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11/05/13 - 00:00 Justicia

Debate causó polarización en sectores

El primer juicio que se celebró en el país por genocidio polarizó a diversos sectores sociales, al punto que se revivieron viejas rencillas entre militares y grupos de derecha y defensores de los derechos humanos.

POR HUGO ALVARADO

El juicio histórico puso a prueba a todo el sistema de justicia desde el 28 de enero del 2012, momento en que el general José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado en 1982-83, fue ligado a proceso penal por genocidio y deberes contra la humanidad.

Un año y cuatro meses después, Ríos Montt fue condenado a 80 años y enviado a prisión.

Antes de ese veredicto sus abogados defensores interpusieron cualquier tipo de recursos legales con el objetivo de evitar la sentencia condenatoria.

Hasta el momento ninguna de esas acciones legales ha evitado que el militar retirado pase su primera noche en la cárcel militar Matamoros, zona 1.

Conforme avanzaba el juicio, diversos sectores fijaron su postura en varias publicaciones, en las cuales unos negaban que hubo genocidio y otros afirmaban lo contrario, incluso organismos internacional emitían opinión.

Esta situación causó que el país se polarizara y salieran a luz viejas rencillas.

Ríos Montt resumió esa confrontación, un día antes de la sentencia, de la siguiente forma: “La más grande maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación entre hermanos, entre familias, y eso se lo debemos a la honorable Unidad Nacional de la Esperanza”.

“La subversión no es cuestión de tiros, sino es cuestión de subdesarrollo, enfermedad, pobreza y extrema pobreza y hambre”, fueron algunas de las frases que pronunció al declararse inocente en el Tribunal.

Una de las primeras inconformidades de la defensa fue cuando el Tribunal decidió adelantar el juicio para el 19 de marzo, cuando se había fijado para el 19 de agosto del presente año.

Ambiente tenso

El juicio, que por primera vez se desarrollaba contra un jefe de Estado, tuvo como principal característica la tensión.

En un promedio de 28 audiencias fueron evidentes las discrepancias y subidas de tono entre los abogados defensores, fiscales del Ministerio Público y jueces.

Los momentos de tensión comenzaron desde el primer día del debate, cuando la presidenta del Tribunal expulsó al abogado de Ríos Montt, Édgar García Gudiel.

Otro de los puntos más críticos fue el 18 de abril, cuando los abogados de Ríos Montt —condenado— y José Mauricio Rodríguez Sánchez —absuelto— abandonaron la sala de debates, con el argumento de que el Tribunal no era imparcial.

Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, perdió el control y se levantó de su silla para tratar de evitar que los abogados abandonaran la audiencia.

La tónica continuó hasta el final del juicio.

La integración del Tribunal

Los jueces que pasaron a la historia al condenar a un ex jefe de Estado por genocidio debieron soportar el ataque de los abogados defensores.

Patricia Bustamante

La vocal del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo no intervino en ningún momento en cada una de las audiencias y su actitud fue pasiva. Fue la única que no fue recusada por la defensa de los acusados.

Jazmín Barrios

La presidenta del Tribunal fue la más atacada por la defensa de los militares. Fue recusada por el abogado Francisco García Gudiel. Perdió el control cuando los juristas abandonaron la sala y gritó para evitar que se fueran.

Pablo Xitumul

El vocal del Tribunal también tuvo  una actitud pasiva en el debate, pese a ser recusado dos veces. Solo intervino cuando el abogado Otto Ramírez, defensor público, intentó separarlo. Xitumul rechazó los señalamientos.

Larga lista de abogados defensores

El general José Efraín Ríos Montt no logró evitar ser encontrado culpable de genocidio, pese a que contrató a seis abogados.

Danilo Rodríguez, exguerrillero, fue uno de los primeros abogados que  asistió a

Ríos Montt. Siempre dijo que creía en la inocencia del general retirado.

El jurista Luis Rosales  también lo asistió y es cercano colaborador del general retirado.  Fue procurador general de la Nación cuando gobernó el FRG.

Marco Antonio Cornejo, otro de los abogados, estuvo desde el principio en el proceso, pero el día que empezó el juicio  lo despidió como parte de la estrategia para no empezar el debate.

Francisco García Gudiel   empieza una batalla contra el Tribunal para evitar que continúe el proceso. No lo logró y fue expulsado. La CC lo ampara y es reinstalado.

Jaime Hernández es contratado de último momento. Toma la misma actitud de su colega García Gudiel al intentar detener el proceso, pero su esfuerzo fue en vano.

Otto Ramírez, de la Defensa Pública Penal, fue designado cuando Ríos Montt se quedó sin defensor. Pidió tiempo para conocer el caso y no intervino, ya que García volvió.

Los acusadores

Ministerio Público y los querellantes adhesivos fueron los encargados de recabar las pruebas contra Ríos Montt.

Orlando López, de la Fiscalía de Derechos Humanos, encargado de la investigación. Antes estuvo Manuel Vásquez.

El abogado Édgar Pérez, de la Asociación de Justicia y Reconciliación, fue querellante de los familiares de las víctimas.

Héctor Reyes, mandatario del Centro Legal en Derechos Humanos que defendió a víctimas de la etnia maya-ixil.

Defensores

José Mauricio Rodríguez Sánchez utilizó dos abogados. César Calderón fue el primer jurista que asistió al ex director de la G-2, quien fue absuelto por el Tribunal.

Francisco Palomo tomó la defensa de Rodríguez Sánchez a última hora; primero estuvo con Ríos Montt.


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