Justicia

Crimen organizado buscaría influir en grupo elector del nuevo Fiscal General

Después de la alerta emitida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), expertos y diputados coincidieron en que hay varios mecanismos para que    distintos sectores, y no solo el crimen organizado, puedan incidir en la designación del sustituto de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público (MP).

Por Glenda Sánchez / Guatemala

Una comisión postuladora como la de mayo de 2014 elegiría al nuevo fiscal general. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Una comisión postuladora como la de mayo de 2014 elegiría al nuevo fiscal general. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El uso de medios de comunicación y  redes sociales, los nombramientos  de decanos de las universidades,  la elección de los titulares del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y  la misma Comisión de Postulación de Elección de Fiscal General figuran entre las vías para infiltrarse.

Afirmaron que algunos grupos interesados en cooptar al ente investigador son sectores políticos y económicos   pero también el crimen organizado y  procesados por actos de corrupción buscarían influir, principalmente aquellos señalados a partir del 2015.

Métodos usados

Rootman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, dijo que en los últimos años, en las comisiones de postulación ha sido evidente la politización con la finalidad de favorecer a ciertos sectores.

“Bajo esa lógica es posible que se utilice   esa misma ruta para   favorecer a determinadas personas”, advirtió.

Lizandro Acuña, experto en Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  añadió que   el sistema actual es vulnerable para que  sectores interesados incidan en una elección.

Recordó que no es un secreto que  operadores de justicia  han tenido una cuota de poder que responde a sus propios intereses y círculos.

Algunos diputados del Congreso coincidieron en que muchos  sectores hacen cabildeo  y promocionan a  personas en los colegios y en la  elección de los decanos. Incluso en el mismo  Consejo Superior Universitario  “compran gente”  que luego tiene que designar candidatos para sus propios beneficios.

Recordaron cuestionamientos contra ciertas universidades privadas   que se han  creado con el “único”  fin de tener un lugar en todos los procesos de las  comisiones. Son casas de estudios  que no  tienen  ni siquiera  cien estudiantes  pero sí  un decano, lo que les da derecho a participar en la postulación.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, señaló que  otro de los canales utilizados por el crimen organizado y otros grupos  para incidir en esa elección son  las redes sociales y perfiles falsos. “Las estrategias más comunes son los call center”, especificó.

Añadió que incluso hay grupos que se dedican a ofrecer sus servicios de tráfico de influencias por la relación que tienen con las personas que ocupan cargos importantes.

Grupos que velan por la justicia también advirtieron de que esa incidencia puede afectar el trabajo  en  contra de la  impunidad y  estancar los avances  obtenidos a partir del  2015.

Indicaron que también se corre el riesgo de que haya descalificaciones  desde ahora  hacia potenciales candidatos, con el objetivo  de desacreditarlos y que se vean perjudicados al ser evaluados en el proceso.

Pérez considera  que uno de los grupos nuevos  y más interesados en influir en la elección de fiscal general son las personas que guardan prisión en   Mariscal Zavala. En tanto, Acuña no descartó que este grupo  trate de infiltrarse con el fin de que sus procesos por actos de corrupción no avancen.

Posibles candidatos

Algunos nombres mencionados para  el cargo:

  • Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación.
  • Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público.
  • Juan Francisco Solórzano Foppa, nombrado como jefe de la SAT por el presidente Jimmy Morales el 9 de febrero del  año pasado y que entregará el cargo el 31 de diciembre de 2021.
  • Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad.