Prensa Libre

POR AGENCIA AFP GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA  - “Es un fallo histórico, la prueba fue contundente y se condena al jefe del alto mando del ejército de entonces”, dijo el abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (Caldh), Héctor Reyes, tras el fallo en la sede de la Corte Suprema de Justicia.

“Se puede observar la felicidad de todas las víctimas. Siempre, cuando vinieron a declarar, pidieron justicia y esto es lo que están obteniendo”, aseveró.

“Se hizo justicia porque es primera vez que se reconoce el genocidio en América latina, no creíamos que esto iba a suceder”, comentó a su vez Elizabeth Osorio, una activista que lanzaba besos hacia el tribunal.

FOTOGALERÍA - Las dos caras de la sentencia

En tanto, Amnistía Internacional  (AI) consideró el veredicto como “un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia”.

“Con esta condena, Guatemala lidera con su ejemplo en una región donde la arraigada impunidad de los crímenes del pasado sigue siendo lamentablemente la norma”, dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de AI.

Asimismo, consideró que Guatemala debe ahora “dar continuidad a este momento histórico, garantizando que todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violación y desaparición de decenas de miles de personas sean llevados ante la justicia”

En contraparte, la defensa del general arremetió contra el tribunal, presidido por la jueza Jazmín Barrios.

“La sentencia demuestra el fracaso de la justicia porque se han violado los derechos humanos de un procesado. Es una monstruosidad política”, consideró Francisco García Gudiel, uno de los abogados del dictador.

“Es injusta, porque no hay razón para condenarlo, en todas las audiencias que se dieron se vio que la jueza estuvo apegada a su interés personal”, consideró Carlos Tax, originario del municipio de Totonicapán  (oeste) y que acudió a varias audiencias para apoyar a Ríos Montt.

El militar fue hallado responsable de 15 masacres en que 1.771 indígenas mayas-ixiles murieron a manos del Ejército en el departamento de Quiché  (norte) , durante su régimen de hierro entre 1982 y 1983, en tanto que su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, también enjuiciado, fue absuelto.

La jueza Barrios dictó sentencia apoyada en declaraciones de testigos y sobrevivientes, así como en estudios forenses y antropológicos.

Además, dio valor probatorio a los planes contrainsurgentes Victoria 82, Sofía y Firmeza 83, diseñados para contrarrestar el apoyo civil a la guerrilla.

“Los planes buscaba neutralizar y eliminar a los subversivos de forma táctica, estratégica y logística y Ríos Montt estaba enterado cada 15 días de los avances”, puntualizó.