La primera se trata de una querella en contra del presidente, del vicepresidente Jafeth Cabrera y los ministros, quienes son señalados de dos delitos, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
Rafael Maldonado, de Calas, argumentó que el Ejecutivo violentó la Ley de Orden Público con el decreto 5-2016, que estuvo vigente durante dos días y daba vida al estado de Prevención.
Según Maldonado, si había riesgo de desastres, era necesario decretar el estado de Calamidad y afirmó que, aunque se haya derogado este decreto, no se elimina la acción ilegal.
Maldonado dijo que detrás del estado de Prevención había “intereses oscuros” y que por ser una “acción ilícita” será la justicia la que determine la responsabilidad de cada uno de los implicados, pues “el delito se cometió” y estuvo vigente.
La acción de la UNE también es contra Morales y sus ministros, y solicita al Ministerio Público que investigue si el decreto de estado de Prevención tenía el objetivo de “desestabilizar la institucionalidad del país”.
“Creemos que se atentó contra la institucionalidad del país”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de la bancada Orlando Blanco, quien pidió investigar a Morales y a su Gabinete “por resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad”.
“Se debe investigar qué finalidad oscura tenía el fallido estado de Prevención decretado”, explicó el diputado Orlando Blanco, encargado de anunciar la acción penal.
El Ejecutivo dio marcha atrás al decreto ante la ola de repudio y rechazo de sectores civiles, de la Prensa y de la sociedad porque violentaba las libertades de acción, locomoción y expresión consagradas en el Carta Magna.
*Con información de Jerson Ramos, Jessica Gramajo y Agencia EFE
