Economía

Cacif exige medidas legales al Estado para evitar bloqueos a proyectos de minas e hidroeléctricas

El Cacif exige medidas legales, administrativas y judiciales inmediatas que garanticen la libertad de industria, comercio y trabajo y que los tres organismos del Estado actúen para evitar los bloqueos a proyectos mineros e hidroeléctricos.

Por Rosa María Bolaños / Guatemala

El Cacif, exige medidas contra bloqueos a proyectos mineros e hidroeléctricas, así como respetar la libre locomoción ya que tiene impactos sociales, fiscales y económicos. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños)
El Cacif, exige medidas contra bloqueos a proyectos mineros e hidroeléctricas, así como respetar la libre locomoción ya que tiene impactos sociales, fiscales y económicos. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños)

La exigencia del sector privado organizado se debe a los constantes bloqueos a proyectos mineros y áreas aledañas que afectan la economía y el empleo, con impactos en materia social, económica y fiscal, refirió el presidente del (Cacif) Antonio Malouf.

El más reciente caso fueron las protestas y bloqueos de vecinos de Casillas, Santa Rosa,  ubicado a 16 kilómetros de donde opera la mina, en San Rafael Las Flores, ya que aseguran que esa actividad es la causa de los sismos que dañan sus viviendas. Mientras que empresas proveedoras de ese proyecto, y de negocios en la comunidad denunciaron la segunda quincena de junio pérdidas por Q45 millones debido al bloqueo en mención.

Malouf, agregó que otro proyecto minero que está enfrentando bloqueos es el de Marlin, en San Marcos, aunque este ya cerró su fase de producción pero necesita continuar con el cierre ambiental dijo el directivo.

Marlin es propiedad de Montana Exploradora (Goldcorp Guatemala).

El vicepresidente del Cacif y Presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala,   Marco Augusto García Noriega agregó que el tema de bloqueos afecta la gobernabilidad del país respecto a la ley de locomoción y el hecho que las empresas no reciban los insumos para poder trabajar implican que tarde o temprano va a cerrar y va a producirse un cierre temporal o definitivo, y las perdidas de plazas que cuesta generarlas.

“Vimos en la última feria del empleo la gran cantidad de gente buscando empleo y se está botando en un minuto porque se no está cumpliendo con una obligación que tiene el Estado, comentó.

Financiamiento de riesgo

La inversión para proyectos mineros e hidroeléctricos tiene dificultad para acceder a financiamiento debido al riesgo que enfrentan por rechazo a los proyectos o resoluciones de los diferentes organismos, refirió Noriega.

El directivo de la Cámara de Finanzas, expuso que en el sistema bancario hay una política de riesgos y “ningún banco, nacional o internacional, va a dar un préstamos si sabe que ese proyecto va a ser sujeto a un cuestionamiento jurídico o a bloqueos y que  no va a poderse llevar a cabo, porque al final y al cabo lo que se está poniendo en riesgo es el dinero de los depositantes”.

Por ello ahora es fácil que se denieguen los prestamos para esos proyectos o se deje en espera mientras se arregle esa situación, añadió.

García Noriega dijo que tienen conocimiento de dificultad para ese financiamiento, temas que han conversado con los organismos internacionales como con nacionales.  Además que las carteras de esas inversiones son altas, y algunas empresas también cotizan en bolsa en EE. UU. y otros países, y que “por un mal fallo” se desplomen las acciones es una mala imagen para el país.

El caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refirió García Noriega, es muy cauteloso con este tipo de situaciones y cuando existen se abstiene de financiar hasta que se aclaren o se va retrasando porque empiezan a pedir más requisitos.

Por ejemplo un préstamos que probablemente salían en seis meses en el BID, ahora tomará alrededor de año y medio, y luego, para ejecutar el proyecto de una hidroeléctrica se requieren entre 5 a 7 años. Y se tienen que pagar deudas y obligaciones que sería el impacto para el inversionista.

A quién le corresponde, según el Cacif

Según Noriega le corresponde al Organismo Ejecutivo preservar la libre locomoción, al Organismo Judicial le corresponde la certeza jurídica.

La CC fijo en su resolución principios de no suspender el funcionamiento y que era obligación del Estado la emisión de las  normas  correspondientes al convenio 169 de la OIT, sin embargo a su consideración parece que esa resolución  no ha sido suficiente y los tribunales siguen resolviendo en forma contradictora. Y, considera que debería existir una unidad de criterio, porque ciertas resoluciones traen inseguridad jurídica.