La semana anterior se conocieron dos hechos que permiten prever un largo trecho por recorrer en la lucha contra la corrupción. El primero de ellos fue la designación del diplomático de carrera Luis Arreaga como embajador de Estados Unidos en Guatemala, cuando sea ratificado por el Senado y se cumpla el periodo reglamentario de Todd Robinson, quien concluye su mandato en octubre.

Es casi seguro que Arreaga será ratificado sin mayores discusiones, porque su firme compromiso contra el narcotráfico y contra la corrupción es de una larga data y ha representado a EE. UU. en foros internacionales en los cuales ha arremetido contra esos flagelos, por sus nocivas consecuencias en los países en los que se tolera su práctica. Eso lo saben los senadores, entre quienes también hay figuras comprometidas con esos objetivos.

El segundo hecho se produjo el pasado jueves, cuando se conoció de la prórroga del contrato por parte de Naciones Unidas a Iván Velásquez, máxima autoridad y cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es la que ha liderado el proceso de depuración de altos cargos del gobierno patriotista y del encarcelamiento de otras figuras relevantes de poderosos sectores coludidos con una perversa burocracia.

Ambos hechos constituyen una noticia positiva para el país, aunque no todos los sectores muestran la misma satisfacción, porque la alharaca orquestada hasta ahora parece no haber rendido frutos y más bien el mensaje de Washington, de la ONU y de los países cooperantes con ese proyecto es que la batalla anticorrupción debe continuar y es probable que eso ocurra mucho más allá del 2019, cuando vence el contrato de Velásquez.

Por el lado de quienes recelan de esa prórroga ya se han hecho escuchar las voces de los inconformes a través de las redes sociales, casi todas anónimas, lo que denota un estéril aunque oneroso gasto de recursos en una batalla sobre la que no deberían existir grandes desacuerdos, sobre todo porque se trata de desbaratar el pillaje en el Estado.

Por el lado del Gobierno, el silencio y ciertas acciones dicen mucho de la incomodidad que el combate de la corrupción ha provocado. Hace dos semanas, cuando el presidente Jimmy Morales asistió a una cumbre entre mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el gobernante guatemalteco optó por excluir de la lista de invitados a la Fiscal General, y en respuesta las autoridades estadounidenses cancelaron la actividad.

El pasado miércoles, Morales también optó por no asistir a una reunión celebrada en la sede de la ONU, en la cual Velásquez presentó su informe de labores a los países que hacen posible, con sus aportes, el funcionamiento de la Cicig, y lejos de mostrar su complacencia por la prórroga del contrato del actual comisionado, el mandatario optó por declarar que no tenía ninguna información oficial.

Estas son muestras preocupantes de la importancia que el Gobierno le da a la erradicación de la corrupción, a pesar de que al inicio de su gestión Morales declaró que prorrogaría por dos periodos más el mandato de la Cicig.