Los firmantes fueron la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos.

Al acto llegó como testigo de honor Germán Suazo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“El objetivo es tener el control de los recursos utilizados por las organizaciones políticas, sus orígenes y el uso en los medios de comunicación”, indicaron los magistrados.

Este convenio es parte de los compromisos adquiridos por las entidades con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas por el Congreso en abril de este año y sancionadas por el presidente Jimmy Morales el 25 de mayo.

Entre los cambios incluidos por los legisladores, contemplan dar más autoridad al TSE para que rastree las acciones de los partidos.

El TSE tendrá la potestad para fiscalizar los aportes públicos y privados a los partidos políticos.

Prohíbe la recepción de contribuciones de recursos que provengan de hechos ilícitos.

Se prohíbe a los partidos políticos contratar espacios de propaganda en los medios de comunicación, pues será el TSE, quien determine los espacios iguales para las agrupaciones.