Al menos 3 mil empleos afectados y el posible incumplimiento de contratos con más de 300 proveedores, son los principales impactos económicos que generará la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix que se ubica en Izabal.
El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, denunció en la sede del Ministerio Publico (MP), zona 3 de Xela, a las empresas mineras que extraen recursos naturales del Valle de Palajunoj, área rural de la ciudad altense.
También Jalapa y Santa Rosa lo son, aunque el racismo de la élite gobernante de este país y círculos urbanos ladinos con ínfulas de superioridad pretendan negarlo. En estos tres departamentos del suroriente está presente el pueblo xinka de Guatemala por el conjunto de valores humanos, religiosos y culturales que inspiran la vida y alimentan las creencias de la mayoría de los ciudadanos. Además, comparten las mismas costumbres y tradiciones ancestrales que se aprecian en sus artesanías, vestuario, alimentos, territorio, organización social y algunos monumentos históricos.
Integrantes de Cacif informaron que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un memorial para solicitar detalles sobre el manejo del caso de Mina San Rafael, dado que representa un desafío a los plazos de ley.
La suspensión de las operaciones de la minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, puede afectar el crecimiento de la economía de Guatemala, advirtió hoy el presidente del Banco de Guatemala (Central), Sergio Recinos.
Luego de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitaron estudios antropológicos para determinar si existe población xinca dentro del área de influencia donde opera la minera San Rafael, tres entidades ya cumplieron con el requerimiento.
Representantes de Mina San Rafael, directivos de Cámara de Industria de Guatemala, proveedores de la minera y representantes de la Asociación de Trabajadores, presentaron cuatro solicitudes de información pública a la Corte de Constitucionalidad (CC), debido a la falta de pronunciamiento sobre la resolución del caso.
El Cacif exige medidas legales, administrativas y judiciales inmediatas que garanticen la libertad de industria, comercio y trabajo y que los tres organismos del Estado actúen para evitar los bloqueos a proyectos mineros e hidroeléctricos.
La mina Marlin, en San Marcos, dejará de producir en mayo y no hay ninguna ley que regule el cierre y abandono de esas excavaciones, destacó Raúl Maas, director del Instituto de Investigación y Protección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna).
La conflictividad generada en proyectos de generación de energía y de minas ha perdurado en el tiempo, se han ampliado y no se ve cerca una pronta solución.
