Política

Estado sería resarcido por usufructo de TCQ

APM Terminals, propietaria de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), aceptó la sugerencia del interventor Alexánder Aizenstatd de pagar US$43.2 millones —unos Q327.46 millones— de reparación civil a Guatemala y un nuevo contrato de concesión por 21 años.

Por Andrea Orozco y Henry Pocasangre

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APM Terminals PGN TCQ
Panorámica de la Terminal de Contenedores Quetzal, en Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Panorámica de la Terminal de Contenedores Quetzal, en Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pese a ello, la Procuraduría General de la Nación (PGN) afirma que no es posible un nuevo contrato sin antes concluir el proceso legal ya iniciado.

Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, declaró que, luego de  discusiones con  la directiva de la empresa, decidieron aceptar para poder operar.

Marston remarcó que la reparación civil planteada aumenta los costos en 25 por ciento y disminuye la rentabilidad.

Además, hizo énfasis en que si es posible la solución  planteada, buscarán que se extienda de 21 años, como Aizenstatd lo sugirió, a 25 años, pues el Estado pasará a ser propietario y el impacto financiero sería grande para ellos.

El pago de los US$43.2 millones sería en un solo aporte, según Marston, aunque en la sugerencia del interventor contempla inversión en responsabilidad social empresarial.

La vicepresidenta de la mencionada firma indicó que aunque no está contemplada una prórroga del contrato, la expectativa es que cumplido el tiempo haya una licitación en la que ellos tengan la oportunidad de participar.

Aizenstatd indicó en un comunicado oficial que debe ser la PGN la que resuelva de manera oficial, y aclaró que su planteamiento fue una sugerencia de lo que podría ser una solución sin interrumpir los procesos penales que involucran a personas procesadas por supuesta corrupción.

Proceso previo

Anabella Morfín, titular de la PGN, aclaró que no es posible hacer un nuevo contrato de mutuo acuerdo, pues se debe concluir el proceso de demanda por nulidad que comenzó esa entidad. Una solución puede ser que la empresa se presente ante la judicatura y acepte que el acuerdo fue  nulo, y de esa forma se facilitarían los trámites y se cerraría el proceso.

Al Congreso

El aval de cualquier procedimiento que decidan para solucionar el conflicto de  APM Terminals y el Estado debe llegar al Congreso, según Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica.  Godoy aclaró que el Ejecutivo desconocía la propuesta del interventor,  y aunque la calificó de interesante, aseguró que se deberá buscar un proceso legal, transparente y que solo el Legislativo avala.