El único testigo es  Moisés Sebastián, segundo alcalde auxiliar de la comunidad, quien pasa  todo el día en el lugar, a la espera de transportistas que buscan pasar “al otro lado”, y por lo  cual deben  pagar   Q15.

Al hacer efectivo el pago, el campesino  quita llave a un viejo candado que cierra  un portón de  hierro oxidado.

Si las personas transitan a pie, no deben pagar ni un centavo.   Al  alcalde auxiliar no le importa quién atraviesa el límite fronterizo ni qué lleva;  solo le interesa cobrar, y no extiende ningún comprobante,  para reunir fondos que, asegura,  servirán a la comunidad. 
“Ahorita están pasado menos  personas. Tal vez porque dicen que en Estados Unidos no hay trabajo, pero antes pasaban diariamente varios picops llenos de gente”, cuenta Sebastián.

Según Ubaldo Villatoro, director ejecutivo de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala,   en  las fronteras del país transitan al menos 500 mil indocumentados cada año, provenientes de Centro y Sudamérica, Asia y África.

Antes del 2007   la  cifra era de un millón, pero se ha reducido,   por la escasez de trabajo en EE. UU., así como  por los  secuestros, violaciones y  estafas que se dan en la ruta, explica Villatoro.

La misma historia  se repite en la comunidad de Santa Teresita, a hora y media —en vehículo— de Chacaj. “Aquí pasan carros de lujo para México”, relata José Flores,   vecino de   El Recuerdo,   Chiapas, y quien cobra $50 a cada vehículo que ingresa en territorio mexicano.

Según una fuente militar destacada en este lugar,  en  Nentón existen al menos 15 pasos ciegos, en los cuales  transita de todo sin que las autoridades migratorias o la Policía Nacional Civil (PNC) intervengan. “A  los policías guatemaltecos y mexicanos que patrullan  las carreteras los sobornan “, afirma.

El gobernador de Huehuetenango,  Rudy Cardona,  reconoce que tres  problemas  agobian esta zona limítrofe:     el contrabando aduanero —causa de  pérdidas millonarias al fisco—, tráfico de personas y de narcóticos, el cual considera  de  mayor impacto, por la evidente impunidad con  que actúa.

Paraísos del delito
Las fronteras del país constituyen  un  paraíso para el crimen organizado, el cual, con toda libertad,  trasiega drogas, vehículos, personas, armas, combustible y  mercadería. Pandilleros también se aprovechan de la situación.

En los límites territoriales con México, Belice, Honduras y  El Salvador existen unos mil 200 de esos puntos, de los cuales, según un informe del Ejército,  125 se pueden atravesar en  vehículo, sin que existan controles migratorios y mucho menos presencia policial.

Según cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),  el contrabando causa   pérdidas fiscales al país  de al menos Q1 mil 500 millones  anuales. De esta cifra, el contrabando  hormiga  evade entre  Q300 millones y Q400 millones  al año.

Un  informe  reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que  las actividades criminales —como narcotráfico, extorsiones, secuestros y robo de vehículos—  causaron cada año  aproximadamente US$3 mil 286 millones; es decir, casi un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El mismo reporte indica que  por el territorio guatemalteco pasa a diario  casi una tonelada de cocaína, cuyo costo  puede alcanzar hasta  US$1 mil millones. Agrega que las ganancias del narcotráfico representan el 2.8 por ciento del PIB.

Según el vocero del Ministerio de Defensa, Byron Gutiérrez,  el Ejército no tiene  capacidad   para combatir este tipo de problemas, por la falta de personal y de equipo. En la actualidad cuenta con 15 mil 500 efectivos.

Hacia México y Belice
Uno de los departamentos con mayor ingobernabilidad fronteriza es Petén, debido a su extensión territorial —35 mil 854 kilómetros cuadrados— y a que  colinda con México y Belice.

En esta región, según las autoridades de la PNC,   existen  150 pasos ciegos muy utilizados, por donde se trasiega sobre todo    estupefacientes, ganado y madera, y también hay constante paso de indocumentados. 

De acuerdo con el documento del PNUD,   unas 37 comunidades colaboran de alguna manera con el crimen organizado, a cambio de pagos que oscilan entre Q5 mil y Q20 mil mensuales.

Uno de estos lugares es El Ceibo, La Libertad, fronterizo con Tabasco, México.  En varias ocasiones  los vecinos han denunciado que  tanto agentes policiales como de  Aduanas encubren, mediante soborno,    hechos delictivos como contrabando y paso de inmigrantes ilegales.

La mayoría de pasos ciegos se  localiza en   poblados como El Arenal, Los Tres, Chiquibul, Tres Banderas,  en Melchor de Mencos, frontera con Belice; Los Ángeles, San Luis, Límite Tres Aguas, El Vértice de Campeche, Los Reyes, Los Tubos y  Arroyo El Nacimiento, ubicados  entre San Andrés y La Libertad.

Otros pasos se encuentran en las  aldeas Bethel, El Retalteco, Bethania, Los Manueles y  Las Palmas, en  La Libertad;  y Caribe, Salinas, Mario Méndez y  Tierra Blanca, en Sayaxché.

Pedro González, jefe de la PNC en Petén, explica que para  recuperar  la gobernabilidad en esta región efectúan patrullajes con  efectivos  del Ejército y de la  División de Protección a la Naturaleza, pero que la  región es muy extensa.

Autoridades policiales señalan  que a diario arriban a esta región alrededor de un centenar de migrantes oriundos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se calcula que el  80 por ciento de estos permanecen un día en el área central (Santa Elena y San Benito), para continuar el viaje, mientras que el resto regresa a su país de origen o se integra a pandillas locales para delinquir.

En San Marcos se calcula que   43 pasos ciegos son los más empleados para  ingresar  producto de fabricación  mexicana. También son utilizados para trasegar droga e indocumentados.

En algunas áreas,  como la del  caserío Las Delicias, el crimen organizado se ha posesionado de la zona, al punto de que el paso  es  restringido porque hay personas fuertemente armadas, según  vecinos del lugar.

Los pobladores   temen hablar del paso de  droga y trata de personas, y  consideran que   el  contrabando hormiga  “no es perjudicial”, porque  ayuda a la economía de muchos guatemaltecos. Por ello se atreven a afirmar    que “nunca se va a  terminar”. Este producto lo llevan a mercados de Quetzaltenango, Retalhuleu y Mazatenango.

Un indocumentado, que  únicamente se identificó como Salvador y que se quedó en Tecún Umán porque se le acabó el dinero, expresa: “Esta  tierra no es de nadie”.

A Honduras y El Salvador
El  oriente del país también está desprotegido.   En Izabal, delincuentes, pero también comerciantes locales, aprovechan al menos     ocho pasos ciegos.  La ausencia de autoridad  favorece el comercio ilegal   de armas, ganado, licores y alimentos entre ambos países.

Uno de los lugares donde más se traslada   mercadería está ubicado  entre Los Amates, Izabal y El Paraíso, Copán, Honduras, región conocida como La Playona. Aquí el  paso es libre,  pues no existe control policial.

Otros pasos  frecuentados se encuentran en las aldeas Nueva Frontera, El Corozo y Asunción Norte. En  Champas Corrientes también se trasiega toda clase de mercadería, lo cual es  visto por los vecinos como algo   normal.

Al respecto, el gobernador  Byron Solares expone: “Vamos a enviar personal a verificar todos los pasos fronterizos no declarados, para coordinar con las juntas locales de seguridad el envío de agentes de la PNC y de la SAT”.

 La Unión y Gualán,  Zacapa,  colindan con Honduras. En estos municipios    no hay  frontera legalmente establecida, pero sí   pasos ilegales, sobre todo en fincas donde existe   contrabando de  café.

En  Tabancas, por ejemplo, se trasiega combustible, azúcar, cigarros y ganado.    Algunos vecinos admiten que estos delitos son incontrolables,  debido a que  las autoridades policiales y migratorias nunca vigilan. Estas, sin embargo, lo atribuyen a que son     zonas  montañosas y, por tanto, de difícil acceso.

Pasos cercanos a las fincas de Taguayní y La Fortuna, en la Unión,  también son utilizados para trasegar mercadería.

En  Chiquimula existen dos pasos  muy utilizados por  mafias.   El primero es  Agua Caliente,  cuyo  principal problema es la  afluencia de centroamericanos indocumentados que se quedan a delinquir en la zona. 

Atravesar esta frontera  es fácil, y mucho más avanzar en territorio guatemalteco, ya que, según pobladores,  la PNC no hace nada y se deja sobornar por quienes supuestamente integran la red del crimen organizado, aunque son susceptibles de ser “comprados” por cualquier persona. 

Ramón Cardona, un guatemalteco que transita continuamente por el lugar, asevera: “Los puestos de registro son nulos en la región, y  como no hay control, pueden hacer  lo que sea; a veces, en complicidad con las autoridades”.

El área fronteriza  de La Ermita es uno de los sitios más vulnerables de esta región, tanto que los pobladores ni siquiera  permiten el ingreso de fotógrafos.  Los vecinos dicen que es porque en ese  lugar hay  transacciones de estupefacientes ilegales.

Ricardo Muralles, oriundo de El Salvador, dice que en esa zona  el trasiego de armas y drogas y la trata de personas son muy fuertes, y por ello no  permiten  tomar fotos, porque evidenciaría la anarquía imperante.  

Maura Rojas relata  que llegó a la frontera porque le dijeron que a una de sus hijas —menor de edad—  la habían llevado a este lugar.  “Dos hombres se la llevaron, con engaños, hace varios días”, refiere.

La frontera con Honduras, en   El Florido,  Camotán, es aparentemente  la más tranquila, ya que es las más utilizada por turistas.  Sin embargo, hay puntos  por donde el contrabando y los indocumentados transitan sin  control.

De acuerdo con un vecino, la falta de ley es  común en el lugar, problema que, según  denuncias, predomina en todas las fronteras del país.