El presidente no se equivoca

Opinión

Ni se trata de  sarcasmo ni de una afirmación con carácter absoluto. Me refiero a las declaraciones del presidente Jimmy Morales en cuanto a la política de la Contraloría General de Cuentas, que él estima excesiva, de llevar al plano de lo penal infracciones que, realmente, son faltas administrativas. Yo añadiría que esa actitud de denunciar como delitos actos que no pasan de ser faltas administrativas, daños o perjuicios civiles, no se limita a la CGC, sino que abarca a otros órganos del Estado y a muchos particulares —o a sus abogados—.

2020: El poder tras el trono

Opinión

Mientras la coyuntura nos absorbe a diario, y hace que olvidemos lo urgente y lo importante, el tiempo avanza y acerca el próximo proceso electoral. Respecto de las pasadas elecciones, nada ha cambiado sustancialmente y el futuro se avecina similar al de hace cuatro años. La situación, desde un punto de vista formal no solo es la misma sino peor, porque se han detectado vicios que siguen presentes en la legislación y en las prácticas. Entre las quejas ciudadanas se escucha que no hay partidos ni candidatos para las próximas elecciones, pero: ¿alguien piensa todavía —de verdad— que el binomio presidencial es importante? Creo que eso está superado desde que los diputados se dieron cuenta del “peso” —y la impunidad— que tenían en este sistema y comenzaron a tomar las riendas. A partir de ahí se produjo una escalada progresiva y depredadora que ahora se materializa en un significativo número de diputados —y exdiputados— procesados, huidos, en busca y captura, pendientes de antejuicio o cuestionados.

Criminalizar a quien fiscaliza

Opinión

Álvaro Arzú Escobar, como presidente del Congreso, presentó denuncia penal contra Manfredo Marroquín, personero de Acción Ciudadana. El argumento formal de la denuncia poco interesa para estas líneas porque eso lo debe conocer el Ministerio Público o el juez. Lo que sí preocupa es el contexto.

SAT interviene otra empresa de seguridad

Economía

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presume que una nueva empresa de ese sector habría incurrido en los delitos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.