El pasado 20 de enero, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), publicó en sus redes sociales la recepción de 20 montacargas. Los vehículos industriales fueron adjudicados seis meses antes, por un monto de Q68 millones.

Aunque los montacargas eran nuevos, trabajadores de la portuaria denunciaron públicamente y difundieron videos donde muestran que no cumplen con las especificaciones de carga requerida.

El proveedor fue Alel, S. A., que tiene como únicos clientes a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castillo (Empornac) y a EPQ. La empresa en los últimos cuatro años logró contratos por Q353.9 millones en ambas portuarias y entre 2012 a la fecha suma Q404.1 millones, en la mayoría de los eventos como proveedor único.

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El representante de la empresa es Manuel de Jesús Jordán Gálvez, que fue proveedor particular de la Empornac y entre octubre y diciembre de 2012 vendió “materiales eléctricos para proteger la red eléctrica subterránea y contratación de servicios”, un contrato de Q2.9 millones.

Jordán Gálvez ha vendido a las portuarias de carretes de cabo trenzado, sistema de vigilancia costero, cable acerado, adquisición de estación meteorológica, radios trasmisores, actualización de licencias, servicios de acometida, motores marinos, entre otros.

Su empresa, Alel, S. A. opera bajo el nombre comercial Colombias Boutique, una empresa de venta de pantalones y Prosi, y tiene como domicilio fiscal la 13 calle y 6a. avenida, Puerto Barrios, Izabal.

Se intentó comunicación con la empresa a los números registrados en Guatecompras, pero estaban deshabilitados.

Se adquirieron 20 montacargas de diferentes toneladas de capacidad para las operaciones en EPQ
Cinco montacargas de tres toneladas, cinco montacargas de 7 t, 3 montacargas de 10 t, tres montacargas de 15 t, dos montacargas de 20 t y 2 montacargas de 32 t de levante. pic.twitter.com/VygsDTYrPN

— Empresa Portuaria Quetzal (@PortuariaEPQ) January 25, 2024

vende de todo

La empresa Alel, S. A. fue constituida ante el Registro de la Propiedad en enero del 2007, por Miguel Ángel Jerónimo Benítez, un abogado y notario que reside en Puerto Barrios, Izabal. El documento legal refiere que comparecieron los hermanos Augusto Enrique y Érick Alfonso Leal Méndez.

En 2012, Erick Alfonso fue subinterventor de la Empornac. También fue asesor del diputado por el distrito Izabal, Byron Chacón y, en el 2015, fue candidato a diputado por dicho departamento por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Tanto Érick como su hermano, Augusto Enrique, celebraron un contrato de constitución de sociedad anónima para la empresa Alel, S.A., con una cláusula que permitía que con la resolución del consejo de administración o del administrador único, según el caso, “podrá adoptarse otros u otros nombres comerciales, según le convenga a la sociedad”.

El documento refiere que la sociedad podría prestar servicios de extracción, procesamiento, distribución, comercialización, transporte, importación, exportación, representación, asesoría, alquileres y compraventa de todo tipo de materia prima, productos y mercancías, especialmente servicios tecnológicos, vehículos, servicios de transporte de personas, constructora y otros negocios lícitos, incluyendo de entretenimiento.

Agrega el documento de constitución que el objeto principal de la empresa será, además, promoción, establecimiento y desarrollo de todo tipo de actividades.

Sospechas

Ricardo Monterroso, gerente general de EPQ, sobre las adjudicaciones de dicho proveedor se limitó a declarar que “en la Empresa Portuaria Quetzal existen contratos aún en revisión, y de los resultados de estos análisis de auditoría y peritaje técnico se tomarán medidas correctivas de inmediato, según la ley corresponda”.

Consultada la Comisión Nacional contra la Corrupción, indicó que el sector portuario es un punto de interés estratégico para el gobierno de Arévalo, “por lo tanto, deben operar con transparencia, eficiencia y seguridad, apegado a las leyes nacionales y tratados internacionales”.

Agregan que la Comisión trabajará junto al Ejecutivo, así como con las diferentes instancias “en un análisis de las condiciones operativas de las empresas portuarias, a manera de establecer mecanismos que a largo plazo garanticen un desempeño libre de corrupción”, concluye.