Tras desestimar los últimos argumentos de Washington al considerarlos “reempacados y recalentados”, la magistrada señaló que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está violando un acuerdo legal firmado hace tiempo en el que se estipula que los migrantes menores no pueden ser retenidos en centros de seguridad sin licencia, y dio a la agencia hasta el 23 de octubre para cumplir su orden.

Los abogados del gobierno habían solicitado a Gee que reconsiderara su decisión, afirmando que el departamento ya está haciendo todo lo posible para atender rápido a las familias en esta situación y que los centros se han convertido en instalaciones de procesamiento de corto plazo.

Los letrados del departamento están estudiando el fallo, dijo Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia el viernes por la noche.

Esta es la segunda vez Gee determina que la detención de menores viola parte de un acuerdo alcanzado en 1997 en un caso anterior.

El pacto exige que los niños sean entregados a un familiar o queden bajo una custodia apropiada, sin seguridad, en cinco días. Si hay una gran afluencia de niños, los plazos pueden ser más largos, pero en virtud de esa norma deben quedar libres lo antes posible.

En su orden, Gee respondió que los funcionarios de inmigración “fracasaron de manera rutinaria para proceder con la mayor rapidez a reubicar a los menores acompañados”.

Peter Schey, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, dijo que la orden del tribunal “protegerá a los niños refugiados y sus madres ante detenciones prolongadas y totalmente sin sentido.”

El gobierno ha canalizado millones de dólares a dos grandes centros de detención en Texas para mujeres y niños después de que miles de familias de inmigrantes, en su mayoría procedentes de América Central, cruzaran el verano pasado hacia Estados Unidos desde México. Muchas de esas familias solicitaron asilo tras huir de la violencia de las pandillas y doméstica en sus países.

En el fallo del viernes, Gee cuestionó el argumento de Seguridad Nacional de que limitar drásticamente o terminar con este tipo de detenciones familiares podría alimentar otra oleada migratoria y dijo que la idea era “especulativa en el mejor de los casos” y “alarmista”.