- Roberto Kestler
- Cristhian Boussinot
- César Fajardo
- Marcelino García Chutá
- Julio César López
- Selvin Boanerges García
Los casos
El exdiputado Roberto Kestler fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias por su presunta participación en el caso Negociantes de la Salud. Guarda prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala.
Kestler habría participado en la prestación del servicio de tratamientos para várices al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), asociándose con el proveedor y representante legal de la empresa Wellnes Center, José Rodolfo Barrientos Montepeque. El diputado supuestamente utilizó su influencia como presidente de la Comisión de Salud del Congreso (2013-2014) para lograr la adjudicación de dicho servicio.
Además, participó en el negocio como socio de Wellnes Center al aportar dinero para la compra de equipos requeridos para prestar el servicio al Igss. También apoyó a proveedores para la venta de medicamentos al Seguro Social, a cambio de “comisiones”.
Christian Boussinot, de la bancada Todos y vinculado a un caso de plazas fantasma en el Congreso, fue capturado y enviado a prisión provisional a la cárcel de Matamoros.
Le sindican delitos de abuso de autoridad, peculado y extorsión. habría llevado personal de su confianza al Congreso, donde les gestionó sueldos y luego les cobró comisiones ilegales de hasta 80% del salario que supuestamente devengaba.
Boussinot Nuila también fue denunciado en 2015 por una persona que dijo que contrataba personas como empleados del Organismo Legislativo, pero en lugar de trabajar para el Congreso les asignaba tareas particulares o en empresas relacionadas al diputado.
César Fajardo, Marcelino García, Julio López y Selvin Boanerges García, fueron enviados a prisión por estar sindicados en el caso de Plazas Fantasma, acusados de los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
Según las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig, los legisladores fueron integrantes de la Junta Directiva del Congreso, entre los años 2014 y 2015, habrían autorizado gran cantidad de contrataciones de personal de manera irregular, además de ser ilegales las personas contratadas no asistían a trabajar.
Otros casos
Pedro Muadi, expresidente del Congreso, es sindicado de la sustracción de fondos del Legislativo, cuyo monto alcanzaría los Q630 mil. La investigación reveló que para 2013 Muadi Menéndez tenía asignado un grupo de 15 guardias para su seguridad personal. Estos eran colaboradores de la empresa privada de seguridad Grupo SIS, quienes devengaban un salario de Q5 mil pagado por la compañía.
Para desviar fondos Muadi habría ofrecido a su grupo de seguridad un pago extra a su salario de Q2 mil, los cuales pagarían con fondos del legislativo. Para eso, cada uno firmaría un contrato por un sueldo de Q8 mil con el Congreso.
Gudy Rivera, exdiputado y expresidente del Congreso, fue sindicado de tráfico de influencias y cohecho, porque supuestamente había intentado presionar a la exmagistrada Claudia Escobar para que amparara a Roxana Baldetti, por una suspensión que el TSE le habría hecho por realizar campaña anticipada en 2014.
Los exdiputados Jaime Martínez y Manuel Barquín están ligados a proceso por el caso Lavado y Política, sobre una estructura que supuestamente se dedicaba al lavado de dinero por medio de un grupo delictivo que operó en Jutiapa entre 2008 y 2011.
