Se debe  regular la publicidad

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que la publicidad oficial  para los medios de comunicación es un problema que arrastra la mayoría de países de América Latina y que se ha discutido por considerarse un acto de corrupción.

Aseguró que este problema se da porque  “muchos” de los gobiernos utilizan y manipulan  los recursos del Estado  para premiar o  castigar  a los medios de comunicación para su propio beneficio. “En Guatemala algunos medios  han sido castigados al no recibir publicidad oficial, pero hay medios que son premiados por su  buen comportamiento”, afirmó.

Ante ese problema de corrupción la SIP ha pedido    transparencia a los gobiernos, además de la elaboración de criterios técnicos, estándares de  penetración de cómo deben distribuirse los anuncios por medio de leyes aprobadas por el Congreso.

“Algo importante es incluir con una capacidad de pluralidad  a todos los medios, creo también que se debe tomar en cuenta el tipo de audiencia”, señaló el director ejecutivo de la SIP.

Resaltó que no se debe discriminar a los medios por su criterio editorial, “es decir que si un medio es contrario al pensamiento de  Jimmy Morales —presidente de Guatemala— eso no tiene nada que ver con recibir o no la  publicidad. 

La distribución de la pauta tiene que hacerse en forma técnica”, enfatizó Trotti.

Agregó que durante la 72 asamblea general, que se efectuará del 13 al 17 de octubre en México, se desarrollarán paneles de discusión sobre las relaciones de Estados Unidos y América Latina, las elecciones con el nuevo gobierno.   

En materia de libertad de prensa habrá un panel sobre siete crímenes contra periodistas  y 281 profesionales   desplazados por  amenazas. Se  discutirá el papel del Estado, la inseguridad y el crimen organizado.

Persiste  rechazo a la transparencia

Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que algunas  unidades de acceso a la información de las entidades obligadas se resisten a entregar  los datos  a pesar que la  Ley de Libre Acceso a la Información los obliga. 

Agregó que gran cantidad de  municipalidades no publican en sus páginas web los salarios y dietas de los funcionarios, ya que argumentan que son datos sensibles. “En Guatemala existe vulnerabilidad para todo, no es que corran más peligro los que publican los salarios”, aseveró  Mazariegos.

Indicó que en el caso del Organismo Judicial más que resistencia es temor por entregar algún dato que prohiba la  normativa.  

“Siempre habrá resistencia, hasta que no exista una cultura relacionada al tema. Además de los periodistas la población debe sumarse a esa fiscalización como en México.  Por ejemplo, ellos llevan tanto tiempo con la ley que  ya asimilaron los procesos   y exigen la información. En Guatemala  cuesta mucho, el problema es que no se exige, se le dice no se puede dar la información, se van a su casa y no vuelven a preguntar nada”, añadió la representante de la PDH.

Recomendó a los comunicadores y a la población en general pedir la constancia de la solicitud y también las notificaciones de los procedimientos para saber si se tendrá la información. Además de pedir una ampliación a la unidad que visiten si no se entrega el requerimiento y pedir un recurso de revisión si fuera el caso.

De enero a septiempre último, la PDH registró 24  denuncias por diferentes agresiones a periodistas. Guatemala, Suchitepéquez, Chimaltenago y Quetzaltenango son los departamentos que registran la mayor cantidad de denuncias.

La provincia esmás peligrosa

Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), aseguró que los comunicadores que laboran en la provincia son más vulnerables al crimen organizado, violencia y otros factores por la debilidad del Estado.

“Los periodistas departamentales siguen siendo los más desprotegidos, esto obedece a una serie de razones,  entre ellas está la  implantación del crimen organizado y narcoactividad. Además, la debilidad del Estado y por último la inseguridad generalizada en el país”, detalló y agregó que de las siete muertes de comunicadores registradas este año, solo uno fue en la capital.

“A pesar que los profesionales del gremio son más vulnerables en el área rural, la cantidad de denuncias que hay pertenecen a Guatemala, eso también se debe a algún tipo de intimidación o amenaza para quedarse callados”,
 refirió.

“Después de tanto tiempo es la primera vez que ocurre un asesinato en la capital, contra una comunicadora —Ana Leonor Guerra Olmedo, vocera del Hospital General San Juan de Dios, ultimada a balazos el 9 de septiembre de este año—”, indicó.

Para Alamilla, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz y Retalhuleu son los lugares más peligrosos para el trabajo periodístico.

“Los responsables son autoridades y agentes vinculadas con el Estado, luego le siguen las personas desconocidas, fuerzas de seguridad y los pobladores que se han incluido como agresores de la prensa”, manifestó.

Según la analista, todos los casos están documentados por la APG.

“Lamentablemente no es suficiente las garantías que establece la ley referente a la libre emisión del pensamiento y de la prensa, prevalecen más las actitudes de los políticos y particularmente se ha notado en los discursos, exabruptos que riñen con ese derecho”, señaló.