con el que ellos se reunieron.

El congresista  manifestó su rechazo a la modificación que se efectuó a la jurisdicción de los pueblos indígenas, pues a su criterio se crea una especie de fuero especial, en el que la ejecución del mismo se delimita a un pequeño grupo.

Según el legislador, también se está obligando a que se respete el Derecho ordinario, cuando la jurisdicción indígena es diferente. “Si el Código Penal dice que por hurto o robo hay cárcel, no se podrán emitir otras sanciones como la compensación a la comunidad”, se quejó.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que esa bancada aprobará cualquier propuesta que emane de la mesa técnica. No obstante, aseguró estar preocupado porque cada vez se está “diluyendo más” el contenido original.

“Es como si hubiera entrado leche entera y se cambió a deslactosada, pero entiendo que se está haciendo en aras de alcanzar consensos”, agregó.

Para Blanco, en la nueva propuesta se están haciendo una serie de propuestas que minimizan la  original. “Se está cediendo mucho, se preserva el poder del Congreso, y en la Corte Suprema de Justicia se devuelven atribuciones que se pretendía que fueran asumidas por el Consejo, con el fin de fortalecer la carrera judicial”, manifestó.

Entre los cambios se regresa a las universidades privadas y a la de San Carlos el poder para elegir a un magistrado para la CC cada una. “De nuevo se politiza la elección de la Corte”, rechazó Blanco.

• PDF | Proyecto inicial de reformas constitucionales

Difieren

Según De León Duque, en las reuniones de cabildeo participaron la fiscal general, Thelma Aldana; el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; él y una abogada que recopiló las propuestas.

La procuradora adjunta de la PDH, Hilda Morales, desconocía acerca de esa búsqueda de consenso. Sí sabía que los diputados se estaban reuniendo y aseguró que como mesa técnica no se apoyaban cambios, porque la propuesta inicial era la que se respalda, pues se hizo con base en consensos nacionales.

“Se está restando fuerza a una propuesta bien reflexionada y discutida”, manifestó.

“No era perfecto”

Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, nunca se dijo que el documento fuera perfecto y siempre se propuso escuchar a los sectores.

Las enmiendas plantean modificar hasta el preámbulo de la iniciativa y se elimina la parte de que deben ser ratificadas en consulta popular.

En la propuesta se detallaban varias garantías y principios que debía regir el sistema de administración de justicia, entre estas los principios de igualdad, no discriminación, idoneidad, capacidad, honradez y especialización. En las enmiendas se elimina la idoneidad y la honradez.

Manuel Conde, del PAN, indicó que hay muchos detalles en una norma constitucional. A su criterio, hay varios aspectos que deben  ir en leyes ordinarias.

En la iniciativa original se pretendía que los magistrados y jueces de la Corte de Apelaciones  prestaran  juramento a la Constitución ante el Consejo Nacional de Justicia. Como este se elimina y se crea uno más administrativo, se continuará presentando ante la CSJ.

Pese a las exigencias, la modificación al derecho de antejuicio no se retomó. Según De León: “Este tema ya se perdió, por eso no lo abordamos, pero hubo más de algún diputado que hizo la consulta, pero no creo que se vaya a  llevar al pleno”.

El primero de estos atentados tuvo lugar dos días antes, en la 18 calle y 6a. avenida “A” frente al edificio de la Tipografía Nacional, donde desconocidos lanzaron contra un grupo de personas una granada.

En ese ataque resultaron heridas dieciocho personas que esperaban abordar un autobús del transporte público. Según testigos, además de los que esperaban el bus, resultaron heridos otros que ingerían alimentos en las ventas ceranas, cuando individuos que viajaban en un vehículo color amarillo lanzaron una granada. 

Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional desactivaron una bomba panfletera en el parqueo del centro comercial La Pradera, ubicado en la zona 10. Según versión de agentes de la seguridad del comercial, el artefacto explosivo fue colocado dentro de una caja de pastel y el detonador en un bote de aceite para vehículo, en el interior de un depósito de basura. La policía informó que los volantes contenían propaganda del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), miembro de la URNG. 

Al día siguiente, 20 de enero una fuerte carga de dinamita fue detonada frente a la sede del Congreso de la República en la 9a. avenida de la zona 1. En dicho atentado resultó fallecida una persona identificada como Elidio Amado Vásquez Velásquez y otras dieciocho personas resultaron heridas. 

Expertos en explosivos de la PN informaron que el artefacto estaba compuesto por tres libras de TNT. Los vidrios de las ventanas del Congreso volaron y la onda expansiva provoco? dan?os en los distintos comercios aledan?os y al Instituto Central para Varones, situado frente al edificio del Organismo Legislativo.

Al momento de la violenta detonacio?n fueron regados cientos de panfletos del Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP). Las autoridades dijeron que existen tres grupos de terroristas en Guatemala, pues el metodo que usan para colocar bombas es diferente y la que fue colocada frente al Congreso es la del tipo rompedoras pues al momento de la detonacio?n brotan ondas finas con efecto de choque, que pueden matar a una persona que este? cerca.

Consulta sigue

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no suspendera? la consulta popular pese a los actos terroristas ocurridos en los u?ltimos di?as en el pai?s, declaro? el presidente de ese organismo, licenciado Fernando Antonio Bonilla Marti?nez.

Destaco? que los acontecimientos ocurridos llevan el propo?sito de boicotear la consulta, pero el TSE debe cumplir con la solicitud del Congreso. Destaco? que esta actividad so?lo puede ser suspendida con una resolucio?n de la Corte de Constitucionalidad.

Bonilla Marti?nez manifesto? que las acciones terroristas perpetradas de manera irracional por grupos de desconocidos, so?lo buscan desestabilizar a la nacio?n, por lo que deben terminar toda vez que somos un pueblo civilizado amante de la paz y que odia los actos belicistas.

• Lea también: Guatemaltecos acuden a Consulta Popular en 1994

Guerrilla acusa a Ejército

Por su parte la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) responsabilizo? a “escuadrones de la muerte entrenados y organizados por el Estado Mayor del Eje?rcito”, del atentado contra un grupo de personas ocurrido en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 1.

Segu?n un comunicado de prensa de la agencia Noticias de Guatemala (NG), la URNG sen?alo? que la granada lanzada por desconocidos y que causo? la muerte de un transeu?nte, proviene de sectores opuestos a la solucio?n poli?tica y negociada del conflicto armado.

An?ade que los grupos que han realizado esas acciones desde el 28 de noviembre pasado, fueron organizados y entrenados por el Estado Mayor del Eje?rcito, dependencia que dirige el general Jose? Luis Quilo Ayuso y cuyo subjefe es el general Marco Antonio Gonza?lez Taracena, actual miembro de la comisio?n de paz gubernamental.

Los obstáculos más mencionados para el cumplimiento de los acuerdos son la prevalencia del racismo y la discriminación, el fracaso de los pactos fiscales, el que no se hayan avalado las reformas constitucionales de 1999 y, en general, la falta de voluntad política de gobiernos.

El resultado de la consulta popular sobre las reformas constitucionales de 1999, cuando ganó el NO, es lo primero que menciona Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y firmante de acuerdos.

Asimismo, afirma que el Pacto Fiscal no se puso en práctica pese a tener amplia aprobación social.

“Cada gobierno ha dado diferente apoyo y énfasis a los acuerdos, y las expectativas ciudadanas son superiores a lo que es posible realizar en un inicio”, consideró Zelaya, quien integró la Comisión de la Paz en representación del Gobierno.

También resalta que cada proceso de aprobación de una ley requiere “bastante tiempo” a lo interno del Congreso.

Bases de clasismo y racismo en la sociedad y reformas pendientes al sistema de justicia son otros tropiezos, de acuerdo con la presidenta de Asíes.

Corrupción

El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) enumeró 20 barreras con una explicación de por qué obstruyen el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Lo primero es el desmantelamiento del Estado. “Inmediatamente después de firmados los acuerdos de paz fue desmantelado el tejido social institucional del Estado en el territorio”, indica el análisis.

Que Guatemala es parte de una región que sirve de ruta de cocaína, la pérdida de las reformas constitucionales en 1999 y tener una baja carga tributaria, cuando los acuerdos impusieron la meta del 12 por ciento, son otros obstáculos.

Débil voluntad política en los últimos seis presidentes, el estallido de la violencia criminal y un “aislamiento social” son otros tropiezos.

Entre otras barreras para la paz, el Ipnusac señala la negación de justicia, el aumento de la conflictividad social, y la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs).

“Varios compromisos de los acuerdos se refieren a reparar a las víctimas civiles del enfrentamiento armado. No obstante que en el 2003 se creó el Programa Nacional de Resarcimiento, su ejecución ha tenido notables fallas, hasta detectarse actos de corrupción y clientelismo”, señala el análisis.

Políticos traicionan

“La clase política que traicionó a su pueblo, dejándose corromper por intereses espurios, ha impedido la aprobación de legislación que podría haber construido el país justo e incluyente que vislumbraban los acuerdos”, señalan integrantes del Movimiento Semilla.

Además, afirmaron que el veto de “actores poderosos” ha frenado múltiples iniciativas, y señalan a sectores de la iniciativa privada que han “abusado” del libre mercado.

“El gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) de doble cara que, por un lado, firmó los acuerdos de paz y por el otro (…) fue responsable de debilitar significativamente las capacidades públicas del Estado al privatizar los servicios públicos”, agregó el Movimiento Semilla, que busca crear una base social que le lleve a ser partido político.

También subrayan la “resistencia a cambiar el statu quo” de la extrema derecha y sectores conservadores del país.

Deudas en lo rural

La no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y no haber avanzado en que las mujeres pasen de ser copropietarias a ser dueñas de la tierra es lo que más destacan lideresas de organizaciones de mujeres, así como la falta de divulgación de los acuerdos en el sistema educativo.

“La agenda de los acuerdos de paz fue quitada por una agenda neoliberal impuesta a partir de la explotación y expropiación de bienes naturales y especialmente en territorio de los pueblos indígenas”, dijeron Marta Godínez, del Sector de Mujeres; Eva Tecún, del Movimiento de Mujer es Indígenas Tz’ununija’; y Blanca Caal, de la Fundación Guillermo Toriello.

Barreras

1. Población no avala reformas constitucionales de 1999.
2. Fracasa Pacto Fiscal.
3. Racismo, discriminación y exlusión persistentes.
4. Débil voluntad política o cada gobierno le da énfasis distinto a los acuerdos.
5. Dispersión en cuanto a asumir la responsabilidad de cumplir con la paz.
6. Altas expectativas ciudadanas a lo que podía cumplirse.
7. Aumento de la pobreza y pobreza extrema.
8. El Estado no divulgó los acuerdos de paz en todo el sistema y los niveles educativos.
9. Continuidad del Ejército en tareas civiles.
10. Aumento de la corrupción.
11. Negación de justicia.
12. No reforma al sistema de partidos políticos.
13. Ausencia de una política agraria integral.
14. Proliferación de armas y poder de los Ciacs.
15. Fallas en resarcimiento y reparación digna.
16. Baja carga tributaria.
17. Largos procesos para la aprobación de una ley.
18. Falta de reformas al sistema judicial.   
19. Falta de Desarrollo Rural.
20. Alta criminalidad.

Hace 8 días comentábamos en este espacio la columna de don Alfred Kaltchsmitt titulada Engendros inconstitucionales y ayer el colega tomó la idea del diálogo y terminó con su planteamiento sobre la insistencia que la reforma constitucional sería “inconstitucional” por lesionar la parte dogmática de la constitución (aquella que contiene el reconocimiento de derechos humanos) y por eso, según don Alfred, se violarían los artículos 4º, 5º, 17 y 44 de nuestra constitución con tal adopción.

El artículo 4º es el reconocimiento a la igualdad ante la ley, el 5º el que sostiene que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales, el 17 establece que nadie puede ser juzgado por acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta, y por último el 44 es uno de los preceptos que asegura la supremacía constitucional.

Solo para ayudar al diálogo y al lector debemos comentar que se conoce como “parte dogmática” aquella fracción del texto constitucional que reconoce derechos humanos. De todos los derechos humanos reconocidos, los que están expresados del artículo 3 al 46 se encuentran bajo el Capítulo de “Derechos individuales”, y solo pueden reformarse, por decisión primero del Congreso que debe señalar cuáles preceptos deben modificarse y luego por la conformación de una Asamblea Constituyente.

Debemos contextualizar que los artículos del 47 al 139 también son también parte dogmática, porque desarrollan Derechos Sociales, Deberes y Derechos Cívicos y Políticos, y la limitación de los derechos constitucionales, pero estos sí pueden modificarse por decisión legislativa y ratificación en consulta popular.

Tiene razón don Alfred cuando sostiene que no puede haber contradicción entre una reforma constitucional y lo reconocido para los de rechos individuales, y por ello insistimos que el estudio constitucional es un esfuerzo contextual y sistémico.

Lo difícil de la igualdad como tal no es entender el concepto aislado de que todos somos iguales ante la ley, para nada, sino que el legislador puede con el objeto de garantizar la libertad, que situaciones distintas se traten de forma distinta, de hecho, esta interpretación de la igualdad descansa desde principios aristotélicos a clásicos liberales y abundan situaciones. El día a día del derecho a la igualdad es entender “¿cuándo hay situaciones distintas?” y por ello, cada distinción entre una realidad y otra debe ser muy justificada y razonada por la el legislador.

Miembros de la sociedad civil, de todos los pensamientos ideológicos, han sostenido que la justicia indígena ya está en nuestro ordenamiento porque el reconocer (ver artículo 66) la forma de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social de los “grupos étnicos” (pueblos mayas) ya contempló el reconocimiento a ese derecho y para más inri el Convenio 169 de OIT hace mención al derecho de los pueblos originarios.

Dicho lo anterior, ojalá que con don Alfred nos pongamos de acuerdo. Todo relativo a ese derecho de los “grupos étnicos” ya no se discute, porque el propio constituyente lo contempló en el texto originario y luego un convenio internacional (con supremacía normativa sobre la legislación ordinaria) lo desarrolló de forma amplia. Esta última adopción es en función de lo que se conoce como “bloque de constitucionalidad”, es decir, aquellas normas y principios integrados por vías diversas a la Constitución.

El derecho al derecho indígena, nos guste o no, ya no podemos discutirlo porque lo tenemos desde hace 30 años reconocido y por eso ahora el reto es orgánico. Jamás, por principio, el desarrollo orgánico niega un derecho ya que eso sí sería, siguiendo la terminología de don Alfred, “un engendro inconstitucional”, y con esto también termino mi aporte a este diálogo.

A raíz de la publicación de mi columna titulada Engendros inconstitucionales, la semana pasada, el distinguido columnista licenciado Alejandro Balsells la aludió en su columna del día siguiente para comentar algunos de mis planteamientos.

En efecto, insisto en llamar “engendro” apegándome a la acepción 4ta. del Diccionario de la Real Academia, en la cual dice: Engendro: “Plan, designio u obra intelectual mal concebidos”. Considero esta reforma “inconstitucional” no solo por mal concebida, sino con graves falencias y peligrosos efectos negativos, señalados y criticados reiteradamente por varios miembros de las sociedad civil en las llamadas “mesas de diálogo”, pero completamente ignorados cuando se presentó al Congreso afirmando falsamente que ya existía consenso sobre ella.

El Lic. Balsells limita únicamente a dos supuestos, el señalamiento de inconstitucionalidad de dicha reforma. Desestima que el Congreso no tiene competencia para reformar la parte dogmática de la Constitución —que es una de las propuestas escondidas en el texto de la iniciativa de reforma—, y al incorporar la jurisdicción indígena en el Arto 203, simultáneamente estaría modificando los artículos 4º., 5º., 17 y 44, cuya modificación solo puede hacerla una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo con el Arto. 278 de la misma.

El Lic. Balsells sostiene que “el contenido” de la iniciativa de reforma en discusión en el Congreso, no tiene, ni puede contener propuestas manifiestamente inconstitucionales, como efectivamente ocurre.

Me explico: El artículo 44 de nuestra Carta Magna establece que “serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. Por lo que este señalamiento de inconstitucionalidad no tiene relación con la acción de inconstitucionalidad que podría interponerse.

Los artículos ya señalados que la iniciativa de reformar modifican indirecta e inconstitucionalmente si fuese aprobada por el Congreso son: El artículo 4º: Que afirma que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Esta igualdad ante la ley, que es la única igualdad posible, hace colegir que no puede hacerse diferencia alguna entre indígenas y no indígenas y que para la aplicación del derecho solo hay guatemaltecos; el artículo 5º., que establece que ninguna persona está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella, y no hay leyes indígenas emitidas conforme al proceso legislativo; el artículo 12 que garantiza el derecho al debido proceso que no se da en los “juzgamientos” —que no juicios— de algunas comunidades indígenas y que específicamente prohíbe los tribunales especiales como los de la justicia indígena que se pretenden establecer; el artículo 17 que establece que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración, y no existen “delitos indígenas” y “castigos indígenas” en ninguna ley.

Esa iniciativa también viola el derecho internacional, pues si se reconocieran tales costumbres como derechos, se violarían los artículos 1, 2 y 4 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Guatemala es parte, ya que allí se prohíbe todo acto que inflija dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales para castigar a una persona por un acto que haya cometido o se sospeche que lo cometió; también obliga al Estado a tomar medidas para impedirlos en todo su territorio, y a velar para que esos actos constituyan delitos conforme.

En cuanto al nombramiento y remoción del Fiscal General, dejar el nombramiento en una entidad con la que tiene conflicto de intereses y permitirle que “él” mismo haga la investigación de sus propios delitos, carece del menor sentido común y no es aceptable por razones de elemental justicia, pues garantiza la impunidad de ese funcionario.

Dejo hasta ahí mis planteamientos.

Tras el rechazo de los diputados a las reformas del sector justicia se ve cómo opera la entente malévola que busca el retroceso de todos los avances de transparencia y justicia que se han hecho desde el 2015 y las gestiones bajo la mesa que ha hecho el presidente Jimmy Morales. Algunos dicen que pobrecito el mandatario porque no le pasan balón en el FCN, pero yo cada vez más me convenzo de que nuestro mandatario ya se alineó a esas fuerzas oscuras. O sea, se trataría de un gobernante de dos caras. Esa entente es la que estuvo detrás de la conformación de la junta directiva parlamentaria que tomará posesión dentro de 45 días. Una directiva que obtuvo el visto bueno del presidente Morales; sí, el mismo que reclutó 37 diputados de Líder y PP para engrosar su bancada que solo tenía 11 diputados. ¿Ustedes creen que Morales fue tan ingenuo de no pensar que esos 37 tránsfugas llevarían su propia agenda a la bancada oficial? Claro que no, y parece que coinciden en intereses políticos.

En esa entente que estaría conformada por las bancadas atrás de la nueva junta directiva del Congreso, también se incluyen empresarios y sectores de la ultraderecha tanto del Ejército como de partidos políticos. Esta estructura tendría a sus guerreros: Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo que pretende la expulsión de Iván Velásquez y la Cicig. Otro elemento fascistoide es José Luis González Dubón, de la Liga ProPatria y docente de la Universidad Francisco Marroquín, quien presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la actual junta directiva del Congreso por haber impulsado el proceso de discusión de las reformas del sector justicia y quien es un crítico de la presencia de la Cicig en el país. Hay que recordar que González Dubón fue el candidato del Jimmy Morales para magistrado de la CC, lo cual implica la cercanía del gobernante con sectores políticos y militares de extrema derecha. A esa amalgama se añadiría el dinero que los reclusos de la Línea estarían soltando para financiar el paquete que los incluiría entre los beneficiarios.

En el Congreso ha sido Fernando Linares Beltranena, del PAN, el que ha abanderado la lucha contra la reforma y sus acciones lo ponen como enemigo de Iván Velásquez y Thelma Aldana, y la semana pasada interpuso un amparo ante la CC para evitar la presencia de ambos funcionarios en el Congreso. Pero quienes mueven los hilos de dirección de la entente en silencio son el coronel Édgar Ovalle y el teniente coronel asimilado Herber Melgar Padilla. Ambos le hablan al oído a Jimmy Morales, pese a que Ovalle tiene un antejuicio por delitos de lesa humanidad, y Melgar Padilla está señalado de dirigir escuchas telefónicas y espionaje en la SAAS, ambas ilegales. Como se ve, Jimmy Morales tiene una cercanía con los principales cabecillas de esta entente.

El principal objetivo de esta estructura de cooptación del Estado es retrasar la discusión de las reformas judiciales porque creen que el presidente Donald Trump no avalaría el trabajo de su embajador de Guatemala y rechazaría todo lo que EE. UU. impulsa aquí. Y en esa iniciativa ultraderechista contra las reformas judiciales se incluye el rechazo a incorporar el derecho indígena, algo que tiene centenares de años de ejercerse pero la cultura racista de políticos y empresarios niegan algo existente que se desarrolla en los pueblos originarios. El siguiente paso será ver la manera de apoyar la salida de los cabecillas de la Línea, entre ellos Pérez Molina y Baldetti.

@hshetemul

Ya decían bien algunos que, con contadas excepciones, de los diputados no podía esperarse nada bueno. A fin de cuentas, el Congreso es reflejo y engranaje de un sistema de impunidad y privilegios concentrados en pocas manos que resiste robustamente a pesar de las acciones de lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha librado durante este último período.

La primera muestra la dieron hace unos meses, pasando reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que preservaron las formas de organización caciquista, clientelar y excluyente de los partidos políticos, formato que le garantiza sostenibilidad al sistema. Con las reformas constitucionales hicieron lo mismo: se aseguraron que cualquier cambio los mantenga inmunes e impunes. Eso sí, conservarán su capacidad para seguir utilizando a la gente para sus fines clientelares, pero sin reconocerle sus derechos a su forma de aplicación de justicia, que es la que les resuelve en la cotidianeidad. Así, los diputados y quienes están detrás conservan sus privilegios y su poder de veto, además de asegurarse que, en caso se les detecte la fechoría, su sistema de “justicia” les sea benevolente.

Es decir, de lo que se trata el asunto es evitar a toda costa que cambien las reglas del juego. Por eso, no podemos seguir cargando con este lastre, esperando que esta clase —servil a los poderes y beneficiaria de los mismos— haga lo que necesitamos para tener una sociedad incluyente, democrática y más equitativa.

Por tanto, lo que toca es la organización ciudadana. No hay de otra. Perderle el miedo a participar, a pronunciarnos, a organizarnos, sobre todo, a participar políticamente. En la medida que la ciudadanía honesta y comprometida con el bien común se mantiene al margen, esa clase de gente seguirá dominando los espacios de decisión y de poder y no podremos modificar las reglas del juego para hacer de esta una sociedad más digna para todos. El mayor desafío que tenemos en este sentido es la desconfianza mutua y esa tendencia a la destrucción de las iniciativas que surgen de otros, algo que saben explotar bien —y acrecentar más— quienes se benefician de esta situación. Ciertamente, el escenario político es poco alentador y la carrera desigual. En este contexto, comienzan a surgir iniciativas de organización política. Habrá que ver todavía si sobreviven el canibalismo y a los ataques de los actores de poder a quienes no les entusiasma que surjan expresiones ciudadanas que no sean amoldables a sus intereses.

El año pasado hubo intentos de los movimientos ciudadanos que participaron en las manifestaciones de juntarse a dialogar y explorar las posibilidades de articulación y generar sinergias. Independientemente de cuánto se avanzó en ese entonces, es de vital importancia retomar o continuar esos procesos y acelerarlos. No todas las expresiones ciudadanas organizadas tienen necesariamente que convertirse en partidos políticos, pero algunas de ellas sí lo harán; de hecho, lo están haciendo. Seguramente, surgirán más de aquí al 2019 y ojalá con otras formas y procedimientos, y con otros contenidos más afines a las necesidades de la gente. Romper con los maniqueísmos ideológicos a los que nos orilla la polarización ideológica es fundamental. Madurar estos procesos no es fácil. Nuevos partidos no son tampoco necesariamente garantía de nuevos contenidos y formas más democráticas e incluyentes de hacer las cosas. Ya lo vimos con el actual partido de gobierno. Acaba de echar por la borda —junto a sus aliados— la posibilidad de liberar nuestro sistema de justicia del yugo de la impunidad y la corrupción.

karin.slowing@gmail.com

El diálogo ayuda a encontrar la luz en un país acostumbrado a la intolerancia. Por ello, y tomándole la palabra a don Alfred Kaltschmitt, quien ayer en su columna pedía que si se equivocaba se le corrigiera, lo invito a una conversación sobre lo que él llamó “Engendros inconstitucionales” a raíz de la propuesta que se discute en el Congreso.

Primero que nada, una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Una Constitución encierra una serie de principios fundacionales para el estado de que se trata, pero sobre todo limita el poder de sus gobernantes. Una reforma constitucional podría ser inconstitucional solo de dos formas, la primera si el procedimiento de modificación, que de forma expresa está contenido en la propia Constitución se viola; y la segunda, si las nuevas adopciones normativas violan preceptos pétreos, es decir, aquellos artículos que jamás pueden modificarse bajo ninguna circunstancia, y esto no pasa. Desarrollar de otra forma derechos e instituciones no puede ser inconstitucional.

Señalaba don Alfred “tres tumores inconstitucionales escondidos con todo el potencial de convertirse en metástasis de ingobernabilidad”. El primero de ellos, señalaba, es lo relativo a la jurisdicción indígena. Para un abogado, como este escribiente, capacitado en el derecho positivo y occidental, también resulta complejo lo desconocido; sin embargo, cuando se tienen dudas se debe acudir a la jurisprudencia; es decir, a las sentencias que sobre el tema se han dictado acá o en países similares o por órganos internacionales, y allí se podrá evidenciar que esto “raro” que llaman “derecho indígena” existe en el país, se aplica a diario y se debe reconocer, entre otras, por dos razones puntuales: la primera, porque el reconocimiento político es imprescindible para no negar la realidad, pero segundo, porque esa forma de aplicar justicia es diaria en muchas partes del país y debe tener un límite: el respeto a los derechos humanos. No estamos de acuerdo con don Alfred en que se prive a la persona del derecho de defensa y debido proceso; de hecho, se trata de garantizarlos.

Se continúa la denuncia de la patología con que el Consejo Nacional de Justicia es malo porque este nuevo órgano sustituirá a las comisiones de postulación y al Congreso en el nombramiento de magistrados de apelaciones. Basta recordar la crisis que hace dos años hubo con descarado tráfico de influencias sobre algunos comisionados y el triste papel del Congreso en la elección de cortes. Acá no podemos estar en más desacuerdo, que un buen juez llegue a magistrado y que el instituto de la carrera judicial sea efectivo es la pieza angular de esta reforma, además de ser la mejor garantía para la independencia judicial. La concentración de poder administrativo en la Corte Suprema de Justicia y la elección por el Congreso de Magistrados de Apelaciones son nocivos para la República.

El último “tumor” de don Alfred es que el Fiscal General podrá ser removido solo hasta que tenga proceso penal abierto y esto, señala, crea una confusión porque será juez y parte. La opción es que el presidente lo nombre y destituya a la sazón de la coyuntura, tal como en nuestro país tenemos antecedentes. ¿Será esto adecuado?

Se critica al sistema de justicia, pero a la vez se espera por arte de magia un cambio. La reforma no hace más que reproducir lo que por los últimos 32 años se ha propuesto; la lucha es ahora política. Toda reforma constitucional toca poderes políticos y esos sectores se sienten y defienden; por eso es que hoy hay un chance para ponernos de acuerdo y no defender lo que ya no funciona.

@Alex_balsells

A NADIE DEBE SORPRENDER la decisión tomada ayer en el seno del Congreso de la República al respecto de las reformas a la Constitución, suspendidas para reiniciarlas cuando en enero próximo se inicien las sesiones ordinarias de ese organismo del Estado. Esta falta de sorpresa obedece a la larga serie de acciones equivocadas y a no tomar en cuenta la imposibilidad de lograrlas si el paso por el parlamento no se convertía en un simple requisito luego de un acuerdo político multisocial. Nunca como ahora había quedado clara la urgencia de negociar fuera del hemiciclo —también sin apresuramientos— como obvia consecuencia de la mala calidad política profesional de quienes no llenan los requisitos para una asamblea nacional constituyente.

PARA LOS GUATEMALTECOS interesados en la vida política del país y por ello hastiados de tantos años de desvergüenza dentro del Congreso, era casi incalificable la posibilidad de una aprobación de reformas constitucionales hechas a la carrera. La Carta Magna actual fue el resultado de casi dos años de discusiones entre diputados constituyentes no solo escogidos entre las filas de partidos políticos serios —por cierto los últimos con tales categorías en la política guatemalteca— sino dispuestos a discutir por largo tiempo el texto de la Constitución, básico para el sistema democrático nacional. Ahora está necesitado de cambios, luego de la primera reforma, y ello debe ir en tiempo adecuado, pero sobre todo de acuerdos previos, consensuados.

EL APRESURAMIENTO ES la causa básica de haber rechazado el tema del antejuicio, pues este, aunque en teoría tiene bases, en la práctica se ha vuelto una licencia para delinquir, abuso comenzado dos o tres años antes de la vigencia constitucional. Es ejemplo claro de por qué se necesita un acuerdo previo, en realidad derivado de presiones de la sociedad civil para evitar lo ocurrido: la eliminación de libertad para toda clase de negocios turbios directos o indirectos de los diputados, porque, aunque no todos lo hacen, quienes así actúan saben de estar fuera del alcance de la ley. Actúan de esa manera a pesar del efecto devastador en el prestigio de un organismo estatal integrado por motivaciones y aprovechamiento de procedimientos oscuros.

EL PLURALISMO EN EL sistema jurídico es otra fuente de dudas. Si bien ha existido, se ha circunscrito a determinadas áreas geográficas y temáticas. En este caso, lo necesario es una explicación pormenorizada de cómo funcionaría en determinados casos, cuando se mezclen personas de diferente etnia entre sí y con relación al grupo socio-económico-lingüístico llamado “ladino”, así como los extranjeros. Al no saberse en qué consisten los cambios, quienes los exigen y sus adversarios actúan con vendas en los ojos. Lo mismo puede decirse del Consejo Nacional de Justicia, un ente también imposible de atacar o defender, por no saberse su integración verdadera, ni por qué no será el ente superior al sistema de justicia.

A CAUSA DE TODO ESTE caleidoscopio negativo, en realidad no es válido hacer cualquier acusación contra quienes no apoyan los cambios, o de alabanza para sus defensores. Algo más: si no se logra eliminar al beneficio personal como el centro motivador de la participación en los entes sociales, de nada sirven los cambios, todos basados en la teoría del beneficio a la sociedad como consecuencia del servicio público. Con la misma gente, o con gente distinta pero igualmente amoral y sin ética, los cambios son anecdóticos. Triste, pero cierto. El atraso para las reuniones iniciadas el primer mes del año entrante en el Congreso constituye una verdadera muestra del fracaso provocado por incontables reuniones con el fin de hacerlas inútiles.

El 2015 abrió la posibilidad de transformar un sistema corrupto hasta la médula. Las investigaciones del MP y la Cicig develaron cómo estructuras criminales tomaron por asalto al Estado y lo convirtieron en un botín, utilizando el sistema electoral y político. Quedó demostrado que el Partido Patriota era en realidad una red criminal que se propuso la cooptación de las instituciones para enriquecerse ilícitamente.

A juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, no hubo ámbito que quedara fuera de la voracidad de la estructura liderada por Pérez y Baldetti. Arrasaron con la salud pública, el Seguro Social, las aduanas y la institucionalidad tributaria. Hasta la limpieza del Lago de Amatitlán fue objeto de una negociación millonaria. No les importó que el cambio de un proveedor —producto de un proceso de licitación amañado— cobrara la vida de enfermos renales, ni tampoco el drama de la desnutrición crónica, lucraron incluso con la repartición de granos básicos para las familias en extrema pobreza.

Pelotas de fútbol, mochilas, carreteras, medicinas, fertilizantes, cámaras de vigilancia, concesiones portuarias y de frecuencias televisivas… nada escapó del accionar de esta red político-económica ilícita que institucionalizó la corrupción a través de la cooptación de la estructura estatal.

La Línea fue solamente la punta del iceberg. A partir de ahí empezaron a salir a la luz las corruptelas en el Congreso que tienen a varios expresidentes del Legislativo y a un sinnúmero de diputados enfrentando procesos penales. Tampoco se salvó el sistema de justicia, varios jueces e incluso magistrados están siendo señalados y guardan prisión por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las mafias integradas por profesionales del Derecho también fueron puestas al descubierto, el llamado caso Bufete de la Impunidad demostró cómo operan las redes de abogados y operadores de justicia para procurar impunidad y favores judiciales. La condena del exdiputado Gudy Rivera confirmó cómo el proceso de elección de las altas cortes del país ha sido cooptado para garantizar justicia a la medida.

Además de los políticos y los funcionarios públicos, empresarios y banqueros (emergentes y tradicionales) forman parte de las redes criminales señaladas de defraudación tributaria, cohecho y financiamiento ilícito. Hasta dueños de medios de comunicación están implicados en estos casos. Son muchos y poderosos, y no van a escatimar esfuerzos ni recursos para lograr que las cosas vuelvan al estado anterior de abril de 2015.

Pero las investigaciones por sí solas no eran suficientes. Fue la fuerza de la ciudadanía que salió masivamente a las calles la que permitió ganar el primer round en esta lucha contra la impunidad, y la que puso contra las cuerdas a diputados y magistrados que no tuvieron otra opción que aprobar una serie de leyes y dar trámite a los procesos de antejuicio.

Como bien dijo Iván Velásquez, siempre existe el peligro de la regresión. Pasada la efervescencia ciudadana y habiendo ganado nuevamente el control del Congreso, el Ejecutivo y la CSJ, la “fuerza de tarea” Mariscal Zavala y sus aliados arreciaron la ofensiva y ven en la aprobación o no de las reformas constitucionales en materia de justicia el segundo round, que no están dispuestos a perder.

Parafraseando a Velásquez, estamos en una encrucijada, en la que Guatemala tiene que decidir entre la profundización de la lucha contra la impunidad, o la restauración del status quo histórico. La ciudadanía es crucial para definirla.

@MarielosMonzon

Faltando tan solo unas horas para concluir el periodo legislativo, los diputados —con Raymundo y medio mundo respirándoles en el cuello, desde embajadas, algunos magistrados de la Corte Celestial, la Cicig, periodistas de ambos lados del río; los mismos líderes contestatarios conocidos y los creyentes interesados en vender las metáforas idealistas de siempre—, los padres de la patria se aprestan a aprobar a rajatabla, quizás un mamotreto, posiblemente un engendro, lo más seguro es que sea un decreto impertinente, en el que habremos de perdernos en interminables y bizantinas discusiones parando a tomar aire en noche buena, reanudando en año nuevo.

No puedo decir que todas las reformas son negativas, pero encuentro que algunas son enormemente peligrosas y nocivas. Si me equivoco corríjanme, si tengo razón acompañen el sepelio para enterrar este esfuerzo tan interesado en destruir las pocas islas de unidad que existen en nuestra República.

Hay tres tumores inconstitucionales escondidos con todo el potencial de convertirse en metástasis de ingobernabilidad:

Autoridades indígenas: Llevo más de 30 años trabajando en el interior y les puedo asegurar que el término “autoridades ancestrales” de las comunidades indígenas es un término etéreo, incompleto y cambiante, dependiendo de la aldea, el municipio y el departamento en el que se encuentren. Quien los selecciona, quien los nombra, quien los elige y quien los respeta y obedece son procesos inexistentes porque se dan dentro de una vasta gama de dinámicas comunitarias. Me ha tocado intervenir en procesos de diálogo en donde, a los que menos se les oía, era a los “ancianos indígenas”. Lograron imponerse siempre los ex brazos civiles de la exguerrilla (Fil, Cuc, Conic) y sus nuevos grupos (Codeca, FNL), quienes hoy son los brazos de una izquierda ansiosa de tomar el poder por otros medios…

Su supuesto “derecho consuetudinario” son los azotes, torturas físicas y tratos denigrantes como los que le infligieron al encargado de Semuc Champey recientemente. Un caso multiplicado por miles en el pasado, desde linchamientos hasta otros extremos.

La reforma les priva de su derecho de defensa y del debido proceso y los deja sometidos a los tratos degradantes y torturas de todo tipo, inventadas por “autoridades” como si fuesen siervos o esclavos.

2) Consejo Nacional de Justicia: Nadie se opone que al Consejo Nacional de Justicia se le dé el poder de administrar el Organismo Judicial. Sin embargo, ¡Ojo! También se le está dando la función de Autoridad Nominadora de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y dominio en el nombramiento de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, ese Consejo será controlado por el Organismo Judicial, con nombramiento directo e indirecto de ocho de sus diez miembros!

¿Acaso no es eso mil veces peor que continuar con el sistema actual de comisiones de postulación actual? Mismas que al final del día son más representativas de diversos sectores del pueblo y con posibilidades de poder ser corregidas en la ley ordinaria.

3) Fiscal general: Al sujetar la suspensión del cargo del fiscal general de la República hasta el momento en que se dicte auto de procesamiento, le confieren impunidad, pues le están permitiendo ser juez y parte, porque le tocaría acusarse a sí mismo; hacer investigación de su propio caso y ejercer la acción penal con sus propios subordinados fiscales. ¿Tiene esto alguna lógica que no sea la creación de un súper fiscal inamovible, dado que si solo se le puede remover cuando haya sentencia ejecutada en su contra, lo hacen “inamovible” ¡Ya que ese trámite terminará cuando ya haya vencido su periodo!

Estos son los tumores inconstitucionales escondidos con potencial de convertirse en una metástasis imparable y el inicio de la destrucción de los pesos y contrapesos de nuestro sistema republicano.

Yo digo: ¡NO!

alfredkalt@gmail.com

Quedó en evidencia que los diputados simplemente tienen interés en mantener sus privilegios y que siguen siendo temerosos de una justicia independiente. Esos dos primeros artículos buscaban despojar del derecho de antejuicio a alcaldes y legisladores. Sencillamente fueron rechazadas las enmiendas.

Pese a ser el antejuicio un privilegio vergonzoso, los diputados se sienten más seguros con que ese tipo de propuestas no alteren su tranquilidad y por el momento han legislado en su propio beneficio. Una conducta muy conocida por quienes han debido enfrentar pesquisas judiciales, como es el caso de Luis Rabbé, un prófugo de la justicia, que disfruta del cobijo de Daniel Ortega en Nicaragua, pero que pretende mantener sus privilegios en Guatemala.

Si la aprobación de estas reformas continúa por el mismo camino, no tiene ningún sentido que se extiendan las discusiones, porque todas las que tengan que ver con la dignificación de la justicia avanzarán en contra de los intereses nacionales. Como también se evidenció ayer cuando los primeros favorecidos en la controversial protección del antejuicio fueron los alcaldes.

La discusión del artículo 3 fue de mayor bochorno, porque dejó al desnudo las pasiones que afloraron una vez más en un circo ya tedioso, cuando se debate sobre temas como el pluralismo jurídico, que elevan la discusión, aunque todo con la clara intención de impedir cualquier tipo de avance.

Una vez más, el partido oficialista y su corte de tránsfugas se encargaron de boicotear los cambios, al punto de que allí terminó el debate, y probablemente la aprobación de cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de la justicia.

El derecho indígena no solo sigue siendo una fuente de divisiones en el país, sino también se ha llevado a un punto de confrontación entre una gran parte de la población y representantes de sectores poderosos, claramente opuestos al avance de una iniciativa semejante.

Pero no solo los diputados quedaron mal ayer con el rechazo a aprobar los primeros postulados de una reforma que podría contribuir de manera significativa a la independencia judicial. Una vez más también quedó mal parado el presidente de la República, quien el pasado jueves, durante la presentación del noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, expresó su apoyo a las reformas.

Lo repitió ayer en su visita a Israel, pero pocas horas después los legisladores de su partido eran los primeros en boicotear el avance de esas modificaciones, situación que desmiente al mandatario y pone en duda sus verdaderas intenciones sobre este tema. Cabe también la posibilidad de que el presidente da esas declaraciones con convicción, pero eso a sus diputados les viene sobrando.

La jefa del Ministerio Público (MP) manifestó estar sorprendida con lo acontecido en el Legislativo, debido a que los primeros dos artículos de la propuesta de cambios a la Constitución fueron rechazados.

“El artículo iba a hacer del antejuicio una figura que viabilizara al MP una investigación preliminar, para luego presentar una solicitud de antejuicio sustentada, pero no fue aprobado”, dijo Aldana.

Asimismo, Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó que, como está concebida la propuesta, se moderniza el sistema de justicia.

“Entiendo que esto afecta indudablemente el poder de la Corte Suprema de Justicia, y es probable que los magistrados no estén de acuerdo aunque públicamente digan que sí. Pierden poder pero gana la justicia, los magistrados se dedicarían a lo que tienen que hacer”, resaltó el comisionado.

“Me siento frustrada, bastante, porque siempre que se hace un esfuerzo y trabajo como lo realizamos en la Secretaría Técnica… fueron horas intensas de análisis y propuesta, recorrimos el interior, tuvimos mesas de trabajo, y teníamos la esperanza de que se avanzara en esta propuesta”, expresó la fiscal general.

Tanto la Cicig como el MP forman parte de la Secretaría Técnica que acompañó el proceso de integración y creación de la propuesta, junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

El otro artículo que fue discutido pero no se terminó de aprobar, es el del pluralismo indígena.

“Hay una deuda del país con los pueblos indígenas. Merecen el reconocimiento constitucional a su jurisdicción”, opinó el comisionado.

“Lo que se requiere es el reconocimiento constitucional a esa labor que las autoridades indígenas realizan adhonórem”, agregó Aldana.

El polémico tuit del hermano del presidente

Samuel Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, escribió un tuiter que horas después tuvo que eliminar.

“No es posible que los diputados discutan con seriedad las reformas a la constitución (sic) mientras una turba grita en el balcón del congreso”, escribió en Twitter.

La mayoría de personas que se encontraban en el segundo nivel del hemiciclo parlamentario eran autoridades indígenas ancestrales.

“Es un calificativo desafortunado. Estaban en el Congreso autoridades indígenas que son respetadas en sus comunidades, y merecen todo el respeto en la capital. No son turbas”, expresó la fiscal general, al preguntarle una opinión al respecto.

“Borré un mensaje que causó confrontación. Mi llamado fue a discutir sin gritos. Porque ningún diálogo es factible cuándo se levanta la voz”, rectificó el hermano del gobernante.

Aldana y Velásquez, al final de su entrevista en Guatevisión, se mostraron optimistas con lo que queda, y esperan el avance del resto de artículos.

“Creo que hay una unión de muchos sectores en contra de la reforma, pero no lo hacen de manera directa, lo cual es lamentable”, concluyó el jefe de la Cicig.

Antejuicio, independencia judicial, nuevos requisitos para ser magistrado o Juez, la carrera judicial, integración de la Corte Suprema de Justicia y nuevo rol del consejo del Organismo Judicial, son algunos de los cambios propuestos.

La vía legal para los cambios es el Congreso de la República y aunque se superó en una primera instancia un diálogo abierto, el consenso no es suficiente para lograr el apoyo político y se han anunciado cambios en el Legislativo.

Para ciertos grupos las reformas ofrecen demasiado poder al sector político en temas de justica, lo que resultaría contraproducente. Otros apuestan al cambio y aunque reconocen la oposición, aseguran que no se puede quedar bien con todos.

Descargue: Reformas a la Constitución Política en materia de justicia.

• Antejuicio

Contempla expresamente que la garantía no es impedimento para realizar una investigación. Solo la Constitución y la Ley Electoral pueden establecer quiénes gozan de esa garantía.

• Derecho indígena

Reconoce a las autoridades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas y costumbres.

• Separación de funciones en la CSJ

Crea el Consejo Nacional de Justicia, que asume las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernizamiento.

• Corte Suprema de Justicia

La CSJ estará integrada por nueve magistrados provenientes del sistema de la carrera judicial y cuatro abogados externos en ejercicio, para un período de nueve años.
Se suprime el mecanismo de comisiones de postulación y traslada al Consejo Nacional de Justicia la responsabilidad de realizar procesos de selección.

• Corte de Constitucionalidad

Se integra con nueve magistrados titulares y tres suplentes con dedicación exclusiva, que duran en sus cargos nueve años, con relevos por tercios cada tres años.

Los tres poderes del Estado elegirían tres magistrados cada uno. La presidencia de la Corte se extiende a tres años, por sorteo ante el Congreso.

• Ministerio Público

El Fiscal será nombrado por el presidente de una nómina de cuatro, dos propuestos por la CSJ y dos por el Congreso.
Se amplía su período de funciones a seis años, con posibilidad de reelección por una vez. El MP además de ser autónomo tendría presupuesto y personalidad jurídica propia.

Con 116 votos a favor y 9 en contra, las reformas constitucionales al sector justicia avanzaron en su tercera lectura. Para que se conviertan en ley deberán ser aprobadas por artículos y redacción final.

La jornada comenzó con un grupos de manifestantes que desde temprana hora llegaron al Palacio Legislativo en espera de la sesión plenaria.

De la misma manera, al palco diplomático llegó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana y el procurador de derechos humanos, Jorge de León Duque.

Los representantes del sector justicia llegaron al Legislativo por ser quienes impulsaron la propuesta basada en los diálogos hechos a nivel nacional y las reformas previas a la carta magna.

Los temas iniciales y que más discusión e inconformidad han causado han estado sobre el antejuicio, que lo planteado contempla incorporar una definición en el artículo 154 y la aclaración que esa garantía no es impedimento para una investigación.

Además, respecto a la jurisdicción indígena la reforma reconoce la facultad de las autoridades ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a sus procedimientos y costumbres, siempre que no contravengan derechos constitucionales e internacionales.

Sobre el artículo 205, de regulación de garantías al Organismo Judicial, reforma para incluir independencia funcional y económica, carrera profesional en las instituciones de justicia, asistencia legal gratuita entre otras.

A la Corte Suprema de Justicia la separan de las funciones administrativas para que se dediquen en específico a impartir justicia. En este sentido la propuesta es la creación de un Consejo de Nacional de Justicia.

Los integrantes de este grupo estarían por seis años y es de carácter mixto. Las personas seleccionadas por medios públicos y méritos.

Cuatro de las 16 enmiendas aprobadas este sábado por los jefes de bloques  a los artículos del proyecto de reformas al sector justicia  ponen en peligro la integralidad de la reforma constitucional planteada por la comisión técnica.

La  jurisdicción indígena, la integración del Consejo Nacional de Justicia, el mecanismo por sorteo para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y la nueva forma de integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) serán eliminadas por sustitución total, de acuerdo con lo pactado ayer  en una reunión por la mañana en el Congreso de la República.

La fiscal general, Thelma Aldana, mostró preocupación y pidió a los legisladores apoyar una reforma vital para el futuro de la justicia de Guatemala.  

Los legisladores Álvaro Enrique Arzú,  Partido Unionista; Juan José Porras Castillo, Visión con Valores (Viva);  Alejandra Carrillo, Reformador; Julio Francisco Lainfiesta,  Unión del Cambio Nacional (UCN); y Édgar Ovalle, Frente de Convergencia Nacional (FCN), no firmaron el documento, por lo que fueron increpados en público por Mario Taracena, presidente del Congreso.

Las objeciones

La reforma referente al antejuicio no fue discutida. Taracena aseveró, frente a todos, que sería eliminada durante su discusión en el pleno la próxima semana y dijo que ha informado de ello a todos los interesados.

El planteamiento de la jurisdicción indígena, aprobado ayer, reformaría el artículo 203, y debe ser “voluntaria”, sugirió el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia. “La jurisdicción se ejerce por la Corte Suprema Justicia y se reconocen funciones privativas de los pueblos indígenas. Volver la Constitución un código penal sería un grave error”, sostuvo Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Las reformas al artículo 209 de la Constitución, que crea y otorga funciones administrativas al Consejo Nacional de Justicia,  deben ser eliminadas, según los cambios propuestos ayer.

El consenso es prescindir de esa figura y, en consecuencia, quitarle la facultad de aprobar la lista de postulados a magistrados de la CSJ, elaborar el presupuesto del OJ y administrar sus recursos, entre otras funciones. A juicio de Porras, crea “un cuarto poder”.

El congresista Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, estuvo a favor del Consejo, para separar las funciones administrativas que hasta ahora ejercen los magistrados de la CSJ.

Los congresistas, además, discreparon  sobre la duración de la presidencia de la CSJ de tres años, sin reelección, y que será por medio de un sorteo, contenido en el artículo 214.

  “Un sorteo es poco serio, es poner en manos del infortunio la elección de la presidencia de uno de los organismos del Estado”, opinó Conde.

Aunque Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo estar  contra  ese mecanismo, expresó: “Nos allanamos a lo que dice la mayoría”.

Fueron cuestionadas  las reformas al artículo 269, relacionadas con la integración de la CC  y el nuevo período de nueve años de los magistrados titulares y suplentes.

“Si vamos a tener magistrados que serán renovados cada tres años, eso  genera inestabilidad”, expresó Arzú.
En respuesta a las increpaciones de Taracena, Lainfiesta le advirtió: “Ni usted ni nadie va a presionar a los diputados”.

“Espero que apoyen”

“Espero que apoyen las reformas, manteniendo la integralidad de la propuesta y que las enmiendas sean para enriquecer. Creo que eliminar el Consejo sería un grave error. El sorteo para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es una buena propuesta. Eliminar la jurisdicción indígena es negar la realidad de los pueblos. Integrar la Corte de Constitucionalidad puede ser una opción adecuada que sea los tres poderes los que elijan”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana, al haber sido consultada sobre la sesión celebrada ayer.

“Muchachitos no son”

“¿Cuál apresurados? Si ellos —los diputados— aprobaron en primera lectura, aprobaron en segunda lectura, ahora van a aprobar en tercera. ¡Si muchachitos no son!, entonces están grandecitos, que voten o que no voten… El problema real está en tres artículos, en la jurisdicción indígena, en el del Consejo Nacional de Justicia  y el del antejuicio; lo demás pasa. Quiere decir que de 26 artículos van a pasar 23, lo que hace una reforma exitosa. Pero también está el derecho legítimo de ellos de no votar”, dijo  Mario Taracena.

Artículos polémicos

A los siguientes artículos se han sugerido enmiendas por sustitución total.  

• ArtÍculo 3 reforma el 203 constitucional

La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca, así como por las autoridades indígenas ancestrales. Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales entre los integrantes de su comunidad y para asuntos relativos a esta.

• Artículo 7 reforma el 209 constitucional

El Consejo Nacional de Justicia tendrá entre sus funciones:
Aprobar la lista de postulados a magistrados a la CSJ, que deberá presentarse al Congreso de la República, así como la lista de postulados a la Corte de Constitucionalidad. Además, aprobar las políticas administrativas y financieras. Realizar la evaluación de desempeño de los magistrados de la CSJ.    

• Artículo 9 reforma el 214 constitucional

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia durará un período de tres años sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.

• Artículo 16 reforma el artículo 269

Integración de la Corte de Constitucionalidad, que se integrará con nueve magistrados titulares y tres suplentes. Los magistrados de la Corte durarán nueve años in derecho a reelección y se renovarán por tercios cada tres años.
Cada organismo de Estado tendrá derecho a elegir un magistrado.

Jefes de bloques del Legislativo se reunieron ayer para hablar de esos puntos y recibieron al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, y al  Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, quienes trataron de solventar las dudas.

Velásquez habló de la necesidad de aprobar las reformas y defendió la propuesta que se formuló luego de meses de discusión en mesas de trabajo con representantes de todos los sectores, aunque afirmó que la negativa es parte del proceso de diálogo.

La necesidad de discusión forzó a que los representantes de los bloques políticos se reúnan otra vez hoy, pues está previsto que el lunes se discutan los cambios en la sesión plenaria convocada para las 10 horas.

Rotundo No

Durante la reunión de este viernes, Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, confirmó que su bloque no respalda los cambios propuestos y, pese a que todos acordaron que habrá quórum para la sesión, el congresista no garantizó la presencia de sus compañeros en el Parlamento.

Las reformas plantean la creación del Consejo Nacional de Justicia, que estaría a cargo de la parte operativa y administrativa del Organismo Judicial, lo que algunos diputados consideran que se podría convertir en un “cuarto poder”, pero se plantea para despolitizarla.

Además, se propone reconocer el sistema de justicia indígena, a lo que se opone el sector empresarial organizado  y no todos los funcionarios están dispuestos a perder el derecho de antejuicio.  

 Velásquez, De León, la fiscal general Thelma Aldana y el representante del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala acordaron estar presentes en la sesión plenaria del lunes en el Congreso.

Una muestra de ello ocurrió el pasado jueves, cuando los diputados evitaron conocer las reformas al sector justicia, con la clara intención de atrasar la discusión y aprobación de esa propuesta, que podrían representar un cambio de relevancia para la independencia de jueces y magistrados.

Los planteamientos de esta reforma constituyen un verdadero cambio en el Organismo Judicial y pueden marcar una saludable separación del poder político; pero cuando se hace lo contrario y se elude la discusión a fondo, solo es posible visualizar a diputados preocupados por mantener maniatado al Poder Judicial y también eliminar potenciales amenazas.

Las propuestas que más han despertado posiciones contrarias son la relativa al Derecho Indígena y la renovación del Consejo de la Carrera Judicial. Ambos casos deben ser vistos como pretextos para oponerse a cambios de fondo en búsqueda de una profunda transformación del Organismo Judicial, punto de encuentro de muchos intereses sectoriales, pero en riesgo de sucumbir en una cultura de la venalidad dominada por el clientelismo.

Por ello es que los grupos enquistados en el Congreso han demorado hasta última hora esa discusión, porque hay una gran preocupación si se independiza la justicia de esos oscuros intereses. Quienes hoy presionan a congresistas solo buscan desbaratar cualquier posibilidad de cambio, para poder seguir con la designación de jueces a dedo, seleccionados mediante negociaciones entre traficantes de influencias.

Guatemala se encuentra a la puerta de dar un paso hacia una modernización del sistema de justicia que borraría el nefasto precedente de las comisiones de postulación y de quienes desde otros grupúsculos han negociado los nombres de quienes deben ser ungidos a las más altas magistraturas. Por ello la propuesta de reforma busca fortalecer la meritocracia, para evitar influencia foránea y se privilegie la llegada de profesionales idóneos que tengan en sus manos la importante la labor de juzgar sin mayores interferencias.

El mayor reto para esta propuesta es vencer el valladar de haber quedado en manos de uno de los congresos más corruptos de nuestra historia, y eso hace temer posturas opuestas de legisladores venales cuestionados que le puedan dar la espalda a una posibilidad de cambio en el más importante poder del Estado.

Es posible que en las pocas horas de sesiones ordinarias pendientes, los diputados se dediquen a hacer la pantomima de la discusión y se acobarden ante el reto de sacudirse décadas de oprobio y latrocinio. Si bien los congresistas podrían darle la espalda una vez más a quienes dicen representar, también cabe la posibilidad de que la justicia rompa con esas vergonzosas ataduras y actúe con independencia.

El 5 de octubre último, los presidentes de los tres poderes del Estado anunciaron que el proyecto de cambios a la Constitución ya se encontraba en el Legislativo. Hasta hoy el proyecto que fue socializado en mesas de trabajo con diferentes sectores del país, en varios meses, ya ha pasado en dos lecturas en el pleno del Congreso, y se espera una última.

El proyecto ha tenido detractores, particularmente en el reconocimiento de la justicia maya por parte del sector empresarial. En los últimos días hay voces que se han sumado a la petición de volver a analizar el plan.

La petición tuvo eco y varios legisladores acordaron formar una mesa de diálogo para analizar las modificaciones, pese a que se acordó que fueran aprobadas antes de terminar el período de sesiones ordinarias.

Desprestigio de diputados

Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, agregó que el comportamiento que se puede dar en el Parlamento para una tercera lectura de la propuesta “se va a pausar y esto sería materia para el próximo año; esta situación abre un compás de espera de por lo menos dos meses”, aseguró.

Hidalgo afirmó que pese a que el proyecto de reformas tuvo socialización, “hay sectores que no se sienten identificados con los enfoques que tiene la reforma, y eso pesa”.

El experto subrayó que otra situación que “juega un papel negativo es la deslegitimación y la falta de representación que tienen los diputados”.

“En el Congreso nos encontramos con una institución que ha ido perdiendo legitimidad y que pese a haber sido electos, las personas no se sienten representadas, y menos cuando ha existido tan poca discusión de fondo de un proyecto tan importante”, insistió Hidalgo.

José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destacó los avances que ha tenido el proyecto, lo cual permitió que ya esté en segunda lectura. Lo calificó como una “una reforma que es necesaria para el país”.

Respecto de las peticiones de sectores de la sociedad de que se discuta más, el politólogo opinó que eso responde “a que los diputados no estuvieron involucrados en la discusión, no fueron parte del proceso y de alguna manera buscan un espacio de diálogo”.

Sanabria agregó que puede ser que los sectores estén alerta ante una eventual reforma de último momento que podría darse en la última lectura del proyecto.

“La precaución de algunos sectores debe estar en que se resguarde el proyecto y una eventual enmienda no afecte el objetivo de la reforma, que es dar más independencia, autonomía y un sistema de justicia más eficiente”, añadió.

El experto precisó que ese tipo de enmiendas generalmente se dan en la última lectura del proyecto y preocupan a los interesados.

Expresa apoyo

“Desde el Ejecutivo hemos impulsado, junto a los otros poderes del Estado también, la reforma constitucional al sector justicia y hoy reafirmo la necesidad que tiene el país sobre dichas reformas”, comentó el presidente Jimmy Morales durante su discurso en la presentación del noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El mandatario agregó en su discurso: “Si queremos que la justicia llegue a todos debemos dotarla de las herramientas necesarias para cumplir con sus fines, por lo que pido una vez más al Congreso que apruebe las reformas”.

Apoyo

La Universidad Rafael Landívar, en un comunicado, resaltó la necesidad y valor del debate público sobre las reformas constitucionales, nutrido por organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas. Aunque apoya la discusión, también le preocupa que esta sea motivo de retardo  en su sanción.

Debate

El rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado,  si bien cree necesarias las reformas, recalcó que “antes deben ser ampliamente consensuadas y analizadas desde diferentes puntos”.
Dijo estar en desacuerdo con la forma en que se integraría la Corte de Constitucionalidad.

Mejoras

El Movimiento Pro Justicia aseguró que respalda el proceso, pero advirtió de que “hay algunos artículos cuyo texto debe ser mejorado, afinado y enmendado para evitar eventuales interpretaciones que propicien arbitrariedad”.
Pidió no desnaturalizar el sentido del proyecto.

Andrea Ixchiu, activista y defensora de derechos humanos, indicó que el Derecho Indígena está relacionado con el K´ixb´al, que significa sacar la vergüenza.

“Los pueblos indígenas en Guatemala han hecho una construcción de un sistema propio de resolución de conflictos de más de 500 años. En la casa comunal de los 48 Cantones tenemos registros desde 1792 de las autoridades resolviendo problemas”, explicó.

Celso Chaclán, consultor en pueblos indígenas, coincide con Ixchiu en cuanto exponer la vergüenza debido a que el castigo maya va enfocado en que las personas no vuelvan a cometer ilícitos.

“La alcaldía indígena de Chichicastenango, Quiché, descubrió a un ladrón y la sentencia fue usar un chaleco con la frase “soy ladrón”, hacer limpieza en la municipalidad y todos se dieron cuenta de que es un ladrón; ahí va la sanción por la vergüenza”, señaló.

Nanci Sinto explica que  ese Derecho no se ha logrado entender y en el imaginario de los capitalinos se refleja como si fueran linchamientos, y esto no es así.

“El sistema siempre va trabajando para armonizar a las comunidades”, indicó.

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Diputados y sectores empresariales del país se oponen a que el Derecho Indígena sea reconocido en  la Constitución Política, como parte de las reformas al pacto social que se discuten en el Congreso y que fueron consensuadas y discutidas en todo el territorio.

Norma legal

Las reformas constitucionales que se discuten agregan un párrafo al artículo 203 relacionado con las autoridades de los pueblos indígenas.

Queda de la siguiente manera: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Para el efecto, deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el sistema de justicia oficial y las autoridades indígenas.

Sin mucha oposición, en la sesión plenaria se dio el nuevo trámite para los cambios a la Constitución en materia de justicia.

Horas antes, la fiscal general Thelma Aldana defendió en el Legislativo el proyecto de modificaciones constitucionales, al atender una invitación de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Después del avance en segundo debate, el diputado oficialista Adim Maldonado propuso una moción privilegiada para que el tercer debate de las reformas se discuta en una sesión exclusiva.

Varios parlamentarios comenzaron a pedir la palabra y a opinar acerca de la propuesta y la fecha para esa sesión, que podría ser el 30 de noviembre.

Christian Boussinot, de Todos, consideró que ese día sería “imprudente” discutir las reformas constitucionales, porque es el último para aprobar el presupuesto 2017.

#ReformasConstitucionales avanza en segundo debate con la presencia de 111 #DiputadosGT pic.twitter.com/94fQ5mtafm

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) November 22, 2016

Amílcar Pop, de Winaq, opinó: “Hay un sector privado que sin duda financió a muchos que están acá y que teme perder algún terreno mal habido”.

Maldonado cambió la fecha para discutir las reformas constitucionales el 28 de noviembre, lo cual fue apoyado por el resto de legisladores.

Significa que la tercera lectura de la propuesta de cambios al sector justicia que presentaron al Congreso los presidentes de los tres poderes del Estado, será en una sesión exclusiva el lunes 28 de noviembre.

Si ese día estará ocupado, supone que el jueves 24 o martes 29 podría ser aprobado el proyecto de presupuesto 2017, el cual avanzó también en su segundo debate, con la presencia de 126 diputados.

En el orden del día destaca que en tercer debate, por artículos y redacción final podría ser aprobada la ley de Protección y Bienestar Animal, y dos préstamos por US$270 millones con bancos multilaterales de desarrollo.

Dos temas ocupan —y copan— la agenda política nacional, también la de grupos tradicionales de poder y algunos emergentes que luchan por figurar a toda costa, a pesar de no contar con los simpatizantes que hubiesen esperado hace un año. Las reformas constitucionales, referidas al sector justicia y la concesión de TCQ, son discusiones de trascendencia. En ambas, hay ansiosos porque las cosas queden como están o únicamente se modifiquen como ellos proponen. No gustan del debate claro, franco y abierto, de ahí que sea difícil apoyarlos. Lo absoluto en esta ocasión, no parece lo más recomendable.

Las reformas al sector justicia son necesarias. Sobran razones, y la experiencia ha demostrado abundantemente que el actual sistema funciona sobre la base de la tradicional corrupción y manoseo. El cambio debe de darse o seguiremos sin modificar la sustancia, y se repetirá la situación que casi destruye al país. Eso no significa que “la propuesta” sobre la mesa deba de aprobarse directamente. Es preciso definir con claridad qué debe de plasmarse en la constitución, qué cosas es preciso introducir a través de legislación y cuáles otras deben de aclararse y precisarse con detalle.

Por su parte, la concesión de TCQ es fundamental para desmonopolizar los procesos operativos en puertos, hacerlos eficientes y competitivos, salir de un sindicalismo que carcome el país y utilizar una infraestructura instalada. Desaprovechar esta oportunidad será motivo de anclaje comercial y económico, lo que se traduce en más retraso y menos desarrollo. No es necesario entregarlo o donarlo, sino que hay que buscar la fórmula que permita la explotación con reversión de lo que corresponda.

En ambos casos vemos grupos de interés que no desean cambios. En el tema judicial, algunos juristas, ciertas asociaciones y “nuevos” partidos políticos, abogan por aprobar lo que ellos mismos dispusieron y eso puede llevar a enfrascarnos, en poco tiempo, en otra reforma. En el tema portuario, ciertos grupos políticos descompuestos, determinadas empresas tradicionales que operan en la zona de la EPQ y algunos sindicatos, no desean soltar poder ni privilegios, y ponen todo tipo de trabas a una competencia que desnudaría la forma tradicional de administración viciada y rapiña.

Estamos atorados en un punto a partir del cual no somos capaces de avanzar. Surgen los que abogan por el “si” y quienes apuestan por el “no”, sin más razones que los discursos chirriantes, estruendosos que opacan la razón y apuestan, como es tradicional en un país de corta memoria, por emociones vacías de contenido. Con el miedo a la privatización portuaria y la obligación de incluir la justicia indígena, venden parcialmente productos de mucho más calado que el aparente. Es curioso, además, el contrate porque quienes desean un resultado negativo para las reformas, apoyan uno positivo para la concesión portuaria, y viceversa. De nuevo la ideologización pasa por encima del discernimiento. Los dinosaurios siguen en el país y no es posible avanzar con esa carga de exaltación que condena sistemáticamente el desarrollo y no gusta de la mejora económica ni del estado de derecho.

Sin saber que ocurrirá en el corto plazo, hay que desechar los absolutos y detenerse a saborear la discusión de cada punto, de forma que prive ese interés general del que todos se llenan la boca bajo la denominación de bien común, pero que sustituyen por el personal a la primera oportunidad.

Es preciso, más que nunca, un debate de altura ¿Nos apuntamos?

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La Asamblea Nacional Constituyente, convocada en el año 1984, decretó, sancionó y promulgó la actual Constitución de la República el 31 de mayo de 1985, y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Dicho órgano constituyente llamado originario, estimó tácitamente que a ese instrumento de gobierno se le sometería al principio jurídico de rigidez constitucional, razón por la cual los cambios que se le puedan introducir, deben estar sujetos a un procedimiento bastante complejo, el cual es totalmente distinto al que se aplica cuando se trata de modificar una constitución flexible. En este caso, la ley fundamental es revisada o modificada mediante el mismo método que se utiliza cuando se reforman las leyes ordinarias, atribución que le corresponde al órgano legislativo ordinario, —el Congreso de la República— y la lleva a cabo sin ningún tipo de complicaciones.

Respecto al citado principio de rigidez, es interesante hacer comentarios sobre la actitud que sostuvieron los integrantes del órgano constituyente primario, pues lo habrían concebido desde tres puntos de vista diferentes, por lo que se dice que la constitución guatemalteca es tres veces rígida. El primer punto está relacionado con el claro mandato de que los artículos 140, 141, 165, inciso g), 186 y 187, son irreformables o no permiten ninguna revisión, circunstancia por la que se convierten en normas pétreas. El segundo se refiere a la reforma de los artículos comprendidos del 3 al 46 —relacionados con los derechos individuales— cuya revisión o reforma únicamente la puede llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, la cual será convocada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 278 de la Constitución. Y el tercer punto de vista, contempla la posibilidad de que el Congreso de la República, según lo establecido en el artículo 280, pueda realizar reformas vinculadas con el resto de los preceptos contenidos en la carta magna, siempre que haya aprobación con mayoría calificada, o sea que se obtenga el voto de las dos terceras partes del número de diputados que integran dicho órgano. En este caso, tales reformas cobrarán vigencia si fueren ratificadas mediante consulta popular, cuya realización se justifica por tratarse de una situación especial de trascendencia política.

Actualmente, se encuentra sometida a discusión en el seno del Congreso de la República, una propuesta de reforma constitucional que surgió por sugerencias que elaboró el Organismo Ejecutivo, en concordancia con lo establecido en la letra a) del artículo 277 de la Constitución. Sin embargo, como consecuencia de las polémicas que se sostienen dentro del órgano legislador, han salido a luz ciertas expresiones que ocuparon espacio en algunos medios de comunicación, entre las cuales sobresalen dos: una que asegura que se conformará un “órgano constitutivo constituyente”, y otra, en la que se expone que una vez aprobadas las reformas sugeridas, se envíen “a la Corte de Constitucionalidad para opinión, en cumplimiento de la ley”.

Respecto a dichas expresiones, consideramos que constituyen tecnicismos que no concuerdan con lo argumentado en doctrina ni lo con que se infiere de la lectura de preceptos constitucionales. En el primer caso, sucede efectivamente que los diputados ordinarios, integrantes del Congreso de la República, desempeñan el papel de “legisladores constituyentes derivados”, en lugar de los “legisladores constituyentes primarios”, que componen la Asamblea Nacional Constituyente. Y en segundo lugar, enfrentamos una expresión que sólo tiene sentido cuando se reforman leyes calificadas como constitucionales, según lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 175.

Consecuentemente, estimamos que exteriorizar ideas como las comentadas, sólo llegan a confundir a la opinión pública, la que a nuestro juicio merece una adecuada inducción ciudadana.

*Experto en derecho constitucional y administrativo.

Durante varias semanas diferentes sectores de la población nos reunimos para discutir y opinar sobre las posibles reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, debido a la diversidad de ideologías e intereses en casi ninguna de las reformas hubo consensos y la mayor sorpresa fue la propuesta de reformas que dimanó de la Mesa Técnica, propuesta, que por lo que me enteré por miembros de diferentes mesas, ni se parecía a lo que se acordó, sencillamente nos damos cuenta que las reformas ya estaban escritas y las opiniones de los representantes que en cada mesa dieron sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.

Los cambios propuestos entran en conflicto con artículos pétreos de la Constitución actual como es el caso del Artículo 4 que dice en la primera parte: “En Guatemala todos los seres humanos son libres en igualdad y derechos”.

Las reformas hacen una separación al reconocer que deben de haber dos clases de derecho, pero ese otro derecho no establece homogeneidad para las diferentes culturas y costumbres, dejando la aplicación de un derecho paralelo arbitrario y sin competencias.

Cuando vemos quienes vociferan a favor de las reformas, nos damos cuenta que allí están, los que usurpan la propiedad privada, los que destrozan el patrimonio nacional, los que se oponen al desarrollo en cualquiera de sus formas, los que promueven las movilizaciones que causan enormes daños a ricos y pobres, en fin todos aquellos que creen tener derecho a pasar encima de los derechos de los demás. Estos señores pretenden que estas violaciones a la ley no sean castigadas pues serán causas en que deberá de aplicar en derecho paralelo llamado derecho indígena

Las cosas han empezado mal y con la premura que se pretenden aprobar, el fracaso es una muerte anunciada, como sucedió con la reforma fiscal que lejos de mejorar los ingresos los redujo, pero aquellos legisladores, entre los que alguno todavía permanecen en sus curules, ni siquiera la leyeron y mucho menos la discutieron. El mismo procedimiento vemos en estas reformas a la Constitución, si los diputados leyeran con detenimiento cada uno de los artículos a enmendarse, se darían cuenta, primero que muchos pueden ser implementados por medio de leyes ordinarias, pues pareciera que de la Carta Magna se quiere hacer un reglamento. Segundo, algunas de las reformas entran en conflicto con artículos que solamente podrían ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente, calidad que no posee el actual Congreso, que con algunas excepciones, adolece de juristas y profesionales calificados para analizar y redactar con propiedad normas de enorme importancia para el futuro del país.

Veamos algo del procedimiento, la comisión que conoció el proyecto de reformas ni siquiera dio un dictamen favorable, si no que fue un gallo gallina, donde se notó la presión para acelerar la aprobación y solo con eso el pleno no debería de haber entrado a conocer y menos aprobarlo en primera lectura.

Temas tan complejos como el Derecho de Antejuicio ni siquiera se discutieron en algunas mesas por el carácter técnico de la norma; sin embargo, se incluyó.

La creación de un Consejo Nacional de Justicia parece positiva pero no que se supedite a la Corte Suprema por medio de una rendición de cuentas, el tema es complejo y no veo en el Congreso actual la capacidad para emitir una norma que evite la politización del ente como sucede con las comisiones de postulación.

De nuevo la mayoría de la población está en total desconocimiento de lo propuesto y no sabe como saldrá afectada, todo por correr en vez de razonar unas reformas a raja tablas.

induagro@yahoo.com

Para la mayoría de cosas se toman su tiempo. Al fin, no es una carrera, dicen. Pero no para las reformas. No importa que sea quizá la decisión más importante de sus vidas parlamentarias. No importa. Le quieren dar la misma relevancia —y dedicarle casi la misma cantidad de tiempo— que a la aprobación del día de la Monja Blanca. ¿Es aceptable semejante levedad en los diputados? Para mí es completamente inaceptable —y creo que lo debiera ser para todos los demás—.

Puede ser que sea por la desesperación del actual presidente del Legislativo, Mario Taracena, de que las reformas sean aprobadas “en su tiempo”. Puede ser que sea por las presiones de la embajada y los demás ponentes sobre los diputados para que, o las aprueban rápido o “ya verán lo que les espera”. Puede ser porque se han dejado embaucar ellos mismos con que las dichosas reformas ya tienen “el consenso de la sociedad”. Puede ser simplemente porque muchos diputados, como animales —quien sabe si no les quedaría mejor, bestias— políticos que son creen que pueden aprovechar esta situación para ganar votos a su favor. A esto último se podría atribuir el que cuando las reformas se presentaron al Congreso, la tercera parte de los diputados, en un gesto increíblemente lambiscón, se peleaban porque su firma apareciese entre la de los ponentes. O quizá sea por las colas machucadas que tienen e ingenuamente creen que, si apoyan esta propuesta, los perseguidores se harán de la vista gorda y les perdonarán sus transgresiones.

En última instancia, no importa la razón de la irresponsabilidad con la cual muchos congresistas están aprobando las propuestas de reformas constitucionales. Lo que importa es el resultado. Y por eso mismo es que todos debemos estar atentos para que los diputados no se tomen este tema a la ligera.

¿Cómo es posible que la comisión encargada de revisarlas haya dado un dictamen favorable a las reformas y después el mismo presidente de la comisión diga que va a presentar propuestas de modificaciones? ¿No se supone que ese es el trabajo de la comisión? Hay que tomar en cuenta que, en anteriores ocasiones, esta misma comisión, con el mismo presidente, les ha metido zancadilla a otras propuestas, como por ejemplo a la de ProReforma.

Es totalmente inaceptable que los diputados quieran darles el mismo trámite a las reformas que lo que hacen usualmente con lo que pasa por sus manos: dejar que pase en tres lecturas sin ponerle mayor atención, para luego, en la aprobación por artículos, introducir todas las modificaciones que se les ocurra. Esto no puede pasar con algo tan delicado e importante como una propuesta de reformas constitucionales.

Es imposible que en ese apresurado proceso de aprobación final se pueda siquiera tener noción de todas las implicaciones que tenga cada uno de los cambios, mucho menos del efecto que cada uno de ellos pueda tener sobre la coherencia del conjunto de cambios, entre sí y mucho menos aún con el resto de la Constitución.

Como a estas alturas ya es notorio, no existe tal cosa como “un consenso generalizado” sobre la propuesta de reformas. Que quienes las promovieron hayan montado todo un show de supuestas discusiones en las que de todos modos salió lo que ellos proponían y se desestimó las objeciones presentadas por otros grupos, es irrelevante. Si creían que se podrían salir con la suya, se nota que no han entendido que el mundo a su alrededor está cambiando. Espero que los diputados recapaciten y tomen con la seriedad que se requiere la tarea que tienen por delante.

SIEMPRE HE VISTO CON reservas el tema de hacerle reformas a la Constitución guatemalteca. Este documento es el resultado de las largas deliberaciones de una Constituyente, la de 1984, integrada gracias a un proceso electoral de participación mayoritaria, no superada desde entonces, en el penúltimo acto político de esa magnitud con la participación de fuerzas políticas ideológicas, realmente. La elección presidencial del año siguiente fue el último de esos actos, porque luego se dio paso a una total deformación del concepto de partido político, llevado a los extremos alcanzados con los dizque partidos creados y desaparecidos a partir de entonces.

LOS ACUERDOS DE PAZ implicaron la aceptación de reformas y por ello se llevó a cabo la consulta popular de 1999. Fracasó porque se trata de un tema complicado causante entonces de escaso interés. No pasó de 14% de participación, y quienes lo hicieron rechazaron esos cambios como consecuencia de haber sido aumentados en número y colocados en grupos, con ocurrencias y trampas de los políticos de turno. Ciertamente, son necesarios algunos cambios, pero el problema el problema y la suspicacia nace de un hecho evidente: el Congreso aprobará todo aquello favorecedor a los políticos y las agrupaciones electoreras aquí llamadas partidos, de espaldas al interés nacional.

EL MERECIDO DESPRESTIGIO del actual Congreso provoca una preocupación convertida en pánico ciudadano cuando se piensa en la posibilidad de manosear el texto constitucional. Esto lo saben a la perfección los dos diputados actuales ex integrantes de la Constituyente de 1984. Piensa mal y acertarás, dice el viejo dicho de las personas de pesimismo realista, y sobre esta base no puede quedar la más mínima duda del riesgo de despojar a los ciudadanos de garantías constitucionales válidas, necesarias y útiles, así como de la adhesión de criterios cuyo fin es actuar con el fin de afianzar la temible, mayoritaria variopinta y voraz calaña de politiqueros.

POR SUPUESTO, HAY excepciones, pero son eso: excepciones. No pueden enfrentarse a la jauría de oportunistas, y en muchos casos su decisión es unirse a las fuerzas del mal. El asunto se vuelve imposible cuando a eso se agregan lacras como el transfuguismo desbocado y de un pragmatismo vergonzoso e impensable en cualquier sociedad poseedora de siquiera un mínimo de madurez política. En ese panorama resulta un ejercicio inútil cualquier esfuerzo de consenso de cambios porque no serán tomados en cuenta o serán manipulados o alterados en aspectos aparentemente sutiles pero causantes de resultados adversos a las razones de haberlos sugerido.

ESTAS ALTERACIONES AL texto constitucional tienen además un par de problemas adicionales. El primero, no tener claro cuáles son aquellos sugeridos —u ordenados, según los escépticos— por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Y el segundo, cuáles fueron los consensuados en las pocas y muy apresuradas reuniones realizadas hace algunas semanas en algunos lugares del país. Existe la posibilidad muy clara, entonces, de una incoherencia entre lo acordado y lo escrito en la propuesta ahora en manos de los diputados para comenzar a discutirlos y, en general a aprobarlos en un plazo aún no determinado.

LA SERIEDAD DEL TEMA exige tres acciones. La primera, esa discusión dentro del Congreso; la segunda, la redacción de un texto sujeto luego a una revisión lingüística para asegurarse de la pertinencia y significado de los términos empleados. La tercera, la exposición pública a los análisis y dictámenes de la de la sociedad civil, para luego decidir lo más importante: el acuerdo político de no hacerle cambios a esa versión final, es decir, a convertir la aprobación en un ejercicio para cumplir un requisito formal. No nos engañemos: los cambios en cualquier área no pueden quedar en manos de un organismo del Estado cuya integración mayoritaria causa pena, dolor y vergüenza.

El Pleno del Legislativo tramitó en primera lectura la iniciativa de ley de reformas constitucionales, al igual que la ley de Competencia.

El proyecto de modificaciones al sector justicia pasó en primer debate con 126 diputados presentes y más de dos horas de debate.

Al principio de la lectura, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), pedía la palabra, pero la Junta Directiva le negó el micrófono, por lo que un su compañero le sugirió hablar en inglés para que se le diera la palabra.

Al parecer, Beltranena quería presentar una moción privilegiada.

La propuesta de reformas constitucionales recibió dictamen favorable de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, cuyo presidente, Oliverio García Rodas, explicó que los integrantes de esa sala llegaron a un acuerdo, aunque existe confrontación por tratarse de “un proceso histórico”.

Uno de los puntos más álgidos del proyecto de ley es el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, las cuales aplicarían justicia de acuerdo a conocimientos ancestrales y costumbres.

García Rodas indicó que a la comisión de Legislación no le compete hacer cambios a la propuesta de modificaciones al sector justicia, sino al Pleno, por tratarse de la Constitución Política de la República.

Es decir, el Pleno dio primer trámite a la iniciativa tal como la enviaron los presidentes del Ejecutivo, Jimmy Morales; Legislativo, Mario Taracena, y Judicial, Ranulfo Rojas, pero más adelante podrían sugerirse cambios.

La formulación de la propuesta fue acompañada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en un proceso que incluyó discusiones regionales con prácticamente todos los sectores.

Con 126 #DiputadosGT presentes y más de 2 horas de debate, el @CongresoGuate le dio trámite en 1er. debate a las reformas a la Constitución pic.twitter.com/7DgSh2DT50

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) November 15, 2016

Linares Beltranena logró tomar la palabra para exponer que varios puntos están “erróneos” en la propuesta y que hubo “muchas prisas” en la comisión de Legislación.

De acuerdo a la orden del día, después de las modificaciones a la Constitución se le dará lectura, en primer debate, al proyecto de ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal y a la iniciativa de ley del Día Nacional de la Lucha Ciudadana Contra la Corrupción.

En segunda lectura está programado el trámite para los proyectos de ley de Alimentación Escolar, del Sistema Nacional de Archivos, reformas a las leyes General de Cooperativas, Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, y Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito.

Para tercer debate, entre otros, figura la aprobación del proyecto de ley del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, y ley marco para la Defensa y Protección del Consumidor.

Asimismo, se discutiría por artículos y redacción final las iniciativas de decreto para aprobar el Convenio sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, de la Organización Internacional del Trabajo; la de Protección y Bienestar Animal, la que declara símbolo patrio y símbolo nacional a la flor nacional Monja Blanca, y dos préstamos que suman US$270 millones.

El congresista explicó que “no hay mucho que discutir”, ya que el tema se viene evaluando desde hace seis años. “Ha habido una gran cantidad de mesas de diálogo, y últimamente hubo una participación a nivel nacional de diversos sectores”, detalló.
 
Según García Rodas, “no hay muchos cambios que plantear; tal vez algunos de redacción, previo a que emitan la opinión, que luego será presentada en el pleno, que para conocer las reformas constitucionales se deberá conformar en el  órgano constituyente constituido”.Luego de la opinión de la Comisión, los diputados podrán plantear modificaciones.

Agilidad

El presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que las reformas al sector justicia deben estar aprobadas antes de que concluya el año, ya que de esta manera la consulta popular se podrá efectuar en el 2017.
 
Para  la discusión se convocará a sesiones diferentes a las ordinarias. “Creo que plantearé que en la mañana no reunamos como órgano constituyente constituido  y por las tardes se efectúen las plenarias ordinarias, o bien se convocará los miércoles, para conocer lo relacionado a la Constitución”, detalló.
 
El antejuicio y el derecho consuetudinario son los temas más delicados en la discusión.

En el año 1998 se llevó a cabo una consulta popular para las pretendidas reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, dimanadas de los acuerdos de paz, en esta consulta la población fue a las urnas y las reformas fueron rechazadas con un contundente ¡NO!

Hoy varias de las reformas rechazadas se volvieron a plantear en la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reformas Constitucionales, ignorando la decisión del pueblo en aquella ocasión.

Ahora se presentan al Congreso una serie de reformas a la Carta Magna, sin que en las mesas de diálogo haya habido un consenso entre los participantes, y fue la presión de ciertos grupos nacionales e internacionales que sesgara las opiniones de muchos de los participantes, además de entrar a plantear temas que violan los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

Veamos algunos de los riesgos en este proyecto de Reforma, por ejemplo: la referencia que hace el artículo 203 constitucional sobre la jurisdicción indígena es una referencia abierta e indeterminada, al indicar que solo está sujeta a control constitucional puede conocer todas las materias en todo el territorio nacional sin ningún tipo de control o subordinación a la Corte Suprema de Justicia, temas como el desvió de ríos, conflicto de linderos, exceso registral de las fincas, autorizaciones para construcción pública o privada, así como temas ambientales. Cualquier conflicto de jurisdicción que se pretende hacer valer debe ser conocido por la Corte de Constitucionalidad.

La propuesta conlleva una inseguridad jurídica y una falta de certeza jurídica, ya que todas las materias pueden estar en el ámbito del derecho ancestral. El mismo Ministerio Público tendría limitadas sus funciones de persecución penal, pues dependería del lugar en que se conozca el delito y podría ser una autoridad ancestral la que, por medio de procedimientos ancestrales, se aplicaría para la investigación, captura, juicio y sentencia, sin que ninguna ley o norma occidental cuyo control jurisdiccional que dependa de la Corte Suprema de Justicia según la legislación nacional vigente pueda ser aplicada.

La propuesta comprende hacer distingos raciales entre ciudadanos que por garantía constitucional somos todos iguales ante la ley en dignidad y derechos (artículo 4 de la Constitución), pero esta reforma pretende hacer distingos de raza o etnia entre la población guatemalteca, pues crearía “tribunales indígenas” para ciudadanos “indígenas”, lo que ruega la pregunta ¿qué institución del Estado les dará a estos ciudadanos su carné de “pureza racial” o de “etnicidad comprobada” para acceder a esta nueva “jurisdicción” y “tribunales”?

La propuesta es muy escueta y, claro, no puede resolver el enorme problema de violación a los derechos constitucionales y derechos humanos (igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, separación de poderes, unidad del Derecho, etc. ) de los propios interponentes indígenas, que son los ciudadanos que deberían sufrir las arbitrariedades de dos sistemas paralelos de justicia a escogencia no de ellos, sino de estos “nuevos tribunales raciales”, basados en la etnia o raza de los interponentes o de las “autoridades” que deberán aplicar este derecho totalmente incierto y desconocido inclusive para los propios ciudadanos de origen indígena en sus propios pueblos o circunscripciones geográficas, tal y como la mencionada reforma pretende.

¿Cómo, por ejemplo, se le garantizaría el derecho de apelación a la ciudadanía de origen indígena si “normas”, “usos”, “costumbres” y “procedimientos indígenas” no están escritos ni legislados en ningún código y no hay abogados, ni jueces, ni magistrados que conozcan su extensión, alcance y, lo que es peor, su alcance territorial.

Si esto se va aprobar, reformemos el artículo 4 y que ignoren la voluntad popular.

La iniciativa está compuesta por 25 artículos, y resalta la manera de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). Se establece la carrera judicial, desaparecen las comisiones de postulación y sube el período de permanencia de los funcionarios.
Aunque se mantiene el derecho de antejuicio para diputados, alcaldes y otros cargos como el de Fiscal General, se permite investigarlos. Además, establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus normas, procedimientos y costumbres.
 Estos últimos dos puntos generaron recelo entre los congresistas, quienes deberán conocer y discutir esa propuesta, aunque advierten de que harán cambios.
La propuesta, amparada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la CSJ, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tendrá que ser ratificada en consulta popular.

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Discrepancias

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que la propuesta de mantener el antejuicio es viable, “solo hay que ver quiénes ordenarán la investigación y que esta en verdad sea justificada”.
Marvin Orellana, subjefe de Alianza Ciudadana, indicó: Muchas veces la solicitud de retirar el antejuicio “se plantea por cualquier cosa… No cabe duda de que se debe analizar la propuesta de manera detenida, y si se puede hacer un aporte para mejorarla, sin duda alguna se hará, pues debemos ser prudentes”.
Para Fernando Linares, jefe del Partido de Avanzada Nacional, establecer el Derecho Indígena es un retroceso a los avances de los derechos individuales. “Nadie controlará quién será el juez; este puede ser a compadre hablado”, advirtió.
En cuanto al derecho de inmunidad, Linares aseguró: “El antejuicio es un filtro para protegerse de la prepotencia del Estado. Al investigar se está violando a quien goza de ese beneficio. ¿Acaso se puede hacer una investigación a Iván Velásquez? Es lo mismo. Yo no puedo solicitar información de las cuentas bancarias del comisionado de la Cicig”.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que la propuesta obedece a un trabajo de más de siete meses, en donde se consultó a muchos sectores del país, de tal manera que “lo ideal es que se apruebe en los términos en que se está presentando, pero los diputados pueden hacer cambios como lo consideren pertinente”. Pidió conocer y analizar la propuesta.
La magistrada de la CSJ María Eugenia Morales manifestó que las reformas se hicieron para impulsar un cambio y se busca luchar contra la corrupción. Acerca del antejuicio, consideró que “ha quedado muy bien en la propuesta constitucional”.

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Presentación

Luego de haberse entregado la iniciativa de reformas constitucionales en el Legislativo, se hizo un acto de presentación de las propuestas en el Palacio Nacional de la Cultura, adonde acudieron representantes de los grupos que participaron en las mesas de diálogo.
En total, para elaborar la propuesta, trabajaron mil 500 personas de diferentes sectores en 148 mesas de trabajo, que unificaron 247 propuestas.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, afirmó que su recomendación para los congresistas es: “Simplemente el estudio sereno, objetivo, que lo que está de por medio es la modernización del sistema de justicia en el país”.
“Eso demanda de todos los diputados una actitud realmente altruista, de examinar de acuerdo con los más altos intereses este proyecto y que con ese análisis lleve a la adopción del texto como ha sido presentado”, aseveró Velásquez.

• Descargue aquí la propuesta de reforma

Distintas visiones

Pese a las posturas de distintos parlamentarios, el presidente Jimmy Morales aseguró: Se debe evitar la confrontación y “aceptar que podemos tener distintas visiones, ideas y propuestas”.
“Exhorto a todos los guatemaltecos a que nos concentremos en los esfuerzos que hemos logrado y no en nuestras diferencias”, precisó.

Legislativo

Mario Taracena, presidente del Congreso, señaló que la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia contó con el apoyo de 52 legisladores, quienes firmaron la iniciativa de ley que fue presentada ayer.
Taracena reiteró su apoyo en la discusión del tema.

“Hoy es un día especial. Es  buena señal. Estaban representadas todas las bancadas del Congreso. El proceso hay que diferenciarlo de las sesiones ordinarias; este es un caso”, dijo.

Ejecutivo

Como un hecho histórico calificó el presidente Jimmy Morales la propuesta de cambios a la Constitución.
El mandatario destacó que se trata de un proyecto presentado por los presidentes de los tres organismos de Estado, el cual goza del aval de diversos sectores de la población.

“Los cambios grandes se logran con pequeños pasos, cada día. Y los invito a seguir demostrando que Guatemala, realmente, cuando se une logra grandes cambios”, enfatizó el dignatario.

Judicial

El presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, destacó la participación de los pueblos indígenas en la discusión de la propuesta para la reforma constitucional.

Rojas destacó el trabajo hecho por diversos sectores en las mesas de discusión de  temas  propuestos.

“Está contenida en este trabajo la participación ciudadana, para fortalecer al sistema de justicia y, principalmente, facilitar el acceso al mismo. ¿Cómo se logra este objetivo? con la participación de los pueblos indígenas”, dijo Rojas.

• Cambios incluidos

Las reformas constitucionales modifican al sector justicia.

• Los diputados, entre otros, mantienen la inmunidad, pero podrán ser investigados.
• Las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de conformidad con sus costumbres.
• Desaparecen las comisiones de postulación en las elecciones a las autoridades de justicia.
• El Consejo Nacional de Justicia se encargará de la formulación, gestión y ejecución de las políticas judiciales.
• La CSJ será integrada por nueve magistrados de Apelaciones y cuatro abogados.
• Se incrementa los períodos de los magistrados de la CC y de la CSJ a nueve años, el del Fiscal General a seis, y podrán reelegirse.

El acto oficial se efectuó esta tarde en el Palacio Legislativo, con presencia de los presidentes de los tres organismos de Estado, la fiscal General, Thelma Aldana; el director de Cicig, Iván Velásquez, sociedad civil y cuerpo diplomático.

El presidente Jimmy Morales exhortó a los diputados continuar el esfuerzo al apelar que en el país haya una justicia “pronta y cumplida”.

“Habrá resistencia al cambio, pero debemos recordar que la patria espera y exige más de nosotros”, declaró Morales.

Antes, Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se expresó satisfecho de que la sociedad civil se haya involucrado en dar aportes para el fortalecimiento institucional de los órganos de justicia.

• Vea aquí en PDF la iniciativa presentada al Congreso

La iniciativa de reforma constitucional empezó a nivel técnico entre el MP y la Cicig, cuyo documento base fue puesto a discusión en mesas de trabajo con la sociedad civil en toda la República.

Durante la actividad el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, sugirió a los diputados que se aprueben las reformas que se presentan y que se haga un estudio objetivo de las propuestas.

Reformas van a discusión

A continuación algunas propuestas de reforma, que serán conocidos y pueden ser modificados por el Legislativo:

El antejuicio

• Una de las principales recomendaciones  fue cambiar el  antejuicio.
• Entre las sugerencias figura que desaparezca ese privilegio del que gozan algunos funcionarios.
• Otros proponen que  solo sea  para funcionarios electos popularmente.
• Mientras que  otros sugieren que  solo los tres presidentes de los organismos del Estado gocen del antejuicio.

Carrera judicial

• Porcentaje de abogados  externos que puedan ingresar a todas las categorías.
• Carrera cerrada. Ingreso desde judicatura de paz, no acceso a abogados externos a Primera Instancia y Apelaciones.
• Coincidencia en el alcance de la Carrera Judicial, desde judicatura de Paz hasta CSJ.
• Pluralismo Judicial
• Coincidencia en alto grado que se debe reconocer el pluralismo judicial.
• Se expresó la necesidad de profundizar entre los mecanismos de coordinación de los dos sistemas y establecer el alcance de la jurisdicción indígena en su territorio.
• Además se propusieron opciones de redacción al artículo 203 de la Constitución Política de la República.

Cambios a la CC

• Una tendencia fue el rechazo a que los tres organismos del Estado concentren en su totalidad la designación de los magistrados.
• Sugieren propuesta de mecanismos de integración, controles cruzados para que un organismo calificado proponga y otro haga el nombramiento.
• Participación de todos los sectores en la selección de magistrados.

Ministerio Público

• Se presentaron modelos de procedimientos para la selección del fiscal general.
• Se sugirió que  se amplíe  el período de funciones.  
• Se propone ampliar causales de remoción, incluyendo el auto de procesamiento.
• El papel del Consejo de la Carrera Judicial en proceso de elección del fiscal vulnera la autonomía institucional.

Artículos transitorios

• Se propuso incluir otras leyes relacionadas con la reforma en el artículo 33 transitorio.
• Establecer disposiciones relacionadas con la implementación progresiva de la carrera judicial.
• Disposiciones relacionadas con integración escalonada de la CSJ y la CC.
• Se propone incluir artículos sobre la finalización de períodos de magistrados.
• Diálogos regionales

Luego de que el pasado 25 de abril los jefes de los tres poderes del Estado convocaran a un diálogo nacional, la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional presentó la tarde jueves los resultados de las mesas.

La fiscal General, Thelma Aldana, señaló que en las mesas se estableció que la reforma al sector de justicia responde a la necesidad de dotar al sistema judicial de mayor independencia, transparencia y garantizar un mejor y mayor acceso, así como alejar a la política.

Dicha mesa está integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidad en Guatemala.

Principales tendencias

Aldana expuso las principales tendencias, por ejemplo para el Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC) se plantea que la mayoría de sus magistrados integrantes sean egresados de la carretera judicial.

También que el Consejo de la Carrera Judicial como órgano responsable garantice la independencia y objetividad en la selección jueces y magistrados con una integración adecuada y con un sistema de control y fiscalización.

Para el Ministerio Público se plantea que se permita la reelección de la fiscal y la inclusión de los grupos indígenas y que se revise la figura del antejuicio en el país para remover los obstáculos a la investigación y persecución penal.

También se plantea que reconozca el pluralismo jurídico y jurisdicción indígena, mediante la reforma del artículo 203 de la Carta Magna o bien que regularlo mediante una ley ordinaria.

Según Aldana, se tiene previsto que el documento final llegue al Congreso en octubre.

Jorge de León Duque, procurador de Derechos Humanos, refirió que el anteproyecto  que se entregará al Congreso es sujeto de cambios, no tiene que ser aprobado tal cual.

El presidente  Jimmy Morales señaló que el país se encuentra en un proceso de cambio, el cual va a ser doloso pero traerá felicidad. Mientras Mario Taracena, presidente del Legislativo, se comprometió a que esta reforma tendrá un final feliz.

Proceso

En septiembre

• Secretaría Técnica producirá propuesta de articulado para el anteproyecto.
• Secretaría Técnica presentará a convocantes para su consideración.

En octubre

• Publicación de la propuesta de anteproyecto.
• Presentación al Congreso de la República del anteproyecto de Reforma Constitucional en materia de justicia.

Las reformas constitucionales al sector justicia tienen ya algunos consensos “absolutos”, los cuales fueron presentados ayer a los presidentes de los tres poderes del Estado por la secretaría técnica del Diálogo Nacional Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala.

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, expuso que uno de los temas que tiene “absoluto consenso” es la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Para que los órganos jurisdiccionales se dediquen a lo que corresponde, que es dictar la justicia”, dijo Velásquez después de la reunión en el Palacio Nacional y en la que también participó la fiscal general Thelma Aldana.

Otro de los acuerdos logrados es que la carrera judicial debe llegar hasta magistrados de la CSJ.
Además del gobernante Jimmy Morales, recibieron la actualización del proceso el presidente del Congreso, Mario Taracena, y del OJ, Ranulfo Rojas.

Los tiempos

Velásquez informó que después de las sesiones de las mesas de diálogo en agosto, a principios de septiembre pueden comenzar con la redacción del texto que recoja las conclusiones de todo lo que se ha discutido.

Después, con los presidentes de los  poderes, se adoptará el texto final que será presentado al Congreso, “dependiendo de cómo sean los avances, podría ser que a inicios de octubre”.

Puntos de disenso

Falta conseguir acuerdos en varios puntos, según Velásquez.

• Si la carrera judicial debe ser cerrada o semiabierta.
• Si es semiabierta, cuál es el porcentaje de aspirantes externos que incluiría la CSJ y en las cortes de Apelaciones.
• En cuanto  a la Corte de Constitucionalidad (CC), el número de magistrados y la eliminación de suplentes.
• Hay varias posiciones respecto a los períodos de los magistrados en la CC: si debe mantenerse en los cinco años actuales, o extender a nueve o hasta a 12, como dice una propuesta.