El estudio se empezó a efectuar en el 2013 con documentos, informes y entrevistas. Arroja información en 50 páginas en las que se analiza el modelo de la CICIG como un organismo internacional de investigación y persecución penal que trabaja de la mano del sistema de justicia guatemalteco.

Entre las acciones que resalta el estudio de WOLA están los procesos de extradición del expresidente Alfonso Portillo, narcotraficantes y descubrimientos de estructuras del crimen organizado en instituciones gubernamentales.

Continuidad

Wola considera que “el gobierno de Guatemala debería solicitar formalmente la extensión del mandato de la CICIG después de setiembre de 2015. El desmantelamiento de las estructuras ilegales que influyen o, en ciertos casos, controlan buena parte del territorio y de institucionalidad democrática del país está aún lejos de lograrse, y la presencia continua de actividades criminales requiere la extensión temporal de la permanencia activa de la comunidad internacional”

Remarcan que la CICIG durante su trayectoria “no ha estado exenta de asperezas, pero ha logrado resultados trascendentales”. También señala que el ente internacional ha obtenido “innegables éxitos de la colaboración del Ministerio Público, la cooperación jurídica y política de la comunidad internacional”.

También se resalta que a diferencia de otros mecanismos de cooperación para el fortalecimiento del Estado de derecho, “la Comisión opera dentro del sistema de justicia de Guatemala. Así, aunque tiene la facultad de llevar a cabo investigaciones, trabaja de la mano con las instituciones guatemaltecas, y de esa manera lograr cambios sustanciales y permanentes”.

Casos

Reo Byron Lima

En setiembre de 2014, su imperio se vio finalmente truncado. Tras más de un año de investigaciones, la CICIG logró desmantelar la presunta red de corrupción que dirigía Byron Lima desde la cárcel, la cual llegaba hasta las más altas esferas del sistema penitenciario. Junto con él fueron detenidos el director del Sistema Penitenciario, Édgar Josué Camargo, el ex-sub-director del Sistema Penitenciario, Edy Fisher, y 12 personas más.

Pavo Real

En agosto de 2010, como resultado de pesquisas realizadas por la CICIG, el Juzgado Primero de Instancia Penal emitió órdenes de captura contra altos funcionarios de la Administración de Óscar Berger Perdomo (2004-2008), entre ellos, el Director de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen, el Sub-Director de Investigación Criminal de la Policía Javier Figueroa59, el Jefe de Investigación Criminal de la Policía Víctor Hugo Soto, el Director del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei y el Ministro de Gobernación Carlos Vielmann, por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de diez reos.

Remoción de jueces

La CICIG ha pedido la remoción de un Fiscal General, la destitución de una decena de Fiscales Jefes, la revocación del nombramiento de un Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la remoción de miembros del organismo judicial y de centenares de miembros de la fuerza policial, incluyendo al Director General, el Sub-Director General, y cerca de 50 Comisarios de la institución.

Alfonso Portillo

Entre los casos por los cuales fue denunciado figura la sustracción de 120 millones de quetzales (US$15 millones) del Ministerio de la Defensa. Según las pesquisas de la CICIG, durante su gestión el expresidente Portillo realizó una serie de modificaciones presupuestarias que, pese a carecer de una justificación razonable, fueron aprobadas por el entonces Ministro de Defensa Eduardo Arévalo Lacs y el Ministro de Finanzas Públicas Maza Castellanos. Las investigaciones revelaron que los militares Jacobo Esdrás Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez transportaron 30 millones de quetzales (US$3.75 millones) en efectivo y los entregaron a José Armando Llort Quiteño, ex-gerente.

Rodrigo Rosenberg

Tras solicitudes por parte del gobierno, así como de diversos sectores del país y de la comunidad internacional, entre otros actores, para investigar el caso, la CICIG asignó a más de 300 funcionarios entre abogados, policías de investigación, analistas y personal de seguridad para apoyar a la UEFAC a esclarecer los hechos. En setiembre de 2009, la policía guatemalteca arrestó a diez individuos implicados como autores materiales del asesinato e integrantes de una banda, entre los cuales figuraban ex-policías, un ex-militar y miembros de una pandilla. Ocho meses después, en enero de 2010, la CICIG anunció los resultados de su investigación. En un giro inesperado y sorprendente, la investigación reveló que Rosenberg había planificado su propia muerte1.

Narcotráfico

En noviembre de 2014 en un operativo (“Cancerbero”) coordinado entre la CICIG, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación fueron detenidos diez presuntos miembros de una estructura criminal bajo el mando de Haroldo Mendoza Matta. A los sospechosos se les vincula con la masacre de siete personas ocurrida el 15 de noviembre en el departamento de Izabal.

Según las pesquisas de la CICIG, la familia Mendoza llegó a formar un ejército privado que se dedicaba a realizar “patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas, y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén”. Se decía que la familia tenía un completo control sobre el departamento de Izabal.