¿En dónde roban más propiedades? Piden reformar leyes para contener delitos

Autoridades identifican estructuras que operan en el despojo de propiedades con asesoría técnica. Desde el sector notarial se plantea reformar el Código de Notariado y fortalecer los registros para mejorar los controles.

Mauricio Álvarez

6 de marzo de 2026

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Estructuras dedicadas al robo de propiedades están integradas por abogados y notarios. Piden aprobación de reforma al Código Notarial para tener mayor control del ejercicio de los profesionales. (Foto Prensa Libre: Freepick)

La Fiscalía de Delitos de Usurpación del Ministerio Público (MP) registró en el 2025 un total de 918 denuncias por usurpación de propiedades, de las cuales 879 fueron resueltas ese mismo año, según datos proporcionados por el fiscal de la sección, Gerardo Salazar.

Durante ese año se recibieron 918 denuncias, de las cuales 201 fueron verbales y 201 telefónicas. Del total, 632 fueron desestimadas: 21 por solicitud y 611 por decisión de sede fiscal.

De acuerdo con Salazar, las denuncias por usurpación han mostrado un incremento desde la creación de esta fiscalía en el 2021. “Dentro de este resultado tenemos expedientes que fueron desestimados por no tener competencia penal, ya que debe existir previamente alguna cuestión civil o administrativa que deba resolverse”, comentó.

Según Salazar, la fiscalía ha identificado estructuras criminales que se dedican al despojo de propiedades. “En estos casos, la fiscalía solicita las órdenes de aprehensión contra los cabecillas o las personas que están involucradas en el despojo”, dijo. Salazar explicó que para estas personas despojar a otras de sus bienes se convierte en una forma habitual de ganarse la vida.

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Lorena Flores, consejera general del Notariado y vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, calificó de lamentable que profesionales del derecho participen en este tipo de estructuras. “Un notario es un profesional investido por parte del Estado, entonces hay una vulneración no solo del orden constitucional, porque nosotros estamos llamados a dotar de certeza y de seguridad jurídica”, comentó.

Flores detalló que las bandas tienen conocimientos de registros y de la situación legal de las propiedades. “Hay profesionales que forman parte de estas estructuras, pero no solo están integradas por profesionales, sino por otras personas. Tienen conocimiento e información técnica muy precisa sobre las fincas: conocimiento de registros, de catastro y de la situación legal de la finca”, agregó.

Además, Salazar indicó que la forma en que operan es técnica, porque están asesorados por abogados y notarios. “Lo que verifican es si el propietario se encuentra en el inmueble o tratan de expulsarlo de la comunidad o sacarlo de su propiedad por la fuerza”, comentó.

Estas bandas suelen emplear a personas de la comunidad para ejecutar estas acciones. “Utilizan muchas veces a la población para realizar todas estas actividades. Entonces engañan a la gente prometiéndoles un pedazo de tierra y, cuando ya tienen la posesión, proceden a la venta de los inmuebles”, explicó.

Agregó que este patrón se ha identificado en varios casos y en diferentes departamentos. “De esas 918 denuncias que se presentaron, unas cinco tienen ese mismo patrón de comportamiento, y no solo en un departamento, sino que podemos verificar que las mismas personas están actuando tanto en Petén, Escuintla y Huehuetenango”, dijo.

En cuanto a las personas más vulnerables, Salazar indicó que las estructuras no atacan a un grupo poblacional en específico. “No le podría decir que sea a una empresa o a una persona en particular; es a los propietarios. Son quienes más sufren esto porque puede ser que la propiedad sea de alguna entidad, de alguna familia en particular o de alguna persona individual. Ellos no respetan estos temas”, mencionó.

Denuncias desestimadas

De las 918 denuncias recibidas, 632 fueron desestimadas. Salazar explicó que cada expediente cuenta con una investigación previa que permite a la fiscalía tomar una decisión. Indicó que las resoluciones pueden ser revisadas por un juez contralor de garantías, ya que la persona que presentó la denuncia puede oponerse a la desestimación.

Según el fiscal, una parte de estos casos corresponde a conflictos que deben resolverse por otras vías legales. “Muchas personas dan en alquiler sus bienes y luego ya no pueden sacar al inquilino, y después presentan la denuncia por usurpación”, explicó.

En estos casos, añadió, existen procedimientos específicos en la vía civil para resolver el incumplimiento de contratos de arrendamiento o la desocupación de inmuebles. También mencionó investigaciones relacionadas con disputas de herencias o conflictos civiles que deben resolverse en esa jurisdicción.

El fiscal indicó que durante el año pasado también se realizaron 27 solicitudes de órdenes de aprehensión por el delito de usurpación, que involucraron a 35 personas. Además, se realizaron 136 solicitudes de primera declaración, lo que significa que, dentro de las denuncias recibidas, ese número de casos cumplía con los requisitos del tipo penal de usurpación o usurpación agravada para ser conocidos por un juez.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborados con base en información del MP, indican que entre el 2020 y el 2024 se registró un promedio anual de 2,477 denuncias por delitos de usurpación, en sus diferentes modalidades.

En ese mismo período también se reportó un promedio anual de 5,740 denuncias por delitos de falsificación, incluyendo falsificación material e ideológica. Según el estudio, en el 2020 se registraron 2,463 denuncias por usurpación; en el 2021 fueron 3,031; en el 2022, 2,554; en el 2023, 2,158, y en el 2024, 2,178.

Impactos económicos

Las personas que son despojadas de sus propiedades enfrentan diversas consecuencias, entre ellas económicas, por la pérdida de sus bienes. “Hay una repercusión económica desde el momento en que es desapoderado de un bien o cuando usted no tiene acceso a sus bienes”, indicó Salazar.

Agregó que en algunos casos las propiedades invadidas tienen cultivos o actividades productivas. “Hemos tenido plantaciones o cosechas que han sido invadidas por estas personas y la cosecha se pierde. Imagínese que usted tenga un crédito en un banco para llevar a cabo la cosecha y pagar a sus trabajadores, pero ya no puede recolectar el fruto porque alguien le invadió”, explicó.

Salazar también señaló que existen casos en los que las víctimas abandonan sus inmuebles. “Esto se da mucho en la Ciudad de Guatemala por temas de extorsiones o de pandillas, donde las personas prefieren dejar su casa de habitación por temor a represalias”, comentó.

Indicó que también se han identificado casos en los que estructuras criminales intimidan a propietarios en distintos departamentos para que abandonen sus bienes.

Departamentos con más denuncias

De acuerdo con el fiscal, los departamentos que reportan mayor número de casos son Izabal, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa, además del departamento de Guatemala.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad también ubican entre los departamentos con mayor número de denuncias a Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Rosa y Jutiapa.

Salazar explicó que los terrenos usurpados suelen ser fincas rústicas ubicadas en áreas de difícil acceso. “Por lo regular, en el departamento de Petén son fincas rústicas sin construcciones grandes. Muchas veces, por lo lejos o por el difícil acceso, son usurpadas o utilizadas para otro tipo de ilícitos penales, como la narcoactividad y el trasiego de personas”, comentó.

En el departamento de Guatemala, indicó que las bandas identifican otro tipo de inmuebles. “En la Ciudad de Guatemala estamos hablando de construcciones formales en zonas residenciales y con construcciones”, dijo.

Piden reformar el Código de Notariado

Desde el sector notarial se ha planteado la necesidad de aprobar la iniciativa 6706, reformas al Código de Notariado y a otras normas vinculadas con el registro de propiedades, con el objetivo de fortalecer los controles en los procesos de inscripción y registro de bienes inmuebles.

Lorena Flores explicó que una de las propuestas es modificar la normativa para incorporar mayores requisitos técnicos en los procesos registrales. “Nosotros insistimos en la modificación del Código de Notariado para establecer mayores normas”, señaló.

Añadió que, aunque el sistema funciona bajo la modalidad de folio real, esto no siempre garantiza información detallada sobre las características físicas de las fincas. “No necesariamente implica que el registro proporcione información fidedigna de la estructura jurídica de la finca que está inscrita”, indicó.

Según Flores, en algunos casos la información registral carece de precisión técnica. “Eventualmente la información de los registros es un tanto imprecisa y por eso se genera que en la práctica se den estas malas prácticas”, afirmó.

También señaló que estas debilidades pueden ser identificadas por estructuras dedicadas al despojo de propiedades. “Estas redes organizadas encuentran en esas deficiencias un espacio para operar”, dijo.

Asimismo, indicó que se requiere fortalecer las unidades técnicas encargadas del análisis registral. “Debería existir un estudio técnico de fincas dentro de los registros para dotar de mayor seguridad y certeza jurídica”, afirmó.

Flores añadió que actualmente muchos operadores trabajan principalmente con la información contenida en escrituras públicas. “Los operadores trabajan con base en testimonios de escrituras públicas y hay que fortalecer eso con relación a información técnica”, explicó.

Un estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborado con base en información del MP, también plantea una serie de medidas institucionales relacionadas con la atención de los delitos vinculados al despojo de propiedades.

Entre las recomendaciones del estudio se incluye la creación de juzgados especializados para conocer casos de usurpación, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales relacionados con estos delitos.

El informe también propone fortalecer la Fiscalía contra Usurpaciones, así como establecer protocolos interinstitucionales entre entidades del Estado para coordinar la atención de denuncias y la ejecución de desalojos.

Otra de las propuestas es la aplicación efectiva de la flagrancia en casos de usurpación, lo que permitiría que las autoridades actúen con mayor rapidez cuando se detecta una ocupación ilegal de inmuebles.

De acuerdo con el estudio, estas medidas buscan mejorar los mecanismos institucionales para la atención de los casos relacionados con el despojo de propiedades y fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la investigación, el registro y la administración de tierras.

Fincas tomadas, empleos perdidos y más de 13 mil denuncias sin acción, saldo de la usurpación de tierras

Un informe de la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada advierte de la débil respuesta institucional ante más de 13 mil denuncias por usurpación en todo el país, registradas entre el 2020 y el 2025.

Carlos Gómez

1 de octubre de 2025

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06:00h

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Según el informe presentado por la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada, (Acdepro), del 2020 al 2025 se ha presentado ante el Ministerio Público, (MP), más de 13 mil denuncias por el delito de usurpación de tierras en todo el país. (Foto Prensa Libre: Acdepro)

El país se encuentra en una situación difícil debido a la usurpación de tierras que afecta a miles de propietarios en todo el territorio nacional, según indica la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) en su primer informe del 2025, sobre las “Usurpaciones en Guatemala”.

El informe cita datos del Ministerio Público (MP), en los que se indica que entre el 2020 y el 2025 se han presentado 13 mil 245 denuncias por los delitos de usurpación y usurpación agravada. Además, señala que, del total de denuncias contabilizadas en este período, únicamente se han efectuado 99 desalojos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que representa un 0.75%. Mientras tanto, se contabilizan 107 desalojos suspendidos, equivalentes al 0.81% de los casos.

El documento indica que el problema ha cobrado tal magnitud que, en lo que va del 2025, se reportan mil 250 denuncias, lo que proyecta un año de alta incidencia y evidencia una respuesta estatal insuficiente.

A nivel departamental, Guatemala encabeza la lista con 2 mil 799 denuncias (21.13%), seguido por Huehuetenango con mil 361 (10.28%) y San Marcos con mil 147 (8.66%). Casos como la finca Canasec (15 años invadida), finca Santa Rosita (9 años) y finca El Sauce (8 años) ejemplifican la situación del problema en regiones como Alta Verapaz, Izabal y Baja Verapaz, indica el informe.

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Entre los impactos directos de las usurpaciones, Acdepro destaca la pérdida de empleos —especialmente en el sector agrícola—, el aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos, la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y la violación del derecho humano a la propiedad privada.

El documento también identifica como principales obstáculos para los desalojos la corrupción, la influencia del crimen organizado, la lentitud y el costo de los procesos judiciales, el uso de niños y mujeres como “escudos humanos”, y la falta de coordinación entre instituciones como el Ministerio Público, PNC y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Además, Acdepro critica el “Protocolo Paz y Paz”, que fue implementado por la exfiscal general Claudia Paz y Paz durante su gestión del 2010 al 2014, relacionado con los desalojos y cuyo objetivo era evitar la violencia y proteger los derechos humanos, ya que —según afirman— ha derivado, en la práctica, en “burocracia e inoperancia”. Indican que dicho protocolo continúa implementándose.

Ante este escenario, la asociación urge la implementación de un protocolo de desalojo unificado y vinculante, mayor eficiencia en el gasto público y la actuación de las instituciones sin sesgos ideológicos.

“El problema no es falta de recursos, sino ineficiencia e impunidad”, concluye el informe, que alerta sobre el colapso del estado de Derecho y la urgencia de restaurar la seguridad jurídica en el país.

Actúan siguiendo los protocolos

Sobre los protocolos utilizados por la Policía Nacional Civil en temas de desalojos, el Ministerio de Gobernación indica: “El actuar de la Policía Nacional Civil es conforme la ley, actuando de manera coordinada con otras instituciones, conforme a las competencias de cada entidad. La PNC es respetuosa de los derechos humanos, y en todo momento promueve y privilegia el diálogo. Es importante aclarar que las órdenes y requerimientos de desalojo que son acatadas por la institución están basadas mediante las órdenes emitidas por juez competente”.

Mientras tanto, la PDH indica que “en cada situación de desalojo los delegados de la institución velan por que las instituciones como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) apliquen de manera correcta los protocolos establecidos, buscando siempre llegar a una resolución por la vía del diálogo y evitar cualquier conflicto o incidente que perjudique la vida la vida de las personas”.

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Cada año se presentan alrededor de 2 mil 400 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble

La usurpación simple y agravada, así como la invasión de áreas protegidas, son algunos de los ilícitos que se cometen en el país, según el Observatorio de Derechos de Propiedad.

Rosa María Bolaños

9 de agosto de 2024

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05:00h

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Una denuncia pública por usurpaciones lanzó el abogado del Ingenio Magdalena, Kevin Moldauer; apoyado por los ejecutivos Luis Miguel Paiz, de Asazgua; Carla Caballeros, de Camagro y Andrea Cáceres del Observatorio de Derechos de Propiedad. (Foto, Prensa Libre: Esbin García).

Del 2018 al 2023 se presentaron más de 14 mil 350 denuncias por delitos contra la propiedad privada: el primer año en mención fueron 2 mil 316 denuncias, mientras que el 2023 cerró con 1 mil 847, con un repunte en el 2021 con 2 mil 898. En tanto, a abril pasado se reportaban 513, pero el dato subió a 1 mil 400, según datos actualizados al 8 de agosto, explicó Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad. En estos se incluyen invasiones y otras acciones contra la propiedad inmueble.

Además, se registran alrededor de 5 mil denuncias anuales por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica que son otras formas de despojo de propiedades con distintas tipologías que involucran robo de protocolos, falsificación de firmas de títulos de propiedad y otros documentos legales.

Pero a pesar del gran número de denuncias, alrededor del 70% es desestimado por diferentes razones, el 21% refleja una salida alterna, y solo el 0.3% ha logrado sentencia, expuso Cáceres. Mientras, el 3.5% de denuncias siguen activas y 5.9% presentan otros casos.

El año con menos desestimaciones fue el 2021, con 64.9%, pero posteriormente empezaron a subir, por lo que en 2022 y 2023 llegaron a 72.6% y 75.5% respectivamente; y en el presente año, de 513 denuncias a abril, se ha desestimado el 72.5%.

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“Siempre nos ha llamado la atención por qué se desestiman tantas denuncias y lo que sucede es que los juzgados pasan muchos de los casos al ámbito civil, cuando realmente se trata de delitos penales”, expresó Cáceres.

Por departamento

En las estadísticas del observatorio aparecen registrados estos ilícitos en todos los departamentos, pero el de Guatemala es el que está a la cabeza con 2 mil 509 denuncias del 2018 a abril del 2024.

Le siguen Huehuetenango con 1 mil 611; San Marcos, con 1 mil 357; y Alta Verapaz, 1 mil 25. También aparece Sololá con 703 y Petén con 695.   

En el tema de desalojos, las cifras son menores. Según las estadísticas recabadas por el observatorio, en el 2022 había 80 solicitudes de desalojo, pero solo se ejecutaron 45. En el 2023 fueron 60 y 38 respectivamente, mientras que a abril del 2024 se registraban 71 y 16.

El desalojo es una medida preventiva que establece el Código Penal para poder recuperar la posesión de los bienes inmuebles.

En general, el plazo que tarda la ejecución de una resolución de ese tipo de casos sobrepasa lo que establece la legislación en Guatemala, explicó la ejecutiva, pues debería ser un promedio de 341 días (según análisis efectuado por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala de la Universidad Rafael Landívar), pero en la realidad, tardan en promedio 817 días, que representa más de dos años.

Usurpación de “grupos criminales”

En una denuncia pública efectuada este jueves 8 de agosto, el Ingenio Magdalena dio a conocer que pese a contar con varias sentencias dictadas por Salas de la Corte de Apelaciones y por la Corte de Constitucionalidad, “un grupo criminal continúa actuando fuera de la ley utilizando argucias y documentos falsos para intentar, de manera violenta, retomar la posesión ilícita de tierras ubicadas en La Democracia, Escuintla”.

Según el abogado de esa compañía, Kevin Moldauer, la propiedad ha estado bajo legítima posesión de dicho grupo por más de 70 años y se utiliza para labores exclusivamente agrícolas desde hace 40 años.

Pero en septiembre de 2020 un grupo de personas usurpó alrededor de 120 caballerías del inmueble, recuperadas mediante acciones judiciales en febrero de 2024, tras una serie de allanamientos con el apoyo de las autoridades pertinentes, se agregó.

Por ello ahora denuncian el robo de la propiedad privada, “mediante la usurpación agravada por parte de grupos criminales fuertemente armados, aparte de que los retrasos injustificados en los procesos judiciales atentan contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos”.

Por lo tanto, solicitan que se garanticen y respeten los tiempos en los casos judiciales aspecto que, insisten, es fundamental para asegurar el estado de derecho, el debido proceso y el cumplimiento de la ley.

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Moldauer explicó que el proceso jurídico continúa en desarrollo, “aun y cuando la gran mayoría de los procedimientos emprendidos por este grupo criminal han sido declarados sin efecto, los hechos parecieran indicar que hay manipulaciones que retrasan injustificadamente el proceso judicial”, según el ingenio Magdalena.

Denuncia demoras no justificadas y otras anomalías

El abogado dio a conocer acciones que, a criterio de la compañía, ponen en riesgo la certeza jurídica y el respeto al debido proceso, por lo que la entidad hizo un llamado a los jueces a mantener su objetividad e imparcialidad, resaltando la importancia de enmarcar sus decisiones dentro de la ley y evitar más demoras injustificadas en el proceso.

• Las personas involucradas han sido citadas más de 4 veces al Juzgado para rendir su primera declaración, pero las audiencias han sido suspendidas y uno de los implicados no se ha presentado.  

• El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa suspendió la audiencia indicando que el representante de Magdalena no estaba presente aunque su representante legal y abogado ya se habían acreditado ante el secretario de dicho Juzgado. Además, el juez ha sido recusado tres veces y, no obstante tener limitación para seguir conociendo del proceso por imperativo legal, continúa a cargo del mismo, se añadió.

• El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión para los supuestos involucrados, pero hasta la fecha ninguna ha sido ejecutada, “pese a que durante la usurpación, estos grupos armados amenazaron de muerte y tomaron por la fuerza al personal presente en las fincas, los tuvieron amarrados y restringieron su movilización. Además, durante los allanamientos, atentaron contra la vida de personeros de Magdalena y autoridades gubernamentales”.

• El abogado dijo además que las agrupaciones denunciadas han emprendido acciones ilegales e ilegítimas dentro de las instituciones judiciales con el fin de recuperar su presencia en la zona.

• No se trata de grupos de personas comunes, ya que incluso después de los allanamientos, “el ingenio tuvo que desmantelar 5 helipuertos y tres pistas de aterrizaje en una de las fincas, que habían sido instaladas por este grupo criminal, sin los permisos correspondientes, aparte de que durante el tiempo de la ocupación ilegal, más de 150 personas con armas de asalto dentro de las fincas intimidaban a los propietarios y vecinos del área”.  

• Se tiene conocimiento de que para este viernes 9 de agosto se está convocando a una audiencia donde las personas denunciadas buscan que el caso ya no se conozca por la vía penal sino que se traslade a lo civil.   

En la conferencia de prensa en la que se hizo la denuncia  pública, también participó el gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Luis Miguel Paiz; la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cáceres; y la directora ejecutiva de Cámara del Agro Guatemala (Camagro), Carla Caballeros; quienes indicaron que se unieron al llamado del Ingenio  Magdalena “para que los jueces e instituciones encargadas de velar por la justicia actúen de forma imparcial y objetiva, con prontitud y firmeza, apegados a lo que manda la ley en el proceso de usurpación agravada de tierras en La Democracia, Escuintla, por un grupo criminal que ha intentado tomar posesión de las mismas mediante documentos falsos y el uso de la fuerza”.

Según informó Agroindustrias San Francisco Miramar, S.A. en un comunicado de prensa del 22 de agosto de 2022, los propietarios de las fincas San Francisco Miramar y Auyón, que pertenecen a esa empresa vencieron en juicio a los usurpadores que las tomaron violentamente en el año 2018, con el fin de apropiarse de manera ilegal de las tierras.

“Los propietarios demostraron, ante las leyes guatemaltecas, ser legítimos propietarios de dichas fincas, y después de cuatro años fueron sentenciados”, afirma un comunicado de prensa de la empresa.

Añade que los condenados por ocupar la finca San Francisco Miramar son:

• Feliz Reymundo Gabriel, condenado a 2 años y 8 meses de prisión.
• Adolfo Isalas Santizo Solís, 2 años y 8 meses de prisión.
• Pedro Ribal Herrera de León, 2 años y meses de prisión.

Por la invasión a la finca Auyón:

• Hugo René Bravo López, 3 años de prisión.
• Cristóbal Eduardo López Rodas, 3 años de prisión.
• Adolfo Isaías Santizo Solís, 2 años de prisión.
• Gustavo Adolfo Hernández Nimatuj, 3 años de prisión.

Los sindicados cometieron el delito de usurpación agravada y, según la empresa, todavía hay cinco personas pendientes de captura por este caso.

Según la empresa, los señalados usurparon las fincas de forma violenta y eso dejó “incalculables pérdidas por los destrozos provocados”.

“Agroindustrias San Francisco Miramar S.A. probó en tribunales que las propiedades usurpadas estaban debidamente registradas en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala, lo cual certifica la legitimidad de la tierra por parte de la entidad administrativa a cargo de estas, según el derecho constitucional de Guatemala en su artículo 39 que garantiza el derecho a la propiedad privada”, se lee en el comunicado.

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Afirman que llegarán hasta las últimas instancias, en apego a la ley, para que “todos los incitadores de esta usurpación no queden en impunidad, y así sentar un precedente, de que la propiedad privada en Guatemala debe de ser respetada”, se lee en el documento.

La usurpación

El comunicado agrega que los ahora sentenciados ingresaron a las fincas San Francisco Miramar y Auyón, el 14 de julio y 15 de octubre de 2018, respectivamente, acompañados por más de 3 mil familias, que según ellos, fueron movilizadas bajo engaños al decirles que esta propiedad era pública y que estaba en venta.

Menciona que las personas “entraron de manera violenta a las propiedades, derribaron plantaciones de hule y café, robaron madera y derribaron árboles, obviamente sin licencia; marcaron, midieron, empezaron a repartir y a vender la tierra usurpada”.

También detallan que además provocaron muchos destrozos, mataron animales, destruyeron sembradíos, plantas en cultivo y producción, contaminaron nacimientos de agua y “bajo amenazas impidieron a los dueños y trabajadores ingresar para cumplir con sus labores, lo que generó pérdidas millonarias”.

El documento también refiere que los promotores de la invasión estaban armados, se movilizaban en carros de último modelo y cobraron, a los usurpadores, dinero por venderles la tierra, y eso les generó millones de quetzales.

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Nils Leporowski, presidente del Cacif, indicó que diariamente se presentan seis denuncias por usurpación; sin embargo, señaló que en ese número no se incluyen otros delitos en contra del patrimonio y que contempla el sistema de justicia. Su visión es que si se agregara esa cantidad “seguramente sería mayor”.

El presidente del Cacif calificó de “vergonzoso” y “aberrante” la manera como se vulnera ese derecho, y afirmó que hay ejemplos vigentes que preocupan al sector privado por la falta de acción para cumplir órdenes de desalojo donde se evidencia “falta de articulación interinstitucional”.

“El sentimiento es de impotencia al observar cómo pasan los años y no se ejecutan los desalojos autorizados por juez competente, no se coordinan las instituciones y solo se señalan unos a otros”, manifestó.

Afirmó que el problema no es solo del propietario, sino que el impacto llega a toda la población, al evidenciar pérdidas de empleo y de rentabilidad por el freno a la producción.

Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, señaló que existe un subregistro de casos porque la desaparecida Secretaría de Asuntos Agrarios —cesada en funciones en 2020—, registró que al 2018 existían cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupadas de forma irregular y, en promedio, reportaban unos 240 conflictos anuales derivados de esas ocupaciones.

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Sellan alianzas

La iniciativa se presentó de manera oficial ayer y cuenta con el respaldo institucional del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Además, tiene como objetivo promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad, utilizando fuentes de información oficial que permitan transparentar y coadyuvar el actuar de la institucionalidad pública a cargo de garantizar estos derechos.

Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público (MP), el Centro de Defensa a la Constitución (Cedecón), el Registro General de la Propiedad, y el Segundo Registro de la Propiedad fueron parte del anuncio inicial del observatorio.

Consuelo Porras, fiscal general del MP, reiteró el compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía, y volvió a ofrecer la creación de una fiscalía especializada para atender esos casos.

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Entrevista

 “Es necesario hacer un diagnóstico de los casos”

José Fernando Orellana Wer, coordinador de comunicación del Observatorio de los Derechos de Propiedad, habló con Prensa Libre.

¿El observatorio recibirá denuncias de casos de violación a la propiedad privada?

Correcto, para poder armar la base de datos se recibirán denuncias de toda persona que considere se hayan vulnerado sus derechos a la propiedad privada, sea o no socio de Cacif.

¿Cuál es el objetivo de recibir las denuncias?

Las denuncias se recibirán en la página web: observatoriopropiedad.org/denuncia/, donde la persona afectada podrá llenar un formulario y colocar todos los datos que se solicitan, incluso, el número de denuncia ante el MP u otros órganos competentes.

El objetivo es poder evaluar cada caso, hacer un diagnóstico para determinar el tipo de delito, luego acercarse con la persona y preguntarle si necesita acompañamiento y poder coordinar cualquier gestión ante las instituciones que firmaron los convenios.

El reto es la trazabilidad de los datos, porque debemos determinar en qué fase se encuentra el caso y poder ir actualizando la base de datos.

¿Esto significa que no se cuenta con información unificada?

En Guatemala no existe un lugar en donde estén unificados estos casos, la misma Fiscal General reconoció que no se ha creado una fiscalía especializada. También existen otros esfuerzos independientes, pero la información no está integrada en un mismo lugar.

¿Por qué consideran que la información que traslada el MP no está completa?

El MP trasladó y compartió cuántas denuncias al año se generan, pero no sabemos cuántos de esos casos se han cerrado y la intención es que, al hacer el diagnóstico de casos, poder generar un portal estadístico que refleje no solo el número de denuncias, sino que la fase en la que se encuentran, por ejemplo, si está en fase preparatoria, intermedia o en sentencia, hoy no se cuenta con esa información.

¿Cómo se encuentra el país a nivel internacional en el tema de derecho a la propiedad?

Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.

Esa posición no envía un buen mensaje, por lo tanto, es importante que con los datos que genere el observatorio lo puedan tomar en cuenta entidades internacionales como la Property Rights Alliance como una base confiable y fehaciente de datos y poder medir de mejor manera la posición del país.

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El observatorio fue presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con el propósito de que sea un ente permanente, encargado de promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala.

Según los datos presentados se evidencia que este derecho se vulnera de forma sistemática en el país, por lo tanto, se deben realizar los esfuerzos necesarios para fortalecer la protección al derecho humano de propiedad en Guatemala.

El atender estos casos de manera oportuna implicaría una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y las oportunidades de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mayor atracción para la inversión, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, dijo Nils Leporowski, presidente del Cacif.

Entre el 2013 y el 2021, el Ministerio Público ha reportado 19 mil 051 denuncias por delitos de usurpación, un aproximado de 2 mil 300 denuncias por año, desconociéndose cuántas de estas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas.

En los primeros 70 días del año 2021, el Ministerio Público ha acumulado 550 denuncias sobre esta materia.

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En opinión de los directivos del Cacif existe un “subregistro” de casos de usurpación porque, en su momento, la Secretaría de Asuntos Agrarios (cesada en funciones en 2020), registró hasta el 2018 cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupada de forma irregular y, en promedio, reportaba aproximadamente 240 conflictos anuales derivados de dichas ocupaciones.

A nivel internacional, Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.

El Observatorio de Derechos de Propiedad creará lazos de comunicación y apoyo con entidades clave del sector público y privado.

Por lo anterior, se firmaron los primeros convenios de cooperación con el Centro de Defensa a la Constitución -CEDECON-, el Ministerio Público -MP-, el Registro General de la Propiedad -RGP-, y el Segundo Registro de la Propiedad -SRP-.

Sin embargo, el objetivo a mediano plazo es agregar a más instituciones que tienen relación con el tema como el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial, La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, entre otras.

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Reacción de aliados del Observatorio de Derechos de la Propiedad

“También hemos sido objeto de amenazas; sin embargo, tenemos la confianza en las instituciones que se encargan de la investigación”, expresó Juan José Muñoz, registrador del Segundo Registro de la Propiedad.

“Para frenar el fenómeno migratorio, cualquiera de las soluciones pasan porque exista en Guatemala una garantía al respeto de la propiedad privada”, resaltó Stuardo Ralón, Presidente Cedecon.

“El derecho a la propiedad privada también es prioridad en la política de Gobierno 2020-2024. Es importante que sector público y privado, trabajen de manera coordinada para el desarrollo económico”, afirmó Luis Alfredo Pineda, Registrador General de la Propiedad.

“Reiteramos nuestro compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía. El MP estará brindando una fiscalía especializada para dar la respuesta que espera la ciudadanía guatemalteca”, aseguró Consuelo Porras, Fiscal General.

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Según la investigación del Ministerio Público el exguerrillero habría dirigido la invasión de tres fincas en Cubilgüitz, en Cobán, Alta Verapaz.

La invasión de las propiedades fue en julio pasado y líderes señalaron que Montes dirigió las ocupaciones.

En la audiencia Mynor Berganza, abogado de Montes, ante el juez expuso que el exguerrillero intervino en el conflicto luego de la ocupación y su labor fue de “mediador”.

Montes aseguró que no era un invasor sino un “líder que llegó a dialogar para encontrar soluciones”.

Montes reiteró que fue un mediador del conflicto y que los propietarios de una de las fincas lo buscaron para encontrar solución, aunque ante el juez no se pudo demostrar tal solicitud de los dueños de las propiedades.

El sindicado era requerido por Guatemala y fue detenido en octubre pasado en México.

Tenía tres órdenes de captura internacional, dos de estas por usurpación agravada, emitida el 6 de septiembre por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz.

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Otra, por usurpación agravada, emitida por el 22 de julio del 2019 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz.

Muerte de soldados

Este no es el único proceso que enfrenta Montes, ya que el 29 de octubre pasado, la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, lo ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada.

Montes, excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), también es señalado de haber dado la orden directa de asesinar a tres soldados del Ejército de Guatemala en Semuy 2, El Estor, Izabal.