Al terminar la ronda de cuestionamiento, el comisionado compartió lo que sintió en momentos claves, los cuales revivió con fotografías del archivo de este medio.

1. Antonio Malouf, presidente del Cacif

– Desde su perspectiva, ¿qué efectos tendrá la lucha contra la corrupción en la inversión y en la economía, en el corto y largo plazo?

Creo que la lucha contra la corrupción debe de tener un efecto positivo porque genera seguridad jurídica y eso para la inversión, para los sectores económicos debería de resultar positivo.

Otra cosa que se plantea es que la persecución penal lleve a una cierta inactividad de la economía, por las restricciones o inmovilidades del sector público, pero creo que si se logran establecer bases reales de aceptación de la legalidad, esto podría implicar un mejoramiento en la economía. Y es lo que he visto en estudios internacionales, ese es el efecto que tiene la lucha contra la corrupción.

2. Felipe Bosch, presidente de Fundesa

– ¿Por qué no se ha logrado subir la eficiencia de la justicia criminal más del 12 por ciento?

No solo es problema de la eficiencia, hay otro adicional, que es la eficacia. La eficiencia significa cantidad de, y eficacia, diríamos más bien calidad de. ¿Por qué no se ha logrado? Porque el tamaño del sistema de justicia de Guatemala es realmente muy reducido. Para subir niveles de eficiencia y de eficacia, se necesita que haya una mayor capacidad de respuesta. Cuando fiscalías de sección tienen contadas agencias fiscales y cuando además no hay presencia del Ministerio Público en el 90 por ciento del territorio nacional, pero cuando, igualmente, hay un crecimiento desigual entre instituciones del sector justicia, entonces por más que se venga desarrollando un trabajo, esto no va a elevar esos niveles de eficiencia.

¿Qué se debería de determinar? Por un lado los cuellos de botella que prevalecen en el sector justicia. Nos decía, la directora del IDPP —Nydia Arévalo Flores—, el hecho que se incrementen los juzgados, no significa que vaya a haber más sentencias, porque si no hay más número de defensores, no podrá haber más audiencias.

3. Fernando Linares Beltranena, diputado

– ¿Por qué promueve las reformas constitucionales si están fuera de su mandato?

Las reformas constitucionales no están realmente fuera del mandato. ¿Cuál es el mandato de la Cicig? Contribuir con el MP en la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; que de la manera como hemos venido planteando su concreción actual lo podemos identificar como esas redes político económicas. Hay una posibilidad de impunidad mayor cuando no existe una independencia judicial. Se necesita generar un espacio de acción del sistema de justicia que garantice la mayor independencia y eso va a redundar en una mayor eficacia de reacción del sistema de justicia frente a la criminalidad. Por ejemplo, ¿cuál fue la participación de la Cicig en la creación de los métodos especiales de investigación en el país en el 2009 o 2010? Se prestaron herramientas para el combate del crimen organizado. En ese mismo sentido se inscriben las reformas a la Constitución, estamos interesados porque creemos que esto va a generar un mejor confinamiento del sistema de justicia.

4. Francisco García Gudiel, abogado defensor de Otto Pérez Molina

– ¿Quién le encomendó integrar la mesa técnica de reformas al sector justicia, pues su función es eminentemente penal? Y ya que habla de fortalecer la transparencia ¿cuánto gana?

¿Por qué razón no se limita exclusivamente a la persecución penal? ¿Por qué razón, por ejemplo, la Cicig estaba habilitada en julio de 2015 para presentar el informe de financiamiento ilícito de los partidos políticos? Adicionalmente, frente a una idea que ha sido de país, por lo menos de los últimos 20 años de reforma constitucional del sistema de justicia, esa idea retomada en 2015 fue luego presentada al presidente Jimmy Morales, quien hizo una convocatoria a los presidentes de los otros organismos del Estado, también del PDH y de la Fiscal General —Thelma Aldana—, y de la coordinadora residente de la ONU y del representante del alto comisionado en DDHH, para conformar ese grupo de acompañamiento e impulso del proyecto de reforma constitucional. Así fue como se constituyó esa secretaría técnica, no fue una autoproclamación.

Y ¿cuánto gano? Algo más de US$15 mil —Q114 mil— mensuales, que no son los Q400 mil o los US$45 mil —Q342 mil— que dicen otros en las redes sociales.

5. Guillermo Pellecer, presidente Asociación de Exconstituyentes

– ¿Quién le asesoró para hacer los cambios al sector justicia por la vía Constitucional? ¿Por qué está corriendo riesgo de fallar?

Lo que hicimos y de lo que asumimos responsabilidad real, es de hacer una revisión de todas las propuestas de reformas del sector justicia de los últimos 20 años. Conformamos un grupo de guatemaltecos en la Cicig que revisaron todas las propuestas de reformas constitucional y de reformas legales. Establecimos unos niveles y, en cuanto a reformas constitucionales encontramos cuáles habían sido reclamos sustanciales de reforma, en el pasado, que muestra además, que en la propuesta de ahora no hay nada novedoso, porque todo esto ha surgido en discusiones que han tenido los guatemaltecos en diversos espacios.

Por ejemplo, la separación de las funciones administrativas de las judiciales a través de un Consejo de Administración Judicial es un tema que con otros matices, o que inclusive en algunos casos con los mismos, venía siendo planteado desde el 2012, estuvo también en la propuesta de Asíes, y de las universidades Rafael Landívar y San Carlos.

En el tema de la carrera judicial ha sido siempre una búsqueda del país para encontrar cuál es el mejor mecanismo para que las personas más idóneas, más capaces y de reconocida honorabilidad ocupen estos cargos en el OJ. Luego de la integración de las cortes en el 2014, creo que hubo una reacción unánime, de que el mecanismo de Comisiones de Postulación ya estaba agotado y que se debía superarlo. La ampliación de la carrera judicial también había sido planteado desde años.

¿Pero cómo se puede dejar por fuera a importantes abogados muy capaces, de reconocida honorabilidad, que quisieran ser ahora magistrados? Se buscó el mecanismo mixto. Dos terceras partes integradas por funcionarios de carrera y una tercera parte la posibilidad de los abogados externos al sistema de justicia.

Así pues, se fue examinando en cada uno de los aspectos, pero con apoyo en lo que ha sido una discusión por años. Cuando se dice ahora que es una reforma sin discusión o a qué se debe la rapidez. Lo que uno podría preguntarse es ¿por qué han discutido durante 20 años y todavía nada se concreta? Y el riesgo de la consulta, pues es un riesgo inherente a toda reforma constitucional, depende también cuál sea la reacción o el respaldo que se pueda obtener en una reforma constitucional de los sectores que mueven igualmente la opinión y la decisión del pueblo para una consulta.

6. Armando de la Torre, académico

– ¿Qué le hace pensar, que usted puede hacer justicia en Guatemala mejor que los mismos guatemaltecos y mejor que la que usted mismo impartió en su natal Colombia?

Yo no imparto justicia. Contribuyo desde mi experiencia y conocimiento con la Cicig, que es también un órgano de apoyo, de colaboración con el MP, que tampoco imparte justicia. La justicia la imparten los jueces, y nosotros no somos jueces.

7. Roberto Alejos, exdiputado y exconstituyente

– ¿Cree que la Cicig después de haber efectuado el trabajo en Guatemala debería de convertirse en un programa permanente de la ONU?

Creo que es una posibilidad. Me parece que en todos los países que tengan una voluntad genuina por superar la impunidad o lograr una más eficiente lucha contra la corrupción, debe tener órganos de investigación independientes.

Esta experiencia de Cicig ha resultado provechosa, ha sido exitosa. Y en ese sentido digo, los países que tienen esa genuina voluntad de superar estados de injusticia o de inoperancia del sistema de justicia, la Cicig es una buena herramienta que podría contribuir en esos propósitos. Si la Cicig con la participación de la ONU, si se fuera a generalizar, es una buena opción, por lo menos es un tema que debe examinarse con cuidado, que la ONU asumiera la contribución con los países en el sistema de justicia desde comisiones de apoyo.

8. Catalina Soberanis, exconstituyente

– Parte de la población responsabiliza al MP y a la Cicig de que no avancen los procesos en los tribunales. ¿Cuál es la realidad?

La realidad es que ni la Cicig ni el MP tienen ninguna responsabilidad en que no avancen los procesos. La decisión es de jueces, los jueces son los que señalan las audiencias. Y es la actividad de los jueces lo que permiten ir superando las etapas. La parte investigadora o la acusadora, es decir el MP, acompañada por la Cicig, al mismo nivel que los procesados o los imputados y sus defensas hacen peticiones a los jueces, y son los jueces los que toman las decisiones.

Los jueces no toman decisiones para agilizar los procesos por diversas circunstancias. Una puede ser por el cúmulo de trabajo que tienen. Hemos encontrado a la fecha de hoy, mayo de 2017, audiencias señaladas para 2018 y 2019. Allí no es un problema del MP ni de Cicig.

Otra circunstancia es la utilización persistente de recursos o amparos que podría constituir el litigio malicioso. Esa combinación de factores, pero ninguna atribuibles al MP ni a la Cicig ha impedido que haya juicios prontos.

Por el contrario para el MP y la Cicig resultaría deseable que mientras más rápido hubiera juicios, más rápido podría producirse decisiones judiciales. En conjunto con la Fiscal General hemos dicho que todas las investigaciones que hemos adelantado están sólidamente sustentadas en pruebas y estamos ansiosos por que la población pueda verificarlo.

9. Edgar Gutiérrez, académico

– ¿Cuál será el legado de la Cicig para la próxima generación de guatemaltecos?

Es difícil hablar de un legado de Cicig porque es un proceso de construcción colectiva. La Cicig es un motorcito, pero son los guatemaltecos los que tienen que construir su futuro, y en qué sentido lo dirigirán.

¿Cuál es la importancia de la Cicig hoy, que podría derivar en algo así para el futuro? Yo he insistido que la Cicig no ha contribuido en la disminución de la impunidad. Son tantos los miles de casos de procesos de investigaciones que hay en el país de hechos delictivos y tan pocos en los que interviene la Cicig, que no se podría decir que por nuestra actividad se disminuya en efecto la impunidad. Pero sí hay una gran virtud en todo esto que he resaltado, la actividad de la Cicig con el MP en todo lo que hemos desarrollado desde 2014 ha permitido a la ciudadanía saber que la lucha contra la impunidad sí es posible, que si se asume con todo rigor y de manera responsable e independiente la investigación criminal es posible tener resultados positivos.

Otra parte importante es lo que ha significado la modernización de la investigación criminal, en lo que hemos participado en muy buena medida.

¿Qué aspiraría después de toda acción de la Cicig? Que haya un compromiso con la legalidad, que sí exista una sociedad formada dentro de la cultura de la legalidad, y que las instituciones de justicia funcionen adecuadamente.

10. Edelberto Torres-Rivas, académico

– Por lo que voy viendo aquí en Guatemala, la corrupción es un delito grave y por ello hay tantos detenidos. Y faltan muchos más. ¿Hay otras alternativas de castigo? La historia criminal de Guatemala muestra el contagio veloz que tienen algunos delitos. El medio ambiente criminógeno ha multiplicado a los actores de algunos hechos delictuosos. ¿Hay alguna medida de corte social que no favorezca —estimule— el crimen? Yo creo que sí, un régimen democrático fuerte.

Estamos de acuerdo. La persecución penal no es un fin en sí mismo. La lucha contra la corrupción tampoco es un fin en sí mismo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se debe esperar de una acción cierta, real, contundente de la justicia? Que se generan condiciones sociales y políticas de mejor funcionamiento del Estado, de mejores relaciones sociales, de mejores relaciones de los ciudadanos con el Estado, y todo esto es contribuyendo a la democracia. Finalmente todo esto lo que pretende es la consolidación de un Estado de Derecho. Y que para eso la justicia es apenas una partecita, porque también habría que plantear otras cosas. Por ejemplo, algo que le faltó al profesor, la represión no cumple por sí misma una finalidad, o poder esperar la transformación de una realidad y hay condiciones de existencia de las personas que en muchas circunstancias impulsan el delito o actividades delictivas. Y no puede existir un estado de Derecho consolidado, si no hay justicia social.

11. Carmen Aída Ibarra, Movimiento Pro Justicia

– A más de tres años de haber arribado al país, ¿tiene igual energía para continuar —energía física y moral— frente a cómo se están dando los acontecimientos y cómo se convierte en una realidad su trabajo?

Sí tengo el mismo entusiasmo. De pronto un poco más, por una circunstancia, porque tengo más conocimiento de la realidad ahora que a finales del 2013, y ese mayor conocimiento de la realidad también permite poder establecer el balance entre lo ideal y lo posible. Cuando uno cree que las barreras son inflanqueables se produce desánimo y en todas las circunstancia e mantenido el optimismo. Creo que es posible contribuir a la transformación del sistema de justicia, de esta realidad, y cuando pierda energía tengo que retirarme.

12. Luis Alpírez, sindicalista del FNL

– Siempre se ha denunciado estructuras corruptas en el MSPAS, ya hasta se ha dado nombres. ¿Qué pasa con esas denuncias que se han hecho contra autoridades que forman parte de esas estructuras? ¿Por qué no hay avances? A veces se piensa que hay alianzas para que no se ventile a los responsables.

Lo que podría negar enfáticamente es que existan alianzas, por lo menos de parte de la Cicig en todo su trabajo con el MP no hay ni siquiera un espacio para la duda sobre la posibilidad de la existencia de alianzas. Y ha sido algo persistente que con la Fiscal General siempre expresamos: nosotros no transigimos con nadie, no negociamos con nadie, lo que presentamos ante los jueces todo lo que se deba presentar, pero para eso se requiere también, en el ejercicio nuestro que la actividad investigativa genere para nosotros una convicción de que lo presentamos es real, es decir, que no son suposiciones.

¿Por qué razón muchas investigaciones no han tenido un éxito o un resultado presentable a los jueces? De una parte hay investigaciones muy complejas que nos han tardado tiempo en poder desarrollarse, por otro lado hay tanto por hacer que queda muy difícil poder atender todas las necesidades o todos los requerimientos que se da por muchos sectores.

Y siempre lo vemos, cada nuevo caso, hay decenas de reclamos que se ven en las redes sociales. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque ha habido tal vez muy poca respuesta de la investigación criminal a esas necesidades. Ha habido respuestas reales relacionadas al sistema de salud, hay procesos que, inclusive, varios casos que están surtiendo su trámite ante los jueces. ¿Qué hay necesidad de extender o de profundizar? Sí, estamos de acuerdo, y en la medida de las posibilidades y capacidades se continuará en ese sentido.

13. Nineth Montenegro, diputada

– Pese a los esfuerzos de Cicig en la lucha contra el crimen organizado, pareciera que éste se acrecienta especialmente en departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Izabal, en los que se comenta la presencia de familias vinculadas con el crimen organizado en sus diversas modalidades —contrabando, narcotráfico, trata de personas— ¿han hecho investigaciones sobre las estructuras criminales y las familias que lo dirigen?

Estamos realizando investigaciones. Realmente esto también es de mucha mayor complejidad, porque se trata de estructuras de crimen organizado muy vinculadas con el tráfico de drogas que con la debilidad que hay del Estado en las regiones es siempre más difícil adelantar la labor de investigación. Hay extensas zonas del país prácticamente sin presencia del Estado que hace también de mucho mayor riesgo la posibilidad de abordar investigaciones de crimen organizado que requiere de la creación de un frente común, en el que el MP es apenas uno de sus componentes, pero que requiere estar con muchos otros.

Hemos visto regiones del país que desde que se produce el desplazamiento de uno de los investigadores, desde que está saliendo de una determinada ciudad, hacia otra región, sabemos que ya está controlado en esos desplazamientos. Es decir, grandes territorios de Guatemala, que están más bien controlados por el crimen organizado y allí la respuesta tiene que ser conjunta y múltiple.

Quienes tienen las redes de narcotráfico también desarrollan la trata de personas y también la transnacional, sino que Guatemala como país de tránsito de una parte de los otros países del triángulo norte, y de otros países.

El tema del crimen organizado debe de tener una preocupación fundamental en el país, porque de lo contrario todas las otras acciones no van a cumplir realmente el objetivo de restablecer el Estado de Derecho y la cultura de legalidad en el país.

14. Gabriel Wer, integrante del colectivo Justicia Ya

– ¿Cómo cree usted que las reformas constitucionales beneficiarán al ciudadano común?

Porque van a tener una justicia más operante que de resultados. Porque va a tener una justicia que no va a privilegiar intereses. En la medida en que se logre una mayor independencia judicial, hay un beneficio ciudadano. Porque la independencia judicial no es la independencia en beneficio del juez, sino que en beneficio de la sociedad, del ciudadano, del usuario de la justicia que tenga la certeza que el juez decide porque tiene ese criterio jurídico respecto del caso que se le plantea, y no porque hay una mayor influencia o una mayor presión de algún sector específico en la solución del caso.

Eso es tal vez en lo más inmediato para las personas que si funciona mejor el sistema de justicia, todos los ciudadanos tienen necesidad del sistema de justicia. Porque no es solo la justicia penal, ahora tal vez también porque el mayor énfasis se pone en la acción de la justicia penal se enfoca hacia allá, pero en realidad eso también se enfoca en la justicia civil, en todos los procesos normales.

Si cuando se plantea, por ejemplo, que los magistrados deben de ser especializados en su área, eso significa que la justicia civil, laboral también tendrá una mejoría. No se debe de pensar solo en lo relacionado a criminalidad, justicia penal de impunidad, sino que del mejor funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto.

15. Carlos Strems, lector de Prensa Libre

– ¿En qué punto estamos contra la lucha de la impunidad y corrupción, hasta dónde hoy los políticos se miden para robar?.

Es difícil decir en qué porcentaje de la lucha contra la impunidad estamos, porque cuando uno cree que ha visto todo aparecen otras cosas. Hay además, o por el conocimiento acumulado a partir de las investigaciones, que no se puede atender todo, una gran cantidad de pendientes, de investigaciones pendientes, de manera que para establecer un porcentaje es realmente imposible, pero creo que sí hay más temor ahora que hace dos años. Y no solo de los políticos, sino que de los sectores a los que pertenecen muchas de las personas implicadas en los casos que se han investigado.

Un mayor temor de los sectores de gobierno que no saben, o por lo menos creen que si incurren en actos de corrupción es más probable hoy que hace dos años descubrirlos y así en todos los órganos del Estado, y eso creo que algo beneficioso que aún no ha sido lo suficientemente contundente como para asegurar una respuesta a la criminalidad pero que se va en el camino correcto.