Política

Sin datos sobre fideicomisos, Comudes y ONG

A poco de que se cumplan nueve años de aprobada, los fideicomisos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y los consejos de Desarrollo continúan siendo las entidades del Estado que más incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), inconveniente que se combina con el poco interés ciudadano por fiscalizar a las autoridades.

Por Geovanni Contreras

Violeta Mazariegos, de la PDH, ejemplificó que el fideicomiso de Fonades, que entregaba fertilizantes, cerró su UIP cuando todavía administraba recursos. (Foto Prensa Libre: Cortesía PDH)
Violeta Mazariegos, de la PDH, ejemplificó que el fideicomiso de Fonades, que entregaba fertilizantes, cerró su UIP cuando todavía administraba recursos. (Foto Prensa Libre: Cortesía PDH)

“En el sector público, los consejos de Desarrollo y el sector Deporte son los incumplidores. Y en el no público, son los fideicomisos y oenegés”, explicó Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La funcionaria recordó que la razón de ser de la mencionada ley es que se pueda solicitar información y que en cada entidad exista una Unidad de Información Pública (UIP), pero ese no es el caso en muchos sujetos obligados.

El sujeto obligado es “toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, que administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general”.

El año pasado, 191 entidades no tenían UIP, de acuerdo con las estadísticas de la PDH, entre las que destacaban varias asociaciones y federaciones deportivas, 22 municipalidades, cinco consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y 152 consejos Municipales de Desarrollo (Comudes).

De fácil acceso

• Dirección y teléfonos de la entidad.

• Directorio de empleados y servidores públicos.

• Manuales de procedimientos administrativos y operativos.

• Nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores, incluyendo salarios, honorarios, dietas, bonos y viáticos.

• Listado de obras en ejecución y ejecutadas.

• Compras directas y fideicomisos.

De acuerdo con Mazariegos, hubo una mejora sustancial en las municipalidades, porque un año antes solo la mitad había cumplido con entregar un informe sobre su Unidad de Información Pública y la última vez faltaron más de 30.

En general, los tres organismos del Estado también tendieron a mejorar, gracias a la fiscalización y observancia de los medios de comunicación.

“El problema está cuando el Estado, a través del sector que no es público, ejecuta recursos, y un 95 por ciento incumple, como fideicomisos y las oenegés”, agregó.

La secretaria ejecutiva precisó que solo a escala central existen 25 fideicomisos vigentes, de los cuales solo cinco tienen UIP, y que la situación empeora con los cientos de oenegés que no la tienen.

Pendientes de web

De acuerdo con el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana (AC), muchas municipalidades ni siquiera tienen una página web en la cual dar a conocer la información pública de oficio que ordena la Ley, aprobada en septiembre del 2008.

Según esa normativa, es información pública de oficio toda aquella relacionada con las funciones de todos los sujetos obligados, y el manejo directo de los fondos del Estado, como el directorio de empleados y sus sueldos.

“Los gobiernos locales no tienen ni siquiera una página web, esa es una limitante de principio. La Ley no indica que sea específicamente en una página web, sino que tendrían que tener a disposición de las personas la información pública de oficio; es decir, otra manera de dar a conocerla fácilmente”, explicó Edie Cux, consultor de AC.

El resto de información específica debe solicitarse por correo electrónico o con una carta que se entrega en la Unidad de Acceso a la Información Pública que toda entidad debe tener, y de la cual también carecen algunas comunas.

De las municipalidades que cuentan con portal web, el vínculo –link- no funciona, solo se publican datos de años anteriores o no aparecen todos los incisos que exige la LAIP.

“No se publican especialmente las planillas de los trabajadores ni los asesores de los renglones 011, 022, 029 y 031”, agregó Cux.

En el caso del Gobierno Central, como los ministerios y secretarías de Estado, Cux considera que se ha dado un cambio sustancial desde el año pasado, en que hay un mayor cumplimiento, pero a veces los datos no están al día, lo que ha sucedido con las licitaciones y la planilla.

Como auditores sociales, AC ha tenido que llamar a las entidades para que entreguen una información de oficio que debe estar publicada.

“De hecho, nos tendrían que responder lo más pronto posible porque es información de oficio, pero agotan todo el proceso, que son 10 días. Lo que sucede es que, como no lo tienen en la página web, obligan a que uno agote el proceso de la LAIP, y a veces con prórroga”, expresó.

Pocas condenas

Del 2009 al 2016, el Ministerio Público ha recibido entre 490 y 500 denuncias, según reportes de ese ente investigador entregados a la PDH, pero solo cinco sentencias condenatorias.

En el 2011 se dieron cuatro sentencias por el delito de revelación de información confidencial o reservada, mientras que en el 2014 se dio la única por retención de información.

Aparte de las dos anteriores, las otras faltas que se denuncian con frecuencia son alteración o destrucción de información en archivos y comercialización de datos personales.

Poco interés

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que a veces en los municipios el poder inmediato se reafirma a sí mismo la discrecionalidad.

“Un alcalde que tiende al manejo del poder centralizado o bajo la lógica del cacicazgo va a ser poco proclive a facilitar que la información fluya a sus ciudadanos. Pero otro elemento que hay que tomar en cuenta es que el nivel de interés de la población respecto de la información en lo local también puede influir en que las municipalidades se sientan comprometidas a cumplir con lo que la ley les manda”, afirmó el politólogo.

Ejemplificó que en una comuna en Nentón o Tectitán, Huehuetenango, donde los niveles de analfabetismo son muy altos, el interés por lo público es escaso y la lógica de relacionamiento entre el alcalde y su población es de carácter clientelar, por lo que poco les va a importar si tiene o no página web.

“Eso no exime las responsabilidades, está en la ley; sin embargo, el nivel de cultura política de la sociedad guatemalteca es poco exigente respecto de este tipo de parámetro de gobierno abierto o gobierno electrónico”, agregó.

El analista de Ipnusac cree que hay una mala interpretación de la LAIP, por la percepción generalizada de que es una ley para periodistas o investigadores, y la población no ve en esa normativa una herramienta que le permita fiscalizar a las autoridades, sino que la considera un trabajo de periodistas, investigadores sociales, oenegés o colectivos.

Mazariegos resaltó que la información pública de oficio en las páginas web es para quienes manejan esa tecnología, para quienes saben dónde buscar, pero que lo básico es la Unidad de Información Pública, que no debe faltar en ninguna entidad estatal o privada que administre o reciba fondos del Estado.

De acuerdo con los informes que los sujetos obligados entregaron a la PDH, el año pasado se presentaron 62 mil 856 solicitudes de información, tendencia que ha aumentado desde el 2012, cuando se entregaron 21 mil 944.

Con estrategia

El Ejecutivo impulsa la estrategia de Gobierno Abierto, cuyos 22 compromisos fueron revisados a principios de este mes y se destacó el proceso de capacitación que el Instituto Nacional de Administración Pública imparte en cuanto a información pública y archivos institucionales.

Además, Acción Ciudadana realiza un concurso de buenas prácticas de cumplimiento de la LAIP, para motivar la transparencia en las instituciones.