La confianza en el movimiento social se encuentra en su momento más bajo. En primer lugar, el entredicho del Frente Nacional de Lucha, señalado de intervenir en la anterior campaña electoral con la toma de la calzada Roosevelt, para favorecer a la mano dura. Miles de automovilistas votaron coléricos por esa acción. Este año, el 16 de enero, su líder fue grabado en una conversación telefónica, cuando sostenía negociaciones con la diputada Emilenne Mazariegos, para acomodar personal favorable al Gobierno y quejándose de un partido de oposición. Recientemente se denunció que en el último trimestre los sindicalistas que lidera cobraron Q55.9 millones en viáticos de los servicios de salud estatales. Además, el Ministerio de Salud paga a dos mil 56 activistas sociales y sindicales, de ese movimiento.

En segundo lugar, la toma de carreteras de Codeca se presenta como un montaje gubernamental. En efecto, el cierre se inició en horas de la mañana. La Policía protegió a los piqueteros de agresiones de transeúntes encolerizados. A las 10 de la mañana, el ministro de Gobernación, el teniente coronel Héctor Mauricio López Bonilla, emite una serie de reflexiones cuasifilosóficas. Al mediodía, todos los noticieros ofrecen sesgada la noticia, pues solo subrayan la exitosa reanudación de la libre circulación.

En tercer lugar, hay denuncias de inversionistas en actividades mal vistas como la minería, que ligan la aparición de piquetes en los lugares de prospección a la presentación de expedientes para autorizar trabajos iniciales. En otras palabras, las mismas oficinas gubernamentales están conectadas con los movimientos conservacionistas de protesta.

De esa cuenta se concluye que el Gobierno impulsa la conflictividad. Las instituciones públicas resultan apaciguando ánimos, pero difiriendo la aplicación de la ley y fomentando la impunidad. A la par, autoridades reciben comisiones secretas por la contratación de guardias blancas y “agencias de seguridad” para cumplir funciones de policía. Por el bajo perfil profesional de los recomendados, los extraviados empresarios se ven arrastrados a situaciones violentas que no imaginaron. Además, para demostrar que es imposible sustentar al estado democrático de Derecho, en unos pocos casos se interviene brutalmente, con cauda de pérdidas de vidas humanas. Obviamente, se esconde que propinas pueden hacer avanzar la aplicación y protección legal. Así el conflicto se instala, luego se necesita una oficina gubernamental que toma su tiempo en la “resolución”.

La salida a tamaña perversión consiste en la elección de autoridades alejadas del poder oculto paralelo. Ayuda una organización como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Pero, en definitiva, solo una ciudadanía consciente, representada por dirigentes favorables a la vigencia del Estado democrático de Derecho, puede sanear al pacto político que le da vida a este país.

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