El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, informó que este año han recibido denuncias de violencia sexual y física dentro de los hogares a cargo de la SBS, lo cual fue confirmado por la jefa de esa dependencia, Raquel Vielman de Alcázar.

La funcionaria explicó que el problema se debe a que los jueces institucionalizan todos los casos y ordenan que se reciba en los hogares a jóvenes con perfiles peligrosos.

“Es complicado, porque cuando tenemos a la población encausada nos mandan perfiles que no son adecuados. Somos un hogar de protección, pero nos quieren volver un pre-rreformatorio”, lamentó.

El viernes recién pasado se hizo pública la muerte de una joven de 14 años que fue estrangulada con una bufanda, por dos de sus compañeras, de 14 y 15 años.

La mayor de las agresoras fue denunciada tres veces esa semana en el Ministerio Público, y se encontraba desde el 2010 en proceso de reinserción en la sociedad.

“El problema es que ponemos en riesgo a toda la población, niños pequeños y bebés. Pedimos que no se nos envíen estos perfiles”, demandó Vielman.

En el hogar seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, donde ocurrió el referido hecho de violencia, están albergados 262 adolescentes de entre 15 y 18 años, de los cuales, 30 tienen perfil peligroso.

Proceso innecesario

Vielman, de León Duque y Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, coinciden en que la situación comienza con la institucionalización de niños, procedimiento que siguen los jueces y que se efectúa sin agotar todas las posibles soluciones al problema del menor.

Barrios considera que es un “abuso” de los jueces enviar a los niños a un hogar temporal, sin utilizar otros recursos como el programa de familias sustitutas.

El procurador instó a los jueces a que no ordenen el traslado de todos los casos que llegan a sus manos, pues hay infantes que tienen familiares que los pueden cuidar, pero no se toma en cuenta ese factor.

Prensa Libre consultó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre los criterios que se utilizan para estos casos, pero señalaron que es Gustavo Adolfo Mendizábal quien trabaja el tema de niñez y adolescencia en conflicto con la Ley Penal.

Mendizábal, al responder la tercera llamada telefónica que se le hizo, dijo que se encontraba en una reunión y que devolvería la llamada, lo que al cierre de esta edición no sucedió.

En un cuarto intento, una mujer contestó el teléfono y respondió que el magistrado no estaba disponible y que se le llamara dos horas después, pero luego el teléfono estaba apagado.

En la misma cama

La convivencia de la población víctima de violencia, de trata, negligencia u orfandad con quienes han participado en sicariato y otros delitos se hace más difícil, por la falta de espacio y sobrepoblación en los hogares seguros.

Según De León Duque, en una revisión efectuada en el hogar de San José Pínula, el 3 de septiembre último, se determinó que hasta tres niños duermen en una cama. Bebés comparten cuna y otros pequeños duermen en el suelo.

Vielman dijo que hay días en que se reciben hasta 20 niños, a quienes no se les puede negar el acceso.

La funcionaria relató que durante el gobierno de Óscar Berger había diferentes hogares para distintas edades, pero durante la administración de Álvaro Colom se decidió unificarlos.

“Desde un punto de vista administrativo, tener a todos los niños juntos puede ser mejor, pero no es conveniente, porque hay de todas las edades y de todos los perfiles”, comentó.

La SBS busca espacios para desagregar a los infantes. El primer traslado se hizo hace dos días, cuando se cambió de hogar a menores de 0 a 6 años.

Barrios y Vielman coinciden en que los pequeños que llegan a los hogares de la SBS son un reflejo de la sociedad y de los problemas que afronta ese sector.

No estigmatizar

Barrios afirma que los adolescentes con perfiles peligrosos no deben vivir con niños víctimas, pero al mismo tiempo pide no estigmatizarlos.

La activista asegura que los adolescentes que tienen perfiles criminales son responsabilidad del Gobierno.

“Podemos hablar de la falta de prevención, pero no se debe estigmatizar a los adolescentes y criminalizarlos, porque son resultado de una sociedad que no los atiende y no tiene programas de protección”, explicó.

Para Barrios, más que espacios donde se “encierre” a los adolescentes se les debe brindar ayuda para resolver sus necesidades.