Política

Ejecutivo intentaría ampliar la presencia del Ejército en tareas de seguridad

La discusión sobre la continuidad  del apoyo del Ejército en patrullajes  de seguridad, cuyo final fue establecido en un cronograma para el 31 de marzo,  recaerá en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el cual, según fuentes de inteligencia y seguridad, puede inclinarse porque esa participación militar se mantenga, pese a no contar con evidencias sobre la incidencia de las fuerzas combinadas en una reducción de actos delictivos.

Por Bill Barreto / Guatemala

La estrategia incluiría emprender una discusión en el  Consejo, el cual está integrado, entre otras instancias, por  la  Presidencia de la República, los ministerios de Gobernación,  de Defensa y de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE)  y la de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

La continuidad del Ejército en los patrullajes se estaría considerando  pese a que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ha reiterado que, por ahora, no se contempla una ampliación de las funciones castrenses en seguridad.  

“Hay que analizar la información para tomar decisiones específicas, pero no estamos cambiando la fecha programada para el retiro del Ejército  de los patrullajes”, aseguró Degenhart el  5 de febrero.

En esta línea se  evaluaría el papel de la Policía Nacional Civil (PNC), y con el argumento de mejorar sus capacidades para enfrentar amenazas a la seguridad, como las pandillas, recomendarían ampliar las tareas del Ejército en seguridad ciudadana, según círculos de inteligencia.

Fuentes del Ministerio de Gobernación y   de inteligencia afirman que el Ejecutivo prevé prolongar las operaciones del Ejército y ampliar el acceso de la institución a labores de inteligencia civil.

El pasado 29 de enero el ministro   Degenhart  aseguró que pediría a “la junta directiva del Congreso de la República una reforma al Código Penal, en la cual se tipifique a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 como organizaciones terroristas”, solicitud que, dijo,  extendería al Gobierno de Estados Unidos.    

Degenhart pareciera ignorar que  la pandilla MS-13, con miembros en Guatemala, El Salvador, Honduras y México,  fue incluida  desde 2012  en la lista de las organizaciones criminales transnacionales  por el Departamento del Tesoro, conocida como  Ofac.

No es disuasivo

El artículo 19 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece  el  área de acción del mismo: “El ámbito de la seguridad interior enfrenta de manera preventiva y directa el conjunto de riesgos y amenazas provenientes del crimen organizado, delincuencia común, en defensa del estado democrático de Derecho”.  

A criterio de los exministros de Gobernación  Francisco Jiménez y Carlos Menocal, no hay registros de que la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana haya reducido los hechos delictivos.

Jiménez destacó: “Nadie ha planteado dónde están los indicadores de éxito de la participación del Ejército en patrullajes combinados. En términos de política pública no se tiene que tomar decisiones a ciegas”.

Para el extitular del  Interior, el CNS “tiene una tendencia militar, si no institucional, sí como mentalidad”.

Jiménez también recalcó que la experiencia en El Salvador y Honduras en el uso del Ejército para el combate de las pandillas  “es un fracaso”.

Entre las razones que  limitan que haya mejores resultados en tareas de seguridad civil, Menocal apunta tres:

Primero, que en los patrullajes combinados se resta “capacidad efectiva de movilización” a la Policía, ya que los soldados suelen operar en puestos de control y con armas largas que representan un riesgo para la población civil, en caso de un enfrentamiento en barrios o callejones.

La segunda razón    es   su costo en relación con el beneficio, ya que en los momentos de mayor uso estos han costado entre Q250 y Q300 millones, sin que el Ejército haya podido demostrar  la presencia de más del 30 o 40 por ciento del personal por el cual cobraba.

Por último, el exministro de Gobernación apunta que para  equipar al personal se ha recurrido de manera tradicional a la Industria Militar, con criterios poco transparentes.

Óscar Pérez, vocero del Ejército, afirmó que la participación del Ejército siempre ha sido por petición de Gobernación, y si bien en un principio se participaba en labores de seguridad en 30 municipios, las fuerzas armadas se han retirado de 20 de estos.

Seguridad civil avanza

Del 2015 al 2017 se registra una reducción del 8 por ciento en la  violencia homicida, al igual que un 23 por ciento en delitos contra el patrimonio y el 29 por ciento en delitos sexuales, según registros oficiales de la PNC.    

En lo que va del año se han reportado 78 homicidios menos de los registrados en el mismo periodo del 2017; tres muertes menos en el departamento de Guatemala  y 75 menos en el resto del país. Una reducción del 16 por ciento según registros de la PNC hasta  ayer.  

El retiro del Ejército en tareas de seguridad ciudadana estaba contemplado para el 31 de diciembre último; sin embargo, a finales del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad decidió prolongar esas tareas hasta el 31 de marzo próximo.

Por su parte, el vocero de las Fuerzas Armadas aseguró que cualquier intercambio de información que haga el Ejército debe ser en el contexto “de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”.

Narco e inteligencia

Mientras en círculos cercanos a Gobernación aumenta  la sospecha de que se busca empoderar más al Ejército en tareas de seguridad civil ciudadana y acceso a inteligencia civil,  el vocero del Ejército lo descarta y, por el contrario, asegura que se limitan a su mandato constitucional, que  “es más para amenazas externas, solo dentro del marco de la ley”.

Fuentes al interior de Gobernación señalan que el sistema de inteligencia civil se ha fortalecido en dicha institución, por lo que incluir en más acciones a círculos militares representaría un riesgo de seguridad nacional dada la vinculación de militares a delitos.

“Uno de los factores  a considerar es que el narcotraficante extraditado Marlon Monroy, alias el Fantasma, tenía vínculos en la fuerza naval militar e incluso fue extraditado otro de sus colaboradores, un militar en activo —Mynor Francisco Leonardo Cerón—”, indicó una fuente a condición de anonimato  que ve un riesgo que militares tengan acceso a inteligencia civil.

El mayor de Infantería  Mynor Francisco Leonardo Cerón  aceptó en abril de 2017 ser extraditado a EE. UU. por narcotráfico.

Para Steven Dudley, codirector del portal de investigación en crimen organizado, Insight Crime, las revelaciones que pudo dar Monroy pueden ser muchas y traer   “acusaciones formales, sanciones económicas individuales, o institucionales o sanciones políticas” que podrían usarse para “sanear instituciones”.