La reparación debe hacer con una ceremonia en el Palacio Nacional, así como en las cabeceras municipales de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gazpar Chajul, además deberán depositar en las municipalidades un pergamino que contenga las disculpas y construir un monumento nacional que homenaje a las víctimas.
Las autoridades educativas de cualquier entidad que desarrolle funciones de prevención e inteligencia deberán incluir procesos educativos permanentes en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El Ejecutivo deberá incluir en el Programa Nacional de Resarcimiento la categoría de genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad para acceder al resarcimiento. Se deberá construir en la región Ixil un centro cultural dirigido al rescate de la memoria histórica e identidad cultural de los pueblos.
El Ministerio Público, a través de un mural, deberá reafirmar su compromiso para construir un sistema de justicia respetuoso de la diversidad cultural.
El Ejecutivo deberá presentar un proyecto a través del Ministerio de Cultura para que el Congreso emita un decreto legislativo que disponga que cada 23 de marzo se conmemore el día nacional contra el genocidio. También deberá desarrollar un programa de difusión de la sentencia a través de los medios de comunicación, orientadas al respeto de la diversidad.
A través del Ministerio de Educación se deberá crear un museo itinerante que promueva el respeto de los pueblos y la convivencia pacífica.
El tribunal no estableció un plazo específico para cumplir con la resolución, considerando que la consecución de cada una de las actividades conlleva una serie de pasos a nivel logístico, jurídico y presupuestario. Deja constancia que en ningún momento se condena al Estado de Guatemala, sino que se utilizan los mecanismos adecuados para hacer efectivo el derecho de reparación.
*Con información de Geovanni Contreras y Hugo Alvarado
