Pero la construcción de ese camino caldeó los ánimos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien acusó a su homóloga costarricense, Laura Chinchilla, de causar graves daños ambientales al río San Juan, límite natural entre ambas naciones, pero de soberanía nicaragüense.

En medio de constantes ataques verbales, de intercambios casi interminables de notas diplomáticas de protesta desde San José a Managua y viceversa, e incluso de denuncias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Chinchilla inauguró en febrero último el primer tramo del polémico camino, asegurando que además de objetivos de seguridad, la vía tiene un propósito fundamentalmente para Costa Rica.

Según el Gobierno costarricense, el mayor objetivo del nuevo camino es eliminar la dependencia de los aproximadamente tres mil habitantes de la zona del San Juan y lograr integrarlos más con el resto de la nación.

En el primer tramo de la vía, unos 25 kilómetros recorridos por Chinchilla y parte de su Gabinete, los tres poblados cercanos tienen ahora electricidad, su tiempo de viaje a la ciudad más cercana se ha acortado de seis a dos horas, y en un futuro, según las autoridades, tendrán agua potable.

No hay planificación

Un análisis del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica indica que la ruta muestra ausencia de drenajes adecuados, inestabilidad en los cortes y rellenos de material que podrían colapsar en la época lluviosa.

El estudio hizo la evaluación sobre 97 km de la vía, cuya construcción motivó la inmediata protesta del Gobierno de Nicaragua.

Además, el análisis enumera mal manejo de los materiales, un puente en mal estado, falta de mantenimiento en los canales de los drenajes, cortes innecesarios de bosques y aguas sin la debida canalización en la trocha en los que ya fueron invertidos más de US$40 millones en el último año.

DAÑOS AMBIENTALES

Otro informe reciente del Ministerio del Ambiente indicó que el gobierno de Laura Chinchilla causó daños ambientales en áreas costarricenses, por eludir controles en la construcción.

La CIJ condenó a Costa Rica el 2 de julio último por construir una carretera “de alto riesgo y peligrosidad ambiental” en el margen sur del río San Juan, y ordenó a San José suspender esa obra.

Una encuesta dada a conocer el lunes último señala que el 75 por ciento de los costarricenses considera “corrupto” el gobierno de Chinchilla, y un 53 por ciento tiene una opinión desfavorable de la labor efectuada por la mandataria.

El principal disparador de esta sensación de corrupción, según los encuestados, ha sido el escándalo por presuntas dádivas y los comprobados daños ambientales y errores en la construcción del camino fronterizo con Nicaragua.